La potencia eólica instalada en España alcanzó los 28.138,1 megavatios (MW) en 2021, tras incorporar 842,61 MW nuevos, un 3% más, según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

En relación a la aportación de las tecnologías renovables, la eólica ha aportado el 49,23% del total, siendo la primera tecnología de las renovables, seguida de la hidráulica (26,19%) y la fotovoltaica (16,88%).

En España, la energía eólica tiene presencia en prácticamente todas las comunidades autónomas, exceptuando Madrid, Ceuta y Melilla. Durante 2021, las comunidades autónomas que más eólica han instalado han sido Aragón (275,7 MW), seguida de Castilla y León (155,4 MW), Asturias (126 MW), Canarias (104,4 MW), Galicia (68,9 MW), Castilla-La Mancha (68,7 MW) y Andalucía (43,5 MW).

Por su potencia eólica total instalada, Castilla y León se mantiene en primer lugar con 6.403 MW, seguida de Aragón (4.435,4 MW) y Castilla-La Mancha (3.954 MW).

En total, en España hay 1.298 parques eólicos, con 21.574 aerogeneradores instalados. El sector cuenta con más de 250 centros de fabricación presentes en dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas.

En relación a la potencia total instalada acumulada en España, los fabricantes de aerogeneradores que lideran el ranking son Siemens Gamesa, Vestas, GE, Nordex-Acciona WindPower y Enercon. En España cuentan con el 100% de la cadena completa de suministro dedicada al mercado nacional y a la exportación.

Las cinco empresas promotoras que más megavatios eólicos han instalado a lo largo de 2021 han sido Iberdrola, Copenhagen Infraestructure Partners (CIP), Arjun Investment Partners, EDPR y Enel Green Power.

España se sitúa como noveno país en el ranking de países que mayor potencia eólica han instalado en Europa en 2021. Actualmente, la energía eólica en Europa produce más del 18% de la electricidad que se consume en el continente y la potencia eólica instalada se concentra en cinco países, siendo España el segundo país con mayor potencia eólica.

AHORRO DE 849 MILLONES DE EUROS AL CONSUMIDOR

En enero de este año, la eólica ahorró 849 millones de euros al consumidor en España. Un nuevo aerogenerador de 5 MW, que funciona 3.000 horas equivalentes al año, evita la importación de 30.000 MWh térmicos de gas, lo que al precio de referencia de 200 euros/MWht, supone 6 millones de euros de ahorro para el consumidor.

Según la AEE, por cada aerogenerador que no se instala a tiempo, se pierde la oportunidad de sacar del pool energía fósil y dedicar esos 6 millones de euros al conjunto de la economía española. Además, se pierde la oportunidad de generar empleo para la construcción de los parques y la fabricación de los componentes.

La coyuntura de los precios desbocados de los principales productos energéticos fósiles, y su efecto sobre el precio de la electricidad en el mercado mayorista, hace que los países en la UE deban adoptar medidas conjuntas y consensuadas.

«Debemos acelerar sin fisuras la implantación de renovables, siempre desde el absoluto respeto ambiental y maximizando los beneficios en los territorios. La tramitación administrativa es uno de los principales caballos de batalla. Debemos ser capaces de cumplir con lo establecido en la Directiva de Renovables, es decir, poder tramitar una instalación nueva en dos años y una instalación repotenciada en un año. Los países europeos debemos sumar fuerzas y priorizar el ‘permitting’ como asunto crítico para nuestra resiliencia energética, económica e industrial», ha destacado Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica.

De igual modo, considera necesario mantener los entornos de confianza para la inversión ya conseguidos durante estos años en Europa.

«Las empresas eólicas tienen vocación de largo plazo y siempre han valorado como principales pilares, para el avance hacia los objetivos de descarbonización, la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y la atracción de inversores hacia entornos de confianza. Los tres están íntimamente relacionados, más aún, son causa-efecto el uno del otro. Actualmente lo que más necesitamos es apostar de forma decidida por esquemas de atracción de inversión en tecnologías de descarbonización, aprovechando nuestras propias capacidades, para que nos hagan menos dependientes de la geopolítica internacional de la energía», ha afirmado Juan Diego Díaz, presidente de AEE.

En opinión de la AEE, la situación de la industria eólica -de las fábricas de componentes y aerogeneradores- es uno de los retos más importantes en Europa. Así, considera que la industria eólica se enfrenta a uno de los periodos más decisivos de su historia al estar directamente afectada por la insuficiente velocidad en la instalación de parques eólicos, junto con el aumento de los costes y de los plazos en la logística, los componentes y las materias primas.

IMPULSAR LA EÓLICA OFFSHORE

En relación a la eólica offshore, considera que el actual es un momento de oportunidad que hay que aprovechar como país. Una vez aprobada la Hoja de Ruta de la eólica marina y energías del mar, cree que ahora toca aprobar una ordenación del espacio marino que sea coherente con los objetivos de la misma, llegar a 3 GW de potencia eólica marina en 2030.

Igualmente, considera «esencial» desarrollar «con agilidad» toda la regulación necesaria, y diseñar y planificar las subastas. Por ello, incide en que inversores, la industria y, en general, toda la cadena de valor, necesita visibilidad clara sobre las zonas marinas objeto de concurrencia, los volúmenes de potencia eólica a desarrollar y sus fechas estimadas.

ADAPTAR LAS SUBASTAS DE RENOVABLES

Otro de los temas sobre la mesa es el diseño de las subastas renovables, que han evolucionado estos años y que, a juicio de la AEE, van en la buena dirección, pero aún quedan aspectos por mejorar y perfeccionar en su diseño.

Desde el sector eólico defienden que se deben adaptar para cumplir sus objetivos, aprendiendo de los resultados obtenidos. Las subastas deben mantener los cupos por tecnología y no enfocarse simplemente a precio, debiendo maximizar la eficiencia en el uso de las redes, maximizar la producción, la capacidad de sacar la máxima cantidad de energía cara del pool, el beneficio para los entornos locales, etc.

«Así lo entiende la Comisión Europea que permite que las nuevas subastas incorporen hasta un 30% del peso de la adjudicación enfocado a criterios diferentes al puro precio. Por tanto, ya estamos habilitados para diseñar subastas multicriterio que extraigan el máximo valor de cada tecnología» ha destacado Juan Diego Díaz, presidente de AEE.

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,26% hasta febrero, dos décimas más que en enero y casi ocho décimas por encima del promedio de 2021 (1,47%), pero lejos del IPC, cuyo dato avanzado para el segundo mes del año es del 7,4%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este incremento salarial está por debajo de la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) y está algo más en línea con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Este AENC, que tenía vigencia hasta el año pasado, se encuentra a la espera de que los sindicatos y la patronal actualicen su contenido para los próximos dos o tres años. De momento, ya han iniciado las negociaciones para intentar renovarlo. Ayer mismo celebraron una nueva reunión, en la que siguieron discutiendo sobre el panorama general y se citaron para un próximo encuentro el martes de la semana que viene.

Sindicatos y empresarios todavía no han puesto sobre la mesa de negociación cifras concretas sobre cuánto deberían subir los salarios el próximo año en el actual contexto de inflación, que se está viendo impulsada por el incremento de los precios energéticos derivado del conflicto en Ucrania.

CCOO y UGT son conscientes de que no pueden pedir alzas salariales que igualen o se acerquen a la tasa actual del IPC y han advertido de que los porcentajes que plantearán a CEOE y Cepyme en el marco de esta negociación dependerán de si las patronales están dispuestas a aceptar cláusulas de revisión que impidan pérdidas de poder adquisitivo anualmente o al final del periodo de vigencia del AENC.

Por su parte, los empresarios están llamando a la moderación de los salarios y se oponen, a priori, a establecer cláusulas en los convenios vinculadas al IPC.

La mayor parte de los convenios registrados hasta febrero en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2022.

En concreto, hasta febrero había registrados un total de 1.694 convenios colectivos con efectos económicos para dicho periodo, de los que sólo 19 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 2,59%. El resto, 1.675, se firmaron en ejercicios anteriores, y recogen un incremento salarial medio del 2,26%.

Los 1.694 convenios registrados hasta febrero daban amparo a más de 4,38 millones de trabajadores.

LA MAYOR PARTE DE LOS CONVENIOS, SIN CLÁUSULA DE REVISIÓN

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte los convenios registrados hasta febrero no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 1.694 convenios contabilizados, sólo el 16,3% (277) contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 210 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a algo más de 1,2 millones de trabajadores de los casi 4,4 millones amparados por los convenios registrados hasta febrero, el equivalente al 28,7% del total. Así, el grueso de los trabajadores (siete de cada diez) carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos.

Del total de convenios registrados en los dos primeros meses del año, 1.325 eran de empresa, con efectos sobre 284.900 trabajadores y una subida salarial media del 2,47%, y 369 eran convenios sectoriales y daban cobertura a casi 4,1 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 2,25%.

La jornada media pactada en convenio se situó hasta febrero en 1.752 horas anuales por trabajador (1.709 horas en los convenios de empresa y 1.755 en los convenios de ámbito superior).

UNO DE CADA CUATRO CONVENIOS SUBE LOS SALARIOS MÁS DE UN 3%

De los 1.694 convenios registrados hasta febrero, un total de 72, el equivalente al 4,2%, contemplaba congelación de sueldos, mientras que el 27,9% de los convenios recogía una subida salarial superior al 3%, siendo la media del 5,6%.

El 61,4% de los convenios se mueve en subidas salariales medias que van desde el 0,5% hasta el 2,5%. Los convenios registrados hasta febrero con alzas salariales superiores al 2% llegan al 39,6% del total. La estadística no recoge ningún convenio con un recorte salarial, a diferencia de 2021, cuando tenía contemplados dos convenios de esta naturaleza.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR ‘DESCUELGUES’ SUBEN UN 43,2%

La estadística de Trabajo revela además que hasta febrero se registraron 129 inaplicaciones de convenios, la misma cifra que en igual periodo de 2021.

No obstante, estos ‘descuelgues’ afectaron a más trabajadores, un total de 4.635, frente a los 3.237 afectados hasta febrero del año anterior (+43,2%).

El ‘descuelgue’ de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.

El precio de la gasolina y del gasóleo ha vuelto a conquistar esta semana nuevos récords históricos, impulsado por el alza en el precio del petróleo, que cotiza en torno a los 117 dólares por barril y se ha disparado tras el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania.

En concreto, ambos carburantes han encadenado esta semana su décima subida consecutiva. En el caso del diésel, acumula ya un encarecimiento del 17,37% en lo que va año, mientras que la gasolina ha repuntado un 13,52%.

El precio medio del litro de gasolina se ha situado esta semana en los 1,679 euros, su sexto récord consecutivo, tras encarecerse un 4,41% con respecto a la pasada semana, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo ha escalado hasta los 1,581 euros, remontando un 5,68% frente a hace siete días y estableciendo así su cuarto máximo histórico consecutivo.

Los precios que recoge el Boletín Petrolero de la UE son medios. En muchas gasolineras de España el precio de la gasolina sin plomo de 98 octanos se vende ya por más de dos euros el litro.

De esta manera, el precio de los carburantes, tras la tregua dada en el final de 2021, cuando encadenó hasta cinco semanas de caídas, prosigue con la escalada que empezó con en el arranque de 2022 y que se ha visto acentuada en las últimas fechas debido a la invasión rusa de Ucrania.

TRAS LA ESTELA DEL PRECIO DEL CRUDO

Este nuevo encarecimiento en el precio de los combustibles se produce en el marco de la escalada en el precio del crudo tras el inicio el pasado 24 de febrero de los ataques de Rusia a Ucrania, a lo que se suma el bajo nivel de oferta global, que ha llevado al petróleo a rondar los 117 dólares el barril este mismo jueves, unos niveles que no se veían desde hace casi una década.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent ha llegado a marcar hoy un precio máximo intradía de 117,04 dólares, con una subida de alrededor del 5,3% respecto del cierre del miércoles.

Sin embargo, el precio del barril de petróleo Brent de hoy no es tan alto como el de hace una semana, cuando superó por primera vez el umbral de los 119 dólares desde febrero de 2013.

De su lado, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, prosigue su escalada y ha llegado a cotizar hoy en 113,83 dólares, frente a los 108,70 dólares del cierre anterior.

LLENAR EL DEPÓSITO, UNOS 20 EUROS MÁS CARO QUE HACE UN AÑO

Así, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora en torno a 92,35 euros, unos 21 euros más que hace un año, mientras que en el caso de repostar con gasóleo asciende a unos 86,96 euros, unos 22,45 euros más que en la misma semana de 2021.

Con esta nueva subida en el precio de los carburantes, el llenado del depósito esta semana es un 29,86% más caro que hace un año para el caso de la gasolina y un 34,8% superior en el caso del gasóleo.

A pesar de estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 está en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,867 euros el litro, y de la zona euro, con un precio medio de 1,956 euros. En el caso del diésel ocurre algo similar, ya que el precio en la UE es de 1,792 y de 1,848 en la zona euro.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha opuesto este jueves a cualquier posibilidad de «intervencionismo» en el mercado energético y en las compañías eléctricas. «No está en nuestro AND, nosotros trabajamos en otra línea», ha dicho.

En este sentido, el presidente de los empresarios ha explicado que el mercado energético es europeo y no español, por lo que el Gobierno «no puede tomar ninguna decisión de intervención de precios, salvo que Europa permita abrir espacios para equilibrar ese terreno».

Al igual que ha rechazado la intervención de los precios de la energía, el empresario tampoco apoya la «tentación de contener dividendos» y ha alertado de que puede acarrear «menos inversiones».

Lo más importante para un país es la confianza, es donde la gente hoy invierte. Los primeros que invertimos somos los españoles, jubilados que tienen acciones de compañías. Cuidado con esto porque convertiríamos un problema coyuntural en estructural y comenzaríamos a parecernos con algún país de Iberoamérica de cuyo régimen no compartimos muchas ideas», ha advertido el presidente de la CEOE.

Asimismo, el presidente de la patronal ha indicado que es necesario «ser conscientes» de que las sanciones impuestas a Rusia para parar la guerra afectan de forma global.

Garamendi, en nombre de los empresarios españoles y como vicepresidente de la patronal europea, ha vuelto a expresar su «apoyo expreso» a todas las decisiones que se tomen desde la Unión Europea y el Gobierno de España ante la invasión de Ucrania, como ha dicho este jueves a los medios en un acto de CEOE y Airbus.

Tenemos que ser conscientes de que Europa está en una guerra, estamos en una guerra. Antes veíamos las guerras muy cercanas pero no tan cercanas a nosotros. Esta es una guerra que estamos sintiendo como muy propia y lo digo porque es propia, está en el centro de Europa y afecta a Europa (…). Es el momento de la libertad, de los valores occidentales, de la democracia», ha dicho el presidente de la CEOE.

Garamendi ha reconocido que la guerra preocupa a los empresarios ante la incertidumbre que genera desconocer el impacto y las consecuencias que tendrá y el tiempo que durará.

PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL CAMPO ESPAÑOL

El presidente de los empresarios ha alertado de que la situación en el este de Europa se empieza a sufrir en los sectores de producción españoles, por el alza de los precios de las materias primas y el encarecimiento de la electricidad.

Garamendi ha pedido proteger a la industria, puesto que ya «hay fábricas que están parando porque los costes son casi inasumibles» y también ha solicitado «una ayuda muy especial con el campo español», tanto en la agricultura como en la ganadería.

«Vuelvo a poner en valor una ayuda muy especial al sector primario en España, porque podemos tener un problema de suministro. Hay que pensar que el maíz, los cereales, los fertilizantes… son básicos. El campo español necesita un apoyo muy especial», ha insistido.

Por el momento, el empresariado no tiene evaluado el impacto de esta crisis en el empleo, pero Garamendi ha admitido que «estamos en una crisis y puede afectar». «Lo mismo que lo vemos nosotros lo ve toda España», ha añadido.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que el Gobierno «no descarta» ninguna medida para rebajar «lo más rápidamente posible» la factura de las materias primas más afectadas por la actual escalada de precios, como la electricidad o los carburantes.

Preguntada por si el Gobierno estudia nuevas rebajas impositivas, Montero ha señalado que sería «precipitado» adelantar qué medidas se van a adoptar para abaratar los costes energéticos, pero ha dejado claro que lo que se haga se hará «con el conjunto del tejido productivo» y «con la mesura y el equilibrio suficiente» para poder atender también las ayudas a las sectores y a los colectivos más vulnerables mediante las cuentas públicas.

«Ahí es donde está el quid de la cuestión, en ser capaces de preservar esas necesidades para poder atenderlas mediante el gasto público, pero, por otra parte, tenemos que ser muy eficaces en rebajar lo más rápidamente posible la factura de las materias primas que se están repercutiendo más al alza. No puedo confirmar nada, pero sí decir que estamos trabajando intensamente, sin descartar en este momento ninguna cuestión», ha subrayado en declaraciones a TVE.

Montero ha recordado que el Gobierno está impulsando un pacto de rentas con los agentes sociales para dar respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que habrá de incorporar, además del acuerdo bilateral de negociación colectiva entre sindicatos y empresarios, «medidas adicionales» que habrá que estudiar «paso a paso», según ha señado la ministra.

Así, ha afirmado que se van a explorar «diferentes alternativas», pero ha insistido en que las medidas que se tomen tendrán que estar «equilibradas» para poder rebajar cuanto antes la factura de las diferentes materias primas más afectadas por la guerra en Ucrania y al mismo tiempo afrontar, desde el gasto público, las ayudas necesarias a sectores y colectivos vulnerables.

UNA «INVASIÓN BRUTAL, PREMEDITADA Y CON NOCTURNIDAD»

Montero ha defendido además los argumentos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la escalada de los precios energéticos es consecuencia de la invasión rusa en Ucrania.

«Putin estaba preparando esta invasión desde hace más de un año. Estaba abriendo y cortando el grifo del gas de manera interesada para preparar el terreno para producir la invasión. De ahí que el incremento que se produjo en el último trimestre de los precios energéticos responde a esa estrategia de un gas en el que Europa es muy dependiente, no tanto España, pero lo que está ocurriendo está impactando muy negativamente en el incremento de los precios», ha asegurado.

Montero ha recordado que España viene planteando en que se necesitan actuaciones coordinadas desde Europa para reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad, topar el precio del gas, hacer compras centralizadas y revertir a los consumidores los beneficios de las eléctricas.

«Todo hace pensar que esto no ha sido una casualidad, esto no se improvisa, una invasión brutal (…) que ha sido premeditada, con nocturnidad», ha subrayado Montero.

LOS PGE, AL SERVICIO DE LA CRISIS GENERADA POR LA GUERRA

La titular de Hacienda espera que la Unión Europea, hoy o mañana, adopte medidas unitarias y «contundentes» para que la economía «no se contagie» de la escalada de los precios energéticos, porque las actuaciones individuales de cada país «tienen mucho menos impacto» en un mercado único como el europeo.

Ahora bien, tal y como dijo la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la ministra de Hacienda ha reiterado que si los jefes de Estado de la UE no adoptan medidas de manera coordinada, España «adoptará las suyas propias» para ayudar a las familias y al tejido productivo más dependiente de los costes energéticos. «España adoptará sus medidas si Europa no las adopta, pero entre todos deberíamos ser capaces de mandar ese mensaje de unidad», ha indicado.

Montero ha asegurado además que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «estarán al servicio de esta crisis», pues «no hay una prioridad más urgente como país que la de minimizar el impacto» que puede tener en España la invasión rusa de Ucrania.

«Todo el Presupuesto está al servicio de esta cuestión y adoptaremos las medidas y modificaciones necesarias para hacer frente a las diferentes medidas que se vayan impulsando. Ojalá de la mano de ese pacto de rentas que queremos con sindicatos y empresarios, desde la unidad de las fuerzas políticas y desde una acción concertada en el conjunto de Europa», ha subrayado.

LAS RECOMENDACIONES DE BORRELL

Preguntada por las recomendaciones del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, para que los europeos rebajen el consumo de calefacción, Montero ha afirmado que lo que él intentó con sus palabras es «llevar al ánimo de los consumidores que cuanto menos se dependa de la energía y de Rusia, mucho mejor para solucionar el conflicto lo antes posible».

«Lo que Borrell intentó trasladar ayer es que todos tenemos que tomar una actitud ante esta situación. Evidentemente la principal la tienen los gobiernos y todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas», ha apuntado Montero.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una resolución para modificar su reglamento de régimen interior e incluir las nuevas funciones que van a desarrollarse tanto en el ámbito de las finanzas sostenibles como en el ámbito de la supervisión de la publicidad sobre criptoactivos.

La resolución, con fecha 28 de febrero, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, 10 de marzo, con una entrada en vigor desde este mismo día.

En concreto, señala que se incluyen, dentro de las funciones desempeñadas por la Dirección General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales, las relacionadas con la coordinación de los asuntos relativos a las finanzas sostenibles.

Además, se modifica la denominación del Departamento de Estrategia e Innovación, que pasará a denominarse Departamento de Estrategia, Innovación y Finanzas Sostenibles, con el fin de dar mayor visibilidad a esta función y de reflejar la importancia que se va a conceder a las finanzas sostenibles, según indica el supervisor en la resolución.

Por otro lado, se atribuye a la Dirección General del Servicio Jurídico el ejercicio de la función de supervisar el cumplimiento de la Circular 1/2022, que regula la publicidad de los criptoactivos cuando se realicen campañas publicitarias masivas, es decir, que estén dirigidas a más de 100.000 personas.

A nivel departamental, se ha asignado esta actividad supervisora al Departamento de Inversores.