La EPA de Trump propone derogar la norma de metano de 2023 y eximir de control de fugas a los pozos marginales, que concentran más de la mitad de las emisiones del sector.
El anuncio llegó en un mitin en Lubbock (Texas), donde el presidente presentó la medida como el fin de una regulación cara e innecesaria y la cifró en 45.000 millones de dólares de ahorro para consumidores y productores, además de 210 millones de barriles de petróleo. El texto lo ha redactado la Agencia de Protección Ambiental en respuesta a las quejas de la industria y revisa la norma que la Administración Biden cerró a finales de 2023 al amparo de la Ley de Aire Limpio.
Qué desmantela la propuesta: del satélite de superemisores al plazo de 30 días
Cuatro cambios concretos resumen el borrador:
- Cancela el Programa de Superemisores, que usaba imágenes de satélite y teledetección para localizar fugas grandes y obligaba a los operadores a investigarlas y repararlas.
- Revierte los límites al flaring rutinario, la quema del gas sobrante en lugar de su captura y aprovechamiento.
- Relaja los requisitos de vigilancia y control para determinadas categorías de pozo.
- Amplía a 30 días el plazo para reparar una fuga detectada.
No es un movimiento aislado. La agencia dejó de aplicar la norma en marzo de 2025 y desde entonces tramitaba su revocación formal. En septiembre derogó también el límite a las emisiones de carbono de las centrales eléctricas, una decisión que previsiblemente alargará la vida de las plantas de carbón.
Las emisiones de metano que centra la propuesta representan cerca del 12% de los gases de efecto invernadero que emite Estados Unidos cada año y calientan unas 80 veces más que el CO2 en un horizonte de 20 años, según las propiedades del metano recogidas en la literatura técnica. A efectos climáticos, es el objetivo más rentable que existe: cortar sus fugas frena el calentamiento en años, no en décadas.
Una norma que se retira no desaparece del balance climático: la factura se traslada a la atmósfera y a la próxima década.
Pozos marginales: el 5% de la producción y más de la mitad de las emisiones
Aquí está la letra pequeña que el titular no cuenta. Los pozos marginales, los stripper wells que producen poco pero siguen bombeando, suponen apenas el 5% de la producción estadounidense de petróleo y gas y, sin embargo, generan más de la mitad de las emisiones del sector. Casi uno de cada diez estadounidenses vive en un condado con más de 1.000 de estos pozos.
El debate se plantea como una ayuda al pequeño operador, pero los datos de propiedad cuentan otra historia muy distinta.
El relato oficial los presenta como pequeños negocios familiares sin medios para cumplir. Los datos de propiedad dicen otra cosa: más de la mitad pertenecen a compañías que gestionan más de mil pozos, según Darin Schroeder, responsable jurídico de metano de Clean Air Task Force. Hilcorp Energy, del inversor Jeffery Hildebrand, uno de los mayores donantes de las campañas de Trump, se estima que controla cerca de 19.000 pozos de baja producción; Diversified Energy supera los 50.000.
Texas es el epicentro. Acumula unos 136.000 pozos marginales y sus emisiones de metano equivalen al 19% del total nacional. El estado ha incumplido los plazos para adoptar el plan que le exigía la norma federal, y sin presión desde Washington los expertos consultados dudan de que vaya a mover ficha.
Hay un segundo efecto que no se mide en toneladas equivalentes de CO2. Los contaminantes que salen junto al metano, como el benceno —cancerígeno conocido— y otros compuestos orgánicos volátiles, alimentan la formación de ozono a nivel del suelo, que daña los pulmones y agrava el asma. La norma de Biden los filtraba de rebote; la propuesta los deja escapar.
Las organizaciones ambientalistas ponen el foco en esas comunidades. Moms Clean Air Force califica la marcha atrás de bofetada para las familias expuestas a la contaminación de la industria donde viven, trabajan y juegan, en línea con las protestas que el sector ha visto este mes frente a la conferencia en la que participó el administrador de la EPA, Lee Zeldin.
El gas que se escapa por la grieta: 7.000 millones de dólares perdidos
La paradoja es que buena parte de ese metano tiene comprador. El Environmental Defense Fund estima que la industria ha perdido unos 7.000 millones de dólares en gas natural —fugado, venteado, o quemado— desde que la Administración Trump dejó de aplicar la norma en 2025. Nuevo México, con estándar propio más estricto, se anota unos 125 millones al año en gas que antes se escapaba.
Los cálculos de la propia agencia ponían cifra al beneficio de la norma revisada: 58 millones de toneladas de metano evitadas en 15 años y 400.000 millones de pies cúbicos de gas al año que dejaban de desperdiciarse, suficiente para calentar casi 8 millones de hogares en invierno. Reducir emisiones, en este caso, no es un coste: es cerrar un grifo abierto.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Metano no emitido: 58 millones de toneladas en 15 años, según la estimación de la EPA para la norma de 2023 que ahora se revisa.
- Gas preservado: 400.000 millones de pies cúbicos anuales, equivalentes al consumo invernal de casi 8 millones de hogares.
- Concentración del problema: los pozos marginales son el 5% de la producción y más de la mitad de las emisiones del sector.
- Potencia climática: el metano calienta unas 80 veces más que el CO2 en un horizonte de 20 años.
Riesgo regulatorio ESG: lo que la fragmentación anticipa al inversor
Para un inversor con mandato ESG, el detalle que cambia todo es otro. La norma federal no cae en un vacío: Colorado y Nuevo México ya tienen regulaciones de metano más estrictas y Pensilvania avanza en el plan de cumplimiento de la norma anterior. Los estados con estándar propio tienen pocos incentivos para rebajarlo, porque capturar el gas sale a cuenta.
El resultado es un mercado con dos velocidades regulatorias dentro del mismo país. Un fondo que compare activos con criterios de Taxonomía Verde o que reporte bajo CSRD se topa con un problema de comparabilidad: dos operadores del mismo sector pueden declarar intensidades de emisión radicalmente distintas según el estado donde bombean. El riesgo regulatorio ESG deja de ser un ejercicio teórico y se convierte en una prima de descuento.
Y hay un frente exterior. Mientras Washington afloja, la Unión Europea avanza en su propio reglamento de metano, con obligaciones de medición y declaración que alcanzan también al gas importado. El gas estadounidense que llegue a puertos europeos tendrá que demostrar lo que emite en origen. La ventaja que se gana en Lubbock se puede perder en Rotterdam.
La decisión no es técnica: es un reparto de costes en el tiempo. Con 30 días para reparar una fuga y sin satélites vigilando, el margen para corregir se estrecha justo cuando la ciencia pide acelerar. La transición también se pelea en la letra pequeña de un boletín federal.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: la norma revisada evitaba 58 millones de toneladas de metano en 15 años y el desperdicio de 400.000 millones de pies cúbicos anuales de gas.
- Modelo que cambia: la vigilancia satelital de fugas y la reparación con plazo corto dejan de ser obligación federal para los pozos de baja producción.
- Para las próximas generaciones: menos control sobre el gas que más calienta a 20 años reduce el margen de maniobra para descarbonizar lo que avanza más despacio.
