EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Xunta reservará el 20% de las nuevas viviendas públicas a demandantes con más de cinco años inscritos, a partir de 2027 y dentro de un presupuesto de 588 millones de euros.
- ¿Quién está detrás? La Consellería de Vivienda y Urbanismo de la Xunta de Galicia, que dirige María Martínez Allegue, con 326 millones para construir promoción pública.
- ¿Qué impacto tiene? La antigüedad pasa a ser criterio de acceso y se suma a los cupos por edad, lo que estrecha el margen del régimen general.
La Xunta reservará el 20% de las nuevas VPO de Galicia a quien acumule más de cinco años de espera. La medida se aplicará a partir de 2027 y viaja dentro de un presupuesto de 588 millones de euros para el área de vivienda, un 5% más que el ejercicio anterior. El objetivo declarado es llegar a 8.000 inmuebles públicos en 2028.
Cómo se reparte el cupo: cinco años de antigüedad, orden pendiente y 8.000 pisos como meta
El grueso del esfuerzo se va en ladrillo. La Consellería de Vivienda y Urbanismo, que dirige María Martínez Allegue, asigna 326 millones de euros a la construcción de promoción pública —el doble que el año pasado— y duplica hasta 37,5 millones la partida para desarrollar suelo residencial. Hoy la comunidad gestiona 4.670 viviendas públicas y tiene otras 1.900 en obra. Para cumplir el calendario faltan 1.430.
El cupo del 20% no abre una ventanilla nueva: introduce un criterio de prioridad dentro del registro de demandantes que gestiona la Xunta. La Consellería todavía debe aprobar la orden que fije cómo se acredita la antigüedad, cómo se ordena la lista y cómo se cruza esa reserva con las demás. En palabras de la conselleira, se trata de ‘reforzar los criterios de acceso para dar prioridad a las personas que han estado esperando más tiempo’. El calendario y los requisitos se publicarán en la web de la Xunta de Galicia.
El suelo se lleva 37,5 millones para terreno con capacidad de 25.000 viviendas, al menos 20.000 protegidas. Los 27 millones para promoción incluyen una línea nueva de 7 millones para ayuntamientos, con hasta 80.000 euros por hogar. Se suma la deducción del 100% en el ITP de vivienda protegida y la prórroga hasta 2030 de las medidas extraordinarias: suelo dotacional reconvertido sin tocar el plan general, promoción municipal por la vía de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) cuando el 80% de las viviendas sea protegida, reconversión de bajos, y remate de estructuras a medio construir. Las viviendas de administraciones o empresas públicas, como Casa 47, deberán calificarse además como protegidas.
Los otros cupos que se mantienen y el hueco que dejan al régimen general
La Xunta no toca el resto del tablero. Sigue el 25% de las viviendas protegidas de compra para menores de 36 años, el 30% para personas de 36 a 45 con hijos y el 40% de las de alquiler para jóvenes. El techo de ingresos se mantiene en cuatro veces el IPREM —el indicador público que sirve de referencia para las ayudas—, 4,5 veces en familias numerosas, lo que deja la horquilla entre 2.400 y 2.700 euros mensuales. También sube la ayuda al alquiler joven en 50 euros, hasta 300 al mes, y los avales públicos para primera vivienda se extienden hasta los 46 años.
Ahí está la letra que conviene leer dos veces. Si los tres cupos de compra (20%, 25% y 30%) no se solapan, al régimen general le queda el 25% de cada promoción. La antigüedad compite ahora con la edad y con la carga familiar, y quien lleve seis años esperando sin ser joven ni familia numerosa puede acabar en una lista distinta a la que imagina. La Consellería no ha detallado todavía cómo resolverá ese cruce.
Un cupo por antigüedad parece una medida de justicia hasta que se suma a los cupos por edad: entonces el régimen general descubre que su trozo de tarta es el más pequeño.
La Ficha del Inversor
La métrica que resume el movimiento es el ratio entre dinero y parque: 326 millones para 8.000 viviendas en 2028, con 4.670 ya entregadas y 1.900 en obra. Galicia es una comunidad de propietarios, no de inquilinos públicos. La vivienda protegida pesa poco en un parque de más de 1,4 millones de hogares, así que el cupo no mueve precios de mercado a corto plazo. Mueve listas de espera, y ahí el efecto es inmediato: cada punto de reserva que se detrae del régimen general alarga la espera de quien no encaja en ningún perfil bonificado.
La tendencia a seis meses pasa por el Parlamento de Galicia. El proyecto presupuestario debe completar su tramitación antes de que cierre el ejercicio y, con él, la habilitación de los 326 millones y de la línea de 7 millones para municipios. Cabe esperar ajustes en comisión, porque el encaje del 20% con el resto de reservas es la parte más discutible del articulado. Si la orden de desarrollo no llega en el primer trimestre de 2027, el cupo arrancará con presupuesto aprobado y sin procedimiento operativo.
El perfil al que le sirve esta operación es concreto: demandante ya inscrito, con antigüedad acreditada y sin perfil bonificado por edad. Para él, cinco años de paciencia se convierten en ventaja competitiva. Para quien acaba de apuntarse al registro, el mensaje es el contrario: el reloj empieza a contar y las promociones nuevas ya no son una carrera neutral. El precedente se parece al de la Ley de Vivienda de 2023 con las zonas tensionadas, una norma marco que cada autonomía aterriza a su ritmo y con registros que no son comparables entre sí.
