El Banco de España abrió en 2020 tres expedientes sancionadores, resolvió otros ocho que habían sido iniciados con anterioridad y reanudó uno contra una caja de ahorros, sus cargos de administración y dirección y los miembros de su comisión de control, que había quedado suspendido durante varios años por prejudicialidad penal.

Así lo recoge en su Memoria de Supervisión de 2020 publicada este jueves, en la que revela que el pasado año continuó abriendo y resolviendo expedientes sancionadores, pese a que los plazos quedaron suspendidos desde el 14 de marzo hasta el 1 de junio como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

De los doce expedientes que estuvieron en tramitación el pasado año, cinco de ellos eran relativos a la transparencia y protección de la clientela (contra tres bancos, una cooperativa de crédito y un establecimiento financiero de crédito).

En concreto, se sancionaron conductas como no entregar las fichas de información personalizada en las novaciones en el ámbito de la información precontractual y contractual ofrecida a los clientes, mientras que en el ámbito del Código de Buenas Prácticas se penalizaron conductas como no informar debidamente sobre este código y la posibilidad de solicitar su aplicación o como aplicar un plazo de reestructuración distinto a los 40 años sin que conste que medie solicitud previa de otro plazo por parte del cliente.

En cuanto a otras entidades supervisadas, el Banco de España también sancionó a una entidad de pago y a sus cargos, a los accionistas de una entidad de dinero electrónico que adquirieron una participación significativa de forma concertada y a dos sociedades de tasación y a sus cargos, a una de ellas por no tener medios humanos suficientes, por insuficiencias en su procedimiento de control de incompatibilidades o por contar con metodologías de valoración que no satisfacían íntegramente las necesidades de la normativa sectorial.

Asimismo, el Banco de España sancionó a sociedades no autorizadas por el organismo, bien por realizar actividades reservadas a entidades de crédito, bien por no suministrar la información requerida en el marco de una inspección.

SUPERVISIÓN DE CONDUCTA Y PUBLICIDAD

El Banco de España explica que una parte fundamental de la labor supervisora llevada a cabo el pasado año se centró en el seguimiento de las actuaciones de las entidades para dar respuesta a la pandemia y cumplimiento a las medidas aprobadas para hacer frente a su impacto económico.

Además, la actividad supervisora en materia de conducta también se enfocó especialmente en las áreas de actividad relativas al crédito hipotecario, al crédito al consumo, a las tarjetas revolving y a los depósitos.

Así, el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos concluyó 144 actuaciones supervisoras a lo largo de 2020, de las que 38 estaban relacionadas con el crédito hipotecario, 28 con el crédito al consumo, 26 con las tarjetas revolving, 28 con los depósitos y el resto con otros asuntos, como publicidad, servicios de atención al cliente, servicios de pago o financiación de pymes.

Como resultado de las actuaciones supervisoras llevadas a cabo en 2020, el Banco de España sancionó a una entidad y formuló 33 requerimientos e hizo 27 recomendaciones centradas en la comercialización de tarjetas revolving y en la cartera hipotecaria.

En cuanto a la actividad supervisora relativa a la publicidad, el Banco de España formuló 117 requerimientos, que culminaron con 56 ceses y 61 rectificaciones.

De forma complementaria a la adopción de las citadas medidas, remitió 514 escritos como resultado de la labor de verificación de los reglamentos de los servicios de atención al cliente y de valoración de la idoneidad de sus titulares.

INSPECCIONES E INVESTIGACIONES DE MODELOS INTERNOS

El Banco Central Europeo (BCE) es el responsable directo de la supervisión de las entidades significativas, mientras que al Banco de España le corresponde la supervisión directa de las entidades menos significativas constituidas en España, si bien también contribuye a la supervisión de las primeras, tanto en los trabajos de supervisión continuada a distancia como en las inspecciones in situ y en las investigaciones de modelos de dichas entidades.

En 2020 se llevaron a cabo nueve inspecciones in situ para entidades significativas (dos de riesgo de crédito para distintas carteras, dos de riesgo tecnológico, dos de capital, dos de gobernanza, modelo de negocio y rentabilidad y una de riesgo de mercado).

Por lo que respecta a las investigaciones de modelos, el impacto de la pandemia fue más reducido que en el caso de las inspecciones. Se llevaron a cabo nueve investigaciones a entidades españolas, ocho centradas en modelos internos de riesgo de crédito y una en modelos de riesgo de mercado.

En cuanto a las entidades menos significativas, se llevaron a cabo seis inspecciones in situ en 2020, en las que se hizo especial hincapié en el análisis de la calidad crediticia y de activos adjudicados, la gobernanza y la solvencia, así como en los aspectos vinculados a la tecnología.

El Banco de España también participó en 195 procedimientos de evaluación de idoneidad de altos cargos de entidades y prestó especial atención a las condiciones personales y profesionales que deben reunir los consejeros independientes.

Como resultado de estas actuaciones supervisoras, el Banco de España envió 99 escritos a entidades menos significativas con 405 requerimientos y recomendaciones. De ellos, 57 corresponden a decisiones de capital, 33 a la revisión de los planes de recuperación y 9 a inspecciones in situ.

Los requerimientos efectuados estuvieron mayoritariamente relacionados con la solvencia y corresponden a las decisiones de capital, debido a que a todas las entidades se les está solicitando anualmente un requerimiento de nivel de capital, con mejoras de los planes de recuperación y de los informes de autoevaluación del capital y de la liquidez.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estima que las empresas podrán recibir ya este verano las ayudas incluidas en el real-decreto ley de 11.000 millones.

«Espero que durante el verano se puedan recibir esas ayudas, aunque ya la perspectivas de poder recibirlas o conocer las cantidades que se le asignan será un balón de oxígeno para las empresas de cara a acudir a pedirlas», ha señalado la ministra.

Montero espera que el Congreso de los Diputados apruebe «en los próximos días» el real-decreto ley ya publicado en el Boletín Oficial del Estado y pide que haya un amplio consenso de los grupos de la Cámara Baja para sacarlo adelante.

La ministra ha recordado que el Gobierno se ha dado un plazo de un mes para poder hacer las transferencias a las comunidades autónomas de las cantidades que gestionarán, que conlleva la firma de convenios con cada una.

Así, en el plazo de un mes las comunidades podrán a empezar a hacer las convocatorias de dichas ayudas, que ya contemplan en el decreto criterios para el acceso a las mismas, aunque los gobiernos autonómicos los podrán modular.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Preguntada sobre la propuesta del Ministerio de un nuevo modelo de financiación autonómica, la ministra ha señalado que, aunque aún no hay una fecha concreta, sí hay estipulada una hoja de ruta que persigue que haya un consenso suficiente para sacarlo adelante, que requiere «generosisdad» de las comunidades.

Por ello, la ministra ha señalado que espera contar con la «actitud constructiva» del PP, con una negociación «óptima» que dé lugar a un acuerdo de las grandes formaciones polítcas que gobiernan las comunidades. «Si articulamos entre PP y PSOE una propuesta que estoy convencida de que será bienvenido por el conjunto de actores políticos», ha enfatizado Montero.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este jueves de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «se equivoca» al plantear una «contrarreforma» de la legislación laboral de 2012, porque no contribuiría a crear empleo, introduciría «rigidez» en el mercado laboral y no generaría confianza en las empresas y los inversores, según ha asegurado.

«Yo lo llamaría contrarreforma porque lo que ayudó en este país a que se crearan muchos empleos fue la reforma (de 2012), y no lo digo yo, lo dice Bruselas, la OCDE y el Banco Central Europeo (BCE) (…) Con todos mis respetos, creo que la ministra se equivoca en sus planteamientos», ha afirmado Garamendi en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

El dirigente de la CEOE ha explicado que los empresarios se seguirán sentando en la mesa de diálogo social sobre el mercado laboral, cuya primera reunión se celebró ayer, pero ha indicado que el «menú» de esta negociación les ha sido impuesto y que no lo comparten «en absoluto».

Así, frente a los planteamientos de Díaz y de los sindicatos de modificar la reforma laboral de 2012 en lo que respecta a la negociación colectiva, la ‘ultraactividad’ o la subcontratación, Garamendi se ha alineado con las tesis de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, que esta misma mañana afirmaba que no hay que mirar al pasado, sino al futuro, y que en lo que hay que centrarse en materia laboral es en resolver el paro juvenil y la dualidad laboral, así como en simplificar los contratos a tres (uno estable, otro temporal y otro de formación).

Precisamente, para Garamendi, más importante que modificar la reforma de 2012 es abordar el desempleo juvenil (más del 40% de los jóvenes está en paro), los problemas de los mayores de 50 años que se ven expulsados del mercado de trabajo, la dualidad laboral, los contratos que se necesitan para ayudar a resolver estas situaciones y ver qué pasa con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que se acaban «dentro de poquito».

«Esto es lo que nos pide Bruselas. Bruselas no está hablando de la reforma laboral. Lo que ha dicho la vicepresidenta es lo que realmente dice Bruselas (…) De esas cosas son de lo que hay que hablar. Lo otro es meter rigidez al mercado laboral. Comprendo que lo contrario es más político y de titulares, pero yo no me presento a las elecciones, estoy en el día a día de las empresas», ha defendido el líder de la CEOE.

Garamendi ha insistido en que en estos momentos, «con la que está cayendo», no toca hacer una contrarreforma de la legislación laboral de 2012 porque impactaría negativamente sobre el empleo y no daría «ninguna confianza» a las empresas españolas ni a los inversores.

Sobre la próxima salida del Gobierno del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, Garamendi ha señalado que se trata de un episodio más de lo que se está viviendo actualmente en la política española. «Sinceramente, no voy a entrar en política, pero todo lo que queremos es estabilidad y moderación. No es muy comprensible lo que estamos viviendo», ha señalado Garamendi, que cree que en lo que hay que centrarse ahora es en vacunar a la población frente al Covid lo antes posible.

La Semana Santa de 2021 volverá a ser diferente a una Semana Santa normal. Las restricciones derivadas del covid-19 harán que, por segundo año consecutivo, los españoles no vayan a disfrutar de una Semana Santa tal y como estaban acostumbrados. Y eso se va a notar en el gasto que tienen previsto hacer durante este periodo festivo, según El Observatorio Cetelem.

La unidad de estudios e inteligencia económica de BNP Paribas Personal Finance ha llegado a la conclusión, después de una serie de entrevistas online, a que el gasto previsto de los españoles caerá un 40% respecto a 2019.

Traducido a euros, hablamos de que su gasto será de 262 euros. Dos años atrás, en 2019, antes de la aparición de la pandemia que ya condicionó el gasto en 2020, dicho gasto fue de 438 euros.

El Observatorio Cetelem también pone de manifiesto en qué rango se va a producir más esa caída del gasto. Así, el mayor descenso se va a dar en aquellos españoles con intención de gastar más de 310 euros. Así, su porcentaje pasa del 31% en 2019, al 23% de este año. El gasto medio para este grupo de personas será de 1.132 euros.

En el otro lado de la balanza, Cetelem sitúa a aquellos que tienen una intención de gasto por debajo de los 50 euros. En su caso, pasa del 21% en 2019, al 28%. Es decir, en su caso, el aumento es de siete puntos porcentuales.

CETELEM Y LOS GUSTOS DE LOS ESPAÑOLES

Más allá del gasto que tienen previsto llevar a cabo los españoles durante la Semana Santa, Cetelem ha indagado sobre cuáles son las actividades favoritas y que tienen previsto llevar a cabo. La elegida por una amplia mayoría es la de descansar, quedarse en casa y ver amigos. El 52% de las respuestas así lo atestiguan.

A continuación, viajar dentro de las posibilidades que las restricciones permitan. Conviene recordar que las comunidades autónomas van a cerrar sus fronteras e, incluso, algunas como Andalucía, no va a permitir el paso entre las diferentes regiones que la conforman. Aun así, es la opción más clara para uno de cada tres encuestados por Cetelem.

Salir a restaurantes también será un hábito que llevarán a cabo muchos españoles durante la Semana Santa. En su caso, el porcentaje del estudio de Cetelem llega al 32%. También está dentro de la ‘mochila’ de los ciudadanos realizar actividades deportivas (26%), ir de compras (24%), realizar turismo rural (21%), visitas culturales (14%), actividades con los hijos (10%), o ir a teatros, cines o espectáculos (8%).

El 33% de los españoles que ha manifestado su intención de realizar un menor gasto debido a las restricciones actuales de viajar, tiene pensado ahorrar para realizar un mayor gasto en viajes una vez mejore el contexto actual. No obstante, el mayor porcentaje lo alcanzan aquellos que simplemente tienen intención de ahorrarlo con un 34%. En el tercer lugar, encontramos un significativo 30% que tiene intención de gastar más en hostelería de su ciudad, dato muy relevante en estos momentos.

El mercado inmobiliario español capta la atención de inversores, promotores, socimis e incluso fondos internacionales. Pero los gigantes extranjeros están esperando a la sombra hasta que se produzca una consolidación del sector.

Una vez se alcance, los expertos anticipan un gran movimiento en el sector de las socimi en el futuro que dé entrada a fondos de inversión internacionales y compañías de seguros en estas empresas, un movimiento que les aportará una mayor estabilidad en el tiempo.

Durante un acto organizado por Tinsa y Asocimi, dedicado a las sociedades de inversión inmobiliaria, al que MERCA2 ha tenido acceso, el consejero delegado de la socimi Tempore Properties, Nicolás Díaz Saldaña, ha advertido de que se aproxima un proceso de consolidación en el sector.

Actualmente hay cerca de 90 socimis cotizando en la Bolsa española, tras el nacimiento de este régimen empresarial en 2013 en España. Para Díaz Saldaña, el sector ha conseguido que «por primera vez» los inversores internacionales se fijen en los activos inmobiliarios del país.

Como consecuencia de este mayor apetito inversor, el ejecutivo confía en que en algún momento se produzca un proceso de consolidación en el que fondos internacionales especializados en inmobiliario, fondos de pensiones y compañías de seguros entren en los consejos de administración de las socimis españolas.

Este proceso, unido a otro de los grandes objetivos del sector de contar con una mayor información de calidad y homogénea en todas estas empresas, facilitará la toma de decisiones, ayudará a tener un mercado más eficiente y aportará unas estructuras de capital más estables en el tiempo y con estrategias definidas.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta la necesidad de que los bancos españoles, que en el ámbito de las socimis solo se limitan a financiar hipotecas y otras pequeñas operaciones del sector, se involucren más en las operaciones de capitales, algo que de momento hacen principalmente las entidades internacionales, según Díaz Saldaña.

Por su parte, el director comercial de Tinsa, Pedro Soria, ha señalado que la pandemia de coronavirus ha acelerado las tendencias que ya se veían registrando antes, como la desaceleración, la digitalización, la sostenibilidad, el teletrabajo o la compra online, con dos sectores en auge, el logístico y el alquiler residencial.

El Banco Central Europeo (BCE) ha diseñado la primera prueba de resistencia climática para el conjunto de la economía con el objetivo de ayudar a las autoridades y a las entidades financieras a evaluar el impacto de los riesgos climáticos sobre las empresas y los bancos en los próximos treinta años, según ha indicado el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos.

La prueba de resistencia climática del BCE, la primera de este tipo y cuyos resultados se conocerán a mediados de 2021, incluye aproximadamente cuatro millones de empresas de todo el mundo y más de 2.000 bancos, cubriendo así casi todas las entidades financieras monetarias de la zona del euro.

Guindos ha explicado que la evaluación del BCE examina la resiliencia de las empresas y los bancos a distintos escenarios que escenarios representan de forma plausible las condiciones climáticas futuras, pero también tienen en cuenta el impacto sobre las empresas de las medidas dirigidas a limitar el alcance del cambio climático, como los impuestos al carbono.

«Una mayor acción en materia de política climática puede aumentar el impacto de los riesgos de transición a corto plazo, pero al mismo tiempo reducir la incidencia de los riesgos físicos en décadas futuras. La prueba de resistencia climática diseñada por el BCE capta y mide esta posible relación de correspondencia utilizando un horizonte de treinta años en el que caben efectos de largo plazo», ha señalado.

Los riesgos relacionados con el cambio climático se dividen normalmente en dos grandes categorías. La primera es el riesgo físico, cuyo origen es el esperado aumento de la frecuencia y magnitud de las catástrofes causadas por fenómenos naturales, mientras que la segunda es el riesgo de transición derivado de una introducción tardía o precipitada de políticas climáticas para reducir las emisiones de CO2, que podrían afectar negativamente a determinados sectores intensivos en energía y carbono, como la minería, el cemento o el acero.

En su examen, la institución ha establecido un escenario ordenado, que contempla la implementación a tiempo y efectiva de políticas climáticas que logran limitar el calentamiento global, así como un escenario de ‘Tierra-invernadero’, que considera los efectos de no aplicar nuevas políticas climáticas y asociado con un aumento muy significativo del riesgo físico a medio y a largo plazo, además de un escenario desordenado, que examina el impacto de una implementación tardía y precipitada de políticas climáticas.

De este modo, el vicepresidente del BCE ha advertido de que los riesgos tanto físicos como de transición pueden perjudicar a la estabilidad financiera si los bancos u otras entidades financieras están expuestos a empresas insolventes a través de préstamos u otros activos.

«Las empresas más contaminantes, junto con las de las regiones que son más vulnerables al riesgo físico, podrían estar expuestas a hasta cuatro veces más riesgo climático que la empresa promedio durante los próximos 30 años», ha subrayado.

Asimismo, el exministro español de Economía y Competitividad ha apuntado que los resultados preliminares del examen indican que en caso de no producirse la transición, la vulnerabilidad de las empresas ubicadas en áreas geográficas particularmente expuestas a peligros físicos aumentaría sustancialmente.

De hecho, ha advertido de que el cambio climático amplifica los riesgos para la actividad económica y la alteración potencial podría volverse extrema en algunas áreas geográficas, especialmente si no se introducen más políticas para reducir las emisiones de carbono.