El Gobierno prevé aprobar este martes la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para recoger la regulación básica del teletrabajo en la función pública, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con las principales organizaciones sindicales del sector público.

Así lo han señalado fuentes gubernamentales, que explican que la intención es que la nueva norma vaya al Consejo de Ministros este martes para su aprobación, después de que la semana pasada viese la luz la ley que regula el teletrabajo en el ámbito privado previamente acordado con los agentes sociales.

El pasado 11 de junio, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público.

VOLUNTARIO, REVERSIBLE Y LIGADO A LA NORMA DE CADA ADMINISTRACIÓN

El acuerdo supondrá tramitar la inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, del tal manera que el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, «salvo en supuestos excepcionales».

El texto que se incorporará en el Estatuto Básico regula con carácter general la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, como una modalidad organizativa, «fomentando así el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la administración digital».

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

También establece que será requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

Por otro lado, dice que la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta, sino que será en cada ámbito y en la normativa reguladora que se dicte por cada Administración competente donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse bajo esta normalidad.

El texto apunta que se define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse fuera de las dependencias de la Administración y se establece expresamente que, en todo caso, esta modalidad deberá contribuir a una mejor organización laboral a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser «expresamente autorizada».

Los funcionarios que teletrabajen tendrán los mismos deberes y derechos que el resto y la Administración deberá proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad. También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.

Por último, el texto señala que el desempeño del teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, «siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito», y que las administraciones públicas que lo requieran podrán disponer de un periodo de seis meses para adaptar la regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

Este acuerdo servirá de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y deberá desarrollarse sectorial y territorialmente a través de la negociación colectiva.

LOS SINDICATOS RESPALDAN LA REGULACIÓN

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), su presidente, Miguel Borra, subrayó que se trata de un acuerdo «novedoso», que mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos, y podrá acogerse el personal funcionario y laboral de las administraciones públicas.

Una vez conseguido el acuerdo sobre teletrabajo, CSIF pide que se abra «cuanto antes» la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la Seguridad Social, como consecuencia de la pandemia.

Por su parte, el responsable federal de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, valora que deja claro «elementos básicos» como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las administraciones e introduce una serie de valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, lo que concede al teletrabajo un carácter «lo suficientemente garantista en términos de derechos para los empleados públicos y en términos de servicios para la ciudadanía».

También insta a las administraciones a abrir sin demora las mesas de negociación en los diferentes ámbitos, y específicamente en la AGE «de manera inmediata».

En la misma línea, CC.OO. pide al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que inste al resto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, a que inicien inmediatamente las negociaciones sobre el teletrabajo en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, ha reclamado a la ministra Darias la apertura inmediata de la mesa de diálogo social para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y un III Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, comprometido por el Gobierno.

Por otra parte, este lunes Función Pública ha suscrito con CSIF y UGT el acuerdo por el que se encuadra al personal laboral en la nueva clasificación profesional derivada del IV Convenio Único de la Administración General del Estado que conllevará subida salarial y la aplicación de los atrasos.

Los retrasos en las nóminas de los 40.000 trabajadores de la AGE vinculadas a este convenio suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019, según CSIF. Asimismo, UGT, que ha desconvocado las movilizaciones previstas con CSIF, ha señalado que del total de 34.244 puestos de trabajo ocupados, se ha acordado el encuadramiento del 99,94% de los mismos al reactivarse el convenio único.

LEY DEL TELETRABAJO EN ÁMBITO PRIVADO

La ley aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros para el ámbito privado establecía que el trabajo a distancia se considerará de carácter regular y, por tanto, estará regulado por esta nueva ley, si alcanza al menos el 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de tres meses.

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para determinar y abonar las compensaciones de gastos correspondientes.

Las compras netas de activos por parte del Banco Central Europeo (BCE) bajo su programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) se situaron la semana pasada en 16.721 millones de euros, lo que supone el mayor importe semanal adquirido por la autoridad monetaria desde la última semana de julio, según los datos publicados este lunes por la entidad.

En los siete días anteriores, el BCE había realizado compras por importe de 16.090 millones de euros bajo este programa, que entró en vigor a finales del pasado mes de marzo para paliar el impacto de la pandemia en los mercados y mantener bajo control los diferenciales de la deuda de los países del euro. En las dos semanas anteriores, el BCE había invertido 14.351 y 14.381 millones de euros, respectivamente.

De este modo, el BCE ha empleado ya 559.454 millones de euros del total de 1,35 billones de la capacidad del programa, lo que representa el 41,4% del mismo, que estará en vigor hasta junio de 2021. El BCE se ha comprometido a reinvertir los vencimientos de los activos adquiridos bajo este programa hasta, como mínimo, finales de 2022.

El BCE ha ralentizado el volumen de compras de su programa desde que comenzó el verano. Mientras que en los pocos días que estuvo operativo en marzo se hizo con 15.444 millones, en abril las compras alcanzaron los 103.366 millones, que se elevaron hasta 115.855 millones en mayo y 120.321 millones en junio. En julio, descendieron a 85.423 millones, mientras que en agosto se situaron en 59.466 millones. En lo que va de septiembre, la autoridad presidida por Christine Lagarde se ha hecho con activos por valor de 59.579 millones de euros.

Por otro lado, desde su lanzamiento a finales de marzo y hasta el pasado mes de julio, según los últimos datos disponibles, el BCE había destinado 46.111 millones de euros a la adquisición de deuda soberana española a través del PEPP. En concreto, en los meses de junio y julio las compras netas de bonos españoles sumaron 23.719 millones de euros, frente a los 22.392 millones adquiridos entre finales de marzo y mayo.

Además del programa de compras de emergencia contra la pandemia, el BCE mantiene abiertos el resto de programas que componen su plan de expansión cuantitativa o programas de compras de activos (APP), que incluye el plan de adquisición de deuda pública (PSPP), así como los programas para la compra de bonos corporativos (CSPP), la adquisición de cédulas (CBPP3) y titulizaciones (ABSPP).

De esta forma, durante la última semana el BCE llevó a cabo compras netas de deuda pública por importe de 8.611 millones de euros, además de 2.683 millones en bonos de empresas y otros 1.745 millones en cédulas, al tiempo que observó una reducción neta de su cartera de titulizaciones de 247 millones de euros.

Hostelería de España, junto con Hostelería de Madrid y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), organizan este martes una caravana reivindicativa en la capital para exigir al Gobierno que incluya en la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al sector de la hostelería, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus.

Con esta movilización, que se une a las que ha llevado a cabo en las últimas semanas por todo el país, el sector espera que se salven los cientos de miles de puestos de trabajo y casi un tercio de las empresas hosteleras que están en juego.

Los participantes están convocados en el Paseo de Camoens a las 10.30 horas, posteriormente la caravana de coches discurrirá por varias calles madrileñas para realizar a las 11.15 horas una parada frente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Los hosteleros vuelven a las calles para alertar de que cerca de 125.000 establecimientos de la hostelería podrían cerrar si no se prorrogan los ERTE, lo que supondría la pérdida del 40% del tejido empresarial, según datos de la plataforma ‘Juntos con la Hostelería’, formada por Hostelería de España, FIAB y Aecoc.

La plataforma ha recordado que a mediados de septiembre la actividad de la hostelería acumulaba ya una pérdida del 45%. Solo en la primera quincena, las nuevas limitaciones a bares y restaurantes arrojan pérdidas que alcanzaban el 32% en comparación con al año anterior.

La plataforma estima que la crisis sanitaria ya ha llevado al cierre de 56.000 establecimientos, que representa un 18,2%, una cifra que podría elevarse hasta los 125.000, lo que supone el 40% del sector, tras el empeoramiento por las recientes limitaciones sobre la actividad en bares y restaurantes.

Una caravana-protesta que también está apoyada por diferentes sectores que tienen una fuerte vinculación con la restauración. Así, Cerveceros de España, patronal que cuenta con la presencia de marcas como Heineken España, Mahou San Miguel, Damm, Hijos de Rivera o Grupo Agora, entre otras, se unen a las reclamaciones de los hosteleros en la prórroga de los ERTEs como medida prioritaria para salvar al sector.

El sector cervecero asegura que se encuentra «profundamente preocupado» por las «graves consecuencias» que el coronavirus está teniendo en la hostelería, integrado en su mayoría por pymes y autónomos, y cuya crisis, por extensión, está afectando también a las más de 500 cerveceras de España.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido este lunes que medidas como los esquemas nacionales para mantener el empleo, como los ERTE en España, y los avales públicos para canalizar préstamos a las empresas siguen siendo «fundamentales» para reducir la incertidumbre y «aliviar» el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

Así lo ha expresado durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, donde también ha insistido en que la recuperación todavía es «incompleta, incierta y desigual», algo que ya advirtió a los eurodiputados en su último discurso en la Eurocámara.

La francesa ha apuntado que el gasto de los hogares se ha recuperado «significativamente», pero los consumidores siguen actuando de forma «prudente» debido a la preocupación que genera el futuro de su empleo y las perspectiva sobre la renta que percibirán. También ha crecido la inversión empresarial, pero afectada por la «débil demanda y elevada incertidumbre.

«En este contexto, los esquemas de retención de empleo y las garantías nacionales sobre préstamos bancarios siguen siendo factores fundamentales para reducir la incertidumbre y aliviar el impacto de la pandemia», ha expresado la máxima responsable del instituto emisor.

En su opinión, la eurozona no está «fuera de peligro» y, en consecuencia, si los estímulos fiscales que la UE y los gobiernos nacionales han puesto en marcha fuesen retirados, sería «contraproducente». «El apoyo fiscal es absolutamente necesario y debe seguir yendo de la mano con nuestras políticas» monetarias, ha advertido.

«Cuando las moratorias y los avales sean retirados, habrá efectivamente consecuencias si la recuperación no ha rebotado masivamente en ese momento. Mi recomendación a las autoridades fiscales es que sean extremadamente graduales y prudentes al retirar los varios sistemas de apoyo que han puesto en marcha», ha insistido.

Así, ha subrayado que la recuperación «depende en gran medida» de la evolución de la enfermedad y «en el éxito de las medidas de contención» del virus. «La crisis de salud pública seguirá pensando en la actividad económica y supone un riesgo a la baja», ha remarcado.

En la misma línea, ha señalado que la recesión económica «ha debilitado la presión sobre los precios». La inflación, ha recordado, se situó en un -0,2% en agosto y permanecerá en terreno negativo «durante los próximos meses», según las previsiones de la entidad que preside.

Por eso, ha enfatizado una vez más que el BCE está «preparado» para «ajustar todos sus instrumentos» si es necesario para «asegurar que la inflación se mueve hacia el objetivo de una manera sostenible» y «en línea con su compromiso con la simetría».

COMPROMISO DEL BCE PARA PALIAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por otro lado, en una carta remitida este lunes a un grupo de eurodiputados del grupo Los Verdes/EFA, la presidenta del BCE se ha comprometido a «explorar todas las vías posibles» a través de las cuales puede contribuir a disminuir el impacto del cambio climático.

«El BCE está firmemente comprometido a explorar todas las vías posibles a través de las cuales puede ayudar a mitigar el cambio climático», ha asegurado Lagarde en su respuesta a una serie de preguntas remitidas por carta por un grupo de 30 eurodiputados ecologistas.

En este sentido, el BCE decidió la semana pasada aceptar como garantía en sus operaciones de liquidez bonos con estructuras de intereses (cupones) que estén ligadas a ciertos objetivos de rendimiento sostenibles.

«Me comprometo a observar todas las implicaciones en relación a nuestras tareas y operaciones y, dentro de nuestro mandato, hacer los ajustes necesarios para atajar el cambio climático», ha proseguido Lagarde. La francesa ha añadido que la revisión de la estrategia de política monetaria de la autoridad incluye valorar cómo puede el BCE contribuir a mitigar el cambio climático dada la «urgencia» y la «gran importancia» que entraña.

Lagarde ha concluido la misiva asegurando que cualquier contribución del BCE a los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europa se hará «sin perjuicio» de su objetivo de estabilidad de precios.

El PP defenderá este martes en la Comisión de Hacienda del Congreso una proposición no de ley para establecer un IVA superreducido en las actividades turísticas durante este año y el siguiente con el fin de amortiguar la caída de la facturación en el sector por la pandemia de Covid-19.

Este IVA, al 4% de la base imponible, se aplica a productos básicos como el pan, la harina, los huevos, la leche o las verduras, a libros, periódicos y revistas, a medicamentos, a implantes y prótesis, a vivienda protegida o a servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y atención residencial.

En su iniciativa, registrada en el Congreso el pasado 31 de julio, en plena temporada turística, argumentan la necesidad de adoptar «medidas excepcionales ambiciosas» ante las pérdidas provocadas por la pandemia en sectores como el hotelero o el de la restauración.

En este sentido, señalan que otros países, como Alemania o Reino Unido, han adoptado rebajas en su IVA al turismo, un sector que en España supone el 12% del PIB, ocupando a un porcentaje similar de población activa, más de 2,5 millones de trabajadores, contabilizando hoteles, cámpings, restauración y transporte, esgrimen.

Cerveceros de España, patronal que cuenta con la presencia de marcas como Heineken España, Mahou San Miguel, Damm, Hijos de Rivera o Grupo Agora, entre otras, reclama al Gobierno la prórroga de los ERTEs como medida prioritaria para salvar la hostelería, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus.

En concreto, el sector cervecero asegura que se encuentra «profundamente preocupado» por las «graves consecuencias» que el coronavirus está teniendo en la hostelería, integrado en su mayoría por pymes y autónomos, y cuya crisis, por extensión, está afectando también a las más de 500 cerveceras de España.

La industria recuerda que antes de la pandemia, el 67% de su consumo de cerveza se producía fuera del hogar. Así, la cerveza suponía un 25% de la facturación de los bares, cifra que alcanzaba hasta el 40% en el caso de pequeñas empresas de restauración de menos de 10 empleados.

Los cerveceros apoyan la caravana-protesta organizada por ‘Salvemos la Hostelería’ de este martes que reinvica la inclusión de los trabajadores de restauración en la ampliación de los ERTEs, así como un plan de rescate para el sector, tras una temporada alta que ha resultado «desastrosa» para las ventas y agravada por las limitaciones horarias y las condiciones de funcionamiento.

De esta forma, los principales directivos de algunas de las cerveceras españolas y miembros del comité de dirección de Cerveceros de España han expresado su apoyo a esta movilización.

El director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, ha señalado que ante la «compleja situación actual, preservar la actividad hostelera y proteger la gran contribución al empleo de este sector clave para la economía española debe ser una prioridad.

«El compromiso de Mahou San Miguel con el canal de hostelería y los agentes que lo conforman es de largo plazo y seguiremos apoyándoles, porque salvaguardar su actividad es proteger también nuestra manera de disfrutar y entender la vida», ha indicado.

DESTACAN SU IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Por su parte, el presidente ejecutivo de Heineken España, Guillaume Duverdier, ha resaltado que es «crítico que se extienda la duración de los ERTEs al sector de la hostelería como medida fundamental de protección del empleo y de la supervivencia de las empresas hosteleras y de sectores dependientes».

«La hostelería no solo es clave para la oferta turística española, sino también por su importantísima contribución económica y social a nuestro país», ha recalcado.

«Desde Damm ofrecemos todo nuestro apoyo a Hostelería de España en sus reivindicaciones para salvar al sector. La hostelería es clave para la economía de nuestro país», ha asegurado el director general de Damm, Jorge Villavecchia, que ha recalcado que la «viabilidad de miles de empresas del sector hostelero pasa por prolongar los ERTEs en la restauración, una medida clave para poder mantener los puestos de trabajo directos e indirectos de miles de personas».

El consejero delegado de la Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, ha recordado que la hostelería es «motor fundamental» de la economía. «No solo por ser un generador de empleo y riqueza, o por ser un dinamizador clave del turismo y del sector productivo de nuestro país, sino que desempeña una importante función de cohesión social», ha asegurado.

«Es fundamental el mantenimiento de los ERTEs. Tras un mal verano, afrontamos un invierno más difícil que nunca y, como poco, la hostelería podrá ver el final del túnel en Semana Santa 2021″, ha advertido sobre la complicada situación que atraviesa el sector.

El consejero del grupo Agora, Jonathan Stordy, ha señalado que ampliar los ERTE será un «balón de oxígeno, no solo para la hostelería, sino para toda la industria que le suministra». «La prórroga evitará destruir empleo y perder competitividad futura en un sector tan estratégico como el turismo. Nuestros barrios y pueblos no deberían perder su auténtico punto de encuentro, el bar», ha indicado.

Por su parte, el consejero delegado de Compañía Cervecera de Canarias, Juan González, opina que es «fundamental» el apoyo del Gobierno a este sector y a las actividades que de él dependen.

Por su parte, la Asociación Española de Cerveros Artesanos Independientes (AECAI) también han mostrado su apoyo a los hosteleros. «Son necesarias ya medidas contundentes para garantizar su reactivación, de forma segura pero firme. No pueden esperar más», ha indicado el presidente AECAI, Javier Donate.

El Gobierno ha acordado ampliar hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas «abusivas» en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado ‘escudo social’ para paliar las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19 en la población más vulnerable.

Concretamente y según han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno, dicha prórroga se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Con ello, la prohibición de desahucios se sustentará en las mismas condiciones marcadas el Real Decreto Ley de marzo, ampliada ahora hasta el 31 de enero junto a la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas.

También se prolongan las medidas sobre grandes tenedores respecto al alquiler, que «tendrán que decidir» entre quitar del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda en, al menos, 3 años.

El acuerdo para esta prórroga, a instancias de Unidas Podemos, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Además, continúan los contactos para sellar la extensión de otras medidas de protección a colectivos vulnerables de cara a este martes, como la imposibilidad de cortar suministros básicos, una prioridad para la formación morada.

PRIORIDAD DE PABLO IGLESIAS

Ya en julio el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros de Unidas Podemos en la coalición, la necesidad de extender, al menos hasta 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos.

Podemos y sus socios incidían en que estas medida debían ser ampliadas al menos hasta el próximo año, para poder «seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma», del mismo modo que también se están extendiendo los ERTE.

El documento que PSOE y Unidas Podemos elaboraron de forma conjunta con sus propuestas sobre Política Social en la Comisión para la Reconstrucción que se creó en el Congreso ya contemplaba la necesidad de prorrogar algunas de las medidas, como las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda. Sin embargo, en dicho documento no se especificaba fecha alguna.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió este viernes por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «alargue y amplíe» como mínimo seis meses más la moratoria antidesahucios de alquiler de familias en extrema situación de vulenerabilidad.

LA ÚLTIMA PRORROGA CONCLUÍA EN BREVE

La prórroga del ‘escudo social’ aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a la crisis del Covid-19, que incluye las moratorias de hipotecas y de alquiler, la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables y la flexibilidad del ‘bono social’ a este colectivo, finaliza este miércoles, mientras que la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional concluye el viernes.

El Ejecutivo dio luz verde al llamado ‘escudo social’ en marzo con varios decretos en los que recogía medidas sanitarias, económicas y sociales para hacer frene a la crisis del Covid-19 y las consecuencias del confinamiento derivado del Estado de alarma decretado.

Sin embargo, en julio aprobó tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre la protección del ‘escudo social’ para aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos hasta el 30 de septiembre.

Concretamente, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se puede solicitar hasta este martes, 29 de septiembre, y tendrá una duración de tres meses.

En cuanto a las medidas para proteger a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad, la prórroga de 6 meses de los contratos de arrendamientos sobre vivienda habitual se podrá solicitar igualmente hasta este miércoles, 30 de septiembre.

Hasta este miércoles se puede solicitar también la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea gran tenedor de vivienda, para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Por su parte, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional seguirá vigente hasta este viernes, 2 de octubre. No obstante, se ampliará mañana hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas «abusivas» de alquiler, así como las relativas a los grandes tenedores.

En cuanto a la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, también concluye este miércoles.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que para que se desarrollo «plenamente» el Ingreso Mínimo Vital (IMV) «se van a necesitar movilizaciones» de los trabajadores en la calle «si las condiciones del coronavirus lo permiten».

En una rueda de prensa este lunes en Zaragoza, antes de participar en el Consejo Regional de UGT Aragón, para poner en común con los cuadros sindicales de la comunidad autónoma el avance de las negociaciones del diálogo social, ha explicado que hay una plataforma en la web de UGT para que las personas que no tienen respuesta en relación con el Ingreso Mínimo Vital presenten su reclamación para trasladarla al Gobierno central.

En este punto, ha reconocido que también se trata de «ir organizando» a las personas que se encuentren en esa situación. «Nosotros estamos convencidos de que para que el mínimo vital se desarrollo plenamente se va a necesitar de la movilización, seguramente, si las circunstancias de la Covid lo permiten, física», indicó.

Álvarez ha matizado que lo primero es preservar el derecho a la salud, «que es fundamental», pero el Gobierno de España tiene que ser plenamente consciente de que el millón de solicitudes que hay –del IMV– en una parte altísima reúne las condiciones de pobreza necesarias para acceder, y si no acceden, «vamos a organizar a aquellas personas que están pendientes de resolución, o que se les hayan resuelto negativamente, para que puedan tener acceso a esa prestación mínima.

Entre las reclamaciones que han llegado al sindicato, ha continuado, muchas son «inaceptables». Ha puesto como ejemplo la respuesta a un ciudadano que se le ha dicho que no tenía acceso al IMV por tener una empresa, cuando en realidad no la tiene desde el año 2008, lo que demuestra que la Agencia Tributaria no tiene el archivo al día.

«Si el millón de personas, en una Administración saturada, que no se cubren las vacantes desde el año 1992, les das este trabajo ingente, es muy difícil que se pueda resolver satisfactoriamente y con criterios objetivos las peticiones que se han hecho», denunció Álvarez, quien ha elogiado que el Gobierno haya empezado a tomar medidas que rebajan la carga burocrática, pero ha incidido en que no se va a renunciar a esta cuestión.

Ha recordado que para dar salida a las peticiones del IMV faltan recueros humanos y la estructura telemática está lejos de las posibilidades de muchas personas que lo solicitan. Además, ha calificado de «escándalo» que las personas tengan que ir a gestorías, que les van a cobrar, para solicitar el IMV.

CONGRESOS

Sobre los procesos congresuales del sindicato, que estaban previstos que acabaran para noviembre de 2020, Álvarez ha expuesto que se han tenido que retrasar por la pandemia y que finalizarán en mayo de 2021.

«No es posible aplazar la democracia, el sindicato tiene que celebrar sus congresos, sus asambleas». En el caso de Aragón, el congreso regional se celebrará los días 22 y 23 de octubre.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este lunes que su organización no apoyará un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) si se excluye de su aplicación a muchas empresas.

«Si consideramos que mucha gente se queda fuera, tendremos que decir que no. Lo decidiremos esta tarde en el Comité Ejecutivo», ha afirmado Garamendi durante su intervención en la Asamblea Anual de Anged.

El dirigente empresarial ha asegurado que le gustaría llegar a un acuerdo porque CEOE es una organización «pactista», pero ha reconocido abiertamente que el Gobierno «se lo está poniendo bastante complicado».

«En cualquier caso, aceptaremos la decisión, legítima, del Gobierno y seguiremos colaborando con él», ha apuntado el líder empresarial, que ha señalado que este asunto lo examinará esta tarde el Comité Ejecutivo de la CEOE porque no se puede excluir de los ERTE a empresas de determinados sectores.

En este sentido, ha indicado que aunque la CEOE defiende «profundamente» al sector turístico, su organización quiere «defender a más gente«, por ejemplo, al comercio, que representa al 13,5% del PIB y que podría quedar excluido del acuerdo de los ERTE.

En este punto, ha recordado que de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en ERTE en el pico alto de la pandemia, el 24% pertenecía al sector del comercio. Asimismo, ha indicado que de los 750.000 trabajadores que siguen en ERTE, más de 130.000 (el 17%) se ubican en este sector.

«Hay que defender de manera profundísima al comercio, no sólo a la gran distribución, también al pequeño comercio. En el caso de este sector, cada millón de demanda son 27 puestos de trabajo y eso no hay que olvidarlo», ha subrayado.

ATAQUE «GRAVÍSIMO» A LA CORONA

Garamendi ha asegurado además que lo más importante ahora mismo es la confianza y la estabilidad, porque ello proporciona tranquilidad y favorece el diálogo en lugar de la confrontación. Sin embargo, ha denunciado, la «triste» realidad de la política española es que interesa más la confrontación que la unidad.

En este sentido, ha calificado de «gravísimo» el ataque a la primera institución del Estado, la Corona, «simplemente por motivos políticos, que lo único que hacen es perder y hacer perder la confianza».

«En nuestra sede suenan permanentemente los teléfonos y suenan siempre por esto: por la falta de confianza, por avisos que no tocan de reformas laborales o por otros elementos, como la necesidad de unidad de mercado, de flexibilidad», ha señalado.

Garamendi ha reiterado que CEOE seguirá trabajando con independencia, sentido de Estado y lealtad institucional.

La inversión en oficinas se situó en el tercer trimestre del año en los 1.500 millones de euros, lo que supone una reducción del 45% en comparación con el mismo trimestre del año anterior según datos de la consultora CBRE.

En concreto, hasta el momento se han registrado un total de 42 transacciones de inversión en España en el segmento oficinas, por volumen de unos 1.500 millones de euros, de las que 23 se han cerrado en los últimos seis meses.

CBRE cree que hasta el final del año podrían cerrarse operaciones que aumentarían esta cifra hasta superar los 2.000 millones de euros. Del total, casi 950 millones de euros han tenido como destino inmuebles ubicados en Madrid.

Además, se da la circunstancia de que 5 operaciones que superan los 100 millones de euros acumulan el 58% del total invertido este año en la capital. De su lado, en Barcelona, se han cerrado un total de 17 operaciones, con un ticket medio de 21 millones de euros, destacando la operación de compra llave en mano por parte de DWS (fondo de Deutsche Bank).

La directora de research de CBRE España, Lola Martínez Brioso, ha señalado que en el entorno de «bajísimos» tipos de interés en el que el mundo se ha instalado desde hace años, y que continuará por algunos más, el capital en busca de oportunidades de inversión «sigue siendo elevado.

Según Brioso, seis meses después de la irrupción del coronavirus, «la incertidumbre que domina la escena ha movido a los inversores a tomar posiciones claramente más cautelosas».

«Los procesos se demoran en el tiempo lo que, añadido a las restricciones a la movilidad, dificultan las visitas a los activos por parte de fondos internacionales, que en 2019 representaron el 75%, y en 2020 el 68% del total invertido en el sector oficinas en España», ha explicado.

Además, ha señalado que si el cierre de un proceso de venta estándar antes del Covid se situaba en torno a los cuatro meses de media, en estos momentos se puede hablar «de entre cinco y seis meses».