Un mecanismo para poder hacer frente a una situación económica adversa. Esto es lo que ofrece la Ley de Segunda Oportunidad a particulares y autónomos, a la vez que atiende también a los derechos de los posibles acreedores. Se trata de un funcionamiento muy similar al de la Ley Concursal, especialmente pensada para las empresas. Sin embargo, lo que diferencia a ambas normas es que a la última se le ha dotado de una mayor flexibilidad, para que sea posible acogerse a ella de manera más ágil y con menos limitaciones. Así, se pretende combatir con más fuerza la crisis económica que ha generado el coronavirus COVID-19.Expertos en la materia consideran que también la Ley de Segunda Oportunidad debería haberse reformado, en el mismo sentido que la Ley Concursal. Pero todo parece indicar que lo que se ha hecho es todo lo contrario. A este respecto, el abogado Kenari Orbe sostiene que la modificación no se ha realizado “porque no se ha detectado una urgencia o un carácter específico en la crisis provocada por la pandemia, que sí se ha visto en otros ámbitos, como en el caso de los concursos de acreedores”.¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad?Igual que la Ley Concursal, la Ley de Segunda Oportunidad persigue resolver aquella situación económica que impide hacer frente a determinados pagos. Por un lado, se caracteriza por tener un objetivo social, al permitir que las personas puedan salir adelante a pesar de su fracaso económico. Y, por otro lado, busca proteger al máximo las posibilidades de cobro de los acreedores.Su mecanismo es claro: si se cumplen los requisitos, se exonera del principio de responsabilidad patrimonial universal, recogido en el Código Civil. Este principio obliga a los deudores a cumplir con sus obligaciones económicas, respondiendo con todos sus bienes, tanto actuales como futuros.Pero es necesario cumplir los requisitos establecidos para acogerse a esta ley: no ser considerado culpable en el concurso, no haber cometido delitos económicos o sociales, actuar de buena fe, no haberse acogido a la norma en los 10 años anteriores y que la deuda no supere los 5 millones de euros.Y es de destacar una novedad introducida en 2019: las deudas contraídas con las Administraciones Públicas, con Hacienda y con la Seguridad Social, que no se contemplaban, también se pueden exonerar hasta en un 70 %.Las dificultades de los particulares para optar a la Segunda OportunidadTal y como sostiene Orbe, “el procedimiento y los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son complejos, ya que requieren de la participación de varios operadores (abogado, procurador, mediador, notario…)”. Todo esto implica que los costes totales se incrementen, precisamente en un momento en el que más dificultades económicas se experimentan. De hecho, muchos afectados “han de valorar si realmente les merece la pena acudir a dicho procedimiento, teniendo en cuenta el montante total de su deuda”.Es precisamente esta razón la que hizo que muchos juristas esperaran que el Gobierno flexibilizase también estos requerimientos durante esta crisis del coronavirus. Por ejemplo, una forma de conseguirlo sería facilitando un poco más la negociación extrajudicial, debido al gran número de solicitudes que se prevé que saturen los juzgados en los próximos meses. No obstante, parece que el Ejecutivo ha elegido hacer lo contrario: se ha regulado que los expedientes vayan directamente al juzgado cuando dos mediadores concursales los rechacen.En opinión del abogado Kenari Orbe,sería positivo para aliviar las cargas del procedimiento y buscar una mayor agilidad y rentabilidad “imponer un límite temporal para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial y encontrar una alternativa al hecho de que todas las notificaciones en esa fase negociadora deban hacerse a través de un notario”. La clave sería encontrar “algún sistema que pueda ser fehaciente, pero que no obligue a incurrir en más gastos”, apunta Orbe.Además, con el objetivo de que más personas con dificultades puedan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, se podría considerar“revisar o flexibilizar el requisito de la falta de antecedentes penales del interesado, ya que estos pueden ser totalmente ajenos a la situación que ha provocado que deba acudir a este mecanismo de segunda oportunidad.”

Seis meses llevan ofreciendo sus servicios desde A mano a la carta y ya han enviado más de 10000 cartas manuscritas en nombre de empresas y pymess.

En un contexto en el que todas las campañas publicitarias han dejado de llegar a los buzones, apuestan por hacer que las empresas lleguen de nuevo directos a sus clientes a través de cartas escritas a mano. Basta con pensar que, cada día, se reciben cerca de 3000 mensajes publicitarios. Y de ellos, apenas impacta el 2%.

“Hasta ahora el crecimiento que venimos experimentando es asombroso. En nosotros están confiando grandes empresas y pymes que buscan establecer una comunicación cercana y efectiva con sus destinatarios y clientes. Hoy en día recibir una carta manuscrita dirigida especialmente a esa persona concreta se ha convertido en una comunicación con un gran impacto. Incluso mayor que cualquier otra” explican.

Dar la bienvenida a un nuevo cliente, agradecer una compra, departamentos de RRHH acogiendo a un nuevo trabajador, a nuevos papás que han pasado por tratamientos de fertilidad o la finalización de estudios pueden ser excusas perfectas para lanzarse a contactar personalmente desde la empresa, clínica o instituto de estudios.

“Es, más que una forma de conseguir nuevos clientes, una forma de fidelizarlos. Quizá en esta nueva normalidad será una de las mejores estrategias, que cualquiera que abra su buzón pueda encontrar un sobre con una letra bonita a su nombre y con una carta personalizada como se hacía antes” explican desde la empresa.

¿Cómo gestionan este tipo de servicio?

Una vez la empresa se interesa por un servicio tan original en los tiempos que corren, se define el contenido de la carta bien a través del contenido enviado o bien a través de su redacción y se transcribe a mano, incluyendo el sobre, poniéndole y sello y enviándolo por correo postal.

En un tiempo de entre 3 y 5 días la carta estará en el buzón esperando a su destinatario.

“El feedback que están recibiendo nuestros clientes es impensable para cualquier otro canal publicitario. Incluso les llaman por teléfono para agradecerles el detalle. Está claro que, quien quiera impactar y diferenciarse, tiene la oportunidad” explican.

Ante la proximidad del fin de la vigencia del actual Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, el Institut Agrícola insta al Gobierno central a habilitar mecanismos extraordinarios de financiación a las CC.AA para que puedan licitar antes de final de año los 5.300 millones de euros pendientes del PDR 2014-2020. De no llegar a tiempo, el sector agroalimentario corre el riesgo de perder hasta el 43% del segundo pilar de la PAC –que es aquél que destina financiación condicionada a proyectos de inversión, innovación, mejora de los ecosistemas o de la gestión de aguas, entre otros– dañando enormemente la política de desarrollo rural, competitividad e inversiones necesarias en el sector. En total, se podrían perder 3520 millones de euros.

Este esfuerzo sería adicional al ya realizado por el Gobierno desde junio de 2019, el cual ha repartido 537,8 millones de euros de apoyo a la cofinanciación de las CC.AA de las diferentes actuaciones contempladas en los PDR de las CC.AA. Dicho mecanismo extraordinario se podría incluir en el paquete del fondo COVID-19 que el Gobierno diseña para las CC.AA en forma de condicionalidad de aplicación a los programas no licitados hasta la fecha de desarrollo rural. Un esfuerzo necesario para potenciar el sector agrícola en obras de infraestructuras básicas, que permitiría a las CCAA afrontar sus proyectos y evitar, fundamentalmente la pérdida de la financiación Europa. La crisis del COVID-19 ha demostrado que el sector agroalimentario tiene fuerza en nuestro país, pero también ha puesto en evidencia sus necesidades, por lo que el Institut Agrícola propone que parte de estos recursos se destinen a este sector, por lo que propone que la distribución del apoyo financiero del Estado se haga con arreglo al siguiente criterio y orden de prioridades:

1. CC.AA que menos porcentaje de licitación tengan según los últimos datos publicados en el reporte anual de cada región.
2. CC.AA con mayor porcentaje de cofinanciación propia y, por tanto, con menor cofinanciación por parte de los fondos europeos.
3. Priorizar proyectos que sean especialmente importantes, especialmente la Prioridad 4 (gestión de ecosistemas, agua, biodiversidad y suelos).

Tomando en consideración que el porcentaje promedio de cofinanciación de cada uno de los programas de la UE es de, aproximadamente, dos tercios (66,4%), en este momento hay en riesgo de perderse 3.520 millones de fondos europeos. De materializarse esta eventualidad, la posición negociadora de España ante la PAC del próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 quedaría muy debilitada, ya que evidenciaría problemas de gestión e incapacidad de licitar los proyectos, aunque su ejecución se puede alargar hasta 2023. Por eso, sería importante que las CCAA realizaran las licitaciones en este año, como paso previo para no perder las aportaciones europeas.

Esta situación es especialmente preocupante en aquellas CC.AA donde el porcentaje de ejecución es mínimo y donde los últimos datos de licitación están por debajo del 50%. Es el caso de Madrid (20,76%), Castilla-La Mancha (28,41%), Canarias (30,14%) o Asturias (31,38%), donde según los datos publicados de 2018 tienen los porcentajes de ejecución más bajos de España a pesar de estar por encima de la media nacional de cofinanciación europea.

En segundo lugar, atendiendo al criterio de las regiones que menor porcentaje de cofinanciación europea tienen en promedio en sus programas, se sitúan Cataluña (43%), Navarra (47,81%), La Rioja (50%), Valencia (53%) y Baleares (58,36%). Y, por último, el ámbito de actuación Prioridad 4, siendo el que más fondos concentra de los PDR (45.000 millones de euros), es fundamental para mejorar la gestión del agua (junto con la Prioridad 5A) y una gestión forestal sostenible.

En el caso de Cataluña, a pesar de las decisiones del Govern desde los últimos datos disponibles de 2018, quedan por aplicar 3,56 millones de euros necesarios para impulsar la modernización de regadíos, entre los cuales se encuentran el Canal d’Urgell, una obra fundamental para crear una amplia zona de regadío que impulsaría al sector agrícola. Según, el presidente del Institut Agrícola, Baldiri Ros, “la agricultura nos puede brindar grandes oportunidades. Hemos de ser capaces de modernizar el sector y de dar un empujón a algunos proyectos que tenemos en el cajón desde hace años. Y ahora, ya no podemos esperar más”. Según el presidente de la patronal agrícola catalana “este canal de riego necesita ser modernizado para que los regantes reciban el agua a presión en sus fincas, lo que permitirá que dejar de regar por inmersión. La conclusión de una operación como esta es el ahorro de agua, la mejora de la productividad agrícola y, sin duda, una actividad más sostenible”.

Por tanto, la patronal agrícola catalana considera que ahora es el momento para acometer estas importantes infraestructuras para generar competitividad y productividad en un sector contra-cíclico que ha tenido un comportamiento ejemplar durante la crisis como es el sector agroalimentario y que además, dada su vocación exportadora, tendrá que liderar el sector exterior catalán dadas las dificultades en otros sectores como el turismo o el automóvil.

Indra ha respondido a los intereses e inquietudes de sus profesionales, que demandan nuevas formas de ayudar a la sociedad en un momento tan delicado como el que atravesamos.

Se trata de apoyar a familias que se encuentran en el umbral de la pobreza, personas que tienen dificultades para cubrir sus necesidades alimenticias básicas, y niños y jóvenes sin medios para estudiar telemáticamente. Y además, ayudar a personas sin hogar, pacientes de cáncer sin recursos y desempleados que atraviesan dificultades. Contribuye además a sostener centros pediátricos en países de Asia, África o América con sistemas sanitarios débiles.

Como último ejemplo de acciones solidarias, “hemos tejido para ello una red de acuerdos con diferentes ONGs que están trabajando para mitigar los problemas sociales más urgentes causados por la pandemia”, explican desde la empresa.

Todo esto ha sido posible gracias al empuje de sus profesionales. La compañía lanzó hace unas semanas a sus cerca de 30.000 profesionales en España un reto a través de una campaña de crowdfunding: por cada euro que donaran, Indra igualaría la aportación para multiplicar el impacto positivo.

El resultado ha sido muy positivo, al conseguir 270.000 euros en solo dos semanas, resultado de las donaciones de los trabajadores y de que la propia Indra realizase una aportación de la misma cantidad que la suma de las aportaciones a cada una de las 10 ONGs, para así multiplicar por dos las aportaciones.

El logro se enmarca por otra parte dentro de la excepcional movilización que tanto Indra como sus trabajadores han demostrado a lo largo de toda esta crisis.

Antes de que se declarase el estado de alarma, el 90% de su plantilla ya estaba trabajando desde sus casas, una medida que la compañía tomó para proteger la salud de todos ellos.

El resto de trabajadores fue reconocido personal esencial para mantener servicios e infraestructuras básicas para la sociedad. Durante los días más duros de la pandemia, se ocuparon de tareas clave para ayudar, por ejemplo, a que los medios aéreos estuviesen listos para transportar material sanitario a cada rincón de nuestro país y que los corredores aéreos que utilizaban fuesen seguros.

A medida que surgieron nuevos problemas, la empresa buscó nuevas soluciones. Así, por ejemplo, antes las dificultades de algunos niños y jóvenes de familias sin recursos para seguir las clases telemáticamente, la compañía donó más de 8.500 tablets a través de diferentes organizaciones.

De forma paralela, la compañía se convirtió durante todo este tiempo en un hervidero de ideas, que se cruzaban en los distintos foros y grupos electrónicos corporativos, para luchar contra el Covid-19.

Algunos profesionales se organizaron para diseñar y fabricar máscaras protectoras y material, que se donaron a hospitales de todo el país.

La empresa por otra parte y a través de Indraventures, el vehículo corporativo con el que impulsa su modelo de innovación abierta, acaba de lanzar la cuarta edición de su iniciativa de intraemprendimiento e innovación, Innovators, que este año se orienta hacia la sostenibilidad y las soluciones poscovid y plantea a los profesionales retos con un fuerte componente social y medioambiental.

Desde Indra explican que todas estas acciones se enmarcan dentro de la transformación cultural en la que la compañía está inmersa y comparten un mismo hilo conductor. “El objetivo es convertir a Indra en la empresa más atractiva, motivadora y estimulante en la que trabajar”, aseguran.

Con 30.000 profesionales trabajando en España, el impacto que una compañía como Indra tiene en la sociedad es enorme. “Nuestro objetivo es canalizar toda esta capacidad para mejorar la vida de las personas”, explican en la empresa.

La compañía está completamente volcada en ayudar a sus clientes para que puedan acelerar su digitalización al máximo y recuperar la actividad en la era poscovid.

Su tecnología está transformando sectores estratégicos como el del transporte, la banca, la energía y la sanidad e incluso la relación de la administración con los ciudadanos.