Unidas Podemos quiere que los planes de reconstrucción contemplen una estrategia de reindustrialización, y que la línea de apoyo financiero a las industrias incluya una cláusula especial para asegurar la permanencia de las mismas en el territorio durante al menos cuatro años, así como un plan de actuaciones en caso de que no se cumpla este compromiso.

Entre ellos, apoyar técnica y financieramente a los trabajadores para comprar la empresa si lo deciden, que la Administración asuma de forma transitoria su titularidad y, en caso de que se demuestre la inviabilidad de la empresa, una garantía por parte del Estado de recuperar dos puestos de trabajo en la comarca por cada empleo perdido.

Así figura en la proposición no de ley registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, en la que su portavoz de Economía, Txema Guijarro, y de Industria, Alberto Rodríguez, exponen su propuesta para un plan estratégico de reconstrucción por la reindustrialización y modernización del tejido productivo, que quieren negociar junto a otras fuerzas para la nueva Ley de Industria y un nuevo Pacto de Estado por la Industria.

VETAR PARAÍSOS FISCALES Y FAVORECER LA PROTECCIÓN AL EMPLEO

Estas no son las únicas condicionalidades que el grupo confederal propone introducir, pues con los programas de apoyo financiero reclaman mecanismos que incentiven actuaciones hacia la sostenibilidad ecológica, la igualdad de género o la exclusión en los programas de ayudas a empresas con sedes en paraísos fiscales, tanto en el pago de impuestos como en el reparto de dividendos.

Entre los criterios de evaluación, proponen valorar la participación decisoria de las mujeres en todas las estructuras de dirección, un distintivo para las empresas en materia de igualdad que otorga el Estado, disponer de planes de gestión ambiental o la presentación de informes de gestión ambiental de su actividad.

Asimismo, piden baremos que primen a empresas que valoren la protección del empleo en los centros de trabajo, como por ejemplo, establecer umbrales límite de «contratación atípica» en la composición contractual de las plantillas.

UN MAPA CON INVERSIONES ESTRATÉGICAS

Para llevar a cabo este plan de reindustrialización, el grupo confederal propone realizar un mapa de las inversiones estratégicas prioritarias, que potencie tecnologías prioritarias y disruptivas, como la nanotecnología, la biotecnología, los materiales avanzados y los sistemas de fabricación avanzados.

También aboga por llevar a cabo la mejora de infraestructuras sociales para favorecer la convergencia regional, apostar por una reindustrialización ‘verde’, con impacto positivo sobre el entorno y actividades de gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad, con prioridad en las zonas con más problemas de empleo.

Finalmente, el grupo confederal pide aumentar la inversión pública de I+D+i, con incentivos a la colaboración público-privada, así como la dotación de los Presupuestos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo vinculados al impulso industrial.

Todo ello junto a una estrategia de evaluación de impacto y de análisis coste-beneficio para reevaluar el cumplimiento de objetivos operativos y estratégicos de los programas, así como la mejora de la eficiencia y eficacia del gasto.

El Congreso examina este jueves a los candidatos del Gobierno a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, y ocupar su vicepresidencia, Ángel Torres, así como al resto de consejeros para completar la renovación en el órgano de dirección de este regulador.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, Fernández, Torres y los otros tres consejeros propuestos –Carlos Aguilar Paredes, Josep María Salas Prat y Pilar Sánchez Núñez– comparecerán a partir de las 16 horas ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que debe pronunciarse sobre la idoneidad del nombramiento.

Y es que, según recoge la propia Ley de creación de la CNMC, cada miembro del Consejo de la CNMC debe someterse a este examen previo a su nombramiento formal y la Comisión competente –en este caso la de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que preside el ‘popular’ Celso Delgado–, podrá vetar por mayoría absoluta el nombramiento de cada miembro del Consejo, Presidencia y Vicepresidencia incluida, en el plazo de un mes natural tras recibir la propuesta del Gobierno.

Una vez superado este trámite, para el que el Gobierno tiene asegurados los votos necesarios al haber pactado el relevo con ERC, –ha propuesto para la renovación a Josep María Salas, y Unidas Podemos a Carlos Aguilar–, sus nombramientos se aprobarán por decreto.

UNA RENOVACIÓN PENDIENTE DESDE HACE CASI UN AÑO

Con la propuesta realizada el pasado martes por el Consejo de Ministros, el Gobierno inicia la renovación del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde cinco de sus miembros ya habían cumplido su mandato desde hacía casi un año.

Ese es el caso tanto del presidente, José María Marín Quemada, como de la vicepresidenta, María Fernández Pérez, y de los consejeros Benigno Valdés Díaz y Clotilde de la Higuera, cuyos mandatos vencieron en septiembre de 2019. En el caso de Josep Maria Guinart, su mandato concluyó en septiembre de 2017.

El mandato es por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección. La CNMC cuenta con un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros, de los cuales cuatro pertenecen a la Sala de Competencia, que preside el presidente de la CNMC, y otros cuatro de la Sala de Regulación, que preside el vicepresidente.

ASESORA EN MONCLOA TRAS MÁS DE 20 AÑOS EN CUATRECASAS

Según la información remitida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, encargado de realizar la propuesta de nombramiento, el Gobierno reconoce a Cani Fernández (Cartagena, Murcia, 1963) como «una profesional de larga trayectoria en el ámbito de la competencia y reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional.

Tras más de una veintena de años en el bufete Cuatrecasas -era la segunda socia más antigua de la firma-, Fernández se incorporó el pasado mes de febrero como asesora en el Gabinete de Presidencia que dirige Iván Redondo.

La abogada era socia del área de Derecho de la Competencia del despacho Cuatrecasas. Graduada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, tiene un máster en Derecho de la Unión Europea por la Université Libre de Bruxelles.

Antes de su dilatada etapa en Cuatrecasas, entre 1994 y 1997 la jurista fue letrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha sido profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) y Toulouse School of Economics.

CALVIÑO PROPONE DOS PERSONAS QUE LLEGARÁN DESDE SU MINISTERIO

Ángel Torres, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Bellaterra, es actualmente vocal asesor en la Dirección General del Tesoro y tiene una larga trayectoria de servicio público en el ámbito de la política económica y la representación ante instituciones internacionales.

Así, ha desarrollado su carrera profesional como técnico comercial y economista del Estado en la Administración Pública. Ha sido director ejecutivo del Grupo Banco Mundial, director general de Planificación en el Ministerio de Economía y Hacienda, consejero económico y comercial de la Delegación de España ante la OCDE y secretario general y director general de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda.

Pilar Sánchez ha desarrollado buena parte de su actividad profesional en el ámbito de defensa de la competencia, ya que ha sido consejera y vicepresidenta de la Comisión Nacional de la Competencia, asesora del Tribunal de Defensa de la Competencia y vocal del pleno de este Tribunal. Además, ha sido consultora del Banco Mundial y actualmente es asesora en materia de transformación digital y telecomunicaciones en el Ministerio.

UN EXPERTO AUDIOVISUAL Y OTRO EN RENOVABLES Y BIG DATA

Por su parte, Carlos Aguilar ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la docencia como profesor de Estructura del Sistema Audiovisual y de Economía Aplicada a los Medios. En la actualidad es vicedecano de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona.

Josep Maria Salas ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito privado, donde ha puesto en marcha diferentes proyectos relacionados con las energías renovables y el Big Data. Ha sido consejero de la Comisión de Expertos de Transición Energética en España y miembro del Consejo Asesor en Desarrollo Sostenible de la Autoridad Catalana de Competencia.

El Gobierno valora presentar la candidatura de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

España tiene de plazo como máximo hasta el próximo 8 de julio para presentar formalmente la candidatura de González Laya al frente de la OMC, una posibilidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contemplaba cuando la fichó para el Gobierno, según señalan a Europa Press fuentes de su entorno.

El presidente sopesa ahora las opciones de que España se haga con ese puesto. Entre los elementos que deberá valorar estará el análisis sobre si la decisión de pelear por la OMC le puede restar apoyos a otras candidaturas que quisiese promocionar España, como la del ministro de Ciencia, Pedro Duque, al frente de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), otra de las opciones que baraja el Gobierno.

El nombre de la ministra española como potencial aspirante a dirigir la OMC lo publicó la revista alemana ‘Wirtshaftswoche’ hace dos semanas. En múltiples entrevistas desde entonces, ella se ha limitado a decir que acaba de llegar a la cartera de Exteriores y que ésa es la labor que ocupa todas sus energías.

Eso sí, también ha dejado claro que tener cargos en organizaciones internacionales es beneficioso para España. Esta semana la ministra ha participado en dos foros de ‘think tanks’ donde le han preguntado sus puntos de vista sobre la organización pero sin alusiones concretas a si presentará o no su candidatura.

Sánchez deberá decidir en las próximas semanas si opta por lanzar a González Laya a la carrera por dirigir la OMC, pese a que este puesto no estaba en principio en su radar. Y es que en mayo pasado, en plena pandemia de coronavirus, el actual director de la OMC, el brasileño Roberto Azevedo, anunció por sorpresa que dejará el cargo el próximo 31 de agosto, un año antes de que expire su mandato.

Los aspirantes a sucederle deben presentar sus candidaturas entre el 8 de junio y el 8 de julio próximo, por lo que la eventual candidatura de González Laya deberá concretarse en el corto plazo.

Las candidaturas no se presentan a título individual, sino que deben hacerlo los gobiernos de sus respectivos países. Entre los interesados están la exministra keniana Amina Mohamed y el excomisario europeo de Comercio Peter Mandelson, según publicó el ‘Financial Times’, añadiendo no obstante que sería difícil que la UE apoyase a un británico en este momento.

OTROS CANDIDATOS

Otros nombres que han circulado en prensa internacional son el del actual comisario europeo de Comercio, el irlandés Phil Hogan; su antecesorsa Cecilia Malström (sueca), la ministra holandesa Sigrid Kaag, el suizo-egipcio Hamid Mamdouh (ex alto cargo de la OMC), el nigeriano Yonov Frederick Agah, que es uno de los cuatro vicedirectores de la OMC y el beninés Eloi Laourou, embajador de su país ante los organismos de la ONU en Ginebra.

Los gobiernos africanos defienden que el próximo director de la organización debe proceder del continente, mientras Europa defiende que es momento de un candidato occidental. El nombre de González Laya no lleva mucho tiempo en las ‘quinielas’ para los conocedores de la OMC que, además, hasta ahora nunca ha tenido una mujer al frente.

No obstante, el procedimiento de elección es complejo y genera muchas fricciones políticas, hasta el punto de que la razón que ha dado Azevedo para marcharse un año antes es despejar este asunto y que después la organización pueda consagrar toda su energía a la Conferencia Ministerial prevista para 2021.

Todo ello en un momento de profunda crisis para la organización, ya que Estados Unidos se opone desde el 11 de diciembre a la renovación del órgano de apelación en los litigios comerciales.

Más allá de los nombres de Duque y González Laya que pueden contribuir a reducir el déficit de españoles al frente de organismos internacionales, España aspira a atraer a su territorio las sedes de dos centros europeos. Recientemente ha presentado la ciudad de Barcelona candidata a albergar la tercera sede del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicos a Plazo Medio, y al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, ubicado en León, como sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Seguridad.

La atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria para confeccionar la declaración de la Renta de 2019 arranca este lunes, por lo que se reduje a la mitad respecto a las campañas de otros años por el Covid-19, restringiéndose a su vez a la mitad los espacios habitualmente disponibles. Los contribuyentes deben solicitar cita previa para dicha opción, que pueden pedir desde el pasado viernes por Internet, teléfono o a través de la ‘app’ del organismo tributario.

La AEAT ya abrió desde el pasado martes 26 de mayo las oficinas que se encuentren en zonas de fase 2 para prestar únicamente servicios de atención al público, exceptuando la declaración de la Renta, cuya atención presencial, que estaba prevista para el pasado 13 de mayo pero quedó suspendida y supeditada a las circunstancias sanitarias, pero se ha retomado, pudiéndose solicitar desde el viernes la cita previa e iniciándose desde este lunes.

La cita se puede solicitar por Internet o a través de la ‘app’ de la Agencia Tributaria, en cualquier momento del día, o bien llamando a los teléfonos 901 22 33 44 y 91 553 00 71 de lunes a viernes.

El organismo tributario ha explicado que la atención presencial se configura como un complemento de la asistencia personalizada por teléfono, dado que el periodo global de asistencia en los centros de la Agencia será la mitad que en una campaña presencial en oficinas otros años, y se verá restringido, a su vez, a la mitad de los espacios habitualmente disponibles.

Esto se debe a la necesidad de mantener las distancias de seguridad en zonas comunes y entre puestos de atención, así como para una adecuada gestión, desde la perspectiva sanitaria, de los flujos de entrada y salida de contribuyentes.

Por ello, la cita para la asistencia en oficinas se abrirá periódicamente y por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir otros días de cita, y así sucesivamente hasta el final de la campaña. De esta manera, el organismo tributario destacó que se consigue ir ajustando la capacidad de absorción que, dadas las circunstancias sanitarias, tengan los distintos centros de atención.

Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas unos días después.

SE REFUERZA EL SERVICIO ‘LE LLAMAMOS’

De cualquier forma, la AEAT recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el servicio ‘Le Llamamos’, que seguirá contando con capacidad de absorción de demanda suficiente y que, a partir del 8 de junio, pasará a atender también, al igual que sucederá en oficinas, las rentas más complejas (hasta dos alquileres, hasta dos actividades económicas en módulos y ganancias o pérdidas derivadas de hasta dos transmisiones patrimoniales).

Como todos los años, y en esta campaña «muy especialmente», al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, la Agencia recuerda a los ciudadanos que pueden anular la cita por la misma vía por la que la han concertado si han decidido no hacer uso de ella.

En años pasados, en más del 25% de las citas concertadas con más de una semana de antelación, el contribuyente finalmente no se presentaba.

Con el refuerzo del sistema de confección telefónica dedeclaraciones, en colaboración con CCAA y ayuntamientos, sumado a laaceleración de las presentaciones por internet y ‘app’, la Agencia pretende que, en el menor tiempo posible, la mayoría de los contribuyentes puedan ir dejando ya presentada su declaración, sin necesidad de esperar a una atención presencial.

Hasta el pasado jueves, la AEAT ha devuelto ya 4.994 millones de euros a más de7.796.000 contribuyentes, superados dos tercios de la Campaña de la Renta 2019, que concluye el 30 de junio, lo que supone un incremento del 9,7% en el número de devoluciones y un 15,5% en el importe. Las presentaciones han subido un 6,8%, hasta 13,34 millones.

La AEAT espera que la campaña de este año cuente con 21,03 millones de declaraciones, de los que 14,56 millones darán derecho a devolución, un 0,5% más, por un importe de 10.686 millones de euros, un 1,5% menos, mientras que 5,51 millones saldrán con resultado a ingresar, un 3,1% más, por importe de 12.798 millones, un 6,7% más.

Bares de ocio nocturno y discotecas podrán abrir desde mañana lunes, 8 de junio, en las zonas que se incorporan a la fase 3 del plan de desescalada, siempre que no se supere un tercio de su aforo, según la nueva orden del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el caso de que en el local hubiera un espacio destinado a pista de baile o similar, este podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual.

De esta forma, el Gobierno da respuesta a empresarios y asociaciones integradas en ‘España de Noche’ que habían reclamado la reapertura en la fase 3 para evitar la desaparición de 15.000 empresas después de tres meses de cierre de su actividad.

«Por desgracia esta situación esta provocando la pérdida de 25.000 empleos y durante las próximas semanas está cifra se puede incrementar, ya que el 55,32% de las empresas mantienen a todos sus trabajadores en un ERTE», aseguraban los empresarios.

En términos económicos, el sector del ocio constata una caída de facturación de 8.000 millones de euros y unas pérdidas económicas por empresa que van desde los 23.000 euros de las pequeños bares de copas hasta los 157.000 euros de las grandes salas de fiesta.

Asimismo, en la fase 3 del plan de desescalada podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local siempre que no se supere el 50% de su aforo.

Además, estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una separación mínima de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, similar a la distancia que se establece entre mesas, al tiempo que las terrazas al aire libre podrán ser ocupadas hasta el 75% de su capacidad.

LOCALES DE JUEGO Y PLAZAS DE TOROS.

Por otro lado, la Orden publicada este sábado en el BOE establece el aforo máximo permitido en los locales de juego y apuestas en un 50% en la fase 3, mientras que plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre pueden desarrollar su actividad en fase 3 siempre que no se supere la mitad del aforo autorizado y no más de 800 personas y con butacas pre-asignadas.

Según recoge la orden, aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso.

En la fase 2, las plazas de toros pueden abrir siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no se supere un tercio del aforo autorizado, y en todo caso, un máximo de 400 personas.