El Gobierno de Pedro Sánchez ha descartado por completo una de las propuestas más polémicas que algunos de sus socios parlamentarios habían puesto sobre la mesa: aplicar el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por su negativa a aplicar ciertos aspectos de la Ley de Vivienda.
Fuentes del Ejecutivo consideran que una medida de esta envergadura sería «peor remedio que la enfermedad» y generaría un conflicto institucional de grandes dimensiones, además de ser jurídicamente insostenible.
En los últimos meses, formaciones a su izquierda han sugerido al PSOE una respuesta firme ante lo que consideran una «insumisión» por parte de gobiernos autonómicos del PP, que se niegan a declarar zonas tensionadas, que es uno de los mecanismos clave de la nueva legislación para limitar los alquileres, o directamente han anunciado que no aplicarán la norma.
Ante esa situación, los socios del Gobierno consideran que hay un boicot a la ley que podría corregirse desde el Ejecutivo central, incluso con medidas excepcionales.
PULSO MÁS SUTIL
Lo que sí está valorando el Ejecutivo es una vía alternativa para forzar a las comunidades del PP a aplicar ciertos elementos clave de la Ley de Vivienda: seguir forzando a las autonomías a declarar zonas tensionadas, tal y como ya se hace a través de ayudas económicas a las que pueden aspirar las comunidades que aplican la legislación.
Esta competencia, actualmente en manos de los gobiernos autonómicos, se considera esencial para limitar el precio de los alquileres en áreas donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural. Desde el Ministerio de Vivienda se estudia la posibilidad de seguir incentivando que las comunidades cumplan con los objetivos de acceso a la vivienda marcados por la ley.
Aunque esta medida también generaría fricciones con los ejecutivos autonómicos, especialmente con Madrid, se percibe como una opción más viable legalmente y políticamente menos explosiva que el 155. De momento, el mapa de zonas tensionadas en España sigue siendo escueto.
Una de las pocas ciudades que ha logrado este reconocimiento es A Coruña, gobernada a nivel municipal por el PSOE pero bajo la supervisión de la Xunta, controlada por el PP. En este caso, el consistorio socialista ha logrado sacar adelante la declaración, pero el proceso ha estado plagado de obstáculos y tensiones con la administración autonómica.
La situación evidencia los límites del actual marco legal, donde la voluntad política de las comunidades autónomas resulta determinante para la aplicación efectiva de la ley.
COMPETENCIAS DIVIDIDAS
La raíz del conflicto reside en el reparto competencial en materia de vivienda. El Estado tiene una capacidad limitada: puede regular las condiciones básicas que garanticen el derecho a una vivienda digna, definir qué es una vivienda protegida o establecer normativas para los grandes tenedores.
Pero las competencias exclusivas en gestión, promoción, ordenación territorial y urbanismo recaen en las comunidades autónomas. Esta distribución hace que la aplicación de una ley estatal dependa, en gran medida, de la voluntad de los gobiernos regionales.
La reciente Ley de Vivienda, impulsada por el Gobierno de coalición y aprobada en 2023 tras una larga negociación, ha sido duramente criticada por los ejecutivos del PP, que la consideran una «intromisión» en sus competencias. Desde estos gobiernos se sostiene que la normativa estatal invade su capacidad para gestionar el mercado inmobiliario.
En la práctica, esta resistencia ha convertido a la ley en un marco de aplicación desigual. Mientras en comunidades como Cataluña o Navarra, con gobiernos de perfil progresista, se están desplegando activamente los mecanismos previstos, con buenos resultados en el caso catalán, en otras regiones directamente la ignoran mientras la ciudadanía parece ignorar la calculada dejación de funciones de sus gobernantes conservadores.
