El MITECO abre la puerta a adjudicar hasta 11 GW de capacidad de acceso a la red en nudos de transición justa. Lo hace con dos consultas públicas que arrancan mañana, 24 de septiembre, y que permanecerán abiertas hasta el 8 de octubre de 2026. El reparto, en su mayor parte, se decidirá por orden de llegada de las solicitudes.
El procedimiento no parte de cero. Entre abril y junio de 2026, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) celebró una Manifestación de Interés para medir la demanda real de los promotores de generación renovable y de almacenamiento. Las dos consultas que ahora se tramitan traducen ese ejercicio en un mecanismo concreto: el ministerio ya sabe qué proyectos quieren entrar y ha optado por dividir la capacidad reservada en dos vías con reglas distintas.
Quince nudos, cinco comunidades y un reparto por orden de llegada
La primera vía abarca 15 nudos situados en zonas de transición justa de A Coruña, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, León, Palencia y Puertollano. La relación corresponde a emplazamientos de cinco comunidades autónomas y concentran parte de la capacidad de acceso que sigue reservada tras el cierre de instalaciones térmicas y de otras infraestructuras energéticas. Ahí está el atractivo para el promotor: la conexión existe y no compite con la cola general de acceso.
Para esta primera vía, el ITJ propone un procedimiento de concurrencia simple. En la práctica, la capacidad se adjudicaría por orden de recepción de las solicitudes, siempre que los proyectos cumplan los requisitos establecidos. El ministerio detalla por el momento once emplazamientos con su tensión de conexión:
- Carrio 220 kV
- Compostilla 220/400 kV
- Garoña 220 kV
- Robla 400 kV
- Lada 400 kV
- Litoral 400 kV
- Montearenas 220/400 kV
- Pinar del Rey 220/400 kV
- Puentes García Rodríguez 400 kV
- Puertollano 220 kV
- Soto de Ribera 220/400 kV
Adjudicar no es conectar. El diseño del procedimiento deja claro que no habrá asignación automática de la capacidad: los promotores deberán asumir compromisos socioeconómicos vinculados a la zona de transición justa donde se ubique el proyecto y superar los procedimientos de evaluación ambiental que correspondan. Un proyecto que presente la solicitud el primer día puede quedarse fuera si no acredita esa parte.
El calendario es corto. Las consultas se abren el 24 de septiembre y cierran el 8 de octubre de 2026, tal y como figura en el anuncio publicado por el ministerio. Dos semanas para alegar sobre un reparto de capacidad que condicionará durante años el mapa de la generación en comarcas que perdieron su actividad industrial ligada al carbón y al gas.
La concurrencia simple premia la velocidad administrativa del promotor, no la calidad industrial del proyecto que aspira a conectarse.
Guardo y Velilla: bombeo reversible y concurrencia competitiva
La segunda vía rompe ese esquema. Se dirige en exclusiva a los nudos de Guardo 220 kV y Velilla 400 kV, en la zona de transición justa de Guardo-Velilla, en Palencia. La Manifestación de Interés identificó allí un volumen significativo de proyectos, asociados en su mayoría a instalaciones de bombeo hidroeléctrico reversible.
Ante ese resultado, el ITJ considera que el volumen y las características de las propuestas justifican pasar a un procedimiento de concurrencia competitiva, que permite comparar los proyectos antes de adjudicar la capacidad disponible. El futuro concurso se regulará mediante una orden de bases y seguirá un esquema similar al empleado en otros concursos de transición justa. Los proyectos serán evaluados con criterios socioeconómicos y ambientales, además de los requisitos técnicos aplicables a la conexión a la red.
El interés por el bombeo tiene una lectura técnica evidente. Estas instalaciones aportan almacenamiento de larga duración y capacidad de desplazar generación en el tiempo, dos funciones que el sistema necesita cuando la fotovoltaica y la eólica marcan el ritmo del pool. En un nudo liberado por el cierre de una central térmica, el bombeo encaja además con la lógica de reaprovechar la infraestructura eléctrica que ya está construida.
El bombeo entra en la ecuación como la pieza que faltaba en los nudos de transición justa: almacenamiento de larga duración allí donde la red ya está pagada.
El cuello de botella no es la capacidad, es el compromiso territorial
La cifra de 11 GW invita a pensar en una gran subasta encubierta. No lo es. Aquí no se reparte prima ni contrato a precio garantizado; se reparte el derecho a conectarse a una red que, en estos emplazamientos, ya está amortizada. La diferencia importa, porque el valor del nudo reservado puede pesar más en la cuenta de resultados que cualquier ayuda pública.
La lógica que subyace es la de compensar a las comarcas que han pagado la factura de la descarbonización. El carbón y el gas se apagaron primero en esos nudos. La capacidad de acceso quedó liberada y sin uso mientras la cola de solicitudes crecía por otro lado. Reasignarla hacia renovables y almacenamiento es, sobre el papel, la vía más rápida y más barata de devolver actividad a un territorio que ya tiene la infraestructura eléctrica hecha.
El riesgo evidente está en el mecanismo elegido para los quince nudos. Concurrencia simple significa que el primero que presente un expediente completo se queda con el hueco, y ese criterio no discrimina entre un proyecto con doscientos empleos locales comprometidos y otro con una estructura mínima. El filtro queda, por tanto, en dos instancias posteriores: la acreditación de compromisos socioeconómicos y la evaluación ambiental. Ninguna de las dos es rápida.
Existe además un desfase que el sector conoce bien. Entre la adjudicación de la capacidad y la puesta en servicio real de las instalaciones suelen pasar años, y ese intervalo es el que mide de verdad el impacto sobre el territorio. La capacidad adjudicada no genera empleo por sí sola; lo genera la planta terminada y conectada.
Sobre la mesa quedan dos incógnitas con fecha. La primera es el 8 de octubre de 2026: lo que salga de las alegaciones determinará si el reparto por orden de llegada se mantiene o se corrige. La segunda es la orden de bases del concurso de Guardo y Velilla, que fijará los criterios con los que competirán los proyectos de bombeo. El Instituto para la Transición Justa tiene capacidad para mover 11 GW. Lo que aún no está escrito es cuántos de esos megavatios acabarán construidos.
