Renault ha abonado 297 millones de euros a la Agencia Tributaria para cerrar un largo litigio fiscal sobre precios de transferencia que se remonta a 2019, aunque la compañía no renuncia a recuperar el dinero mediante procedimientos de arbitraje con las autoridades francesas y españolas.
Un litigio de larga duración centrado en los precios de transferencia
La disputa arrancó hace más de seis años, cuando la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes desplegó varias inspecciones sobre los impuestos pagados por la filial española del grupo francés entre 2013 y 2020, periodo en el que la firma estaba dirigida por José Vicente de los Mozos.
El origen de la controversia está en el precio al que Renault España vendía sus productos a su matriz en París. Los inspectores consideraron que esos precios no se ajustaban al valor de mercado, lo que reducía indebidamente la base fiscal en España. La regularización total asciende a 255 millones de euros de cuota, a los que se añaden 42 millones en intereses de demora, según confirman fuentes de la compañía.
Las inspecciones se dividieron en tres grandes bloques: el periodo 2013-2015, que supuso actas en disconformidad por 135,13 millones; el ejercicio 2016, con 77,95 millones y recurso presentado por la empresa; y el tramo 2017-2020, donde se firmó un acta en acuerdo para regularizar algo más de 84 millones de euros. KPMG, auditor de las cuentas, calificó el asunto como “cuestión clave de auditoría” por su significatividad.
Doble blindaje: procesos amistosos y el aval de Renault SAS
Pese al pago, Renault no da por cerrado el caso. La compañía ha solicitado la apertura de dos procedimientos amistosos ante ante las Administraciones Tributarias de España y Francia para eliminar la doble imposición internacional y, en última instancia, recuperar el dinero desembolsado. Esta vía de arbitraje está prevista en los convenios bilaterales y es habitual en grandes corporaciones con conflictos transfronterizos.
Además, la matriz gala Renault SAS, controlada en un 16% por el Estado francés, ha otorgado un respaldo explícito a su filial española. La compañía confirmó a su consejo de administración que reembolsará a Renault España cualquier quebranto patrimonial que se derive de las regularizaciones vinculadas a los precios de transferencia. “La parte que Hacienda no devuelva deberá ser repercutida a Renault SAS”, corroboran fuentes del grupo.
Este blindaje financiero, que cubre el riesgo de un impacto directo en las cuentas de la filial ibérica, se aprobó bajo la dirección de Josep María Recasens, quien posteriormente abandonó Renault para convertirse en consejero delegado de Indra, donde, a su vez, relevó a José Vicente de los Mozos —anterior presidente de Renault España y hoy presidente de Ifema—. El actual responsable de la división española es Christian Stein, hasta hace pocas semanas director de comunicación del grupo.
La matriz francesa cubre cualquier pérdida, pero el pulso con Hacienda no está cerrado; el arbitraje bilateral decidirá si los 297 millones regresan o se consolidan.
¿Fin del conflicto o pausa táctica?
El pago de 297 millones no supone, por tanto, una rendición incondicional. Renault ha utilizado todos los resortes legales y corporativos para minimizar el impacto fiscal neto. La apuesta por los procedimientos amistosos indica que la dirección global del grupo considera que la posición de Hacienda es discutible y confía en un desenlace favorable que, al menos, reduzca el coste final.
Además, la matriz gala, con el Estado francés como primer accionista con un 16% del capital, tiene incentivos claros para evitar un deterioro de su filial española, que concentra las fábricas de Valladolid, Palencia y Sevilla, fundamentales para la producción de vehículos y componentes del grupo.
En un contexto de escrutinio creciente de la OCDE y la Comisión Europea sobre los precios de transferencia, el caso de Renault no es aislado. Otras multinacionales del automóvil, como Stellantis o Volkswagen, han enfrentado litigios similares en distintos países. Las inspecciones sobre operaciones intragrupo se han convertido en una prioridad para las haciendas europeas, especialmente cuando las filiales están radicadas en jurisdicciones con tipos efectivos más bajos.
Mientras tanto, los accionistas de Renault pueden leer el desembolso como una contingencia ya cuantificada y cubierta, aunque el verdadero desenlace se conocerá cuando los procedimientos amistosos concluyan, un proceso que puede demorarse años. La incertidumbre fiscal, no obstante, ya está acotada.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La evolución de los dos procedimientos amistosos solicitados por Renault entre España y Francia. Su resolución, que puede tardar entre dos y cinco años, determinará si la compañía recupera total o parcialmente los 297 millones.
- Reacción del valor: Al estar cubierto el riesgo por la matriz, el impacto bursátil ha sido limitado. El mercado descuenta que el coste neto será menor y que la filial española mantendrá sus fondos propios intactos.
- Precedente sectorial: Grandes fabricantes como Volkswagen o Stellantis han vivido conflictos similares por precios de transferencia. La postura de Hacienda se alinea con las directrices de la OCDE, lo que anticipa que este tipo de regularizaciones serán recurrentes en el sector de automoción.
