Facua-Consumidores en Acción reclama al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, una auditoría sobre el número de socios, consultas y reclamaciones tramitadas que declaran las organizaciones de consumidores así como sobre actividades que pueden vulnerar la legislación que las regula, como la publicidad comercial de productos y servicios de empresas a cambio de comisiones.
Según indicaron fuentes de Facua a Servimedia, la reclamación se fundamenta en que «ningún Gobierno ha verificado los datos que presentan estas asociaciones para acceder a subvenciones públicas y participar en órganos consultivos». Según Facua, la propuesta de resolución de concesión de subvenciones del Ministerio de Consumo rechaza sus peticiones de verificar una serie de datos «que han provocado un recorte en las otorgadas a esta asociación (del 29%) frente a las partidas destinadas a determinadas organizaciones».
Asegura que una de las asociaciones que crece en subvenciones, un 12%, es la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), «una entidad que declara tener más de 13.000 socios y asegura haber tramitado durante 2024 cerca de 123.000 consultas con un único trabajador contratado para ello, 489 atendidas por cada día laborable. Esta entidad recibirá 293.754 euros en ayudas públicas, más de seis veces el importe que representa su gasto de personal, que el año pasado no alcanzó los 49.000 euros», según afirma Facua.
Añade que también la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recibirá este año un montante de dinero público superior al anterior, «15% más», y sostiene que «el ministerio tiene paralizada la investigación que trascendió en 2023 sobre esta entidad por sus cobros de comisiones a empresas a cambio de captarles clientes con campañas publicitarias. Investigación que fue abierta como consecuencia de denuncias de Facua y sobre la que Consumo se ha negado a aportarle ningún tipo de información, una falta de transparencia que la asociación considera lamentable.
Facua afirma que en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu) «no se verifican los datos que las organizaciones inscritas están obligadas a comunicarle en sus balances, cuentas de resultados y memorias de actividades. Así, estas asociaciones acceden anualmente a subvenciones públicas otorgadas en régimen de concurrencia competitiva por el ministerio competente en Consumo “sin comprobarse si la información aportada se corresponde con la realidad”.
Insiste en el Ministerio no comprueba si el número de socios que declaran las asociaciones de consumidores es real, pese a que se trata de un factor determinante para formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), cuya pertenencia abre las puertas a participar en otros órganos consultivos del Gobierno y a recibir subvenciones para financiar la estructura de las asociaciones.
«Para formar parte del Consejo es necesario contar con al menos 10.000 socios», continúa Facua, «pero a los responsables del Reacu se limitan a dar por buena una certificación emitida por el representante legal de cada asociación en la que declare una cifra superior a esa, sin que nunca se hayan comprobado los datos, según FACUA. La dan por buena para dar acceso al CCU cada vez que se renuevan sus miembros y también cuando cada año comunican la cifra actualizada. Facua ya pidió una auditoría sobre las asociaciones de consumidores en 2020 al anterior ministro de Consumo, Alberto Garzón, pero a pesar de su insistencia, nunca se produjo, según a asociación».
AUDITORÍA
Facua reclama al Ministerio de Consumo que ponga en marcha una auditoría sobre los datos relativos al número de socios declarados por nueve asociaciones en la convocatoria para la constitución del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que tuvo lugar en 2023 y en las convocatorias de subvenciones de 2025, 2024 y 2023.
Considera que la auditoría debería incluir el requerimiento de los listados completos de asociados de las asociaciones consumidores a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios anteriores a las convocatorias de subvenciones y una revisión de los datos incluidos en los mismos. Y ello para verificar si, como declararon las asociaciones, a fechas 31 de diciembre de los últimos tres años tenían un número de socios superior a 10.000. «Condición que también se establecía para formar parte del CCU, requisito para poder representar a los consumidores en numerosos órganos consultivos del Gobierno».
La asociación también solicita al ministerio que verifique las cifras de consultas atendidas y reclamaciones tramitadas por las asociaciones. Datos que también condicionan la cuantía de las subvenciones que se otorgan a estas organizaciones, según Facua.
