La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve «alcanzable» el nuevo escenario macroeconómico anunciado por el Gobierno, que contempla un desplome del PIB del 11,2% este año y un avance del 7,2% en 2021 (del 9,8% incluyendo el Plan de Recuperación), siempre que se den circunstancias «favorables» en la evolución de la pandemia y en la ejecución e impacto de los fondos europeos con «máxima eficiencia».

No obstante, avisa del riesgo de que se materialicen escenarios menos benignos en torno a ambos factores que llevarían a menores tasas de crecimiento de las previstas.

Así lo señala la Autoridad Fiscal en el informe con el aval al nuevo escenario macroeconómico del Gobierno, en el que apunta que las previsiones de crecimiento del Gobierno para 2020 y 2021 se encuentran en el rango superior de los escenarios de AIReF.

En concreto, el informe del organismo incluye tres escenarios propios, con sus previsiones de las tasas de evolución del PIB en 2020 y 2021, que muestran caídas del 12,1%, 11,8% y 11,6% en 2020 y crecimientos del 6,5%, 8,2% y 9,9% en 2021, para cada uno de los tres escenarios.

Según la AIReF, con la información disponible en este momento, las diferencias se deben no tanto al impacto estimado del plan como a la velocidad de la recuperación esperada que «se encuentra estrechamente ligada a las hipótesis sobre la evolución de la pandemia».

De esta forma, explica que en un contexto de «incertidumbre extrema», la AIReF avala el escenario del Gobierno que augura un desplome del PIB del 11,2% y un alza del 9,8% en 2021, ya que considera que podría materializarse bajo determinados supuestos y se dan «circunstancias favorables» tanto en lo que respecta a la evolución de la pandemia, como a la ejecución e impacto de los fondos recibidos a través de la Facilidad Europea de Recuperación y Resiliencia y los demás fondos de ‘Next Generation EU.

INCERTIDUMBRE SOBRE REBROTES Y PLAN DE RECUPERACIÓN

A su juicio, las previsiones del Ejecutivo descansan sobre elementos de «elevada incertidumbre». En primer lugar, señala respecto a la evolución de la pandemia que las previsiones macroeconómicas del Gobierno suponen que los rebrotes se mantienen controlados y concentrados, sin dar lugar a medidas de confinamiento estrictas, y que a lo largo de 2021 se siguen produciendo avances significativos en la lucha contra la pandemia.

«Estos supuestos resultan clave para sustentar el elevado crecimiento del gasto de las familias sobre el que apoya el Gobierno sus previsiones», señala AIReF.

El otro elemento es el impulso asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se incorpora en el escenario del Gobierno en 2021, cuyo impacto asciende a 2,7 puntos porcentuales de crecimiento del PIB en ese año. La información facilitada por el Gobierno indica que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia supondrá un impulso de 25.000 millones de euros en 2021, que irá orientado en su mayor parte a la inversión pública en infraestructuras y activos intangibles asociados a la digitalización y la innovación.

Otro conjunto de fondos se destinará a aumentar la eficiencia energética, el impulso al emprendimiento, la mejora de la educación y de la formación continua y el refuerzo de las políticas de inclusión, entre otros elementos. El Gobierno estima que el impacto conjunto de este Plan sobre el crecimiento del PIB en 2021 será de 2,7 puntos porcentuales, lo que supone un efecto multiplicador de aproximadamente 1,2 puntos.

En cambio, la AIReF considera que las hipótesis sobre la evolución sanitaria «siguen sujetas a una elevada incertidumbre» y que pese a los avances en el desarrollo de una vacuna y de tratamientos contra la Covid-19, aun es «incierto» el momento en el que podrían estar disponibles para su uso masivo entre la población y el grado de cobertura que podrían alcanzar, de forma que permitiese resolver la crisis sanitaria de forma efectiva y eliminar así las medidas de contención de la pandemia que lastran el crecimiento económico.

Además, en las circunstancias presentes cree que «no es descartable» que el escenario actual de rebrotes continuados a nivel global tenga efectos más adversos y persistentes sobre la confianza, el gasto en consumo final de las familias y la inversión empresarial.

A su vez, añade que aunque no hay «discrepancias significativas» en el impacto del Plan estimado por el Gobierno y por la AIReF, no se pueden descartar riesgos a la baja relacionados sobre todo con el proceso de implementación de los proyectos.

La evidencia empírica sugiere que el gasto en inversión, en su sentido más amplio (capital humano, intelectual y físico), lleva asociado un impacto elevado sobre el PIB y el empleo, especialmente cuando se produce en períodos de recesión y se lleva a cabo de manera coordinada en un conjunto de países como es el caso con la Facilidad Europea de Recuperación y Resiliencia.

Por ello, la AIReF coincide con el Gobierno al considerar que los recursos recibidos pueden tener un impacto elevado sobre el crecimiento si los proyectos cumplen las exigencias necesarias para impulsar la modernización y digitalización de la economía española. No obstante, avisa de que los riesgos de que se produzcan retrasos en la absorción de estos recursos y en la ejecución de esos proyectos «son elevados».

En el lado contrario, ni las estimaciones del Gobierno ni las de la AIReF incorporan posibles efectos desbordamiento asociados a la implementación del Plan en otros países. El resto de los supuestos sobre la evolución del entorno exterior se consideran «plausibles».

En cuanto a las hipótesis básicas respecto al crecimiento de los principales socios, la evolución del precio del petróleo y los tipos de interés que sustentan el escenario macroeconómico del Gobierno son «consistentes» con las previsiones más recientes de los organismos internacionales y con la evolución de los mercados financieros y de materias primas.

El organismo apunta que otras instituciones que todavía no han incorporado el Plan Europeo en sus previsiones proyectan crecimientos del PIB en torno al 7% para 2021, similares al estimado en el escenario inercial del Gobierno (antes de incorporar el impacto del Plan).

Por ello, la AIReF avala el cuadro macroeconómico del gobierno si bien hace notar que una evolución más adversa de la pandemia conllevaría una recuperación más tardía de los sectores que suponen mayor interacción social, retrasando la recuperación del empleo y provocando daños estructurales en el tejido empresarial.

PIDE «CAUTELA» EN LAS PREVISIONES FISCALES

Ante la incertidumbre existente, la AIReF recomienda Que las previsiones fiscales se hagan con la cautela necesaria para contemplar la posibilidad de que se materialicen escenarios más adversos que el del Gobierno.

También vuele a pedir que se regule el flujo y el calendario de intercambio de información mediante un convenio o «memorando de entendimiento» en línea con las prácticas habituales en los países de nuestro entorno respecto a la interacción entre el Gobierno y la Institución Fiscal Independiente Nacional.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reconocido este martes en el Congreso de los Diputados que no descarta un empeoramiento de las perspectivas económicas en función de la evolución de la pandemia de Covid-19.

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la que ha acudido para presentar el ‘Informe anual’ del organismo, ha señalado que a la hora de elaborar sus previsiones, «no tenía la percepción de rebrotes de la magnitud» como los que se están dando y, por tanto, asume que será necesario «calibrar semanalmente» el impacto de la emergencia sanitaria en la economía.

Para este año, el Banco de España contempla una caída del PIB del 10,5% en el mejor de los escenarios, y hasta del 12,6% en el peor de todos, con previsión de no haber recuperado la actividad ni siquiera a finales de 2022, a cuyo término el PIB nacional quedaría entre dos y seis puntos por debajo de los niveles previos de la crisis.

Sin embargo, Hernández de Cos ha subrayado que estos riesgos «están claramente a la baja» en las previsiones del Banco de España y que «no se pueden descartar más». «La evolución aún más pesimista es una posibilidad», ha incidido.

Esto pasaría por un «daño superior al incorporado» con motivo de la pandemia, o a otros factores externos, como un Brexit sin acuerdo a final de año o a otros derivados de las «tensiones comerciales».

EVITAR «A TODA COSTA» QUE ACABE EN UNA NUEVA CRISIS FINANCIERA

En todo caso, Hernández de Cos ha incidido en que las previsiones de su organismo no recogen los efectos de la utilización de los fondos europeos, destacando que, según los cálculos del Gobierno, estos podrían tener un efecto multiplicador de 13 puntos de PIB repartidos en varios años, si bien también podría ser menor el impacto en función de cómo se empleen.

A la hora de encarar las consecuencias económicas del Covid, el gobernador ha alertado también de los posibles efectos en el sector financiero, puesto que si bien considera que el nivel de resistencia «es muy elevado», no es posible «descartar esos escenarios tan severos».

«Tenemos que evitar a toda costa que una crisis que se inició sanitaria y se ha convertido en económica, se convierta en crisis financiera», se ha conjurado, señalando que en el Banco Central Europeo (BCE) no se descarta aumentar el alcance de las medidas adoptadas hasta ahora.

UNA RECUPERACIÓN «PARCIAL», «DESIGUAL» Y «FRÁGIL»

En su intervención, el gobernador del Banco de España ha señalado cómo hasta el momento la recuperación de la economía española ha sido «parcial», «desigual» y de cierta «fragilidad», provocando ya «daños estructurales» en la economía.

Hernández de Cos ha apuntado a la relación del aumento de contagios por los rebrotes con la «acumulación» de señales de caída en la actividad. «Sobre todo desde mediados de agosto se habían dejado de producir avances significativos de la recuperación», ha explicado.

En el caso del sector turístico, si en agosto únicamente abrió el 77% de los establecimientos hoteleros del año pasado, con una ocupación del 40% de plazas, ha dicho que «es posible que incluso haya empeorado» desde entonces, ante una caída de los vuelos, el aumento de cancelaciones y el menor número de pagos con tarjetas de titulares no residentes.

Ante esta situación, ha reivindicado como «fundamental» el mantenimiento de las medidas extraordinarias de apoyo, pues considera que «una retirada prematura tendría perjuicios que exceden el coste de su mantenimiento» y, ante el menor margen fiscal, ha defendido que «se focalicen y se ajusten temporalmente».

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reconocido que fusiones como la de CaixaBank y Bankia acarrearán ajustes de empleo y oficinas, que se justifican en la necesidad de mejorar la rentabilidad y evitar entidades sobredimensionadas, que incluso pueden poner en peligro la estabilidad financiera.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital este martes, Hernández de Cos ha advertido de que las entidades deben mejorar su rentabilidad para no generar un problema de estabilidad financiera y, en este sentido, ve margen para más fusiones en el sector.

El gobernador del Banco de España ha reconocido que los procesos de consolidación en el sector bancario son una vía para fortalecer las entidades y mejorar su eficiencia, aunque son responsabilidad de los equipos gestores y los accionistas y el papel de los supervisores bancarios es el de analizar la viabilidad de los proyectos de fusión que se presenten y vigilar su adecuada ejecución.

Tras su comparecencia, los grupos políticos han aprovechado su turno para trasladar al gobernador sus preocupaciones sobre la fusión entre CaixaBank y Bankia, concretamente sobre el efecto en la competencia, el empleo, la exclusión financiera y la creación de entidades de riesgo sistémico, unas preocupaciones que son la base sobre la que el supervisor juzga la idoneidad o no de las fusiones, ha dicho Hernández de Cos.

Para que una fusión sea idónea debe permitir mejorar la rentabilidad de las entidades, lo que requiere sinergias y ganancias de costes. «En la ejecución del proyecto vamos a ver reducción de costes, de sucursales y de empleo, pero es incluso peligroso mantener entidades que están sobredimensionadas, y esa preocupación lo es para la estabilidad financiera y, por tanto, también para los ciudadanos en último término», ha advertido.

Por otro lado, Hernández de Cos ha reconocido que la fusión entre CaixaBank y Bankia aumentará la concentración en el sector, pero cree que hay indicadores más concluyentes para analizar el impacto en la competencia, como el de los márgenes bancarios, que en los últimos años han seguido reduciéndose de manera significativa, o el de la transmisión de los tipos de interés, que en España es «muy rápida».

En esta línea, ha apuntado que la competencia es elevada en el sector bancario debido a la sobrecapacidad que tiene, así como a la entrada de nuevos competidores digitales, lo que reduce las preocupaciones del supervisor en cuanto al impacto en la competencia.

Respecto a la premisa de que un banco de mayor tamaño es más difícil de resolver si tiene problemas, Hernández de Cos ha explicado que la entidad resultante de la fusión entre CaixaBank y Bankia tendrá un tamaño significativo, pero no tanto como el de otras entidades españolas, y además la regulación ya adapta a ese tamaño los requerimientos de solvencia y de pasivos exigibles si hubiera una resolución.

«La nueva entidad no será considerada como entidad sistémica global, porque no llega a ese tamaño, pero sí que a las ya entidades sistémicas locales, al fusionarse, se les va a aumentar el requerimiento de capital del 0,25% al 0,50%. La regulación se adapta a esa preocupación», ha asegurado el gobernador del Banco de España.

Sobre el problema de la exclusión financiera, que se acentúa como consecuencia de la reducción de oficinas, Hernández de Cos ha defendido que se trata de «un problema de política pública» y que es el Parlamento el que debe tratar de resolverlo.

En este sentido, ha argumentado que para los usuarios más jóvenes no supone un problema que se cierren sucursales y se utilicen los canales digitales, por lo que es el Parlamento el que debe tomar decisiones orientadas a reducir los problemas que sí supone para determinados colectivos.

Aunque el gobernador cree que, desde el punto de vista de la Unión Bancaria, sería «importantísimo» que se produjeran operaciones de consolidación europeas, ha reconocido que las fusiones buscan mejorar la concentración a través de sinergias, que son significativamente menos en procesos transfronterizos debido a la menor duplicidad de sucursales y empleo.

NO A LA BANCA PÚBLICA

Algunos grupos diputados también han preguntado al gobernador del Banco de España por la alternativa de convertir Bankia en un banco público español, a lo que Hernández de Cos ha mostrado su oposición.

«¿Cuál es el objetivo de la banca pública? Entiendo que pretendería la concesión de crédito a entidades o individuos que no están recibiendo el crédito en este momento porque el riesgo es muy elevado. Sinceramente, como supervisor, me va a permitir que si ese es el objetivo le doy un rotundo no, porque me va a crear un banco con un balance completamente no saneado que va a acabar generando un problema de estabilidad financiera», ha explicado.

Además, el gobernador ha aprovechado para sugerir que el Parlamento «tiene instrumentos mejores» para cumplir con el objetivo descrito de la banca pública, como las subvenciones directas, que tienen «muchos menos daños colaterales».

La producción anual con energías renovables alcanzó los 80.577 gigavatios hora (GWh) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un aumento del 16,3% respecto al mismo periodo del 2019, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

La solar fotovoltaica, cuya generación se disparó un 67,5% tras la entrada de nueva potencia instalada, fue una de las impulsoras de este crecimiento, seguida de la hidráulica, que elevó su generación en un 41,6%, y de las otras renovables que, si bien ostentan una menor cuota de participación en el ‘mix’, de enero a septiembre produjeron un 20,6% más que en 2019.

Este impulso se debió, en gran parte, a las condiciones climatológicas y al despliegue de nueva potencia ‘verde’ instalada, ya que durante esl periodo la demanda de electricidad cayó un 6,6% respecto al año anterior, debido sobre todo a la crisis del coronavirus.

Así, a cierre del pasado mes de septiembre las renovables representaron el 43,1% de la producción total nacional, 7,5 puntos porcentuales más que en 2019.

Durante el primer semestre del año, la participación mensual de las renovables en la estructura de generación superó el 40%, siendo mayo el mes con mayor protagonismo de tecnologías verdes en nuestro sistema, aportando el 52,4% del total.

La solar fotovoltaica fue la tecnología más destacada en lo que va de 2020, con una producción hasta septiembre un 67,5% superior a la de los nueve primeros meses de 2019. Su cuota en la estructura de generación pasó del discreto 3,8% que ostentaba en 2019 a un 6,6%.

LA ÉOLICA, LA SEGUNDA QUE MÁS APORTA, SOLO POR DETRÁS DE LA NUCLEAR.

Mientras, la eólica, que cuenta con más de 650 MW de nueva potencia de generación instalada durante 2020, mantuvo sus valores de producción de 2019 con un ligero descenso del 0,5%, pero se erigió como segunda tecnología del país al ser la responsable de 1 de cada 5 GWh generados en nuestro sistema. Únicamente la nuclear, cuya cuota fue del 22,1%, superó al viento en producción de enero a septiembre.

Por su parte, la hidráulica vio crecer su producción en un 41,6% de enero a septiembre de este año con respecto al ejercicio anterior, y fue responsable de un total de 23.066 GWh, el 12,3% de la electricidad del sistema eléctrico nacional. Así, los meses de enero y abril se alzaron como los de mayor aportación de esta tecnología al ‘mix’ de generación.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el equipo negociador encargado de los Presupuestos de 2021 está trabajando sobre una revisión de los beneficios fiscales y los rendimientos de determinada figuras fiscales, así como la manera de incentivar los planes de pensiones colectivos, al tiempo que ha confirmado que se aprobará «en breve» la Ley de lucha contra el fraude fiscal en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.

Así lo ha confirmado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha indicado que se están abordando «documentos habituales» que maneja el Gobierno teniendo en cuenta documentos y estudios encargados a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Montero ha explicado que se está en la «búsqueda» de una mayor eficiencia del gasto analizando las distintas partidas presupuestarias para incorporarlas a las nuevas cuentas públicas y aquellas relativas a beneficios fiscales o rendimientos de determinadas figuras tributarias fiscales, al haber una diferencia con la media de los países de la UE queq «hay que corregir».

Sobre los planes de pensiones, ha indicado que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado tanto en la mesa del Pacto de Toledo como en el diálogo social que está trabajando en los planes de pensiones colectivos y viendo la manera de cómo estimular e incentivar» estos planes como parte de la negociación colectiva, incentivándolos con mayor interés que los planes individuales.

En este sentido, ha resaltado que estos planes conllevan una mayor aportación por parte de las empresas y es una «garantía añadida» para los trabajadores.

Entre las medidas que se han abordado por el equipo negociador formado por Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, según ha trascendido durante la negociación, se encuentra una subida del IRPF a rentas altas, una bajada de Sociedades a pymes, la eliminación de la bonificación y la consiguiente fijación de un IVA del 21% a educación y sanidad privadas, la reducción de bonificaciones a planes de pensiones individuales y la modificación de los tipos reducidos del IVA, entre otras.

LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, «EN BREVE»

La ministra ha insistido en que los cambios tributarios recogidos en el acuerdo programático entre PSOE y Podemos se adaptará a las circunstancias y en función de la recuperación del crecimiento, si bien ha recalcado que el objetivo es una fiscalidad «justa, redistributiva y progresiva».

Además, ha indicado que el año que viene aumentarán los ingresos y que en las cuentas públicas se incorporarán la recaudación de las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’ que finalizan su tramitación parlamentaria.

Igualmente, ha confirmado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles incluirá la modernización del sistema fiscal para conseguir un sistema «más justo y progresivo. También ha adelantado que llegará «en breve» al Consejo de Ministros en segunda vuelta le Ley de lucha contra el fraude fiscal para llegar «a la mayor brevedad» a Congreso, tras una «amplia audiencia» en todos los entornos que ha sido «un poco más larga de lo previsto».

LA PROPUESTA FISCAL «PARA NADA PUEDE ESPANTAR A LOS PARTIDOS»

La portavoz del Gobierno ha asegurado que a lo largo del mes de octubre se cerrará un acuerdo entre los partidos del Gobierno (PSOE Y Podemos), prácticamente ultimado, y a continuación empezarán las reuniones con los distintos grupos.

En todo caso, ha afirmado que la propuesta de ajuste fiscal que plantea el Gobierno «para nada puede espantar a ninguna figura política ni tampoco a Ciudadanos», a quien ha agradecido su «disponibilidad» para negociar los presupuestos.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha empeorado este martes las previsiones económicas del Gobierno y prevé ahora un desplome histórico del PIB del 11,2% este año como consecuencia de la crisis del coronavirus, frente al 9,2% estimado con anterioridad, aunque la tasa de paro se situará en el 17,1%, dos puntos menos que el 19% estimado antes.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno al techo de gasto y al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno, la ministra indicó que este empeoramiento de la caída del PIB se debe al peor comportamiento de la economía española en el segundo trimestre.

Frente a lo ocurrido en el segundo trimestre, Calviño ha subrayado que la economía española se comportó en el tercer trimestre «mejor de lo esperado», con un crecimiento que, según ha adelantado, estará en el entorno del 13%, en línea con las previsiones de la AIReF y del Banco de España.

Para 2021, el Gobierno estima un alza del PIB del 7,2%, en este caso por encima del 6,8% estimado en las anteriores estimaciones. Para el próximo año, la tasa de paro se situaría en el 16,9%, también algo mejor que el 17,2% previsto inicialmente.

Calviño, que advirtió que estas previsiones son «prudentes» porque están sujetas a una «elevada incertidumbre», indicó que el desplome del PIB de este año se debe a la caída del 12,6% del consumo privado derivado del impacto del coronavirus, mientras que el consumo público se elevará un 6,2% por las medidas adoptadas para paliar la crisis.

En la misma línea, la inversión registrará una caída del 18,3%, mientras que las exportaciones se recortarán un 22,7% y las importaciones, un 20%. Como consecuencia de todo ello, el empleo se contraerá un 8,4% y la tasa de paro escalará hasta el 17,1%.

De cara a 2021, el Gobierno ha mejorado, en cambio, sus previsiones y ahora estima un alza del PIB del 7,2%, con un incremento del consumo privado del 8,3% y un ascenso del consumo público del 0,5%. La inversión avanzará un 7,2%, con importantes incrementos de las exportaciones (+11,7%) y de las importaciones (+8,6%).

Así, el empleo el próximo año repuntará un 5,6% y la tasa de paro se reducirá al 16,9%, apenas dos décimas menos que lo estimado para este año (17,1%).

Calviño aseguró que la recuperación de la economía española «está en marcha», si bien admitió que se trata de un «impacto muy diferenciado» entre los diferentes sectores, con una recuperación más lenta en el turismo, el transporte o la hostelería, y en algunas comunidades muy dependientes del turismo, como Canarias o Baleares.

Según Calviño, esta singularidad de España, con un mayor peso en el PIB de estos sectores, explica el «peor comportamiento relativo» de la economía española, a lo que se une otro «elemento de vulnerabilidad», como es el pequeño tamaño de las empresas españolas, con un menor músculo financiero.

Lo que no ha sucedido en esta crisis, según Calviño, es la destrucción masiva de empleo que ha sucedido en otras recesiones anteriores, gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, como los ERTEs. Sin ellas, Calviño aseguró que el PIB podría haberse desplomado un 25%, con la destrucción de más de 3 millones de empleos.

En este sentido, la vicepresidenta aseguró que las medidas movilizadas por el Gobierno han alcanzado el 5% del PIB, mientras que los apoyos a través de las líneas de liquidez han superado el 15% del PIB, al tiempo que los conocidos como ‘estabilizadores automáticos’, en términos de mayores prestaciones por desempleo o caída de los ingresos, han supuesto entre el 4,5% y el 5% del PIB.

«La respuesta de España está en sintonía con los principales países del entorno, la financiación movilizada en España es de las más elevadas en términos de PIB», reiteró Calviño, quien indicó que en las zonas donde más rebrotes se producen y más restricciones, la economía se resiente, por lo que afirmó que «salud y economía van de la mano».

DEUDA EN EL 118% DEL PIB

En cuanto a la deuda, la vicepresidenta tercera ha explicado que cerrará 2020 en el 118% del PIB por las medidas adoptadas para afrontar la crisis provocada por la pandemia, «un salto de 20 puntos» que, sin embargo, no supondrá la emisión de deuda adicional sobre lo ya previsto. De hecho, Calviño ha señalado que en los próximos días se analizará la posibilidad de reducir las emisiones de deuda en lo que queda de año. «Veremos en qué medida podemos reducirlas», ha apuntado.

Para 2021, el crecimiento del PIB previsto por el Gobierno se sitúa en el 7,2% por la recuperación del consumo privado y una mejor evolución del empleo a la estimada anteriormente. Sin embargo, este crecimiento podría elevarse entre dos o tres puntos más, hasta el entorno del 9,8%, por efecto del Plan de Reconstrucción que presentará esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

EL PLAN DE REFORMAS PUEDE ELEVAR EL PIB AL 9,8%

Dicho plan, ha explicado Calviño, tendrá un «impacto importante» en el consumo público privado, en la inversión y en el empleo, por lo que ha considerado «absolutamente importante» ejercitar las inversiones previstas en el Plan de Reconstrucción «lo antes posible». «Por eso es importante aprobar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado, para incorporar en ellos todas esas inversiones», ha añadido.

En todo caso, la vicepresidenta ha advertido de este escenario «inercial» está sujeto a una «elevada incertidumbre» y puede verse afectado por «un conjunto de riesgos», entre ellos el Brexit, las tensiones comerciales y la propia evolución de la pandemia. En este punto, ha subrayado la importancia de atajar los brotes, porque cuando se atajan, «el impacto económico se puede minimizar rápidamente».

Otro riesgo, ha añadido, es que el impacto transitorio del Covid se convierta «en algo más estructural», pero ha precisado que para evitarlo se han ido tomando muchas medidas de protección desde el Gobierno.

LA RECUPERACIÓN «ESTÁ EN MARCHA»

Tras presentar el nuevo cuadro macroeconómico, la vicepresidenta ha destacado que, «con todas las incertidumbres y cautelas derivadas de un momento tan complejo», se puede afirmar que «la recuperación de la economía española está en marcha», que mantiene que será en forma de ‘V’ asimétrica.

«Las medidas adoptadas desde marzo, con un alto coste, han permitido amortiguar el impacto económico y social de la pandemia (…) Todas las previsiones apuntan a un fuerte crecimiento en 2021, al que se le puede dar un impulso adicional si adoptamos el plan de inversiones y de reformas», ha destacado Calviño, que ha añadido que en 2022 «se recuperarán los niveles previos» al estallido de la pandemia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2021, conocido como ‘techo de gasto’, que aumenta un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las CCAA y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.

Al tiempo, el Gobierno ha empeorado su previsión de déficit público, al augurar un desajuste del 11,3% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021, asumiendo el Estado 31.882 millones del déficit de la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el nuevo cuadro ‘macro’, con unas peores previsiones que auguran una caída del 11,2% del PIB este año y un avance del 7,2% en 2021, y el nuevo ‘techo de gasto’ para 2021, así como un acuerdo para suspender las reglas fiscales de 2020 y 2021, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea.

Montero ha cifrado el aumento del límite de gasto total en un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo 27.436 millnes del mecanismo de recuperación y resiliencia y el fondo ‘React Eu’, y las transferencias a la Seguridad Social (18.396 millones) y a las comunidades autónomas (13.486 millones).

No obstante, ha apuntado que el límite de gasto no financiero homogéneo y «comparable» con el anterior supone un aumento del 7,2%, hasta los 136.779 millones, sin contar las transferencias y los fondos europeos. Incluyendo estas transferencias, ascendería un 32,2%, hasta los 158.661 millones.

Montero ha destacado que el límite de gasto es un paso «muy importante» para la elaboración presupuestaria de 2021, ya que hay una necesidad «ineludible» de contar con unas nuevas cuentas públicas para impulsar el crecimiento, combatir la desigualdad y hacer realidad el lema de que «nadie quede atrás» y para canalizar los recursos de los fondos europeos.

El pasado mes de febrero el Gobierno había aprobado un aumento del ‘techo de gasto’ del 3,8%, hasta los 127.609 millones, e incluyó en la senda de estabilidad también el de 2021, con un alza del 3%, hasta los 131.437 millones.

En cuanto al déficit público, ha anunciado que la previsión es un déficit del 11,3% este año, superior al 10,34% del PIB previsto en mayo, mientras que la tasa de referencia para 2021 contempla un déficit del 7,7%, lo que supone una reducción de 3,6 puntos porcentuales en un año.

DÉFICIT DE REFERENCIA DEL 7,7% EN 2021: EL ESTADO ASUMIRÁ 31.882 MILLONES

La semana pasada Montero anunció la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, lo que supone dejar sin efecto la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda para todas las administraciones públicas y, por consiguiente, el Gobierno no tiene que aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria, ahorrándose su trámite en el Parlamento.

Montero ha recordado que se ha seguido las recomendaciones que la Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se mantendrá activa en 2021, lo que implica que la UE permite a los Estados miembros pueden posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

Por administraciones, la tasa de referencia para la Administración Central contempla un déficit del 2,4% del PIB, del 2,2% para las CC.AA., del 0,1% para las corporaciones locales y del 3% para la Seguridad Social.

No obstante, la Administración Central asumirá 1,7 puntos de déficit de la Seguridad Social y 1,1 puntos de las CC. AA, con lo que el déficit sería del 5,2% para el Estado, el 1,1% para las regiones, una décima para los entes locales y un 1,3% para la Seguridad Social.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reclamado este martes en el Congreso de los Diputados un «mecanismo» de ajuste en el sistema público de pensiones que sea «lo más automático posible» con el fin de asegurar su sostenibilidad: «No podemos estar hablando permanentemente de la reforma del sistema», ha enfatizado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la que ha acudido para presentar el ‘Informe anual’ del Banco de España, ha reivindicado la necesidad de «equilibrar ingresos y gastos», ante la «presión significativa» que implica el envejecimiento de la población.

En este sentido, ha señalado que la reforma realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 «equilibraba ese problema», si bien ha recordado que sus niveles de revalorización -al 0,25% en situaciones de desequilibrio- «parece que no son admisibles».

Por ello, ha pedido a los grupos que, si no se comparten estos índices, exista un acuerdo para «compensar de otra manera» las cuentas del sistema público de pensiones «para que el sistema sea sostenible».

LLAMA A «ARRIESGAR» EN EL MERCADO LABORAL

Otra de las reformas que ha defendido han sido las laborales, realizadas en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y la de 2012 por el Ejecutivo de Rajoy. «El Banco de España valoró positivamente las reformas de 2010 y 2012. Y lo seguimos pensando», ha dicho.

En todo caso, ha dicho que el organismo que gobierna «nunca ha dicho que resolvió todos los problemas», y en este punto ha citado el desempleo de larga duración, para la que ha pedido actuar con políticas activas de empleo, y la dualidad.

Para esto último, ha señalado que se trata de un «problema tan claramente identificado que no hay ni un motivo para no tomar ninguna decisión» y por ello ha llamado a «arriesgar». «No podemos estar paralizados, es momento de arriesgar», ha aseverado, citando como opciones la llamada mochila austriaca o los contratos con indemnización creciente.