El PP quiere sacar al Estado de empresas privadas y la lista de afectadas empieza en Telefónica. La formación de Alberto Núñez Feijóo trabaja con la idea de desmontar el perímetro accionarial que la SEPI ha construido durante los años de Pedro Sánchez en La Moncloa, según la información publicada por ABC.
La propuesta tiene un eje doctrinal claro. El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, lo resume con una frase que deja poco margen a la interpretación: ‘Consideramos injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada.
De ahí se deduce el perímetro. La presencia del Estado en el capital de una compañía solo quedaría justificada, en su opinión, cuando exista una relación directa con Defensa y Seguridad Nacional, o cuando se preste un servicio público esencial que deba estar bajo control público. El ejemplo que cita Nadal es Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico nacional.
Defensa sí, competencia privada no: la nueva doctrina económica del PP
La formulación tiene consecuencias prácticas inmediatas. Si el criterio se aplicara hoy, buena parte de las participaciones que la SEPI mantiene en compañías cotizadas quedaría fuera de encaje: ninguna opera en Defensa pura ni presta un servicio público en régimen de monopolio estricto. Compiten en mercados abiertos con rivales privados y con accionistas privados en el mismo consejo.
Nadal añade una segunda capa al argumento: ‘Hay que preguntar qué es y qué no debe ser una empresa pública, y en nuestra opinión una empresa pública solo puede ser aquella que por su naturaleza cumple una función que es de interés público’. Traducido a la práctica, el PP quiere separar la empresa pública clásica de la participación accionarial en sociedades que se baten el cobre en el mercado.
El tercer eje es el de los nombramientos. Los populares no plantean cambiar el sistema legal de designación, pero sí el perfil de quienes dirigen el grupo SEPI. ‘Vamos a cambiar el perfil de las personas que deben dirigir las empresas públicas para incorporar perfiles con experiencia y profesionalidad’, sostiene el vicesecretario de Economía.
No importa cuánto Estado quiere el PP, sino dónde: fuera del consejo de una teleco, dentro de la sala de control de la red.
Telefónica, Indra, Enagás y CAF: el perímetro que queda en revisión
El caso más emblemático sigue siendo Telefónica. El Gobierno creó un capítulo presupuestario nuevo para dotar los 2.285 millones de euros con los que la SEPI construyó una participación del 10% del capital. El 17 de enero de 2025, Presidencia convocó a José María Álvarez-Pallete en La Moncloa para comunicarle su cese como presidente ejecutivo y colocar en su lugar a Marc Murtra, hasta entonces al frente de Indra.
La lista no acaba ahí. El holding público reforzó su posición en Indra y desde ahí ha pilotado la consolidación del sector industrial de la defensa, con capacidad para poner y cesar presidentes según evolucionaban los intereses. Entró en Talgo después de vetar varias alternativas privadas, sostiene Duro Felguera con una promesa de estabilidad que cinco años después sigue sin materializarse e impuso condiciones de gestión a rescatadas como Air Europa y Tubos Reunidos. También mantiene su paquete en CaixaBank, su histórica posición minoritaria en IAG y el control de Aena, Redeia y Enagás, además de una participación en el fabricante ferroviario CAF. El detalle actualizado de todas ellas puede consultarse en la web de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
El origen de esa arquitectura está en el viejo Instituto Nacional de Industria, la maquinaria con la que el franquismo industrializó el país y que después sirvió para deshacerla. La paradoja es que el vehículo creado para privatizar se ha convertido en el instrumento para lo contrario.
Eso sí, la intención no equivale a un plan cerrado. Fuentes del PP consultadas por ABC aclaran que la posición sobre el particular no implica una decisión firme de salir del capital de esas compañías si Feijóo llega a La Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre. La distancia entre doctrina y calendario es, en este asunto, casi toda la distancia.
Conviene recordar el contexto. Durante los años de Sánchez el Ejecutivo ha mantenido el control de lo que ya era suyo, ha tomado posiciones decisivas en compañías que declaró estratégicas y ha actuado como un actor más en el bazar de las operaciones corporativas, incluida la presión desde fuera para frenar la fusión de Sabadell y BBVA. Nada de eso era una política escrita: era una práctica.
Un giro de doctrina con la SEPI como botín político
La SEPI nació a mediados de los noventa como heredera del INI, con el encargo de ordenar la salida del Estado de un conglomerado industrial que pesaba demasiado. Tres décadas después el vector se ha invertido: la sociedad pública compra, no vende. Ese es el cambio de fondo que el PP quiere frenar y ahí acierta en el diagnóstico. Un Estado que entra en el consejo de una teleco cotizada para cambiar a su primer ejecutivo ha cruzado una línea que ninguna democracia europea cruza con esa naturalidad.
El problema es la frontera. Defensa y Seguridad Nacional son conceptos elásticos, y la doctrina de Nadal deja un cabo suelto llamativo: Enagás opera el sistema gasista español, un monopolio regulado que encaja razonablemente en la categoría de servicio público esencial, y el PP no lo menciona. Tampoco aclara qué hace con el paquete de CaixaBank, donde la SEPI conserva voz y voto en un banco que compite con una decena de entidades. Si el criterio se aplica con literalidad, media cartera cae. Si se aplica con prudencia política, apenas cae nada.
Mi impresión es que el PP ha encontrado un eje rentable —el intervencionismo tiene coste electoral— y, al mismo tiempo, un terreno minado. Colocar en el mercado un 10% de Telefónica no se hace en una tarde, y sumar a la operación Indra o Talgo obligaría a explicar a qué precio y a quién. Vender barato es regalar dinero público; vender caro exige un comprador con incentivos para pagarlo.
El primer examen real no será el programa electoral, sino el resultado del 29 de noviembre. Si el PP necesita socios para gobernar, la salida del capital de empresas privadas pasará de promesa a moneda de cambio. Ahí se verá si la doctrina de Nadal era un principio o un argumento de campaña.
