Doce mil ciento cuarenta y tres no es una cifra cualquiera. Esta cantidad de alegaciones, un récord en la planificación energética autonómica, refleja la tensión de fondo que desde hace años acompaña cualquier intento de desplegar parques solares y eólicos sobre el territorio. El Plater (Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables de Cataluña) las ha recibido durante su fase de exposición, según anunció el Govern de la Generalitat y adelantó Expansión.
El plan, coordinado por el Institut Català d’Energia (Icaen), delimita las zonas donde se podrán instalar nuevos proyectos renovables para cumplir con los objetivos de descarbonización fijados en el Proencat, la hoja de ruta energética catalana hacia 2050. La propuesta original reservaba el 1,2% del territorio catalán para acoger instalaciones fotovoltaicas y eólicas, un porcentaje que puede parecer modesto pero que al trasladarse al mapa genera roces con municipios, entidades ecologistas y propietarios agrícolas.
“Las aportaciones de los municipios, de las entidades y de la ciudadanía son la herramienta que permitirá ajustar los resultados estrictamente técnicos, fruto de la metodología utilizada, a la realidad social de cada municipio”, destacó la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en declaraciones recogidas por Expansión.
El mensaje de la consellera reconoce implícitamente una de las principales críticas al Plater inicial: que la frialdad de los ‘mapas de aptitud’ no encaja con la fragmentación de la propiedad rural ni con la sensibilidad de los movimientos de oposición local. Las 12.143 alegaciones no son, en su mayoría, enmiendas técnicas aisladas, sino bloques de objeciones que cuestionan la ubicación de parques en zonas de alto valor paisajístico, corredores de fauna o terrenos de cultivo de secano considerados estratégicos para la soberanía alimentaria.
Fuentes del sector renovable consultadas por este medio matizan que parte de esas alegaciones provienen de ayuntamientos que ven en los parques una oportunidad de ingresos por licencias y compensaciones, mientras que otras son de plataformas que directamente rechazan cualquier instalación en su término municipal. El retrato es el de un territorio dividido, donde la misma hectárea puede ser leída como “degradada y apta” por el Icaen y como “de alto valor agrológico” por un sindicato agrario.
El volumen de alegaciones demuestra que la transición energética en Cataluña se juega tanto en los despachos de Urbanismo como en los campos de olivos donde se proyectan los paneles.
El filtro del Icaen: el laberinto de lo ‘técnicamente viable’
El Icaen ha iniciado ya el análisis de las 12.143 propuestas. La consellera Paneque insistió en que solo se aplicarán aquellas que resulten “técnicamente viables”, sin detallar los criterios concretos que se aplicarán. Según la documentación técnica del Plater, la viabilidad se medirá en función de la capacidad de evacuación de la red eléctrica, la existencia de afecciones ambientales insalvables y la compatibilidad con la planificación urbanística municipal. Pero el término es lo bastante amplio como para que cada grupo de interés lo interprete a su favor.
Los promotores eólicos y fotovoltaicos que ya operan en Cataluña temen que el filtro se convierta en una criba política que reduzca el suelo disponible muy por debajo del 1,2% original, encareciendo los proyectos que logren luz verde. Al otro lado de la mesa, las entidades ecologistas exigen que la “viabilidad técnica” incorpore indicadores de biodiversidad, conectividad ecológica y afección a espacios de la Red Natura 2000, algo que el texto inicial, a su juicio, no garantizaba con suficiente rigor.
Superado este primer tamiz, el Govern abrirá una segunda fase de información pública para validar los cambios introducidos. El calendario no está cerrado, pero fuentes del Departament de Territori sitúan esa segunda consulta en el primer trimestre de 2027. Ello desplazaría la aprobación definitiva del Plater, como mínimo, al segundo semestre del año próximo, comprimiendo el margen para autorizar los nuevos proyectos antes de que expire el plazo de las ayudas europeas del Mecanismo de Recuperación vinculadas a la transición ecológica.
El horizonte 2050: lo que está en juego en los próximos doce meses
El Plater es la pieza clave para que Cataluña pueda cumplir los objetivos de descarbonización que ella misma se ha fijado en el Proencat. La prospectiva energética catalana establece que en 2050 el 100 % de la energía final debe proceder de fuentes renovables, lo que exige multiplicar por cuatro la potencia instalada actual. Sin un mapa de zonas claras, los promotores evitarán presentar solicitudes ante el riesgo de colisión con una planificación que puede cambiar de criterio en cualquier momento.
Actualmente, Cataluña apenas cubre con producción propia el 12 % de la demanda eléctrica renovable. El resto se importa de Aragón y de otras comunidades. La dependencia del exterior no es solo un problema de balanza energética: en momentos de estrés de red o de precios altos en el mercado mayorista, la falta de generación local encarece todas las facturas. El despliegue de renovables no es, por tanto, una cuestión ideológica, sino un vector de competitividad para una economía que concentra el 19 % del PIB español.
El verdadero riesgo no es que el Plater recorte el 1,2 % de suelo reservado, sino que el proceso de alegaciones lo diluya hasta hacerlo inoperante.
La comparativa con otras comunidades refuerza la urgencia. Castilla y León aprobó su plan de ordenación de renovables en 2024 con apenas 3.200 alegaciones y ya ha firmado más de 2 GW de nuevos contratos de interconexión. Aragón, con un modelo más laxo, capta inversiones de gigantes como Amazon o Repsol para centros de datos alimentados por fotovoltaica. En Cataluña, la lentitud regulatoria y la contestación social están alejando a los inversores que necesitan certidumbre a cinco años vista.
Sin embargo, la presión vecinal no puede despreciarse con un argumento economicista. La transición fracasará si se impone desde arriba sin escuchar a los territorios. El reto del Icaen en los próximos meses será demostrar que la ecuación “renovables + territorio + participación” no arroja siempre un conflicto, sino un modelo de desarrollo rural que, además, genera empleo y fija población. Las 12.143 alegaciones ofrecen la oportunidad de afinar el plano antes de que el hormigón oculte lo que la prospectiva energética no puede medir: el apego a la tierra.
El Plater tiene ahora una segunda oportunidad. De la habilidad del Govern para cribar sin romper dependerá que Cataluña no pierda el tren de la transición que ya ha pillado a otras comunidades con el andén despejado.
