El Gobierno ha cuantificado en 128.288 millones de euros el impacto económico de todas las medidas adoptadas ante la emergencia provocada por la expansión del virus Covid-19, según ha detallado este jueves en el Congreso el presidente Pedro Sánchez.
Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Baja, a la que ha acudido para solicitar la prórroga del actual estado de alarma, Pedro Sánchez ha asegurado que se trata de «la mayor movilización de recursos públicos de la historia democrática».
De este importe, 119.000 millones de euros se dirigen a medidas económicas, 4.600 millones a cuestiones sanitarias, 3.400 millones a medidas laborales y más de 1.100 millones a medidas de carácter social.
OTROS 20.000 MILLONES EN AVALES DEL ICO
De todas las medidas, Sánchez ha recordado la apertura de una línea de avales de 20.000 millones de euros desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), anunciando una segunda línea de otros 20.000 millones para el Consejo de Ministros extraordinario previsto para mañana, destinada en exclusiva a pymes y autónomos.
Según las estimaciones, más de 1,3 millones de empresas y autónomos se beneficiarán de esta línea de avales públicos, dirigida a garantizar la liquidez de los negocios, y un total de 130.000 empresas de la ampliación del límite de endeudamiento hasta 10.000 millones de euros, para aumentar las líneas de financiación.
«Queremos que todas las actividades que son perfectamente viables, pero que están teniendo dificultades transitorias, puedan superar este bache, que es temporal, y puedan continuar con su actividad», ha subrayado Sánchez.
MÁS DE 850.000 AUTÓNOMOS HAN PEDIDO EL CESE DE ACTIVIDAD
Por otro lado, el presidente del Gobierno ha detallado que más de 850.000 autónomos ya han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada por el Gobierno, habilitada para aquellos que hayan visto reducida su facturación en un 75%. Las previsiones pasan por que hasta un millón de trabajadores por cuenta propia la soliciten.
En materia del alquiler, las estimaciones del Gobierno pasan por que las medidas dirigidas a proteger a los inquilinos beneficien hasta 1,2 millones de personas, aplazando el pago de rentas en caso de dificultades económicas por esta crisis.
Por otro lado, el Ejecutivo prevé que 1.250.000 familias se beneficien de las medidas aprobadas para garantizar el suministro de energía, entre ellas la ampliación durante seis meses del bono social eléctrico, al que se podrán acoger 420.000 familias, ha dicho Sánchez.
COMPROMETIDO A UN INGRESO MÍNIMO «CUANTO ANTES»
Durante el debate con los grupos, Sánchez ha reconocido que, ante esta crisis, se hace necesario «redefinir paradigmas», y en este caso ha encuadrado el ingreso mínimo o renta básica, en el que trabajan la Vicepresidencia de Derechos Sociales, el Ministerio de Inclusiones, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Hacienda, ha dicho.
El presidente del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para poner en marcha «cuanto antes» este ingreso, y «con todas la cautelas», recogiendo así la petición del PNV, cuyo portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, había pedido «respetar competencias y no destrozar lo que ya está hecho» en otras comunidades y sus rentas de inserción.
COMPARTE QUE «HAY QUE VIGILAR A LOS BANCOS»
Sánchez también ha sido interpelado por los grupos a posibilitar la licitación telemática de las administraciones públicas y también a endurecer el control de las entidades financieras, ya que, tal y como ha denunciado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han recibido quejas de cómo se condicionan las líneas de liquidez facilitadas por el ICO a la adquisición de productos de la entidad.
El presidente del Gobierno se ha mostrado «de acuerdo en que hay que vigilar a los bancos» y ha reconocido que «es una cuestión recurrente» en la que trabaja la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y se ha mostrado abierto a «estudiar» este tipo de licitaciones. Baldoví ha dicho que, de eta forma la Administración contribuye a «no frenar la economía» y agilizar los procedimientos.
PIDE UNIDAD ANTE LA VUELTA A LA NORMALIDAD Y LA «RECONSTRUCCIÓN»
Por otro lado, ante las peticiones de la oposición de reconsiderar la decisión de no extender las restricciones a trabajadores de sectores no esenciales, Sánchez se ha preguntado si era mejor estar «confinados todos hasta mayo o junio» y ha señalado que existen «discrepancias» entre los propios expertos, y ha defendido que «ningún país está con una hoja de ruta cierta de la eficacia de medidas de desescalada».
«Si no conocemos cómo ha afectado esta restricción, ¿por qué la levantamos?», se ha preguntado Oskar Matute, de EH-Bildu, ante un riesgo de que, al levantar estas restricciones, se corre el riesgo de empeorar el descenso de contagios. Más contundente ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le ha pedido al Gobierno que «no abra la mano» y «no se deje presionar más por la patronal que por el virus».
A toda la oposición, Sánchez ha instado a «trabajar de manera unida en el tránsito de esa normalidad» que, ha dicho, se va a recuperar «más pronto que tarde», y les ha pedido también unidad «en la reconstrucción el relanzamiento de la economía», así como en esos Pactos de Estado que, ha concluido, «evidentemente» estarán «vinculados a la reconstrucción económica y social».
