La Asociación Española de Normalización (UNE), Aenor y el Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS) se han adherido al código de buenas prácticas tributarias de la Agencia Tributaria, del que forman parte ya más de 150 organizaciones, para respaldar su compromiso con sus obligaciones tributarias, según ha informado el Grupo UNE, conformado por las tres entidades.

Esta acción alineada, que en el caso de UNE se trata de la primera asociación que se adhiere al código, busca impulsar el bienestar de la sociedad, ayudando a crear la confianza imprescindible para el desarrollo de los sectores productivos y la economía.

Con la adhesión al código, UNE, Aenor y CEIS se comprometen con una gestión apoyada en los principios de «transparencia, buena fe y cooperación» con la AEAT, a través de la voluntad de reducir los riesgos fiscales significativos y las conductas que pueden crearlos y de evitar la utilización de estructuras de carácter fiscalmente opaco.

También mediante la detección y búsqueda de soluciones a prácticas fiscales que puedan ser consideradas fraudulentas y con la información periódica al órgano de administración de las políticas fiscales de la entidad.

De esta forma, las tres entidades incrementan sus estándares de transparencia y cumplimiento normativo, estableciendo una relación cooperativa más estrecha con la AEAT. Por parte de la AEAT, el código le requiere la necesidad de actuar de acuerdo con los principios de transparencia y seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de las normas tributarias.

El código de buenas prácticas tributarias, que ha supuesto el inicio de un cambio en la relación que existe entre la AEAT y el obligado tributario, suma hasta el momento más de 150 organizaciones adheridas al código.

El origen del código se encuentra en la constitución del Foro de Grandes Empresas en 2009, con la voluntad de que éste se erigiera como un órgano de relación cooperativa entre un grupo de 27 grandes empresas españolas y la AEAT.

Dentro de los grupos de trabajo creados en ese foro existía uno dedicado a la elaboración y desarrollo de lo que se acabó denominando el Código de Buenas Prácticas Tributarias.

La totalidad de los destinos mundiales está aplicando restricciones a los viajes internacionales debido a la expansión de la pandemia del coronavirus y el 72% ha cerrado sus fronteras al turismo internacional, según un estudio publicado por la Organización Mundial el Turismo (OMT).

En concreto, de los 217 destinos de todo el mundo, un total de 156 (72%) ha detenido por completo el turismo internacional, según los datos recopilados a partir del 27 de abril de 2020. En un 25% de los destinos, las restricciones han estado vigentes durante al menos tres meses, mientras que en un 40% de ellos las restricciones comenzaron al menos hace dos meses. Entre los datos más significativos del informe se encuentra que ningún destino ha levantado o aliviado hasta ahora las restricciones de viaje.

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, ha señalado que el turismo ha sido el sector «más duramente golpeado por esta crisis«, a causa del cierre de fronteras.

Por ello, la OMT hace un llamamiento para que los gobiernos levanten las restricciones de manera coordinada en el «momento adecuado y de manera responsable» cuando sea seguro hacerlo.

El informe de la OMT refleja las medidas tomadas desde finales de enero, cuando fue declarada la Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (PHEIC) por el Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desglosando el estudio por regiones, el 83% de los destinos en Europa ha cerrado por completo las fronteras al turismo internacional. En América, el porcentaje es del 80%, en Asia y el Pacífico del 70%, en Oriente Medio del 62% y en África del 57%.

Por todo ello, la OMT trabaja en estrecha colaboración con otros organismos internacionales, gobiernos nacionales y sector privado con el fin de impulsar la recuperación del turismo de una forma responsable en el momento oportuno.

En las últimas dos semanas, el secretario general de la OMT se ha dirigido a los ministros del G20 y a los miembros de la Comisión Europea, apostando por el turismo como una prioridad en la agenda de los países a medida que buscan recuperarse de la crisis.

Asufin reclama al Gobierno flexibilizar las condiciones de acceso a la moratoria legal y ampliar a seis meses su aplicación, al tiempo que advierte de que la propuesta por el sector podría suponer un coste adicional para el cliente de hasta 1.000 euros.

Así lo ha constatado la asociación en un estudio elaborado en colaboración con Antonio Luis Gallardo y Enrique Mestre en el que compara el coste financiero del alivio de los préstamos hipotecarios impulsado por el Ejecutivo y del sectorial.

A diferencia de la moratoria legislativa, que aplaza durante tres meses capital e intereses, sin costes y sin devengo de intereses moratorios, la moratoria sectorial propone un aplazamiento de capital por seis o doce meses, abonando solo los intereses durante ese periodo.

Ante las restricciones y deficiencias con las que ha sido regulada la moratoria hipotecaria legal, las patronales bancarias han planteado una moratoria sectorial a la que se han adherido las entidades financieras en su mayoría.

De este modo, aunque Asufin valora positivamente la moratoria sectorial, asegura que supone unos costes adicionales que el Gobierno aún puede impedir flexibilizando las condiciones de la moratoria legislativa.

Para una hipoteca media contratada hace 10 años de 180.000 euros y con 15 años de plazo para amortización se llegaría a pagar 1.133 euros de más al final de la operación en una carencia pedida por 12 meses, con ampliación de plazo, según cálculos de la asociación.

Esta cantidad se reduciría a 566 euros si la carencia se pide por seis meses. Si se opta por no ampliar el plazo de la hipoteca, la misma carencia de 12 meses para ese mismo préstamo costaría 539 euros. Para seis meses, el coste total se reduce a 269 euros.

Cuanto menos tiempo quede para liquidar el préstamo, menos coste tienen las carencias, de modo que si solo restan cinco años, el coste de las carencias oscila entre los 396 euros aproximados de la pedida para un año, con ampliación de plazo, hasta los apenas 97 euros de la seis meses sin ampliación de plazo.

Bankinter, que ofrece una carencia fuera de la sectorial de solo cuatro meses, situaría el coste adicional entre los 179 a 65 euros aproximados, en función del plazo que quede para la amortización total del préstamo.

Las entidades bancarias españolas inician esta semana su proceso de desescalada, reabriendo oficinas y reincorporando a empleados a sus puestos de trabajo, coincidiendo con el salto de varias provincias a la fase 1 del desconfinamiento por la pandemia del Covid-19.

Según trasladaron a Europa Press las entidades consultadas, irán testando las necesidades del negocio para volver a la ‘nueva normalidad’ de forma gradual y ordenada, siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y aplicando los protocolos de protección de empleados y clientes.

Por lo general, en cada oficina habrá un número de empleados menor de lo habitual, de manera que no todos ellos tengan que acudir a sus puestos de trabajo, sino que puedan turnarse. En los servicios centrales, el teletrabajo será la preferencia por el momento.

Cada entidad está trabajando en sus propios planes y no todas seguirán el mismo camino, de igual manera que algunas optaron por cerrar la mayor parte de su red y otras han seguido operando con más del 90% de sus oficinas durante el estado de alarma para garantizar el acceso a los servicios esenciales en todos los municipios en los que operan. Por lo tanto, son las primeras las que más notarán la desescalada.

Banco Santander, que operaba con el 50% de la red (la mitad a diario y la otra mitad solo los lunes y los jueves), reabrirá esta semana otras 189 sucursales, lo que supone mantener operativa el 60% del total. Desde este lunes, 11 de mayo, estarán abiertas 1.919 sucursales, de las que 1.208 oficinas abrirán cada día y otras 711 lo harán los lunes, miércoles y jueves.

Este mismo lunes, Banco Sabadell abrirá otras 146 oficinas, pasando del 70% al 77% de sucursales operativas, con un total de 1.441. El 65% de la plantilla hará teletrabajo, unos 11.140 trabajadores, mientras que los casi 6.000 restantes acudirán a sus puestos habituales, manteniendo turnos rotativos y la flexibilidad horaria para facilitar la conciliación.

BBVA, la entidad que más oficinas ha cerrado durante el estado de alarma (ha estado operando solo con el 30% de la red y el 10% de los empleados), ya ha iniciado su desescalada en los últimos días, con unas 200 reaperturas, y la extensión de empleados en sus puestos de trabajo habituales al 14% de la plantilla.

Bankinter, que cerró la mitad de sus 360 oficinas, también comenzará a reabrir sucursales a partir de este lunes. Desde este lunes se irán reincorporando los trabajadores (actualmente teletrabaja el 90% de los 5.000 empleados), tanto a las oficinas (con menos empleados por oficina de lo habitual) como a los servicios centrales, aunque en este segundo caso un número muy bajo y de manera gradual.

El resto de los bancos ha mantenido un porcentaje muy alto de su red de oficinas operativa, por lo que la desescalada será menos notoria. En el caso de CaixaBank, que es la entidad que más oficinas tenía abiertas (el 90% de sus 4.515 oficinas), prevé finalizar el mes de mayo con el 95% de la red operativa y el 75% de la plantilla en sus puestos de trabajo, frente al 50% actual. En los servicios corporativos y territoriales, se mantendrá preferentemente el teletrabajo hasta septiembre.

Bankia también ha mantenido el 90% de las oficinas abiertas, pero sí está trabajando en un plan para la vuelta al trabajo de forma gradual, tanto en oficinas como en servicios centrales, que debería producirse a lo largo de la segunda mitad de mayo.

De su lado, Cajamar ha mantenido abierto también casi el 90% de sus 933 oficinas y ya ha comenzado progresivamente con las reaperturas, permaneciendo pendientes de retomar su actividad solo 44 oficinas, de las que este lunes se abren 33, con lo que desde este lunes estará funcionando el 98,8% de la red. En cuanto a los profesionales, en el mes de junio espera que el 80% trabaje con normalidad y el resto continúe teletrabajando, según las fuentes consultadas por Europa Press.

En cuanto a Unicaja, que también ha mantenido abierto el 80% de sus 1.031 oficinas durante el confinamiento, ha comenzado una gradual ampliación de los días en que abre una parte de las sucursales que tenían horario parcial, mientras que esta semana tiene prevista una paulatina apertura de buena parte de las 173 oficinas que permanecen cerradas, empezando por abrirlas tres días por semana.

El grupo Kutxabank, que arrancó la pandemia con alrededor de un 70% de oficinas abiertas (un 62% de las oficinas de Kutxabank y un 80% de las de Cajasur), aboga por desescalar en función de una monitorización semanal que comenzará este lunes, de manera que poco a poco vayan incorporándose más empleados y oficinas en las próximas semanas.

Lo mismo sucede en el caso de Ibercaja, que apenas mantiene 32 oficinas cerradas por el estado de alarma, y las abrirá progresivamente en las próximas semanas conforme evolucione la pandemia del Covid-19 y se levanten las restricciones.

También a la espera de cómo se ejecute la desescalada por territorios están otras entidades como Liberbank o Abanca, que por el momento seguirán operando con el 80% de las oficinas que han mantenido abiertas estas últimas semanas.

El Gobierno, los sindicatos y la patronal firmarán este lunes el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social para ampliar al 30 de junio los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), con la posibilidad de prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha.

Así lo ha informado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la novena videoconferencia con los presidentes de comunidades y ciudades autónomas.

El acto tendrá lugar este lunes en Moncloa a las 13.00 horas y asistirán, por parte del Ejecutivo, el presidente, Pedro Sánchez; el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y, por parte de los agentes sociales, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

El texto de este acuerdo contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.

El texto establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.

Asimismo, el texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Gobierno también se reserva la posibilidad de prorrogar estas prestaciones si así lo ve necesario.

De acuerdo con este borrador de Real Decreto-ley, se facilitará la transición de ERTEs de fuerza mayor a ERTEs por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción. A los ERTEs por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción que se inicien tras la entrada en vigor de este nuevo decreto y hasta el 30 de junio les serán de explicación las características especiales establecidas en la regulación del 17 de marzo. Se permitirá además que estos últimos se tramiten mientras estén vigente un ERTE de fuerza mayor.

La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. En el texto del decreto se señala que estas exenciones se mantendrán en mayo y junio para los ERTEs de fuerza mayor total.

En el caso de ERTEs de fuerza mayor parcial, la empresa, a partir de la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por los trabajadores que vuelvan a su actividad del 85% en mayo y del 70% en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.

En el caso de los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos desde la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, la exención empresarial será del 60% en mayo y del 45% en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 45% en mayo y del 30% en junio para las que tengan más de 50 empleados. Todas estas exenciones podrán ser prorrogadas en los mismos términos o en otros distintos si así lo decide el Consejo de Ministros o ser extendidas a ERTEs basados en causas objetivas.

SE FLEXIBILIZA EL COMPROMISO DE MANTENER EL EMPLEO

Uno de los principales caballos de batalla de esta negociación sobre los ERTEs ha sido la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. La regulación de mediados de marzo vinculaba las exoneraciones de cuotas de los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

En el borrador del decreto, si no hay cambios de última hora, se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Este compromiso de mantenimiento del empleo se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque con excepciones (despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado). En el caso de incumplimiento de esta cláusula, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora.

Ahora bien, en el texto se especifica que este compromiso de mantener el empleo seis meses después de reanudar la actividad no será de aplicación a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores según los términos establecidos en el artículo 5.2 de la Ley Concursal.

El decreto crea una comisión de seguimiento tripartita de proceso de desconfinamiento que estará integrada por el Gobierno y los agentes sociales y que se reunirá con carácter ordinario el segundo miércoles de cada mes. El objetivo de esta comisión será el de realizar un seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito laboral «durante la fase de excepcionalidad atenuada», intercambiar datos y efectuar propuestas.

Será esta comisión tripartita, que se reunirá de manera ordinaria el segundo miércoles de cada mes, la que decidirá qué sectores necesitarán seguir con (ERTEs más allá del 30 de junio.