El Gobierno obliga a las 151 ZBE a multar de verdad y la etiqueta ambiental del coche decide quién entra. Las sanciones, de 200 euros por acceso no autorizado, se multiplican en las próximas semanas: los vehículos sin distintivo se quedan fuera y los B y C pierden terreno.
La modificación del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, aprobada por el Consejo de Ministros, no deja margen a la interpretación. Las entidades locales obligadas a declarar una zona de bajas emisiones tendrán que acreditar documentalmente el cumplimiento efectivo de los requisitos, comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones de acceso, circulación y estacionamiento según el potencial contaminante de cada vehículo y demostrar que los sistemas de control de accesos y de monitorización funcionan.
El diagnóstico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es incómodo. Durante los primeros años de aplicación se han detectado moratorias excesivamente prolongadas en el régimen sancionador, zonas delimitadas sin restricción real de acceso y ámbitos territoriales insuficientes, coincidentes con espacios que ya contaban con limitaciones al tráfico. Declarar una ZBE no puede quedarse en una raya en el plano.
Los números sostienen la crítica. De las 151 grandes localidades obligadas, solo 68 tienen la zona en funcionamiento y, de esas 68, apenas la mitad limita la circulación y emite denuncias. La mayoría de los ayuntamientos gobernados por PP y Vox no ha establecido ninguna restricción de acceso ni régimen sancionador. Ese margen se acaba.
Una ZBE que no multa es solo una placa en la entrada: la nueva norma borra esa figura y obliga a sancionar desde el primer día.
Qué cambia y a quién afecta
El primer grupo damnificado son los coches sin etiqueta ambiental, los más antiguos del parque y los más contaminantes. No podrán ni acceder ni circular por ninguna de las 151 zonas que deben entrar en funcionamiento: la restricción deja de depender de la voluntad de cada ayuntamiento y pasa a ser una obligación de cumplimiento acreditado ante el ministerio.
El segundo grupo es mucho más numeroso. Los turismos con distintivo B y C suman ya más de 19,5 millones de unidades en uso y verán ampliadas sus limitaciones conforme se activen las áreas pendientes. Una docena larga de ciudades ya aplica o anuncia restricciones a estas pegatinas: Bilbao, Madrid, Getafe, Estepona, Palma, Málaga, Valladolid, San Fernando, Huelva, Reus, San Sebastián, Valencia y Torremolinos.
Cuándo entra en vigor y qué excepciones quedan
La norma está aprobada, pero todavía no tiene fecha oficial de entrada en vigor: debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado y desplegar después su calendario. Lo que ya está decidido es el final de las moratorias. El texto elimina los periodos transitorios en la aplicación del régimen sancionador, de modo que la zona que se declare tendrá que sancionar.
El calendario más exigente llega desde Cataluña. La comunidad ha aprobado que, desde enero de 2028, todas sus Zonas de Bajas Emisiones prohíban la circulación de los vehículos con pegatina B amarilla. Es la primera vez que un territorio fija por norma una fecha de caducidad para un distintivo que hoy llevan millones de coches.
Cada ordenanza municipal conserva su margen para regular exenciones —residentes, vehículos de emergencia, personas con movilidad reducida—, pero ya no podrá usar ese margen para dejar la zona sin prohibiciones efectivas. El real decreto apunta exactamente a eso.
Cómo evitar la multa antes de arrancar
- Consulta tu distintivo con la matrícula en la sede electrónica de la DGT. Si el coche no aparece registrado, no tiene derecho a pegatina y circula en el grupo de los restringidos.
- Lee la ordenanza del municipio al que vas, no la de tu ciudad. Las restricciones a la etiqueta B y C cambian de una localidad a otra y se actualizan sin aviso previo.
- Comprueba si tienes autorización de acceso: residentes, vehículos de servicio y permisos temporales de obra o de carga y descarga se gestionan en el registro municipal, no en la DGT.
La denuncia llega por correo semanas después, con la foto del pórtico. Cada acceso indebido se sanciona por separado, así que una mañana de recados dentro de la zona puede traducirse en varias multas de 200 euros. El seguro no cubre esta sanción.
Análisis: el problema no era la norma, era la aplicación
Hay un detalle que la nota oficial no subraya y que explica el enfado de buena parte del sector. El problema nunca fue la falta de reglas, sino la falta de aplicación. Con la Ley de Cambio Climático en vigor desde 2021, solo 68 de las 151 ciudades obligadas tienen la zona en marcha y, de esas, la mitad no sanciona. El real decreto no crea áreas nuevas: obliga a que las existentes funcionen. Ese matiz importa porque traslada el coste político del retraso a los conductores.
Y el coste no es pequeño. Un diésel matriculado en 2012 era, hace cinco años, la opción razonable para una familia que no podía permitirse un híbrido. Hoy es un vehículo en el punto de mira en una decena de ciudades y, desde 2028, un coche prohibido en todas las ZBE catalanas. La medida no es desproporcionada en el fondo, porque el aire de las ciudades lo justifica, pero sí es injusta en la forma: se penaliza a quien ya compró, no a quien contamina.
Hay además un riesgo práctico que conviene anticipar. Con 151 zonas en distintos grados de activación, un mismo desplazamiento puede ser legal a las nueve de la mañana y sancionable a las diez, y la cámara del pórtico no distingue entre el residente despistado y el turista de paso. La lectura útil es la contraria a la que se hizo en 2022: la etiqueta ya no es un papel en la luna del coche, es un permiso de circulación urbano con fecha y con ciudad.
Mi valoración es que los ayuntamientos que llevan cuatro años sin instalar un solo pórtico tienen ahora menos excusas y más obligación de publicar sus calendarios antes de que llegue la primera denuncia. El conductor, mientras tanto, solo tiene una forma de protegerse: saber qué distintivo lleva y qué norma rige en la ciudad a la que va a entrar. Sin ese paso, el resto es apostar.
🚨 Ficha de la Normativa
- Infracción / Novedad: Acceder, circular o estacionar en una Zona de Bajas Emisiones sin cumplir las restricciones aplicables al vehículo según su etiqueta ambiental.
- Sanción económica: 200 euros por acceso indebido, según la Ley de Tráfico.
- Puntos del carnet: No aplica.
- Entrada en vigor: Pendiente de publicación en el BOE. La norma elimina los periodos transitorios para sancionar.
