Renta Corporación ha registrado pérdidas de 1,3 millones de euros en el primer semestre, frente a las ganancias netas de 5,1 millones del mismo período del año anterior, a causa del impacto de la crisis generada por el coronavirus y prevé un cambio de tendencia en la segunda mitad del año que permita acabar 2020 «en positivo».

En un comunicado este miércoles, la compañía ha explicado que prevé este cambio en la medida que se controle la pandemia y se reactive la actividad económica y que mantiene a medio y largo plazo los objetivos trazados en su plan estratégico.

La firma ha contabilizado unos ingresos de 25,6 millones de euros, un 19% menos, y un margen de operaciones de cuatro millones en estos seis primeros meses, mientras que la cartera de activos asciende a 129,3 millones de euros, compuesto por activos «altamente líquidos y bien localizados».

La compañía ha cerrado el primer semestre con «una buena posición de liquidez» y un nivel de apalancamiento sostenible del 40% y ha explicado que para optimizar dicha liquidez en el contexto actual está incorporando nuevas vías de financiación a las ya existentes.

Renta Corporación cerró el primer trimestre de este año con un beneficio neto de 800.000 euros, lo que supone un 78% menos que el mismo periodo del año anterior, cuando ganó 3,7 millones de euros, debido al coronavirus, mientras que en 2019 cerró el ejercicio con un beneficio neto de 17,1 millones de euros, un 3% más que en 2018.

El consejo de administración de Cellnex ha acordado llevar a cabo una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente por importe de 4.000 millones de euros, recursos que la compañía destinará a financiar la expansión de su cartera de infraestructuras de telecomunicaciones «de manera coherente» con su estrategia de crecimiento en Europa a través de adquisiciones.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Cellnex explica que el aumento de capital de 3.999.525.423 euros se realizará a un tipo de emisión unitario de 39,45 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 101.382.140 acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal cada una.

Cada acción de la sociedad actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 19 derechos de suscripción preferente para suscribir cinco acciones nuevas, que serán de la misma clase y serie que los títulos actualmente en circulación.

Según informa la compañía participada por Atlantia y Edizione, está previsto que determinados accionistas, consejeros y miembros de la alta dirección se comprometan a suscribir hasta el 19% de las acciones nuevas emitidas en el marco de esta nueva ampliación, así como la firma del correspondiente contrato de aseguramiento (‘underwriting agreement’) por entidades aseguradoras.

Cellnex explica que este aumento de capital tiene por finalidad reforzar los recursos propios de la compañía de cara a «financiar la expansión de su portfolio de infraestructuras de manera coherente con su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones».

La sociedad destaca que está analizando «activamente» ciertas oportunidades de mercado, incluyendo algunas «transformacionales», es decir, transacciones que implican una combinación de activos u otras oportunidades de negocio de transformación con grandes operadores de redes móviles que implican la aportación de más de 15.000 emplazamientos en una sola transacción.

Cellnex detalla que podría adquirir estas infraestructuras a cambio de dinero en efectivo y/o de la emisión de nuevas acciones (pago en especie) en diferentes etapas por un tamaño agregado estimado de aproximadamente hasta 11.000 millones de euros (basado en el valor de empresa, asumiendo la adquisición del 100% de los objetivos relevantes e incluyendo los programas de ‘build-to-suit’ o el despliegue de iniciativas adicionales).

CRECIMIENTO SOSTENIDO

El presidente de Cellnex, Franco Bernabè, ha destacado el apoyo del consejo a una estrategia de «crecimiento sostenido» que, en algo más de cinco años desde la salida a Bolsa, ha llevado a la compañía a extender sus operaciones a ocho países en Europa, multiplicar por cuatro su tamaño y ocupar una posición de «claro liderazgo europeo» entre los operadores de infraestructuras de telecomunicaciones.

Cellnex ha anunciado desde la salida a Bolsa inversiones y compromisos de inversión por valor de aproximadamente 14.100 millones de euros, y cuenta con un portafolio de proyectos que nos permite pensar que este proceso de crecimiento tendrá continuidad, manteniendo el atractivo e interés de los inversores y accionistas en un proyecto que desde mayo de 2015 ha reportado un retorno total para el accionista superior al 300%», ha incidido.

Por su parte, el consejero delegado de Cellnex, Tobias Martinez, ha remarcado que reforzar los recursos propios de la compañía permitirá contar con «una mayor fortaleza para financiar este crecimiento, al tiempo que se analizan nuevas oportunidades».

«Más allá de los acuerdos cerrados en 2019 y los primeros seis meses de 2020, seguimos analizando activamente oportunidades de crecimiento. El objetivo es consolidar y ampliar nuestra posición en los ocho países en los que estamos presentes sin dejar de estar atentos a proyectos que puedan surgir en otros mercados europeos», ha detallado.

En este sentido, la compañía añade que el vector de crecimiento relativo al ecosistema de infraestructuras asociadas al 5G será en el futuro un «eje del crecimiento», ya que se abren nuevas vías de desarrollo vinculadas a los despliegues de fibra óptica a la torre y a las ‘small cells’, así como el despliegue y la densificación de redes sobre la base de las ‘small cells’ y los sistemas distribuidos de antena (DAS).

Asimismo, el 5G también ofrece el potencial de albergar centros de proceso de datos en emplazamientos estratégicos que permitan acercar dicha capacidad de proceso a los puntos de emisión y a los usuarios «haciendo realidad los objetivos de comunicación en tiempo real que demandan las aplicaciones críticas basadas en el 5G.

DETALLES DE LA AMPLIACIÓN

El precio de suscripción de esta ampliación de capital, que se celebra tras la delegación otorgada por la junta general de accionistas celebrada el 21 de julio de 2020, supone un descuento de alrededor del 25% sobre el precio teórico sin derecho (TERP por sus siglas inglés), tomando como referencia el precio de cotización al cierre del día de este miércoles, que ha sido de 56,14 euros.

Los derechos de suscripción preferente serán asignados a todos los accionistas de Cellnex que hayan adquirido acciones hasta el 24 de julio de 2020 y cuyas transacciones hayan sido registradas en Iberclear hasta el 28 de julio de 2020 (ambos inclusive).

El periodo de suscripción preferente se extenderá durante quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), previsto para el 24 de julio de 2020. Cellnex solicitará la admisión a cotización de las acciones nuevas en el Mercado Continuo de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

En 2019 Cellnex ya incrementó en 3.700 millones de euros sus recursos propios, también destinados a financiar el crecimiento de la compañía, mediante dos ampliaciones de capital, la primera por 1.200 millones de euros, llevada a cabo en marzo, y la segunda por 2.500 millones realizada en octubre, con una demanda que en ambos casos superó ampliamente la oferta y a las que acudieron la práctica totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente.

La Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que el Gobierno prevé presentar a finales de año abordará, entre otros aspectos, la fiscalidad de los transportes para mejorar su eficiencia y sostenibilidad, y el diseño de un sistema que garantice el mantenimiento futuro de la red de carreteras, lo que, previsiblemente, supondrá debatir sobre la eventual articulación de un peaje en las autovías.

Entre el resto de puntos que abarcará la Ley también figura la financiación del transporte público urbano, la planificación y financiación de las infraestructuras de transporte, así como la logística y la distribución urbana de mercancías, y medidas para «fomentar y sensibilizar» sobre la movilidad sostenible.

También fomentará la interacción entre las políticas de transporte, energía, industria, telecomunicaciones y medio ambiente, y las relacionadas con la salud, toda vez que la actual crisis ha evidenciado la importancia de la movilidad en la pandemia.

Así lo contempla el documento con el que el Ministerio de Transportes ha iniciado formalmente la elaboración del anteproyecto de la anunciada Ley.

Se trata del que abre el proceso de consulta previa sobre la ley, con el fin de recibir propuestas y aportaciones que los ciudadanos y todos los sectores interesados quieran realizar y puedan contribuir a la redacción del texto legal.

Este trámite de consulta pública arranca este miércoles, 22 de julio, y se extenderá hasta el próximo 30 de octubre, según informó el Departamento que dirige José Luis Ábalos.

De esta forma, parte de esta recepción de propuestas coincidirá con el debate con las distintas administraciones, partidos y agentes del sector que el Ministerio pretende también llevar a cabo a partir de septiembre y durante varias semanas, en busca asimismo de aportaciones y consenso para la ley.

En el documento por el que la ley se somete a esta primera consulta pública, Transportes dice que «con el fin de cumplir sus compromisos y obligaciones en materia de movilidad», estima «necesario y oportuno la aprobación de un marco regulatorio homogéneo, proporcionado y eficiente, que impulse la innovación y sitúe al ciudadano en el centro de las políticas públicas de movilidad».

Para ello, introducirá en el ordenamiento jurídico «las reformas estructurales necesarias para favorecer una movilidad de personas y mercancías basada en los principios de seguridad, sostenibilidad y digitalización, y al tiempo garantizar la financiación del transporte público».

Asimismo, se plantea la regulación como un todo, en su totalidad y de forma transversal, de diferentes aspectos englobados en el ámbito de la movilidad.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

De este modo, se pretende que la Ley dé solución a problemas como el «elevado impacto medioambiental y presupuestario de las infraestructuras del transporte», la «necesidad» de reducir emisiones, la transformación digital o la coordinación entre administraciones.

También buscará «garantizar adecuados mecanismos de financiación para la conservación y mantenimiento del ‘stock’ de infraestructuras del país» y articular un marco de participación y colaboración que implique en la toma de decisiones a todos los actores afectados.

Así, dada «la complejidad de los retos que se plantea», el Ministerio considera «muy importante» entablar «un verdadero diálogo con todos los actores del ecosistema de la movilidad para garantizar el éxito de este proyecto normativo».

El Ibex 35 ha concluido la jornada de este miércoles con un descenso del 1,39%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.390,1 enteros, en una jornada marcada por la presentación de resultados empresariales, entre ellos Iberdrola y Naturgy.

De hecho, Naturgy, con un descenso del 5,21%, se ha colocado como el valor más bajista de la jornada, después de comunicar un beneficio neto de 334 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa una caída del 43,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y anunciar que en el último trimestre de este año actualizará su plan estratégico a 2022 para dar «un impulso» a la transformación del grupo.

Justo por detrás de la energética presidida por Francisco Reynés se han situado Meliá (-4,06%), Indra (-3,51%), Amadeus (-3,35%), Repsol (-3,25%), Banco Sabadell (-3,13%) y Ence (-2,71%). Iberdrola ha cedido un 1,42%, tras informar de un beneficio neto de 1.845 millones de euros en el primer semestre del año, un 12,2% más respecto al periodo comparable de un año antes.

En la parte alta de la tabla se situaban Siemens Gamesa (+2,35%), Mapfre (+1,03%), Colonial (+1,03%), Bankinter (+0,82%), CaixaBank (+0,47%), Ferrovial (+0,43%) y ACS (+0,3%).

El resto de plazas europeas también ha finalizado en ‘rojo’, con descensos del 0,96% para Londres, del 1,28% para París, del 0,54% para Fráncfort y del 0,7% para Milán.

En este escenario, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 41,35 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 43,74 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española se situaba en 84 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,335%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se ampliaba a 1,1585 ‘billetes verdes’.

Markus Braun, el ex consejero delegado de la fintech alemana Wirecard, declarada en bancarrota el pasado mes de junio, ha sido nuevamente detenido este miércoles, tras haber sido puesto en libertad bajo fianza el pasado 23 de junio, al ver ampliados los cargos que se le imputan, según ha informado la Fiscalía de Múnich, que también ha procedido al arresto de otros dos antiguos ejecutivos de la compañía.

Un cuarto exejecutivo, el responsable de la filial de la firma financiera en Dubai, Cardsystems MiddleEast, también había sido detenido a principios de julio.

La Fiscalía no ha precisado la identidad de los dos nuevos detenidos, limitándose a informar de que uno de ellos fue el director financiero de Wirecard hasta el final de 2017, mientras que el otro detenido fue el antiguo responsable de la contabilidad de la firma.

«Los tres sospechosos ya han sido llevados ante el juez, quien ordenó el mantenimiento de la detención a petición del fiscal», informó la Fiscalía bávara.

Las autoridades judiciales han ampliado los cargos contra Braun, al que el mes pasado acusaban de presuntamente haber inflado el balance de la compañía y presentado información falsa, después de que un testigo y las averiguaciones realizadas hayan permitido sospechar que los acusados sabían al menos desde 2015 que Wirecard perdía dinero con sus actividades.

«Según la revisión legal actual, los detenidos están acusados de conspiración para llevar a cabo un fraude comercial, presentación de información falsa y manipulación del mercado en varios casos y en diversos grados», explicaron las autoridades.

Wirecard se declaró en suspensión de pagos el pasado 25 de junio tras desvelarse un agujero contable de 1.900 millones de euros.

Alcoa ha insistido este miércoles en su postura de parar las cubas de la planta de aluminio de San Cibrao, con el fin de que haya posibilidades para una venta de la factoría. En cambio, el comité de empresa avisa de que esa opción supondría «la muerte» de la fábrica, por lo que llama a Xunta y Gobierno a «paralizar» el ERE, cuyo periodo de negociación finaliza este viernes.

Este miércoles, representantes de la dirección de empresa y de los trabajadores han tenido una nueva reunión del periodo formal de consultas del despido colectivo en un restaurante en Lugo, en donde los empleados han recibido el apoyo del diputado de Podemos Rafa Mayoral.

Tras el encuentro, Alcoa ha dicho «no estar cerrada a una venta», pero incide en que «se hibernen las cubas de electrolisis para parar las pérdidas de la planta». Una postura ya avanzada por carta hace unos días por el presidente de la compañía en España, Álvaro Dorado. La multinacional aduce que las pérdidas ascienden a más de un millón de euros a la semana, por lo que las cubas «tienen que parar cuanto antes».

La compañía sostiene que el proceso de venta «requiere un tiempo para su ejecución y su éxito es incierto». «Por ello, antes de iniciar cualquier proceso de venta, es necesario parar de manera ordenada las cubas, porque urge frenar estas pérdidas», reitera. Respecto al proyecto industrial del Gobierno, afirma no tener «ninguna concreción.

«ALCOA NO QUIERE EXPLORAR NINGUNA VÍA»

En declaraciones a los medios tras la reunión, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha señalado que los trabajadores han expuesto alternativas, pero «Alcoa no quiere entrar a trabajar ni explorar ninguna de ellas», solo «hablar de la parada de las cubas», una medida que «es totalmente errónea» y «tiene un coste superior a buscar una solución».

«La solución no se busca poniendo más que pegas o diciendo que solo quieren hablar del paro de las cubas, que al final es la muerte de la planta de aluminio», deja claro.

Y es que Zan urge a Gobierno y Xunta a que «se pongan a desarrollar mecanismos» para evitar el despido de 534 empleados que se hará efectivos esta semana. Emplaza a «salvar» la fábrica con una venta o una intervención total o parcial.

Entre esos mecanismos recuerda que la ministra de Industria, Reyes Maroto, ya se refirió a que Alcoa tendrá que devolver 38 millones en ayudas por CO2 si cierra, de manera que cree que por ahí se puede forzar una venta.

«Ante esta situación que está poniendo Alcoa encima de la mesa, solo queda que las dos administraciones hagan sus trabajo y paralicen este ERE, que no tiene sentido», clama el presidente del comité de empresa.

Lamenta que «Alcoa solo pone una alternativa que es el cierre», pero «no puede ser que una multinacional tenga de rodillas a dos gobiernos».

EL ALCALDE DE CERVO RECLAMA QUE EL GOBIERNO «HAGA ALGO»

Por su parte, el alcalde de Cervo (Lugo), el popular Alfonso Villares, ha apelado al Gobierno central a que «haga algo»: «O que apruebe el estatuto o que intervenga».

El regidor advierte de que son momentos «agónicos» para la comarca de A Mariña ante la amenaza de cierre, mientras el tiempo para revertir la situación «se agota».

La compañía tecnológica Slack, dueña de la aplicación de comunicación enfocada a entornos laborales, ha decidido denunciar a Microsoft ante la Comisión Europea por lo que considera que es un abuso de su posición dominante en el sector del ‘software’, según ha asegurado este miércoles en un comunicado.

La compañía dirigida por Satya Nadella compite contra Slack a través de su aplicación ‘Teams’, que tiene un funcionamiento similar y se lanzó posteriormente al mercado. Slack argumenta que Microsoft ha ganado cuota de mercado al «vincular ilegalmente» a ‘Teams’ a Office, que cuenta con una posición dominante en el segmento de paquetes de herramientas ofimáticas. De esta forma, argumenta Slack, Microsoft ha obligado a instalar ‘Teams’ a millones de personas, ha impedido su eliminación de los equipos informáticos y ha ocultado el «verdadero coste» a clientes corporativos.

Confiamos en que ganamos por el mérito de nuestro producto, pero no podemos ignorar el comportamiento ilegal que priva a los clientes del acceso a las herramientas y soluciones que desean», ha asegurado el vicepresidente de comunicación y política de Slack, Jonathan Prince.

«Slack simplemente quiere una competencia justa y en igualdad de condiciones. La competencia sana produce innovación y crea los mejores productos y la mayor cantidad de opciones a disposición de los clientes», ha agregado el director jurídico de la firma, David Schellhase.

«Slack solicita a la Comisión Europea que actúe para asegurarse de que Microsoft no puede seguir aprovechándose ilegalmente de su poder en un mercado para crecer en otro al empaquetar o juntar productos», ha agregado Schellhase.

No es la primera vez que un nuevo actor en el mercado plantea una demanda contra una gran tecnológica ante los servicios de Competencia de la Comisión Europea. El año pasado, Spotify planteó una demanda similar contra Apple por las comisiones que cobra en su tienda virtual de aplicaciones y por las restricciones técnicas que impone a otros desarrolladores.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran «inevitable» que el Gobierno plantee una reforma fiscal integral y analice la eficiencia del gasto público, sobre todo tras la aprobación de los fondos europeos que permitirán la llegada a España de más de 72.000 millones de euros.

En un comunicado, Gestha lamenta que, hasta la fecha, no haya existido una evaluación oficial de los beneficios fiscales y que «ni siquiera el Ministerio de Hacienda haya calculado el coste real de los beneficios presupuestados», tanto para el Estado como para las comunidades autónomas y entidades locales.

De hecho, un estudio presentado este miércoles por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que solo 13 beneficios fiscales cuestan 35.000 millones de euros al año, lo que contrasta con los 34.825 millones calculados para todos los beneficios fiscales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 prorrogados ya dos veces.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda defienden que ya habían alertado con anterioridad sobre la regresividad de las reducciones en el IRPF de las aportaciones a planes de pensiones, unos beneficios fiscales que la AIReF ha propuesto reformular por no cumplir con su objetivo.

En este sentido, Gestha propone que se debata la sustitución de la reducción de la base imponible de las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social por un sistema de reducción al tipo más bajo de la escala o, alternativamente, que el beneficio fiscal opere como una deducción en la cuota del IRPF.

Por último, los técnicos indican que el 72% de las sicav, casi 2.000, son sospechosas «de no ser auténticas Instituciones de inversión colectiva (IIC) al estar controladas por uno o varios accionistas». En concreto, estima en casi 8.900 las personas con grandes fortunas que invierten en estas sociedades sospechosas de no ser auténticas IIC.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la orden del Ministerio de Hacienda que determina el reparto del primer tramo de 6.000 millones del Fondo Covid-19, y la Comunidad de Madrid recibirá más de 1.400 millones, lo que supone un 24,92% del total de este primer tramo, mientras que Cataluña será dotada con más de 1.200 millones, lo que supone un 20,77% del total del primer tramo.

Así, ambas Comunidades abarcan casi el 45% del total del reparto del primer tramo de este Fondo que fue convalidado la semana pasada por el Congreso, a pesar de las continuas quejas por su reparto que también se hicieron extensibles desde las autonomías.

De este modo, el reparto del primer tramo queda de la siguiente manera: Madrid recibe en total 1.495.746.470 euros; Cataluña, 1.246.525.830 euros; Andalucía, 597.610.280 euros; Comunidad Valenciana, 449.632.010 euros; Castilla y León, 349.156.420 euros; País Vasco, 328.630.880 euros; Castilla-La Mancha; 319.263.560 euros; Galicia, 268.111.320 euros; Canarias, 158.979.470 euros; Aragón, 146.580.330 euros; Asturias, 106.103.810 euros; Baleares, 104.536.520 euros; Murcia, 98.164.460 euros; Extremadura, 96.000.050 euros; Navarra, 88.728.360 euros; Cantabria, 64.712.950 euros; La Rioja, 57.517.280 euros. Melilla y Ceuta recibirán cada una 12 millones.

El Fondo denominado ‘COVID-19’ repartirá en total 16.000 millones de euros entre todas las autonomías y está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos. El tramo aprobado este miércoles es el primero de los dos que se distribuirán entre los territorios siguiendo criterios representativos del gasto sanitario.

Este primer tramo del fondo de 6.000 millones tiene en cuenta el impacto del virus en las comunidades, de manera que en la distribución computa los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril.

El segundo tramo del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.

El tercer tramo está asociado a la educación con 2.000 millones de euros, que se transferirá en septiembre, mes en el que comienza el curso escolar. Estos recursos se repartirán conforme a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%).

El cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las CCAA de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.

La industria de la automoción española, que incluye a los fabricantes de automóviles, motocicletas y componentes, recuperó en mayo su superávit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones), después de dos meses de déficit debido a la crisis del coronavirus, tras registrar un dato positivo de 585,9 millones de euros, un 20,2% más que en el mismo mes de 2019.

Así, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recogidos por Europa Press, en mayo el sector contabilizó una balanza comercial positiva ya que vendió al exterior productos por un valor de 1.747,1 millones de euros, un 58,6% menos, mientras que importó vehículos y piezas por un coste de 1.161,2 millones, un 68,9% menos.

De esta manera, España exportó automóviles y motos que costaban 1.345,6 millones de euros, un 55,5% menos que en mayo de 2019, mientras que envió al exterior 401,5 millones en componentes, un 66,5% menos. Sin embargo, las importaciones de coches y motos bajaron un 74,4%, hasta 481,4 millones, y las de componentes un 63,3%, con 676,7 millones.

Por todo ello, los fabricantes de automóviles y motos registraron un superávit comercial en mayo de 864,2 millones, un 24,3% menos que el año pasado, mientras que las empresas auxiliares tuvieron un comportamiento un 57,5% mejor que el año pasado, a pesar de quedarse con un déficit de 278,2 millones de euros.

DE ENERO A MAYO

Gracias a este avance en mayo, en los cinco primeros meses del año el balance comercial del sector del automóvil volvió a su senda positiva, con 1.360,1 millones, un 3,8% más que en el mismo periodo de 2019.

Las exportaciones de automóviles y motos bajaron un 31,9% hasta mayo, con 9.147,9 millones, mientras que sus importaciones disminuyeron un 42,1%, con 5.296,9 millones. Por ello, la balanza comercial de esta categoría bajó un 9,9%, con 3.851 millones en positivo.

Por su parte, los fabricantes de componentes vendieron al exterior 3.581,7 millones de euros, un 39,5% menos, e importaron 6.072,7 millones, un 31,6% menos, por lo que cerraron los cinco primeros meses del año con un déficit de 2.490,9 millones, un 15,9% más.