El gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha afirmado que el supervisor «siempre ha visto la diversificación geográfica de la banca como algo positivo» y ha señalado que sirvió como «contrapeso» al sector durante la crisis financiera internacional de 2008.

Así lo ha manifestado durante la Convención Anual de la Asociación de Mercados Financieros (AMF), celebrada este lunes de manera presencial en el Casino de Madrid.

Precisamente este lunes, BBVA anunciaba que lanzaba una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 50,15% que no posee en su filial turca, Garanti BBVA, por 2.249 millones de euros.

Si bien el gobernador no ha entrado a valorar la operación de la entidad presidida por Carlos Torres, sí ha resaltado el efecto «positivo» que la diversificación geográfica ha tenido en el sector bancario español.

En concreto, ha afirmado que el Banco de España «siempre ha visto la diversificación de la banca como algo positivo», una situación que se habría constatado durante la crisis financiera global de 2008, cuando sirvió como «contrapeso» al sector bancario español.

En cambio, ha resaltado que durante la crisis de la Covid-19, el supervisor «llegó a pensar que el papel que podría jugar la diversificación geográfica iba a ser menor, potencialmente podría haber sido incluso negativa», y finalmente, «según los datos de rentabilidad más recientes, se constata que de nuevo ha sido un elemento positivo». «La diversificación ‘per sé’ es buena para distribuir el riesgo, pero hay que tener cuidado y valorar adecuadamente la jurisdicción», ha añadido.

Además, ha recordado que la importancia de que los bancos centrales «sean independientes en relación con sus gobiernos». «Afortunadamente, en el área del euro, la independencia no es una opción, es una obligación», ha señalado Hernández de Cos.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, se han reunido este lunes con el director general de Agricultura de la Comisión Europea, Pierre Bascou, y su equipo, para que el sector primario de La Palma afectado por el volcán no pierda ninguna ayuda correspondiente a los fondos comunitarios.

De forma paralela a la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que elevó en el orden del día una declaración de apoyo a la situación que vive la isla, el Gobierno de Canarias mantiene una ronda de reuniones con la Dirección General de la Unión Europea para proteger a los agricultores y ganaderos y sellar el compromiso de Bruselas con el campo palmero.

La responsable regional del área abordó con Bascou la importancia del mantenimiento del mismo nivel de ayudas para el sector en la campaña 2021 y sucesivas pese a que su venta sea menor como consecuencia de los efectos de la erupción, además de mejorar las ayudas a la compra de ganado para compensar la cabaña ganadera perdida por el volcán, señala la Consejería en una nota.

En relación a la medida II del POSEI que afecta al plátano, Vanoostende incidió en la necesidad de conservar las cantidades de referencia y eximir a los productores de la obligación de comercializar un mínimo del 70% para cobrar el cien por cien de las ayudas, con el objetivo de que las personas que han perdido sus fincas bajo la lava puedan mantener las cantidades de referencia durante cinco años para recomenzar la actividad en otra ubicación.

La coordinación con el Ministerio es fundamental para llevar el mismo mensaje a Europa y que sean conscientes de la situación de gravedad por la que pasamos. Hay buena sintonía y predisposición con la Comisión Europea, y el objetivo principal sigue siendo que nuestros agricultores y ganaderos no pierdan renta de subvenciones por culpa del volcán», apuntó Vanoostende.

La Ministerio de Trabajo y Economía Social ha citado a los sindicatos de la automoción, Stopel, STM, LAB, CUT y TU, el próximo martes 16 de noviembre a una reunión para tratar los problemas del sector.

Este encuentro es la respuesta del Gobierno a la petición expresa de las organizaciones sindicales de reunirse ante la inexistencia de una legislación que regule los ritmos y cargas de trabajo ya que están provocando «graves problemas» de salud laboral en el sector.

«Atendiendo a esa solicitud, el próximo martes día 16 de noviembre los cinco sindicatos han sido convocados a una reunión en el Ministerio de Trabajo y Economía Social ubicado en el Paseo de la Castellana, con la directora general de Trabajo, Verónica Martínez Barbero, y el director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Carlos Arranz Cordero», apuntaron los sindicatos.

En una carta dirigida a la ministra el pasado 29 de octubre, en el marco de la Semana Europea de la Salud en el Trabajo, las organizaciones denunciaban que las condiciones laborales han ido decayendo «en una búsqueda continua e inmoral de beneficios a costa de una mayor explotación de las personas trabajadoras».

Actualmente, según explican en ella, se realizan las mismas producciones que hace diez años pero con dos tercios de la plantilla de entonces, una constante que se puede observar «en todas las plantas de producción del sector».

Al aumento de las cargas de trabajo se suman la precariedad en los contratos, las reducciones salariales, la implementación de categorías de entrada y otras medidas similares. En estos momentos las altas cargas de trabajo están afectando gravemente a la salud de las personas trabajadoras del sector, los datos de absentismo en gran parte por Trastornos Músculo-Esqueléticos se han disparado durante años «sin que las empresas tomen más acciones que las punitivas».

Si bien los límites en cuanto a toxicidad y manipulación manual de cargas entre otros, están delineados en las normas existentes, las cargas y ritmos de trabajo en el sector «no cuentan con normativas específicas que nos permitan combatir este abuso empresarial».

Asimismo, añaden la inoperancia de las mutuas y los servicios de prevención en cuanto al reconocimiento de las enfermedades profesionales del sector. «Debemos humanizar las cadenas de montaje y consideramos que es una histórica asignatura pendiente del ministerio que usted dirige», demandan.

Los sindicatos firmantes, que tienen representación en los comités de empresa del 90% de plantas de automóviles en España, son Stopel (representa a Stellantis Figueruelas); STM (Ford Valencia); LAB (Volkswagen Navarra); CUT (Stellantis Vigo) y TU (Renault Valladolid).

El Banco de España  (BdE) ha señalado que el repunte de la inflación está siendo «más intenso y persistente» de lo anticipado, pero espera una moderación a medio plazo, dado que la fuerte subida de los componentes energéticos y los cuellos de botella deberían comenzar a remitir a lo largo de 2022, si bien advierte de que el impacto del IPC en precios y salarios puede «requerir de la actuación de la política monetaria».

El director general de Economía y Estadística del BdE, Óscar Arce, ha indicado, durante el seminario ‘La economía española en los próximos 5 años’, de UNIR La Universidad en Internet, que a mayores incrementos de precios y salarios, mayor es el riesgo de aumento de las expectativas de inflación, mecanismo a través del cual un fenómeno inflacionista transitorio puede, eventualmente, adquirir una mayor persistencia y, eventualmente, requerir de la actuación de la política monetaria.

En este sentido, Arce ha destacado que es preciso analizar en qué medida los márgenes empresariales absorberán los aumentos de costes de factores productivos y en qué medida las demandas salariales tenderán a incorporar el mayor crecimiento de los precios de consumo y, a su vez, los precios de los productores los eventuales mayores costes laborales (los conocidos como ‘efectos de segunda vuelta’).

«La holgura cíclica existente en los mercados de productos y en el mercado laboral debería tender a actuar como factor mitigador deesos efectos indirectos y de segunda vuelta», ha advertido Arce, quien ha señalado que a mayores incrementos de precios y salarios, mayor es el riesgo de aumento de las expectativas de inflación.

Asimismo, ha señalado que existen, además, otros factores de diversa naturaleza que pueden incidir sobre la senda de inflación, algunos son coyunturales, como el ritmo al que los hogares puedan decidir gastar el ahorro acumulado durante la pandemia o la evolución del tono de la política fiscal, mientras que otros tienen un carácter más estructural.

Aunque los fenómenos que subyacen al repunte de la inflación tienen una esencia «aparentemente transitoria y un origen externo» a laeconomía española (cuellos de botella, efectos base, pecios energéticos), Arce ha avisado de que la magnitud de su traslación a los precios de consumo en España dependerá del grado de persistencia de esos shocks externos transitorios y de la reacción de los agentes nacionales.

No obstante, el Banco de España apunta a que el nuevo marco estratégico para la política monetaria dota al BCE de las herramientas adecuadas para afrontar este episodio: nuevo objetivo de inflación simétrico (2%), orientación de medio plazo, vigilancia permanente, actitud paciente y capacidad de anticipación ante eventuales desarrollos desfavorables.

La CEOE ha expresado su negativa a subir las cotizaciones sociales para engordar la ‘hucha’ de las pensiones ante las futuras tensiones de gasto durante la reunión que esta mañana han mantenido Gobierno, sindicatos y empresarios para tratar de acordar el llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), por lo que se abre un nuevo escenario: un acuerdo entre Gobierno y sindicatos, como ya pasó con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

«El Comité Ejecutivo de CEOE ha rechazado hoy la propuesta del Gobierno en relación con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones, que debe sustituir al Factor de Sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad», ha defendido la patronal en un comunicado.

De este modo, la negativa de la CEOE despeja el camino para un acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos, que sí han apoyado un futuro incremento de las cotizaciones para afrontar el gasto que supondrá el pago de pensiones a los ‘baby boomers’.

Fuentes del Gobierno han indicado a Europa Press que va a intentar este acuerdo, que podría producirse esta misma tarde, cumpliendo así el plazo estipulado, que marcaba el 15 de noviembre como fecha tope para definir el MEI.

De hecho, fuentes sindicales han afirmado a Europa Press que esta misma tarde mantendrán contactos con el Gobierno para «reajustar» la propuesta que se les presentó en la mesa de negociación, consistente en una subida de cuotas del 0,6% durante diez años.

Según dicha propuesta, de ese alza del 0,6% planteada por el Ejecutivo, un 0,4% correspondería a la empresa y el monto restante, un 0,2%, al trabajador. La subida de las cotizaciones para el MEI empezaría a regir a partir de 2023 con el objetivo de engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros, y poder así hacer frente a los gastos futuros.

«Hoy hemos dicho NO a subir las cotizaciones sociales como pretende el Gobierno. No se puede exprimir con más cotizaciones e impuestos a los autónomos, además de subida de luz, de carburantes, de costes laborales, etc. La vaca ya no da más leche», ha afirmado el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, en su cuenta de twitter.

CEOE y Cepyme han advertido de que aumentar las cotizaciones sociales y «hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas» tiene efectos negativos sobre el empleo y «va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones». «El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones», apuntan.

Además, consideran que la propuesta del Ejecutivo tiene «poco de intergeneracional», ya que, a su entender, «carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes».

«No es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas», concluyen.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 inicia este martes en el Congreso su fase de votación de enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos, con el debate primero en comisión y, a partir de la próxima semana, ante el Pleno de la Cámara.

En los próximos días, el PSOE y Unidas Podemos deberán asegurarse los votos necesarios para evitar sorpresas en el Pleno, pues perder ahí la votación de una sección implicaría el derribo de todo el Presupuesto y la devolución de las cuentas al Gobierno.

Hace un año, el Gobierno contó para las primeras votaciones de las cuentas con el apoyo del PNV y la abstención de ERC, Bildu y PDeCAT. Eso sí, entonces la ausencia de Vox durante esta fase de tramitación facilitó a PSOE y Unidas Podemos la mayoría.

De momento, en la fase de ponencia los Presupuestos ya han incorporado enmiendas de PSOE y Unidas Podemos y cinco propuestas del PNV, tres de ellas pactadas con los partidos de Gobierno. Entre ellas, dos para permitir que los clubes deportivos puedan competir en categoría profesional sin tener que convertirse necesariamente en Sociedad Anónima Deportiva.

En la Comisión de Presupuestos, los grupos que respaldan al Ejecutivo cuentan con 17 de los 37 votos, con lo que sólo necesitan dos apoyos para contar con una mayoría absoluta con la que garantizar que el proyecto llega al Pleno del Congreso sin sobresaltos.

5.300 ENMIENDAS PRESENTADAS, PERO EL GOBIERNO FRENA UN 16%

En Comisión, los grupos tendrán que debatir y votar las enmiendas parciales presentadas por los grupos a las cuentas públicas. Eso sí, de las 5.280 registradas está por ver cuántas acaban votándose finalmente.

Y es que el Gobierno ya remitió hace unos días un primer listado para vetar 869 enmiendas por suponer un aumento de gasto o minoración de ingresos en las nuevas cuentas públicas. En virtud de las competencias que le otorga la Constitución, el Ejecutivo tiene capacidad de impedir la tramitación parlamentaria de toda iniciativa que altere la política presupuestaria, ya sea por suponer más gasto o por menos ingresos.

En esta primera criba los grupos más afectados por los vetos son PDeCAT (179 enmiendas vetadas), el PP (147), ERC (139) Ciudadanos (109), Junts (80), Coalición Canaria (57), Más País-Equo (55) y el BNG (30). Sobre si acepta este veto o no del Gobierno deberá pronunciarse la Mesa de la Comisión de Presupuestos, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, que se reúne minutos antes de iniciar el debate presupuestario.

LOS LETRADOS DEL CONGRESO SEÑALAN CASI 1.800 ENMIENDAS

Por su parte, los letrados del Congreso ya advirtieron a los grupos de que unas 1.770 enmiendas a los Presupuestos presentaban deficiencias legales o reglamentarias y corrían el riesgo de no poder ser tramitadas. De todas ellas, unas 400 podrían ser excluidas por suponer un aumento de gasto o minoración de ingresos en las cuentas.

Otras, según señalan los letrados, deben ser subsanadas por motivos técnicos y sobre las que la Comisión debe pronunciarse (unas 225), otras son susceptibles de subsanación sin que afecte a su admisión (27), otras 51 que no guardan relación con la materia presupuestaria y cuatro enmiendas que afectan a materia reservada a una ley orgánica y, por tanto, no viables en una Ley de Presupuestos.

El listado de los letrados contempla finalmente unas 1.060 enmiendas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de fondos europeos, con 986 enmiendas que dan baja a este mecanismo y otras 78 enmiendas que no guardan relación técnica entre el alta y la baja en estos programas.

PRIMERA CRIBA DE ENMIENDAS

En su reunión del jueves, la Mesa de la Comisión ya acordó excluir de la tramitación, las 51 enmiendas que los letrados de la Cámara señalaban por no guardar relación con las cuentas públicas ni la política económica del Gobierno, así como las cuatro que afectan a cuestiones que deben ser reguladas en una ley orgánica.

Sobre el resto, la Comisión decidió dar de plazo a los grupos para subsanar enmiendas hasta las 14 horas del lunes y decidir en consecuencia en la reunión de la Mesa y Portavoces que previsiblemente tendrá lugar este martes a las 12 horas, antes de iniciar la discusión de las enmiendas en Comisión.

El grueso de enmiendas señaladas por los letrados son aquellas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de fondos europeos, sobre las cuales la Mesa de la Comisión deberá decidir si las excluye de la tramitación de golpe o decide una a una.

MALESTAR AL SEÑALAR ENMIENDAS DE FONDOS EUROPEOS

En el escrito presentado a la Comisión, informan de que estos fondos llegan a partir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con la Comisión Europea, que justifica la concesión de estas ayudas y, por tanto, su disponibilidad está limitada a unos objetivos y fines concretos del mismo. Por ello, señalan que estas enmiendas no pueden contradecir las finalidades ni las inversiones de este Plan.

Una postura que despierta recelos en los grupos, que creen que así se impide a los grupos participar en los fondos europeos, y advierten de que, en todo caso, hay enmiendas señaladas que sí cumplen con los objetivos del Plan.

No fue el único malestar entre los grupos de la oposición en la reunión de este jueves, ya que eran conocedores de que existía un escrito remitido por el Gobierno antes de las 14,30 horas –la Comisión no se reunió en Mesa y Portavoces hasta aproximadamente las 18 horas, al concluir el Pleno– pero al que no tuvieron acceso, según informan a Europa Press varios portavoces.