La inflación de octubre en España repite en el 4,9% sin que la energía tire del índice. Los carburantes se han abaratado en las gasolineras y, aun así, la tasa se niega a ceder una sola décima.
Cuando el componente más volátil de la cesta se mueve a la baja y el resultado no cambia, la lectura es incómoda: la presión ya no viene del surtidor. Viene de la parte del índice que tarda meses en corregirse. Los datos difundidos esta semana, recogidos por La Voz de Galicia y El Mundo, coinciden en el diagnóstico: el 4,9% se ha enquistado.
El PIB, mientras tanto, modera su avance al 0,6%. La economía española sigue creciendo, pero lo hace con un lastre que no tenía hace dos años: precios altos y una demanda interna que se sostiene más por el empleo que por el poder de compra de las familias. Medio punto trimestral con la inflación casi tres puntos por encima del objetivo del BCE es un resultado decente. Leerlo como una prueba de fortaleza sería un error de bulto.
Hay un tercer dato de la semana que duele especialmente en el bolsillo. La revalorización de las pensiones saldrá 200 millones de euros más cara de lo previsto porque el IPC no ha bajado del 4,9%, según recoge La Voz de Galicia. El mecanismo es automático: la ley obliga a actualizar las nóminas con la inflación media anual, de modo que un índice que se queda alto en el tramo final del año se traduce en un gasto extra que no estaba en los papeles.
Conviene recordar que este 4,9% no se parece al de 2022. Entonces el índice lo empujaban la electricidad y los alimentos sin elaborar, y bastó que los mercados energéticos se normalizaran para que la tasa cediera con rapidez. Ahora el crudo se ha abaratado, los carburantes bajan y el IPC no se mueve. Esa resistencia es la que distingue un susto de un problema estructural.
Un índice que no cede cuando la energía se abarata deja de ser un asunto de gasolineras y pasa a ser un asunto de expectativas.
Y las expectativas, en política monetaria, se gestionan con dos cosas: tipos y credibilidad. El problema para el BCE es que ambas herramientas actúan con retraso sobre una inflación de servicios que responde más a la negociación salarial y al margen empresarial que al precio del barril.
Quién gana y quién pierde con un IPC clavado en el 4,9%
Los datos del Instituto Nacional de Estadística llegan en un momento delicado para la negociación colectiva. La mayoría de los convenios que se firman estos meses recogen subidas muy por debajo del IPC, y eso significa pérdida de poder adquisitivo real para los trabajadores cubiertos por ellos. No es una hipótesis: es aritmética.
Un matiz suele escaparse en las comparaciones rápidas. La revalorización protege al pensionista, sí, pero lo hace con un año de retraso: la subida de enero de 2027 compensa la inflación media de 2026, no la de los meses en que efectivamente se pagó de más. Para una pensión media, ese desfase se mide en decenas de euros de capacidad de compra a lo largo del ejercicio. Nada dramático. Nada desdeñable tampoco.
Las empresas, por su parte, no forman un bloque homogéneo. Las que tienen poder de fijación de precios han trasladado costes sin perder volumen y han defendido margen. Las que compiten por precio, como la distribución, el textil o la hostelería de proximidad, han absorbido el golpe y lo han pagado en cuenta de resultados. La inflación alta nunca reparte de forma simétrica, y este episodio no es una excepción.
El 4,9% que se enquista: tres decisiones que se juegan antes de enero
He defendido en estas páginas que el riesgo español no es un rebrote puntual de precios, sino la consolidación de una franja del 4% al 5% que acabe normalizándose en convenios, contratos y expectativas. Cuando eso ocurre, bajar la tasa deja de ser cuestión de meses y pasa a ser cuestión de años.
Tres decisiones se van a tomar antes de que acabe el año y pesarán más que cualquier dato mensual. La primera es el decreto de revalorización de pensiones que el Gobierno aprobará en diciembre, con efecto desde el 1 de enero de 2027 y un coste ya superior al previsto. La segunda es la senda de tipos que fije el BCE en su última reunión del ejercicio, condicionada por una inflación de servicios que no cede al ritmo que le gustaría. La tercera es la mesa de negociación colectiva para 2027, donde se decidirá si las cláusulas de revisión salarial vuelven a extenderse o se quedan en la excepción.
La contradicción de fondo merece un comentario aparte. España crece por encima de la media de la eurozona y, al mismo tiempo, mantiene una inflación también por encima de esa media. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, y de hecho lo son, porque el motor del crecimiento, concentrado en servicios, turismo y consumo de proximidad, es justo el sector donde los precios se resisten más. El diferencial de crecimiento y el diferencial de inflación tienen la misma raíz. Eso sí, también comparten la misma vulnerabilidad: si el empleo se enfría, los dos se corrigen a la vez.
Queda un dato que permitirá saber si este 4,9% es un suelo o una estación de paso: la estimación de noviembre, que se publicará a finales del mes que viene. Si el índice cede con los carburantes ya abaratados y los servicios moderando, el escenario de aterrizaje suave sigue vivo. Si vuelve a quedarse plano, la conversación cambiará de tono en el consejo de ministros de diciembre y en Fráncfort. Los pensionistas ya saben cuánto les va a costar la espera. Los asalariados sin cláusula de revisión, también.
