El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros la prórroga de varias medidas de contenido social aprobadas durante la pandemia del Covid-19 para ayudar a las personas más vulnerables como la moratoria de hipotecas y alquileres y garantías de protección por impago de suministros básicos.

Se trata de varias medidas que figuraban en el denominado ‘escudo social’ puesto en marcha por el Ejecutivo durante la fase más aguda de la pandemia para aliviar el impacto económico en la población más vulnerable y que finalizan un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma.

Entre otras medidas, el Consejo de Ministros tiene previsto extender hasta el 30 de septiembre la moratoria de hipotecas y alquileres y las medidas de protección por impago de suministros básico, han indicado fuentes del Ejecutivo.

En concreto, se acordará una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, de modo que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo de seis meses con las mismas condiciones.

Además y también hasta el 30 de septiembre, se dará luz verde al aplazamiento temporal y extraordinaria en el pago de la renta para el caso de grandes tenedores de vivienda o empresas públicas.

Igualmente, está previsto que se apruebe una ampliación del plazo de solicitud de la moratoria de deuda hipotecaria, de forma que se pueda solicitar hasta el 29 de septiembre y su funcionamiento sea secuencial respecto de la moratoria que el propio sector bancario ha puesto en marcha (tres meses de moratoria legal, a los que se añaden nueve meses de moratoria del sector bancario).

También se aprobará la ampliación hasta el 30 de septiembre, a efectos de homogeneizar el conjunto de medidas, el periodo de percepción del bono social y la garantía del suministro de energía eléctrica, gas y agua.

Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que cree que es «importante» que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, esté dispuesta a prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta 2021 para los sectores más afectados por la crisis del Covid.

Así lo ha señalado en una entrevista a Radio Nacional, tras ser preguntado por las declaraciones que la ministra hizo ayer en una entrevista a ‘Financial Times’.

Garamendi ha puesto en valor la importancia de esta herramienta, que ha servido como «vasos comunicantes» para proteger el empleo y los trabajadores.

«Ahora hemos trabajado en los expedientes de regulación por causas operativas o económicas (ETOP) y es cierto que, cuando llegue septiembre, nos reuniremos para hablar de ello, pero es posible que todavía haya algún sector entonces donde esta herramienta haya que utilizarla de otra manera para que con la flexibilidad que ofrece se pueda controlar», ha añadido.

El presidente de la CEOE ha remarcado que los ERTE han llegado a proteger a más de 3,5 millones de personas y que, en la actualidad, todavía protege a 1,7 millones. «Esta herramienta ha funcionado y está funcionando», ha apostillado.

Preguntado sobre los sectores más afectados, Garamendi ha hecho hincapié en que hay muchas actividades vinculadas a otras actividades, como por ejemplo las fábricas de fuegos artificiales vinculadas a las fiestas, que «lo están pasando mal». «Se hablarán de sectores que se pueden identificar, como el turismo, pero hay muchos sectores afectos a estas actividades que pueden estar muy perjudicados», ha resaltado.

IMPUESTOS

Respecto a la subida de impuestos, Garamendi ha explicado que cuando se habla de menor presión fiscal en España no se tiene en cuenta la economía sumergida o el fraude fiscal, que ronda el 24% del PIB, hecho que en el resto de Europa es del 13%.

«Combatamos la economía sumergida. No solo es una insolidaridad, sino que es competencia desleal con la que gente lo que hace bien, las pymes y, sobre todo, los autónomos», ha incidido, tras apuntar que «de la crisis no se sale con más impuestos.

Garamendi cree que la propuesta de Fedea de aplicar un recargo temporal en el IRPF para financiar los gastos públicos por el coronavirus es «un error». «Estamos viendo que en otros países se está planteando lo contrario. Respeto las opiniones de los demás, pero pensamos que no es el camino», ha añadido.

Desde su punto de vista, el camino consiste en reactivar la economía, puesto que, cuando se haga, se empezará a pagar y cree que si no se va en esta línea, «se conseguirá un efecto contrario».

Sobre la investigación de trabajo para reconocer qué empresas han usado los ERTE de manera fraudulenta, el líder de los empresarios ha subrayado que no va a defender al que lo hace mal y que espera que la Inspección de Trabajo «haga lo que tenga que hacer».

No obstante, ha pedido que no se hable tan genérico de que son los empresarios los que lo hacen mal, porque «no todos lo hacen mal». «Habrá algunos que lo hagan, posiblemente», ha destacado.

Por otro lado, ha dicho que la ampliación de 50.000 millones de las líneas ICO aprobadas el pasado viernes «ha sido adecuada y ha ido en la dirección correcta». No obstante, ha señalado que a los empresarios le hubiese gustado que el aplazamiento de los impuestos se hubiese hecho para más empresas y no solo para las que facturan 600.000 euros.

Por último, sobre el teletrabajo ha dejado claro que ahora habrá que hablar de este tema con más urgencia, pero que en estos momentos la innovación es «la clave». No obstante, ha dejado claro que este debe ser un tema a tratar con los agentes sociales y ha criticado que se enterasen del borrador que se puso a consulta pública por los medios de comunicación. «El diálogo social es clave, pero pensamos que tiene que ir por los cauces habituales», ha añadido.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha indicado este lunes que el organismo augura una contracción económica este año de «magnitud desconocida» y una recuperación «incompleta» en 2021, lo que conducirá a un intenso deterioro del saldo fiscal, pudiendo alcanzar la deuda pública entre el 115% y el 120% del PIB este año.

Por ello, cree que será necesaria una «fuerte consolidación fiscal» mantenida en un horizonte de largo plazo, así como mayor calidad insitucional y altura de miras para afrontar la situación.

Así lo ha señalado durante su participación en la clausura del Programa de Gobernanza del Sector Público organizado por Esade, en la que ha repasado el ejercicio de análisis macroeconómico y fiscal a dos años llevado a cabo por la AIReF en la situación «extraordinaria y sin precedentes» actual, marcada por la incertidumbre económica e institucional.

En cualquiera de los escenarios de la institución, ha indicado que se observa una contracción de la actividad en 2020 de «magnitud desconocida» y una recuperación que, en estos momentos, se ve «incompleta», al tiempo que llevan a un importante aumento de gastos, una reducción de ingresos y unos niveles de deuda y déficit muy elevados, lo que supone un intenso deterioro del saldo fiscal en 2020, con una recuperación «limitada» para 2021.

Esto se refleja en la deuda, que podría situarse entre el 115 y el 120% del PIB en 2020, ha apuntado Herrero, quien ha señalado que exigirá una «fuerte consolidación fiscal» que además habrá de mantenerse en un horizonte de largo plazo.

MEJORAR LA CALIDAD INSTITUCIONAL

En este contexto, ha resaltado la necesidad de identificar los desequilibrios existentes, que ya acumulaba España antes de la Covid-19, y definir una estrategia de salida a medio y largo plazo, en la que la gobernanza debe jugar un papel central.

Para mejorar la calidad de las instituciones, cree clave superar el cortoplacismo y adquirir un enfoque de medio plazo; basar las políticas públicas en la evidencia empírica a partir de la evaluación; y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas como principios que deben guiar todas las actuaciones.

En concreto, Herrero ha señalado que, aunque no es fácil planificar en estos momentos, la incertidumbre no puede ser excusa para este ejercicio de estrategia y previsión de medio plazo, que debe impulsar la actividad a corto plazo, pero también sentar las bases para un potente crecimiento económico futuro, inclusivo y sostenible.

Además, considera que debe contar con todos los niveles de las administraciones públicas para asegurar una adecuada coordinación y corresponsabilidad y debe incluir un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos.

Sobre la evaluación de políticas públicas, ha hecho hincapié en que ahora «más que nunca» debe acompañar al diseño y seguimiento de las políticas públicas para compatibilizar las necesarias medidas a corto plazo con una planificación a más medio plazo.

A su juicio, las evaluaciones facilitan elementos de análisis para una respuesta sosegada y fundamentada. La AIReF, de hecho, ha indicado que quiere extender la cultura de la evaluación, para lo que ve necesario garantizar el acceso a datos administrativos de calidad.

Finalmente, ha destacado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como otro de los pilares de todo Estado que pretenda tener unas instituciones de calidad. Según Herrero, la transparencia es fundamental para mantener la confianza en las instituciones públicas y recuperar la confianza será parte de la estrategia de salida para ofrecer certidumbre económica y sanitaria.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, ha sostenido que el «factor empresarial y económico» es imprescindible para ir atenuando una caída sin precedentes de la economía, en referencia a las consecuencias económicas provocadas por la pandemia de coronavirus.

Lo ha dicho este lunes durante su intervención en la asamblea general de la patronal, en la que ha insistido en que los Presupuestos de la reconstrucción «no pueden comportar más presión fiscal a las empresas y a los ciudadanos.

«Nos opondremos frontalmente a una subida de impuestos indiscriminada y confiscatoria, tomada unilateralmente por el Gobierno sin ningún tipo de diálogo con los empresarios. Es tiempo de remar juntos y ahora todos en la misma dirección», ha señalado.

Sánchez-Llibre ha celebrado que la patronal ha «ampliado» su capacidad de influencia en todos los ámbitos, ha destacado el papel de las comisiones asesoras y ha defendido que la influencia solo es posible si cuentan con las personas adecuadas.

LÍNEAS PRIORITARIAS

Ha explicado que las líneas prioritarias de la patronal son la colaboración público-privada, adaptar a la evolución de la economía las medidas que aportan liquidez para conservar el tejido productivo, una política fiscal anticíclica para estimular la economía y la demanda, y reindustrializar para generar ocupación de calidad.

También ha incluido la seguridad ciudadana como línea prioritaria, el apoyo a la iniciativa emprendedora, así como planificar la apertura total de escuelas y centros educativos, incluso en el caso de que haya rebrote, para «no paralizar la economía».

Además, Sánchez Llibre ve como una prioridad la igualdad de oportunidades y el crecimiento inclusivo a través de la formación y la educación, ha defendido que España necesita estabilidad presupuestaria y ha reclamado que haga valer ante Europa «su peso en la economía.

Prosegur desembolsará el próximo 22 de julio un dividendo de 0,033 euros brutos por acción con la posibilidad de reinvertirlo en más acciones de la sociedad, para reforzar la posición financiera de la empresa en el marco de la crisis del coronavirus.

Según informó la compañía de seguridad española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se trata del tercer dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2019, cuyo último pago se realizará el próximo mes de octubre.

El consejo de administración de la compañía ha vuelto a ofrecer a los accionistas la posibilidad de reinvertir el importe neto total de este tercer pago en acciones ordinarias provenientes de la autocartera.

En abril, el consejo de Prosegur ya ofreció a los accionistas esta posibilidad de reinversión como una alternativa que busca reforzar la posición financiera de la empresa ante la actual crisis generada por la pandemia de coronavirus, ya que, con arreglo a la normativa vigente, no puede suspender los dividendos restantes a cuenta del ejercicio 2019.

El precio de reinversión por acción será igual a la media simple de los cambios medios ponderados de la acción correspondiente a los cinco días de negociación anteriores a la fecha de pago del tercer pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2019, es decir, a los días 15, 16, 17, 20 y 21 de julio de 2020.

Los accionistas que deseen adherirse voluntariamente al programa de reinversión del tercer pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2019 deberán manifestarlo expresamente ante la entidad participante en la que tengan depositadas sus acciones, suscribiendo y remitiendo la correspondiente orden de reinversión por las vías habituales establecidas por cada entidad, que deberá recibirse por esta no más tarde del día 21 de julio de 2020.