El presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado, ve «limitada» la subida de impuestos recogida en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado aprobados este martes por el Gobierno de coalición, en relación a lo previsto en el acuerdo programático del Ejecutivo.

En materia fiscal, los Presupuestos contemplan un aumento de dos puntos del IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, que afectará a unas 35.000 personas, menos del 0,2% del total; un alza de tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, y un 1% sobre el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros.

Cruzado ha explicado que con las ayudas europeas el gobierno plantea una «solución expansiva» muy distinta a la de las anteriores crisis como la del 2008 y esa «política de recortes».

Además, las nuevas cuentas públicas limitarán las deducciones en el Impuesto de Sociedades, fijarán una tributación mínima del 15% para ‘socimis’ y reducirán desgravaciones de planes de pensiones privados. Sobre esta última medida Cruzado ha apuntado que era «esperada» la reducción de dicha aportación a los planes de pensiones ya que tanto la UE, como el FMI lo planteaban.

«Es una reducción regresiva que, desde nuestro punto de vista, se debería reconvertir en una deducción en la cuota y en todo caso reducirla. En el impuesto de Sociedades también se limitan estas modificaciones, por tanto veremos si la recaudación casa con los datos que el Gobierno mandó hace unos días a Bruselas», ha declarado.

Las pensiones subirán un 0,9%, las pensiones no contributivas un 1,8%, el IPREM un 5%, y elevará las partidas de Educación, Sanidad infraestructuras y aumentan las ayudas al comercio,turismo y pymes, con 1.338 millones.

Se trata de unos Presupuestos que remarcan desde el Gobierno como «necesarios e imprescindibles» para la recuperación de la economía española; sin embargo, desde el punto de vista fiscal y tributario, Cruzado ha confesado que «con la crisis económica actual por la pandemia y la dificultad para prever el desenlace, es muy difícil hacer un pronunciamiento a día de hoy.

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha señalado que el Producto Interior Bruto (PIB) de la región debe crecer a una tasa interanual del 4% y realizar una redistribución de hasta el 3% del PIB anual para eliminar la pobreza de la región en 2030.

Así lo ha indicado la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, en la presentación de un nuevo documento elaborado por el organismo, en la que han participado entre otros, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno, Teresa Ribera.

Bárcena ha detallado que dicho crecimiento solo será posible si se supera la restricción externa al crecimiento mediante una competitividad «auténtica» basada en el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas.

La secretaria ha agregado que este esfuerzo debe ser apoyado por la transición energética, la innovación y difusión de tecnologías ambientales para que la región pueda crecer cumpliendo con los compromisos de reducción de emisiones establecidos en el Acuerdo de París.

El nuevo texto de Cepal detalla que la crisis provocada por la pandemia ha golpeado a la región cuando ya mostraban graves problemas de bajo crecimiento, desigualdad y desequilibrios ambientales creados por un estilo de desarrollo insostenible. El documento enfatiza que la recuperación en el actual contexto pasa por actuar de manera inmediata con la vista puesta en el largo plazo.

La publicación del organismo propone políticas de medio y largo plazo en las áreas de fiscalidad y financiación, internalización de las externalidades ambientales, desarrollo industrial, régimen de bienestar y protección social, integración regional y renovación del multilateralismo.

Asimismo, sugiere concentrar la reactivación en siete sectores que pueden ser los motores del nuevo estilo de desarrollo en función de su papel estratégico. Estos son una nueva matriz energética, la electromovilidad urbana, resolución digital, industria manufacturera de la salud, bioeconomía, economía circular y turismo sostenible.

Por su parte, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno, Teresa Ribera, ha señalado que la situación actual «nos permite ver los riesgos que no estamos dispuestos a volver a enfrentar, como las grandes desigualdades sociales que afectan a nuestros países.

Asimismo, Ribera ha destacado varios ejes transversales para la transformación y recuperación en la región iberoamericana, como son la transición ecológica, fortalecer al máximo la cohesión social, fortalecer la agenda de género y garantizar la igualdad de oportunidades.

En esta línea, la vicepresidenta ha resaltado la necesidad de reorientar, transformar, pensar la salida de la crisis con una base inclusiva y sostenible, buscando igualdad de oportunidades y pensando en las personas dentro de los límites ambientales.

La oposición en bloque ha defendido este miércoles en el Congreso mejorar la flexibilidad de condiciones de devolución de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) puestos a disposición de empresas y autónomos para garantizar la liquidez durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Así lo han manifestado el PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, Junts, el PNV y UPN durante el debate de una iniciativa presentada por los ‘populares’ que exigen ampliar de cinco a seis años el período de devolución de estos préstamos.

En todo caso, Junts y el PNV han avanzado su abstención a esta propuesta, en aras de dejar un mayor margen de actuación al Gobierno y la necesidad de pactar estas condiciones en la Unión Europea, y ERC, que ha celebrado las reivindicaciones del PP, tampoco ha explicitado su apoyo a esta propuesta, por lo que de no contar con estos votos, podría ser rechazada este jueves con los votos del PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en la Cámara.

Mario Garcés, del PP, ha acusado al Gobierno de no haber «dopado adecuadamente» a las empresas, lamentando la falta de benefoicios fiscales y subvenciones directas, y exigiendo que, ante la ausencia de estas medidas, «al menos amplíen el período de carencia y vencimientos de prestamos.

Una «medida razonable», a juicio de ERC y su diputado Joan Capdevila, pues «dotaría de oxígeno» al tejido empresarial acogido a estos préstamos, mientras que Ferrán Bel (Junts) ha advertido del riesgo que tendría para el sector financiero un empeoramiento de la situación para las empresas.

El PNV, a través de Idoia Sagastizabal, ha señalado que, visto que «la actividad sigue descendiendo» y que se avecinan nuevas restricciones por la segunda ola, será necesario modificar los instrumentos ya aprobados, incluyendo la reestructuración de las deudas ya asumidas. «La pandemia va para largo y hemos sido demasiado optimistas», ha dicho.

Por parte de UPN, Sergio Sayas, ha avisado de que, de no dar facilidades a las empresas, se desencadenará el cierre de las mismas, con la consecuente destrucción de empleos, mientras que Vox ha propuesto dejar abiertas a las partes pactar una flexibilización, un sistema de devolución creciente y que, a partir del sexto año, los préstamos no cuenten con el aval del ICO.

El Gobierno ha renovado el acuerdo bilateral de préstamo que mantiene España con el Fondo Monetario Internacional y que podría reducir a menos de la mitad la cantidad comprometida en caso de que se finalicen las reformas de financiación del organismo según ha acordado el Consejo de Ministros este martes.

Los acuerdos bilaterales de préstamo suponen la tercera línea de rescate del Fondo, que este emplea cuando es necesario complementar los recursos procedentes de las cuotas de los socios y de los nuevos acuerdos de préstamo (NAB, por sus siglas en inglés). El objetivo de todas estas líneas de crédito es evitar un deterioro del sistema monetario internacional o hacer frente a una situación excepcional que amenace la estabilidad de dicho sistema.

El acuerdo bilateral actual, aprobado en 2016, estará vigente hasta finales de este año. El periodo inicial era de tres años, pero el Directorio Ejecutivo del FMI decidió ampliar el plazo un año adicional.

A partir de 2021, los socios del FMI han decidido realizar un trasvase de recursos de los acuerdos bilaterales hacia los NAB, manteniendo el volumen general de recursos del Fondo intacto, aunque es algo que tiene que ser aprobado por los socios.

Si se llega a ese acuerdo, la cuota de España en el acuerdo bilateral de préstamo pasará a ser de 6.401 millones de euros para el periodo 2021-2023 (extensible hasta 2024). Si no hay acuerdo, la cuota se mantendrá como hasta ahora en 14.860 millones de euros.

El Gobierno ha indicado que este tipo de préstamos no tienen «incidencia alguna» en el déficit y deuda públicos, dado que se trata de recursos monetarios. En caso de que se apruebe su desembolso, el pago lo realizará el Banco de España y la operación se recogerá en su balance.

En septiembre, el Ejecutivo ya renovó su adhesión a los NAB, la segunda línea de rescate del FMI y cuyo periodo de vigencia irá de 2021 a 2025.

Ciudadanos ha avanzado este martes que presentará tres votos particulares en la renovación del Pacto de Toledo en el Congreso para impulsar un sistema de mochila austriaca en el ámbito laboral y rechazar la cobertura de más ingresos al sistema con más impuestos o incluso otros de nueva creación.

Fuentes de la formación ‘naranja’ han informado de que defenderán sus propias propuestas en materia de contributividad, sistemas complementarios y también jubilación, reclamando más incentivos para retrasarla de forma voluntaria.

En el caso de la contributividad, Cs asegura que «las pensiones y prestaciones del sistema de Seguridad Social se tienen que financiar con las cotizaciones que aportan los trabajadores», que consideran la vía de nuevos ingresos «una huida hacia adelante» y que, «si el sistema actual necesita reforzar su sostenibilidad a largo plazo para poder seguir asegurando pensiones dignas y estables, entonces será necesario acometer reformas».

Respecto a los sistemas complementarios, en Cs consideran que «hace falta más ambición» en las recomendaciones aprobadas y por eso defiende que todas las empresas hagan aportaciones siguiendo el modelo de la conocida mochila austriaca, que estén bonificadas, y puedan rescatarse en un momento de desempleo o como complemento futuro de la pensión.

Finalmente, también abogan por fomentar la jubilación activa con la posibilidad de cobrar la pensión de jubilación mientras se sigue trabajando y que todos los trabajadores jubilados puedan trabajar y seguir cobrando el 100% de su pensión, sin condiciones ni penalizaciones.

También abogan por que las recomendaciones dejen claro que no se permitirá ningún tipo de jubilación forzosa, «discriminatoria y contraria al derecho de cualquier persona a seguir trabajando si quiere hacerlo», aseguran.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras por adaptación al tercer carril y ERTMS de las instalaciones del tramo La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares), en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad (LAV León-Asturias), con un valor estimado de 16.984.276,47 euros (sin IVA), ha informado el Gobierno.

La finalidad del contrato es adaptar las instalaciones de control de tráfico, seguridad y telecomunicaciones a la definitiva configuración de vías de la Variante: ancho ibérico en vía Oeste, ancho mixto (triple hilo) en vía Este, con cambiador de ancho y Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) en la dependencia Campomanes AV.

Para poder explotar esta definitiva configuración de vías es necesario adaptar los sistemas diseñados originalmente, y ejecutados parcialmente, para ancho ibérico en ambas vías de la Variante.

El contrato comprende la adaptación y ampliación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones fijas a consecuencia de la instalación del tercer carril en el tramo Bifurcación Pajares-La Robla AV y en la vía Este del tramo La Robla AV-Campomanes AV, así como laadaptación y ampliación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones fijas a consecuencia de la construcción del PAET y cambiador de ancho de Campomanes AV.

También comprende la adaptación y ampliación del sistema de protección de tren ERTMS nivel 2 para adecuarlo al definitivo esquema de vías de la línea, la implantación del sistema de ayuda a la conducción ASFA Digital en el tramo Bifurcación Pajares-Pola de Lena y laadaptación y ampliación de las instalaciones de telecomunicaciones fijas a consecuencia de las nuevas necesidades planteadas de Protección Civil, con nuevas galerías de evacuación en túneles monotubo como los de Vega de Ciego y Pico de Siero.

También incluye el premantenimiento de la línea por periodos y tramos y el mantenimiento de las nuevas instalaciones por un periodo de vigencia similar al existente para el resto de los sistemas del tramo.

La presente actuación permitirá, entre otros beneficios la circulación de trenes en ancho estándar (1.435 mm) en el trayecto León-Campomanes AV, el aumento de la capacidad y regularidad de la línea, al quedar configurada la dependencia Campomanes AV como un PAET, con dos vías de apartado, cambiador de ancho y doble vía general desde León.

Desde 2018, las inversiones directas de Adif y Adif AV en el Principado han ascendido a más de 128 millones de euros, de las que la inversión principal se ha destinado a la Variante de Pajares (95,3 millones de euros) y los 33,1 millones de euros restantes corresponden a inversiones de Adif.

La Línea de Alta Velocidad León-Asturias ha sido cofinanciada, dentro del periodo 2000-2006, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Integrado de Castilla y León y del Programa Operativo Integrado de Asturias, las obras de plataforma de los túneles de Pajares, con una ayuda que asciende a 284 y 107,9 millones de euros, respectivamente y por las Ayudas RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte), los estudios y proyectos, con una ayuda que asciende a 3,2 millones de euros.

Dentro del periodo 2007-2013, por el Fondo de Cohesión, las obras de plataforma de los subtramos La Robla-Túneles de Pajares y Túneles de Pajares-Pola de Lena, con una ayuda de 126,4 millones de euros.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 son «ideológicos» y que serían necesarias unas cuentas públicas «realistas».

«La Ley de Presupuestos es la Ley fundamental del país, pero es para un año. No nos acostumbremos a que los PGE se prorroguen ‘sine die'», ha resaltado, tras apuntar que si estos Presupuestos, que van a ser expansivos, van a durar cinco años, habrá que agarrarse «porque vienen muchas curvas».

También ha recordado que las desigualdades eran previas a la pandemia y había que trabajar en ellas. En estos momentos, según el presidente de la patronal, los pequeños empresarios son los que más están sufriendo.

«Son las pequeñas empresas las que están sufriendo y las que van a cerrar. Lo que viene es duro y hay que decirlo», ha hecho hincapié, tras insistir en que se deben poner todos los medios para que la situación no sea tan difícil.

Asimismo, ha alertado de que mandar mensajes negativos, como que se va a regular los alquileres, ponen en alerta a todos los inversores. «Echo de menos el diálogo», ha dejado claro el presidente de la patronal.

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del número de anualidades establecido en la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Instituto Nacional de Estadística (INE) la tramitación de un contrato para la transformación de los centros de procesos de datos (CPD) del organismo, con un presupuesto de 26,35 millones de euros a distribuir entre 2021 y 2026.

El presupuesto base de licitación es de 26.355.043,88 euros (IVA incluido) a distribuir entre los años 2021 y 2026. El INE solicitó autorización para modificar el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto para los ejercicios 2025 y 2026, dentro del apartado de ‘Inversiones reales’.

El INE tiene, entre sus funciones, la obtención y gestión de datos estadísticos, relaciones institucionales con entidades nacionales e internacionales y formación del censo electoral, para cuya realización precisa de la utilización de herramientas diversas para el procesamiento de datos que han de operar con un alto nivel de calidad.

Entre estas herramientas se encuentran los centros de procesamiento de datos. Existen actualmente dos centros, ambos en Madrid y se pretende llevar a cabo su transformación, que supondrá un cambio del modelo tradicional de aprovisionamiento de infraestructuras TIC a un modelo basado en un catálogo de servicios con precios unitarios con una transformación de la infraestructura actual.

La contratación para acometer esta transformación se realizará mediante procedimiento restringido, regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, y su duración será de cuatro años, prorrogable hasta un año más.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece las nuevas normas de funcionamiento de la Caja General de Depósitos, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Este nuevo marco tiene como objetivos modernizar y digitalizar el funcionamiento de la Caja General de Depósitos y sustituye a la normativa anterior, aprobada hace más de veinte años.

Esta norma se enmarca en una de las principales líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: el impulso de la digitalización en la Administración Pública.

La Caja General de Depósitos se encarga de gestionar de manera centralizada los depósitos y garantías que los particulares tienen que presentar ante la Administración General del Estado como requisito para poder participar en diversos procedimientos como contrataciones públicas, otorgamiento de subvenciones, subastas de bienes, o también para obtener autorizaciones para operar en determinados sectores como, por ejemplo, el sector energético.

Con la aprobación de este Real Decreto se generaliza la gestión digital de los depósitos y garantías, estableciendo la obligatoriedad de utilizar medios telemáticos, agilizando los plazos, y garantizando la máxima seguridad.

Se sustituyen las garantías en papel por garantías en formato electrónico y se favorece que ciudadanos y entidades financieras avalistas puedan conocer por medios electrónicos el estado de los depósitos y garantías y hacer en remoto las gestiones que resulten procedentes.

Asimismo, se simplifican y mejoran los procedimientos de la Caja General de Depósitos para atender las necesidades detectadas a lo largo de los años en los que el anterior reglamento ha estado en vigor y se adaptan a los cambios normativos producidos en este tiempo.

La Caja General de Depósitos gestiona cerca de 60.000 expedientes de constitución de garantías al año, por un volumen de 13.000 millones de euros, y un número equivalente de expedientes de cancelación de garantías.

El Ejecutivo destaca que una tramitación rápida y eficiente de la constitución y cancelación de estas garantías reduce costes de gestión y libera recursos financieros de los particulares que las aportan.

El gasto social del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 alcanzará los 239.765 millones de euros, un 10,3% más y el equivalente al 52,6% del gasto total de las nuevas cuentas públicas, que alcanza los 456.073 millones, un 20,1% más. De esta cantidad, el 35,8% irá a parar a pensiones. Además, se aumentará el presupuesto de todos los ministerios, con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la cabeza.

Así se desprende del proyecto de PGE, aprobado por el Consejo de Ministros y presentado en rueda de prensa por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lo llevará y presentará mañana en el Congreso, y previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quienes han destacado que recoge «el mayor gasto social de la historia.

En concreto, se recogen 239.765 millones de euros en políticas sociales, un 10,3% más que este año, y que incluye 8.988 millones procedentes de fondos europeos excepcionales de los 26.634 millones que España recibirá en total a lo largo del próximo ejercicio.

Aunque los PGE de 2021 recogen la mayor cifra de gasto social en términos absolutos, la partida social equivale al 52,6% del gasto total, inferior al 56% de los presupuestos de 2018 en vigor y por debajo del 57,3% previsto en el fallido proyecto presupuestario de 2019.

La partida más relevante, las transferencias corrientes, sumarán 136.502 millones, un 39,1% más, que se elevarán hasta los 145.685 millones de euros al incluir la primera anualidad de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos e incorpora las transferencias a la Seguridad Social y las CC.AA., con un alza total del 43,4%.

Los gastos de personal subirán un 4,2%, hasta 18.599 millones y los gastos financieros un 0,4%, hasta 31.713 millones, en tanto que las operaciones corrientes alcanzarán los 195.685 millones, un 29,8% más.

De su lado, las inversiones reales repuntarán un 34,1%, hasta 8.230 millones y las transferencias de capital un 250,7%, hasta 28.523 millones.

Los gastos no financieros se elevarán un 41%, hasta los 236.311 millones, y los financieros un 22,5%; hasta los 147.212 millones, con lo que los gastos totales de los PGE ascenderán a 383.542 millones, un 33,3% más.

EL GASTO EN PENSIONES SUPONDRÁ 35 DE CADA 100 EUROS

Como todos los años, la mayor parte del gasto social se destina al pago de las pensiones, con 163.297 millones de euros, un 3,2% más que este año, equivalente al 35,8% del gasto total. Los PGE incluirán la subida del 0,9% de las pensiones y del 1,8% de las pensiones no contributivas.

A bastante distancia figuran las prestaciones por desempleo, la segunda partida en volumen de gasto, con 25.012 millones de euros, un 20,1% más y el equivalente al 5,5% del total, en el que se incluye la subida del 5% del Iprem, hasta los 564,7 euros.

Para otras prestaciones económicas se presupuestan 20.623 millones (+7,9%, el 4,5% del total), para servicios sociales y promoción social 5.201 millones (+70,3%, el 1,1%); para fomento del empleo 7.405 millones (+29,5%, el 1,6%), para acceso a la vivienda y fomento de la edificación 2.253 millones (gestión y administración de Trabajo y Economía Social (1.104 millones (+28%) y de la Seguridad Social (+29,5%).

En cuanto a los servicios públicos básicos, con 22.697 millones, el 5% del total y un alza del 5,5%, se contemplan para Justicia 2.048 millones (+7,6%, el 0,4%), para Defensa 9.072 millones (+5%, el 2%), para seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 9.694 millones (+,5%, el 2,1%) y para política exterior y cooperación al desarrollo 1.882 millones (+17,4%, el 0,4%).

Por su parte, para Sanidad, sin incluir asistencia sanitaria del mutualismo, se presupuestan 4.088 millones, (+151,4%, el 1,1% del total), para Educación 2.242 millones (+,9%, el 0,5%) y para Cultura un total de 1.148 millones (+25,6%, el 0,3%).

En cuanto a las actuaciones de carácter económico, se destinarán 8.405 millones a agricultura, pesca y alimentación (+10,2%, el 1,8% del total); 11.166 millones a industria y energía (+10,9%, el 2,4%); 2.230 millones a comercio, turismo y pymes (+150%, el 0,5%); 2.621 millones a subvenciones al transporte (+4,1%), el 0,6%).

El mayor monto lo recibirá infraestructuras y ecosistemas resilientes, con una inversión de 11.527 millones (+114,8%, el 2,5%), junto a I+D+i, con 11.48 millones (+80,1%, el 2,5%), a lo que se sumarán 861 millones en investigación, desarrollo e innovación militar (+26,8%) y otras actuaciones por 1.105 millones.

En órganos constitucionales, Gobierno y otros se contempla un presupuesto de 752 millones, un 3,6% más, en servicios de carácter general 9.942 millones (+60,1%), en administración financiera y tributaria 1.564 millones (+1,5%), en transferencias a otras administraciones 70.288 millones (+34,1%) y en deuda pública un total de 31.667 millones (+0,4%).

AUMENTA EL PRESUPUESTO DE LOS 22 MINISTERIOS

En lo referido a los ministerios, todos los departamentos ven aumentar su presupuesto, si bien el gasto efectivo de los ministerios y otros organismos del estado será de 194.456 millones de euros, algo por debajo del techo de gasto aprobado hace dos semanas, según ha especificado Montero.

El departamento que contará con un mayor presupuesto en 2021 será el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con 29.032 millones de euros, un 90,8% más que este año, seguido por el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 11.935 millones (+141,8%); el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 11.470 millones (+91,9%), también por la recepción de fondos europeos para dos de los principales departamentos inversores.

A continuación figuran el Ministerio de Defensa, con 9.409 millones (+4,6%); Interior, con 8.906 millones (+3,9%); Trabajo y Economía Social, con 6.267 millones (+1.167%); Educación y Formación Profesional, con 5.465 millones (+56,1%); Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 4.550 millones (+392%); Derechos Sociales y Agenda 2020, con .3.836 millones (+70,6%) y Sanidad, con 3.421 millones (+947%).

Les siguen los ministerios de Ciencia e Innovación, con 3.232 millones (+59,4%); Hacienda, con 2.719 millones (+5,2%); Industria, Comercio y Turismo, con 2.396 millones (+338%); Justicia, con 2.014 millones (+7,6%), Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, con 1.443 millones (+19,7%); Agricultura, Pesca y Alimentación, con 1.242 millones (+53,4%) y Cultura y Deporte, con 894 millones (+37,7%).

Los departamentos con un menor presupuesto serán los de Política Territorial y Función Publica, con 619 millones (+72,9%); Universidades, con 462 millones (+94,3%); Igualdad, con 451 millones (+157,2%); Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con 262 millones (+11,3%) y Consumo, con 41 millones (+68,4%).

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado que es responsabilidad de las autoridades de política económica que no se conviertan en estructurales daños derivados de la crisis económica, como son el desempleo, el elevado endeudamiento de las empresas, la situación de las finanzas públicas o la productividad.

Según ha reconocido durante el I Foro Económico Internacional organizado por ‘Expansión’, es difícil delimitar qué cambios derivados de la crisis tienen un componente estructural, debido a la elevada incertidumbre.

«Las crisis, cuando son muy persistentes, y esta tiene pinta de que lo va a ser, generan daños estructurales a los que hay que dar una respuesta económica óptima que los pueda aliviar», ha señalado el gobernador, quien ha apuntado a cuatro daños estructurales en la economía.

Por un lado, Hernández de Cos ha reconocido que el sector empresarial saldrá de la crisis más endeudado. En este sentido, ha explicado que la política económica ha apoyado con financiación a las empresas para evitarles problemas de liquidez, pero es el momento de reenfocar la política económica de los próximos trimestres y sustituir el apoyo a la financiación, que llevaría a más endeudamiento, por subvenciones directas, participaciones de capital o alivios de la deuda empresarial.

Por otro lado, el gobernador ha advertido de que la economía española no será capaz de evitar el crecimiento del desempleo que, si además viene motivado por cambios estructurales en las empresas, requiere que el foco se ponga no solo en políticas de garantía de rentas, sino empezar a enfatizar las políticas activas de empleo y de formación.

En tercer lugar, ha reconocido que los altos niveles de déficit y endeudamiento de las finanzas públicas «van a suponer una rémora» que habrá de acometerse con incrementos de impuestos o reducción del gasto público, con sus efectos negativos sobre el crecimiento.

Finalmente, el gobernador ha advertido de las posibles consecuencias sobre la productividad y de los posibles errores de política económica. Si bien en los primeros momentos de la crisis el Banco de España apoyó una política fiscal muy expansiva, ahora ve muy importante que el sector público no persista en apoyar a empresas no viables.

«Hacer frente a estos daños estructurales con una visión de largo plazo y reformas de carácter estructural es particularmente importante. Ya lo era antes de la crisis y lo es más ahora», ha sostenido Hernández de Cos.

CAMBIOS ESTRUCTURALES

Además de los daños estructurales, Hernández de Cos se ha referido a cambios estructurales, positivos y negativos, que ha traído consigo la crisis del coronavirus.

Una tendencia positiva ha sido el fenómeno de la digitalización. «Estamos buena parte de las empresas teletrabajando y esto está aquí para quedarse, porque probablemente beneficia al bienestar del trabajador y, al menos, añade una alternativa adicional a lo que teníamos antes», ha explicado.

En este sentido, ha señalado que la autoridad pública debe favorecer los marcos laborales que permitan que la digitalización «sea un hecho», así como aliviar algunos costes y poner el peso en la formación de los empleados.

El gobernador también se ha referido a la tendencia «claramente proteccionista» que había antes de la crisis. «Todos los retos globales son eso, globales, y la política doméstica nacional no va a ser capaz de enfrentarse a ello de manera adecuada. La respuesta óptima mundial debería ser más multilateralismo y no menos», ha advertido Hernández de Cos, quien también ha lanzado un mensaje de optimismo, pues la respuesta financiera global ha sido coordinada y Europa ha actuado de la manera «adecuada.

Otra tendencia que se ha acelerado es la desigualdad, cuya lucha pasa por contar con un buen diagnóstico de lo que tiene detrás. En este sentido, ha recordado que el Banco de España ha dado una serie de recetas de cómo debería ser el marco laboral para eliminar las trabas que generan un mayor desempleo. «Sucede lo mismo con las políticas de género y es así donde hay que enfocar la política económica», ha asegurado.