Europa empieza a poner precio al resumen automático. El abogado general del TJUE ha concluido que Gemini puede vulnerar los derechos de los editores cuando recupera y reutiliza sus publicaciones, un revés para Google que reabre la puerta a compensaciones para la prensa española.
Claves de la operación
- El dictamen no es vinculante, pero fija el marco. Las conclusiones de Maciej Szpunar no obligan al tribunal, aunque orientan una sentencia posterior que sí será determinante para los jueces nacionales.
- Hungría es el laboratorio de todo el litigio. Like Company, editora de varios portales informativos, demandó a Google por un resumen generado sobre el cantante Kozsó y su acuario de delfines junto al lago Balatón.
- España ya ensayó este pulso y perdió casi ocho años. El canon AEDE de 2014 cerró Google News en el país hasta 2022, cuando la trasposición de la directiva europea cambió las reglas de la negociación.
Qué separa un resumen legítimo de una copia reconocible
El caso no juzga si la inteligencia artificial puede leer prensa. Juzga cuánto de ese texto puede devolver al usuario. La legislación europea separa los hechos que relata un artículo de la forma concreta en que se expresan, y esa frontera decide si existe infracción.
Szpunar considera que Gemini traspasa esa línea cuando reproduce de forma reconocible las publicaciones ajenas o cuando accede a ellas eludiendo medidas técnicas de protección eficaces. No es una condena cerrada, pero sí una definición operativa que los editores pueden llevar a sus reclamaciones.
El flanco del entrenamiento queda en el aire. El abogado general admite que la minería de textos y datos puede amparar el uso de contenidos bajo determinadas condiciones, y propone no responder a las preguntas sobre esta cuestión porque no hay pruebas de que los artículos de Like Company alimentaran el modelo. La puerta queda entreabierta, no clausurada.
El clic que se evapora y el negocio que se sostiene con él
Los números explican la urgencia mejor que cualquier jurisprudencia. Pew Research Center observó en 2025 que apenas el 8% de las visitas a páginas de resultados de Google con resúmenes de IA terminaban en un clic, frente al 15% cuando esos resúmenes no aparecían.
El desplome es más profundo de lo que sugiere ese experimento. Datos de Chartbeat recogidos por el Reuters Institute cifran en un 33% la caída del tráfico orgánico desde el buscador hacia más de 2.500 sitios web entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, sin atribuir todo el descenso a la IA. Un tercio del tráfico que sostiene la publicidad digital se ha esfumado en doce meses.
El negocio de la prensa ya no se decide en la portada ni en el buscador, sino en la respuesta que un modelo construye con material ajeno y sin repartir el valor que genera.
Francia ya puso cifra a un incumplimiento parecido. La autoridad de la competencia multó a Google con 250 millones de euros en 2024 por no respetar sus compromisos con los editores, incluidos algunos vinculados al uso de contenidos en Bard, el antecesor de Gemini. La sanción no frenó el producto, pero creó precedente.
El problema de fondo es la asimetría. Google negocia acuerdos privados con grupos editoriales grandes, con equipos jurídicos propios y capacidad de presión, mientras los medios medianos dependen de la negociación colectiva que gestionan entidades como CEDRO o la AMI. Si el TJUE confirma la tesis del abogado general, el litigio se convierte en la única palanca real para quien no tiene despacho internacional en nómina.
De la tasa Google al canon digital: lo que España ya aprendió
España recorrió este camino antes y con resultados desiguales. La Ley de Propiedad Intelectual de 2014 creó una compensación irrenunciable para los agregadores, el llamado canon AEDE, y Google respondió cerrando Google News en el país durante casi ocho años. Ni los medios cobraron ni los usuarios recuperaron el servicio.
El marco cambió con la trasposición de la directiva europea de derechos de autor mediante el Real Decreto-ley 24/2021. España dejó de exigir el pago individual e irrenunciable y abrió la vía de la negociación colectiva. Google News volvió en 2022 sin chequera visible y con acuerdos selectivos que nunca se han publicado en detalle.
De ahí que la interpretación del tribunal europeo importe más de lo que aparenta. No crea un derecho nuevo, pero convierte una discusión doctrinal en un argumento judicial concreto: si Gemini reutiliza textos periodísticos de forma reconocible, el editor puede reclamar. Para los grupos españoles de tamaño medio, con márgenes ajustados y dependencia alta del tráfico de buscador, la diferencia entre negociar y litigar deja de ser académica.
Conviene medir el entusiasmo. El pronunciamiento de Szpunar es una opinión jurídica, no una sentencia. El tribunal aún debe fallar y el litigio húngaro tendrá que resolverse después en instancia nacional, con plazos que en Europa se miden en años. Google conserva dos cartas: los acuerdos de licencia privados, que ya ha firmado con grupos editoriales en en otros mercados, y la excepción de minería de datos para el entrenamiento. La doctrina del Tribunal de Justicia no ha dicho la última palabra.
Añádase la capa regulatoria pendiente. El Reglamento Europeo de IA obliga a los modelos de propósito general a publicar un resumen de los datos de entrenamiento, y la DMA impone condiciones de acceso a los guardianes de acceso. Ninguna de las dos normas resuelve la remuneración directa, pero ambas acortan el margen de maniobra de Google en Bruselas y refuerzan la posición negociadora de los editores europeos.
Lo que viene a continuación tiene nombres y fechas. La sentencia vinculante del TJUE, sin calendario oficial confirmado, y la negociación que los editores españoles abrirán con el buscador en cuanto exista texto firme. Si el fallo confirma la tesis del abogado general, el mapa de acuerdos entre IA y prensa se reordenará por países y por tamaño de editor. Si no, el resumen automático seguirá siendo gratis para quien lo produce y rentable para quien lo sirve.
