Las mujeres españolas no cobran por sus labores profesionales, en comparación con sus compañeros los hombres, a partir de este miércoles 11 de noviembre, por lo que las empresas «se ahorran» un total de 51 días en sueldos de trabajadoras hasta el 31 de diciembre, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2020 y facilitados por UGT.

El sindicato, que ha denunciado esta situación, ha decidido aprovechar este miércoles para relanzar la campaña que inició en 2016 para denunciar la brecha salarial entre mujeres y hombres, y que se realiza bajo el lema #Yotrabajogratis.

Tal y como explica UGT, en 2016 y 2017 las mujeres españolas trabajaban gratis desde el 8 de noviembre hasta el final del año, una cifra que mejoró en dos días en 2018 y empeoró de nuevo en 2019, cuando se determinó que ese año las mujeres trabajaron gratis desde el 7 de noviembre y hasta final de año.

En 2020, el sindicato vuelve a recoger los datos de Eurostat, que analiza 25 Estados miembros, para determinar que la desigualdad salarial ha descendido respecto al año anterior en 16 países; en tres ha aumentado (Francia, Polonia y Eslovenia) y en dos se mantiene prácticamente invariable (España y Chipre).

CONTRA LA BRECHA SALARIAL

Eurostat determina que la brecha en España es del 14%, por debajo de la media de la UE, que está en 15,7%, un porcentaje que si se transforma en cifras, determina que las mujeres trabajan 51 días del año gratis frente a sus compañeros hombres.

Esta cifra supone una mejora de cuatro días con respecto al año pasado. Sin embargo, UGT advierte de que este año su campaña tiene mayor importancia, si cabe, por las posibles consecuencias que pueda tener la pandemia en este sentido.

El sindicato ha recordado la «merma en las cotizaciones sociales y, por consiguiente, en la protección social de las mujeres» que ocasiona esta situación. «Tienen pensiones más bajas o peor prestación por desempleo», denuncia, para añadir que esta situación supone, además, menos recaudación, menos ingresos para Hacienda o cotizaciones a la Seguridad Social.

«Conviene recordar que la discriminación salarial es, de todas las discriminaciones que sufren las mujeres, la que más dificultades entraña para ser erradicada», apunta el sindicato. A su juicio, la brecha salarial sólo puede ser explicable «desde el punto de vista del coste económico que tiene para las empresas».

Así, indica, «un coste que no sería tal porque corregir esta discriminación permitirá una mayor integración de las mujeres en el mercado laboral con los consecuentes beneficios para la competitividad y productividad de las empresas y en el ámbito económico y social».

La Comisión Europea espera dar este miércoles su visto bueno al acuerdo alcanzado con las firmas farmacéuticas Pfizer y Biontech para que los Estados miembros puedan adquirir hasta 300 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19.

El colegio de comisarios tiene previsto discutir este punto en su reunión semanal y dar un paso «clave» para que esta vacuna, que según los dos grupos tiene una eficacia superior al 90%, pueda ser distribuida en el bloque una vez complete el procedimiento y reciba las autorizaciones pertinentes.

«Tras el anuncio por parte de Pfizer y Biontech sobre las perspectivas de su vacuna, la agenda del colegio (de comisarios) prevé la adopción del acuerdo con estas empresas«, anunció ayer en una rueda de prensa el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer.

Bruselas ha evitado dar detalles sobre el documento que los comisarios tendrán hoy sobre la mesa, pero ha recordado que el acuerdo preliminar con ambos grupos farmacéuticos prevé la adquisición de 200 millones de dosis para todo el bloque y la posibilidad de comprar otras 100 millones más.

Una vez adoptado el contrato por el Ejecutivo comunitario, los Estados miembros podrán decidir si participan en el acuerdo y, en caso afirmativo, cuántas dosis quieren comprar. Una vez resueltas todas estas cuestiones, se procederá a la firma formal del pacto.

Pfizer y Biontech anunciaron el pasado lunes que su vacuna contra el Covid-19 es eficaz en más del 90 por ciento, tras el «éxito» del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3. Su candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2 contra el SARS-COV-2 ha demostrado su eficacia contra el coronavirus en participantes sin evidencia previa de infección, según el primera análisis de eficacia provisional realizado el 8 de noviembre.

UNA «VERDADERA» UNIÓN PARA LA SALUD

Por otro lado, el colegio de comisarios tiene previsto aprobar este miércoles una serie de iniciativas para establecer una «verdadera» Unión para la Salud en el bloque, que forma parte de las medidas impulsadas por la institución que preside la alemana Ursula von der Leyen a raíz de la pandemia.

En este contexto, Bruselas presentará borradores legislativos para responder a amenazas graves en el terreno sanitario que afecten a varios socios comunitarios, y para ampliar las competencias de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Todas estas medidas serán desveladas en una rueda de prensa por parte del vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, y la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no ha descartado este martes que la indemnización del Estado de 1.350 millones a los bancos Santander, CaixaBank y Bankia por el caso Castor deba realizarse a través de la factura de gas de los consumidores o con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

«Hay que ver si, en efecto, la cobertura de esa responsabilidad del estado legislador ha de hacerse a través de la factura del gas, dado que era algo que se integraba en el sistema gasista, o ha de hacerse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado», ha explicado Ribera en una entrevista en RNE.

La vicepresidenta cuarta ha aclarado que hay buscar una «fórmula» que «probablemente requiera una previsión en una norma con rango de ley ordinaria», aunque ha insistido en que los servicios jurídicos del Estado valoran ahora «cómo hacerlo».

Así, ha recordado que la sentencia del Supremo recoge la anulación del Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya norma fue declarada parcialmente inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional en diciembre de 2017. «Muchos de los contenidos sobre los que el TC no se pronunció a lo mejor sirven para encauzar una respuesta», ha subrayado la ministra.

El Tribunal Supremo estimó, en parte, el recurso presentado por las entidades financieras Santander, CaixaBank y Bankia contra el Estado al que reclamaban una indemnización por daños y perjuicios y condena al Estado a abonarles 1.350 millones de euros, cantidades que, en distinto porcentaje, habían pagado para adquirir el derecho de cobro de la indemnización.

Estas entidades financieras adelantaron en su día el dinero de la indemnización a Escal-UGS por la cancelación de las operaciones del almacén subterráneo de gas Castor, situado a 21 kilómetros frente a la costa de Vinaroz (Castellón).

La sentencia explica que la pretensión de la indemnización se basaba en la responsabilidad del Estado legislador, porque el derecho de cobro del sistema gasista del que eran titulares las entidades bancarias había sido constituido por el Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre. Pero aquella norma fue declarada parcialmente inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional en diciembre de 2017. De ese modo, la declaración de inconstitucionalidad declara la nulidad del derecho de cobro del que eran titulares los Bancos recurrentes.

El sindicato UGT ha puesto en valor este martes en la Mesa de diálogo social sobre políticas activas de empleo el «alto consenso» entre los agentes sociales y ha reivindicando la idoneidad del momento actual para una reforma del sistema de estas políticas.

Este martes ha tenido lugar en la sede del Ministerio la Mesa de diálogo social para la renovación de la Estrategia Española por el Empleo 2021-2024, estableciéndose la metodología de trabajo y el arranque de los grupos técnicos para la elaboración de dicha Estrategia.

En el encuentro, en el que se ha presentado el Real Decreto que regula las políticas activas de empleo que organizan los programas comunes de activación para el empleo del Servicio Nacional de Empleo, UGT ha destacado el «alto consenso entre los agentes sociales».

La secretaria de Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera, ha subrayado la necesidad de una reforma de las políticas activas de empleo para dar solución «a 3,5 millones de desempleados, a la altísima tasa de desempleo juvenil o ese 1,5 millón de desempleados que no tiene ningún tipo de protección».

Asimismo, ha puesto en valor la idoneidad del momento para una reforma del sistema de políticas activas de empleo. «Pensamos que ahora es el momento para alcanzar esos objetivos porque la sociedad lo necesita y porque es el momento idóneo porque el marco presupuestario europeo puede facilitar el que por fin esas demandas históricas se hagan una realidad», ha dicho.

CCOO ha realizado hoy sus propuestas en la Mesa de diálogo social sobre políticas activas de empleo, poniendo de manifiesto que es «imprescindible» el diálogo social en la elaboración de dichas políticas.

El sindicato ha indicado en un comunicado que en sus propuestas ha hecho hincapié en el refuerzo de la red pública de orientación profesional para el empleo y en la adaptación de los programas a la situación real de cada momento. De este modo, la organización busca la integración de las políticas como una de las funciones principales de los servicios públicos de empleo, que «en ningún caso debería externalizarse».

Respecto a los programas de prospección empresarial e intermediación laboral, para el sindicato «se institucionaliza la externalización de una gran parte de los servicios prestados, sin preservar el liderazgo de los servicios públicos de empleo y sin asegurar la calidad de las acciones que se ponen en marcha».

En lo que respecta a los programas de proyectos integrales de empleo, el sindicato insiste en la necesidad de fijar garantías como los objetivos de inserción.

En cuanto a los programas de empleo y formación, para CCOO es necesario recuperar la referencia específica a que los programas sean de iniciativa pública y no de iniciativa privada financiada con fondos públicos.

Durante el encuentro, se ha presentado el Real Decreto que regula las políticas activas de empleo que organizan los programas comunes de activación para el empleo del Servicio Nacional de Empleo. En la reunión se ha presentado también el primer documento de la Estrategia Española por el Empleo 2021-2024, estableciéndose la metodología de trabajo y el arranque de los grupos técnicos para la elaboración de dicha Estrategia.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, ha señalado que las medidas tomadas hasta ahora en materia de vivienda para frenar los problemas provocados por la pandemia han sido «proporcionales y equilibradas», pero que cree que se van a tener que tomar más medidas por la perdurabilidad de la crisis económica.

«El Gobierno está activo y sigue trabajando y estudiando qué posibilidades se pueden establecer, ya sea directamente nosotros o en coordinación con las comunidades autónomas y también con los ayuntamientos», ha resaltado durante su intervención en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras ser preguntado por si las ayudas del Covid eran insuficientes.

El secretario general ha aprovechado para afirmar que «no puede ser que quienes tienen competencias en materia de vivienda se escuden en estas afirmaciones para no habilitar recursos para garantizar los derechos habitacionales».

En este punto, ha afirmado que lo que sí tiene claro el Ministerio es que la agenda urbana es «un elemento tractor» que intenta visualizar la transformación que se va produciendo en las ciudades, detectar los problemas que hay en las mismas e intentar dinámicamente buscar soluciones.

Según el secretario general, se van a ir implementando medidas para alcanzar el objetivo de que haya vivienda digna a precio asequible. «Esto es una asignatura pendiente y espero que, con colaboración de todos, podamos conseguirlo», ha añadido.

LA LEY DE VIVIENDA, EN FEBRERO

Respecto a los plazos de la Ley de Vivienda, espera que esta esté lista en los plazos comprometidos y que llegue para su aprobación a Consejo de Ministros el próximo mes de febrero.

En concreto, el trámite de consulta público de la Ley termina el próximo 15 de noviembre, fecha a partir de la cual se establecerán diferentes grupos de debates para elaborar un texto que pueda estar listo para el mes de febrero.

CONTENCIÓN MODERADA DE LOS PRECIOS DEL ALQUILER

Asimismo, ha aprovechado para subrayar que en la Ley de Vivienda se establecerán medidas de contención de precios de alquiler, pero que serán las que se debatan con colectivos, entidades y con el sector. Además, ha incidido que la limitación se establecerá sobre la base de la moderación.

«Las medidas de contención se acometerán de una forma adecuada para garantizar soluciones a los graves problemas existentes», ha apostillado.

También ha puesto en valor que son fundamentales las líneas coyunturales y las estratégicas que se han puesto en marcha o se van a poner, además del presupuesto «coherente» que se ha presentado en el Congreso recientemente y que cuenta con 2.250 millones de euros.

No obstante, también ve relevante el trabajo para conseguir impulsar medidas que faciliten el disfrute de una vivienda «digna y adecuada», se fortalezca el parque de viviendas en alquiler o social, se incrementen las ayudas sociales en vivienda, se refuerce la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana, se defienda el patrimonio histórico arquitectónico y se impulse la economía y el empleo.