La Audiencia Nacional juzga desde el martes una estafa eléctrica de 61,3 millones que salpica a Endesa, Naturgy y Repsol. En el banquillo se sientan 17 acusados. En la cúpula de la organización, según la Fiscalía, el presunto cabecilla responde al nombre de Esteban Roig Padrosa.
El escrito de acusación, de 69 páginas y al que ha tenido acceso la agencia Efe, describe una trama organizada a través de sociedades comercializadoras de electricidad. La cuantificación del daño parte de los cálculos de Red Eléctrica Española (REE), el operador del sistema que liquida las compras y ventas de energía en el mercado mayorista.
Las cifras son contundentes. De los más de 61 millones presuntamente defraudados, 19,83 millones corresponden a Endesa Generación; 17,29 a Naturgy, y 4,84 a Repsol. El resto del perjuicio se reparte entre distribuidoras y otros agentes, un extremo que la acusación subraya para dejar claro que el agujero no golpeó solo a las grandes productoras.
El sistema eléctrico funciona con una liquidación periódica. Las comercializadoras compran la energía que después revenden a sus clientes y saldan la diferencia con el operador del sistema. Cuando una de estas empresas deja de pagar, el impago no desaparece: se reparte entre los agentes que sí cumplen. Ese mecanismo explica por qué el daño acabó contabilizándose contra las grandes generadoras.
No se trató de un impago puntual. La acusación describe un método replicable, no un fallo aislado. Una sociedad nacía para facturar, acumulaba cartera y, cuando el sistema la inhabilitaba, otra tomaba el relevo con los mismos clientes. La continuidad era el activo principal de la trama.
Los fondos terminaban en sociedades vinculadas, cuentas bancarias y empresas patrimoniales, según el relato del ministerio público. El dinero entraba y salía de la estructura hasta difuminarse en circuitos aparentemente legales.
El fraude no nació de un impago aislado, sino de un modelo de negocio diseñado para facturar primero y dejar de pagar después.
La Audiencia Nacional abre el juicio contra 17 acusados y pide 16 años para el cabecilla
Los delitos que la Fiscalía atribuye a los encausados son estafa continuada, organización criminal y blanqueo de capitales. Para Esteban Roig Padrosa, el ministerio público reclama 16 años de prisión, la petición más alta del escrito de acusación.
El escrito reparte responsabilidades entre quienes pilotaban las sociedades y quienes ejecutaban las transferencias. No todos los acusados responden al mismo nivel de imputación, pero la Fiscalía sostiene una tesis común: la estructura actuaba como un engranaje único, coordinado desde centros repartidos entre Cataluña y Madrid.
La red no improvisó. Constituía o adquiría empresas, depositaba las garantías iniciales exigidas para operar en el sistema y, con esa apariencia de legalidad, salía al mercado a captar clientes con precios muy bajos. Muy por debajo de la referencia mayorista. El gancho comercial no buscaba competir con criterio, sino engrosar la cartera rápido.
Cómo la red facturaba la energía que después dejaba de pagar
El mecanismo se repetía con precisión. Una vez captada la clientela y elevada la facturación, las comercializadoras reducían de forma progresiva sus compras de electricidad en el mercado mayorista. En algunos casos, según el escrito, llegaban a adquirir solo un 5% de las necesidades previstas mientras seguían emitiendo facturas a sus clientes.
La captación no exigía sofisticación. Los precios gancho bastaban para atraer a clientes sensibles al recibo en un contexto de factura tensionada. Una vez dentro, el consumidor apenas percibía el riesgo: recibía su factura con normalidad mientras la comercializadora engordaba su deuda con el sistema.
El desfase tenía un colchón temporal. El retraso de entre siete u ocho meses en la liquidación definitiva de determinados desvíos eléctricos permitía prolongar la actividad antes de que el sistema conociera el alcance real de la deuda.
Cuando una comercializadora acumulaba impagos y era inhabilitada, la estructura trasvasaba clientes y parte de la operativa a otra sociedad del entramado. El negocio continuaba bajo otro nombre.
La Fiscalía cifra en 50,3 millones de euros el dinero desviado a sociedades vinculadas, con el propósito —sostiene— de ocultarlo e introducirlo en circuitos económicos aparentemente legales. El perjuicio, añade, no se limitaba a las productoras: también alcanzaba a las distribuidoras y podía acabar repercutiendo en el precio final de la electricidad.
La operativa no buscaba cubrir un desfase puntual, sino trasladar el coste de la energía al resto del sistema mientras la facturación seguía creciendo.
El caso expone un eslabón débil del sistema eléctrico
Más allá del relato judicial, el proceso abre una pregunta incómoda para el regulador. La comercialización es el tramo del mercado eléctrico con menores barreras de entrada: basta con constituir una sociedad y depositar unas garantías para empezar a operar. Ese diseño, pensado para favorecer la competencia y abaratar la factura, es también el que permite que una estructura opaca facture a miles de clientes antes de que el sistema detecte el impago.
España ya ha visto episodios similares. El fenómeno de los llamados piratas de la luz no es nuevo ni puntual; reaparece cada vez que el ciclo de precios altos estrecha los márgenes y empuja a una parte del parque de comercializadoras hacia modelos de captación agresiva. Lo que cambia en este caso es la escala: 61,3 millones de perjuicio reconocido y 50,3 millones de fondos desviados, una cifra que apunta a una ingeniería societaria deliberada y no a una gestión deficiente.
Los precedentes invitan a la cautela. Los episodios anteriores de comercializadoras fraudulentas se saldaron con inhabilitaciones, cambios normativos parciales y una supervisión reforzada que, a la vista de este caso, no bastó para evitar la repetición del patrón. La diferencia de escala obliga a preguntarse si el problema es de vigilancia o de diseño del propio mercado.
El riesgo evidente es de confianza. Cada caso de este tipo erosiona la percepción de que el mercado minorista está vigilado y traslada una factura difusa al conjunto del sistema, que según la propia acusación acaba repercutiendo en el precio que paga el consumidor final. La CNMC y Red Eléctrica disponen de herramientas de supervisión, pero la clave del asunto es el desfase temporal: cuando la administración reacciona, el dinero ya ha rotado por varias sociedades. Es la ventaja estructural del defraudador paciente.
La vista oral que se celebra esta semana en la Audiencia Nacional servirá también como test sobre la capacidad del sistema para recuperar lo defraudado y sobre la eficacia real de las garantías exigidas a las comercializadoras. Una condena firme no cerrará el agujero por sí sola. La pregunta que queda abierta es si el marco de supervisión se ajustará antes de que la próxima estructura encuentre el mismo hueco.
