El Gobierno Vasco quiere que Bruselas aplique un peaje a los centros de datos no europeos por su consumo eléctrico. La propuesta, remitida ya a la Comisión Europea, busca que estas instalaciones contribuyan a sufragar las inversiones en red que su propia demanda exige.
El Ejecutivo vasco traslada su petición a Bruselas
El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha enviado una carta a la Comisión Europea en la que solicita que los operadores y usuarios no europeos de los centros de datos contribuyan más a los costes de inversión de la red eléctrica. La fórmula concreta que plantea el Ejecutivo autonómico es un cargo adicional por la electricidad que consumen estas instalaciones.
La preocupación del Gobierno Vasco es doble. Por un lado, el incremento de la demanda eléctrica puede derivar en una subida del precio del mercado mayorista. Por otro, ese mayor consumo obliga a acometer inversiones adicionales en redes de transporte y distribución, un coste que acaba repercutiendo en la factura final de hogares y empresas.
El Ejecutivo de Vitoria teme que el despliegue de grandes centros de datos acabe encareciendo el recibo de la industria vasca y de las familias. La actividad de estas instalaciones presiona al alza el mercado eléctrico y arrastra consigo nuevas necesidades de infraestructura, según el razonamiento que acompaña a la propuesta. En una comunidad con un tejido industrial intensivo en energía, cualquier repunte del precio eléctrico tiene un efecto directo sobre la competitividad de las plantas.
La carta a Bruselas no es el único frente que el Gobierno Vasco mantiene abierto. El departamento ha presentado alegaciones al real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, orientadas a que la demanda adicional de electricidad de los centros de datos se equilibre con nueva generación de energías renovables. La idea de fondo es que el nuevo consumo no se cubra con electricidad de origen fósil ni a costa del suministro ya existente.
El Gobierno Vasco no discute la llegada de los centros de datos. Discute quién asume la factura de la red que esas instalaciones necesitan para funcionar.
Un cargo extra sobre la electricidad consumida
La propuesta que el Ejecutivo autonómico ha trasladado a la Comisión Europea pasa por que los operadores y usuarios no europeos de los centros de datos paguen un peaje o cargo adicional por su consumo eléctrico. El objetivo declarado es que la factura de las inversiones en redes atribuible a las nuevas instalaciones ‘sea pagada más justamente’, según señala el departamento.
El planteamiento vasco traslada a Bruselas una pregunta incómoda: por qué el consumidor europeo debe financiar la infraestructura de operadores que tributan fuera de la UE.
Pese a su apariencia técnica, el mecanismo abre un debate de fondo sobre el reparto de los costes del sistema eléctrico. Hoy, los peajes de acceso que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se reparten entre el conjunto de los consumidores, con independencia de quién haya provocado la necesidad de ampliar la red. La propuesta vasca rompe ese principio de socialización de costes.
El temor que traslada el Ejecutivo de Vitoria no es aislado. Los grandes centros de datos son consumidores intensivos que se conectan a la red de muy alta tensión y que, por su volumen, pueden alterar la planificación de la demanda en un territorio concreto. Su concentración en un mismo nodo obliga a reforzar líneas y subestaciones que, de otro modo, no serían necesarias. Ese refuerzo se paga, en última instancia, con los peajes que abonan todos los usuarios del sistema.
La red eléctrica funciona como un monopolio regulado: no hay competencia en el transporte ni en la distribución, y las inversiones las planifica el operador del sistema con el visto bueno de la administración. Por eso el debate sobre quién paga no es un simple ajuste tarifario, sino una decisión de política energética. El Gobierno Vasco sostiene que, si la red se amplía para atender a un tipo concreto de cliente, ese cliente debería asumir una parte mayor del esfuerzo inversor.
El despliegue de centros de datos avanza en España al calor de la disponibilidad de red y de energía renovable. La pregunta que el Gobierno Vasco traslada a Bruselas es quién asume el refuerzo de red que ese crecimiento exige, y si ese coste debe recaer sobre el conjunto de los consumidores o sobre los promotores de las instalaciones.
El reparto de costes, el verdadero campo de batalla
La propuesta vasca toca el nervio del modelo de financiación del sistema eléctrico. Hasta ahora, los costes de las redes se repartían entre el conjunto de la demanda: hogares, comercio, e industria. La irrupción de bloques de consumo masivo —centros de datos, electrolizadores, puntos de recarga ultrarrápida— obliga a replantear ese reparto. El Gobierno Vasco propone que el nuevo consumidor pague la parte de red que él mismo hace necesaria. Es un principio de causante-pagador aplicado a la electricidad.
El problema es que la propuesta introduce un criterio de nacionalidad. El cargo recaería sobre operadores y usuarios no europeos, lo que choca con el principio de no discriminación del mercado interior. Bruselas tendría que decidir si admite un peaje que grava a empresas según su origen, una decisión con consecuencias legales y comerciales que trascienden el caso vasco.
Existe, además, una contradicción de fondo. La Unión Europea quiere que los centros de datos se instalen en su territorio para retener capacidad de cómputo y datos frente a Estados Unidos y China. Pero no quiere que ese despliegue desborde las previsiones de demanda ni que la factura de las redes recaiga sobre los consumidores domésticos. El pago del nuevo consumo digital está por definir.
El sector energético observa la maniobra con atención porque el precedente puede replicarse. Si Bruselas admite un cargo específico para los operadores digitales extracomunitarios, otras regiones europeas con alta concentración de centros de datos podrían reclamar el mismo tratamiento. Si lo rechaza, el coste seguirá diluyéndose en la factura de todos los consumidores, que es precisamente lo que el Gobierno Vasco quiere evitar.
La cuestión de fondo trasciende el caso vasco. El modelo actual reparte los costes de red en función del consumo, no de la capacidad económica de cada usuario. Un hogar paga peajes proporcionales a sus kilovatios hora, igual que un centro de datos. Si el volumen de megavatios hora del segundo crece sin límite, la inversión total necesaria aumenta y la parte que sostienen los primeros se vuelve proporcionalmente menor.
El desenlace depende de dos trámites. El primero, el real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica al que el Ejecutivo vasco ha presentado alegaciones. El segundo, la respuesta de la Comisión Europea a una carta que, de prosperar, abriría la puerta a gravar con un cargo específico a los grandes operadores digitales que consumen electricidad europea. El calendario de ambas decisiones, por ahora, no está cerrado.
