La CNMC expedienta de nuevo a Apple y Amazon. El motivo es el incumplimiento de la resolución que cerró la multa de 194 millones de euros de 2023, según adelantaron El País y Expansión.
El origen está en julio de 2023. La CNMC concluyó entonces que los acuerdos suscritos por las dos compañías en 2018 incluían cláusulas que limitaban el número de revendedores de productos Apple dentro de la plataforma, restringían la publicidad de marcas competidoras y reservaban ventajas al distribuidor oficial. El efecto, según el expediente original, era menos competencia dentro del propio marketplace y precios más altos para el comprador. La sanción se repartió en 143,6 millones para Apple y 50,5 millones para Amazon.
La resolución no terminó en el pago. Obligaba a las empresas a cesar en las conductas, a retirar las cláusulas cuestionadas y a remitir información periódica sobre el cumplimiento. Ese es el punto que ahora se discute: el organismo entiende que el mandato no se ha ejecutado en los términos exigidos.
Qué exigía la resolución de 2023 y por qué vuelve el expediente
El texto obligaba a garantizar que cualquier revendedor autorizado pudiera operar en la plataforma en condiciones equivalentes, sin las limitaciones que la CNMC consideró contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. También reclamaba transparencia sobre las condiciones comerciales aplicadas a los vendedores terceros y una batería de informes semestrales para verificar el cambio.
El incumplimiento de una resolución tiene recorrido propio. La normativa española permite abrir un procedimiento autónomo y acumular multas coercitivas hasta que la obligación se cumpla, además de una eventual sanción adicional, tal y como recoge la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Dicho de otro modo: la multa de 2023 puede dejar de ser un hecho aislado y convertirse en el primer capítulo de una serie.
Multas coercitivas, plazos largos y un pulso que se repite
El nuevo procedimiento arranca con la instrucción por parte de la Dirección de Competencia. Después llega la propuesta de resolución y, finalmente, la decisión del consejo de la CNMC. El calendario habitual rara vez baja de los seis meses y puede estirarse más si hay requerimientos de información o recursos. En este tipo de expedientes, el reloj casi nunca juega a favor del regulador.
Una multa se paga y se archiva. Una resolución que no se cumple convierte al regulador en una fábrica de expedientes sucesivos.
Ni Apple ni Amazon han detallado por ahora su posición pública sobre este nuevo procedimiento. Ambas defendieron en su día la legalidad de sus acuerdos y sostuvieron que las cláusulas perseguían proteger la experiencia del usuario y la seguridad de los productos. La pelota, en cualquier caso, vuelve a estar en el tejado de la CNMC.
Las cifras ayudan a dimensionar el asunto. Los 194 millones de euros de 2023 equivalen a una fracción mínima de la facturación global de ambas compañías, que suman más de 900.000 millones de dólares de ingresos anuales. Ese es precisamente el argumento de quienes defienden sanciones proporcionales al volumen de negocio mundial y no al negocio español. El regulador ya ha aplicado ese criterio en otras resoluciones del sector digital.
El regulador que ya no se conforma con la multa
Hay un patrón que se repite en casi todas las autoridades de competencia europeas. La multa es el titular, pero el instrumento que de verdad pesa es la vigilancia posterior. Un expediente por incumplimiento obliga a la empresa a elegir entre cambiar su forma de operar o asumir un goteo de penalizaciones que no se cierra con la primera resolución.
En España, la CNMC ha utilizado ese mecanismo de forma creciente desde 2021, sobre todo en sectores donde la resolución imponía obligaciones de hacer y no solo el pago de una cantidad. Resulta más rápido sancionar el incumplimiento que reabrir el análisis de fondo de un mercado que ya ha sido examinado.
El contexto regulatorio, además, ha cambiado. Apple y Amazon están designados como guardianes de acceso bajo el Reglamento de Mercados Digitales, que permite a Bruselas multar con hasta el 10% de la facturación global. La paradoja es que el expediente español se apoya en una lógica anterior —el acuerdo vertical de 2018— mientras la UE construye un marco distinto para los mismos actores.
Mi lectura es que el valor de este procedimiento no está en la cuantía. Está en si sirve para devolver competencia efectiva a la plataforma, es decir, si los revendedores independientes vuelven a pelear por el mismo producto con precios distintos. Si el mercado ya se ha reordenado por otras vías, el expediente quedará en un trámite caro y sin efecto visible para el consumidor.
Queda un hito concreto para medirlo: la notificación del pliego de concreción de hechos, el documento en el que la CNMC detalla qué obligaciones considera incumplidas y desde cuándo. Esa fecha, y no el importe de la próxima multa, dirá si el regulador tiene algo sólido entre las manos o si solo está subrayando una resolución que nadie ejecutó.
