El presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, ha destacado ante la junta general de accionistas celebrada este martes por vía telemática que la entidad afronta la crisis originada por el Covid-19 «desde una posición de sólida solvencia y fortaleza financiera», y ha expresado su confianza en que gracias al esfuerzo colectivo podrá superar esta situación excepcional con éxito.

Azuaga ha puesto de manifiesto la sólida capacidad de generación de resultados, que, junto con los niveles de solvencia y la calidad del balance, habían permitido presentar ante la junta general «una propuesta de un importante incremento del beneficio destinado al pago del dividendo».

«Sin embargo, en función de la situación actual y de las directrices del BCE, la decisión de su abono ha quedado diferida hasta que exista una mayor visibilidad sobre los efectos de la crisis», ha explicado. De este modo, en una próxima junta general, que se celebrará previsiblemente en octubre, el consejo elevará una propuesta de aplicación del resultado «acorde a las circunstancias del momento».

De este modo, con anterioridad a la celebración de la junta se retiraron las propuestas de reparto del dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2019 (0,048 euros por título, lo que suponía un desembolso récord de 78 millones de euros, un aumento del 25% sobre el ejercicio anterior) y de reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias.

DESACTIVA LOS ESQUEMAS DE RETRIBUCIÓN VARIABLE

También apuntó que en la actual coyuntura, la entidad ha decidido, asimismo, desactivar los esquemas de retribución variable establecidos referentes al personal directivo. La alta dirección de Unicaja no ha percibido la retribución variable, vinculada al cumplimiento de una serie de objetivos, en los dos últimos ejercicios.

Azuaga ha trasladado en su intervención que la sociedad y la economía españolas atraviesan un reto sin precedentes y ha puesto de manifiesto que Unicaja Banco hace frente a la situación con cercanía al cliente, pero también «desde una posición de sólida solvencia y fortaleza financiera, asentada en una trayectoria de gestión y de desempeño colectivo que le ha permitido superar crisis pasadas y mantener su autonomía e independencia como proyecto empresarial, lo que es especialmente relevante en momentos de gran incertidumbre como los actuales.

«Estamos convencidos», ha añadido el presidente de Unicaja Banco, «de que, gracias a ese esfuerzo colectivo, podremos también superar con éxito la situación excepcional que ahora se vive y los enormes desafíos que tenemos por delante».

Azuaga ha señalado que «los elevados niveles de capital, de cobertura de activos improductivos y de liquidez, así como los fondos extraordinarios constituidos en el año nos permitirán apoyar a los clientes en estos momentos tan difíciles».

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES

La junta de accionistas, que ha aprobado la gestión del consejo de administración y las cuentas anuales de 2019, ha dado también el visto bueno a la modificación de los estatutos sociales, en los que se establece que el consejo de administración estará integrado por un mínimo de ocho miembros y un máximo de quince miembros.

Asimismo, se ha acordado reducir la duración de los mandatos de los consejeros, pasando de cuatro a tres años. De este modo, los consejeros serán designados por la junta general para ejercer su cargo durante el plazo de tres años y podrán ser reelegidos una o varias veces por periodos de igual duración.

El mandato de los consejeros que estuviera vigente en la fecha de aprobación por la junta general de la correspondiente modificación estatutaria mantendrá su duración de cuatro años, aplicándose únicamente el plazo de tres años respecto de reelecciones aprobadas tras dicha fecha.

Sobre los resultados financieros de Unicaja en 2019, el presidente de la entidad, Manual Azuaga, ha señalado en su intervención que 2019 ha sido un ejercicio caracterizado por la mejora de los resultados, con un beneficio neto de 172 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,9% respecto a 2018, cifra que contrasta con el sector, que disminuyó el resultado en un 13%.

Antes de abordar los puntos del orden del día, el presidente de Unicaja Banco ha trasladado las condolencias por todos los fallecidos a causa del Covid-19, con especial mención y recuerdo al directivo de la entidad Mariano Anaya, y ha enviado un mensaje de aliento a quienes padecen la enfermedad.

La Junta, celebrada por vía telemática ante la crisis sanitaria, ha contado con un quorum de asistencia del 81,29% del capital social y con un refrendo casi unánime de las propuestas tratadas.

Se ha ratificado el nombramiento de una nueva consejera independiente, con perfil tecnológico, María Luisa Arjonilla López, y la reelección del auditor de cuentas de la sociedad, PwC.

Sobre los indicadores económico-financieros de la entidad, el presidente de Unicaja Banco ha destacado aspectos como la mejora de los niveles de solvencia, con ratios de capital entre los más altos del sector, que superan holgadamente (1.578 millones en CET1 y 1.121 millones en el capital total) los requisitos establecidos por el Banco Central Europeo (BCE) en el marco del SREP (Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora).

Azuaga ha resaltado la sostenida reducción de los activos no productivos, con un descenso de la exposición superior a los 1.100 millones de euros, y el mantenimiento de elevados niveles de cobertura (58%) de los activos dudosos y los activos adjudicados, que se han visto reforzados, «siendo de los más altos del sector, representando sólo el 1,8% del balance total», según afirmó.

El presidente de Unicaja Banco ha destacado el incremento de la actividad y la capacidad comercial, plasmada en un aumento del crédito no dudoso de manera sostenida y rentable, y de los recursos generadores de mayor rentabilidad, así como los excelentes niveles de liquidez (14.000 millones de euros, lo que supone el 25% del balance) y un elevado grado de autonomía financiera.

El presidente de Unicaja Banco ha manifestado que la entidad financiera ha continuado realizando en 2019 actuaciones en el ejercicio de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), destacando la renovación de la participación en el Fondo Social de Viviendas (FSV); la inclusión de las finanzas sostenibles en uno de los ejes del Plan Estratégico y de Transformación, y el compromiso adquirido, con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid el pasado diciembre, de proceder a reducir la huella de carbono de la cartera de crédito.

En el ámbito de la educación financiera, la entidad mantiene el impulso del Proyecto Edufinet, orientado a la mejora del nivel de conocimientos y competencias de los ciudadanos en esta materia.

El presidente de Unicaja Banco se ha referido a la existencia de una convicción generalizada de que «nos encontraremos con una sociedad bien distinta» cuando la pandemia cese y quede atrás el confinamiento: más avanzada tecnológicamente (con un mayor dominio del teletrabajo y de las compras on line), más solidaria, en la que la globalización va a ser objeto de revisión, y en la que la demanda de mutualización entre los países de una misma área va a ser creciente».

«Una sociedad en la que los sectores público y privado están llamados a intensificar la colaboración para atender eficazmente las demandas sociales», ha concluido.

PharmaMar entregará 128.048 acciones a sus empleados y directivos como parte del ‘Plan de entrega gratuita de acciones’ que ejecuta cada año, valoradas en 592.063 euros, hasta un máximo de 12.000 euros por trabajador.

Según informó la farmacéutica española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este plan está dirigido exclusivamente a empleados y directivos, sin que en ningún caso tengan la consideración de beneficiarios del mismo los miembros del consejo de administración, aunque ocupen cargos directivos.

Las acciones entregadas permanecerán inmovilizadas durante tres años, aunque, una vez transcurrido un año y seis meses desde al entrega de los títulos, la compañía desbloqueará una parte en función del desempeño del empleado relacionado con el cumplimiento de objetivos.

La entrega de las acciones a cada beneficiario se somete a una condición resolutoria que se entenderá cumplida en los supuestos de baja voluntaria, despido procedente del beneficiario o situación de excedencia.

No obstante, si esta excedencia estuviera amparada por la ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras o para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el período se prolongará por el tiempo que dure dicha situación.

«En caso de extinción de la relación laboral entre un beneficiario y su sociedad empleadora por causas distintas de las anteriores, se entenderá cumplido el período de fidelización, salvo que dicha extinción se produjera con el fin de sustituirla por una nueva relación de dicho beneficiario con otra sociedad del grupo PharmaMar», explica la compañía.

MÁXIMOS EN BOLSA TRAS DEJAR ATRÁS LAS PÉRDIDAS

El valor de los títulos se ha establecido finalmente en 4,61 euros, correspondiente al cambio medio simple de la media ponderada diaria de la acción de PharmaMar en el mercado continuo del último mes, al ser inferior al cambio medio ponderado de la acción de PharmaMar en el mercado continuo el 28 de abril de 2020, que fue de 5,77 euros.

La acción se encuentra en estos momentos en máximos de la última década, a pesar de la crisis del coronavirus, por los acuerdos a los que ha llegado la farmacéutica en otros países, como uno valorado en 1.000 millones de dólares en Estados Unidos.

A raíz de estos acuerdos, PharmaMar obtuvo un beneficio neto de 70,6 millones de euros en los tres primeros meses del año, frente a las pérdidas de 10,4 millones de euros contabilizadas en el mismo periodo del año pasado, impulsada por su operación en Estados Unidos y por el incremento de las ventas de Yondelis.

De hecho, el plan de entrega de acciones del año pasado estuvo valorado en 340.000 euros, ya que el valor de referencia para los títulos se fijó en 2,08 euros, la media ponderada en la que se encontraban en ese momento.

El fabricante tecnológico surcoreano LG Electronics obtuvo un beneficio neto atribuible de 1,02 billones de wones (774 millones de euros) en el primer trimestre de 2020, lo que representa un incremento del 79,5% en comparación con el resultado contabilizado por la compañía en el mismo periodo de 2019, según informó la multinacional, que anticipa un mayor impacto adverso del Covid-19 en sus cuentas del segundo trimestre.

El beneficio operativo de LG Electronics entre enero y marzo de 2020 aumentó un 21,1%, hasta 1,09 billones de wones (827,4 millones de euros). Se trata de la segunda vez en la historia que la compañía surcoreana logra alcanzar un resultado de explotación por encima del billón de wones en un trimestre.

Por su parte, la facturación de LG Electronics en el primer trimestre registró un descenso interanual del 1,3%, hasta 14,72 billones de wones (11.173 millones de euros), incluyendo un retroceso del 0,9% de las ventas del negocio de electrodomésticos y aire acondicionado, hasta 5,42 billones de wones (4.111 millones de euros), mientras que la división de entretenimiento doméstico recortó un 4,8% sus ingresos, hasta 2,97 billones de wones (2.253 millones de euros).

De su lado, la cifra de negocio de la unidad de comunicaciones móviles disminuyó un 33,9%, hasta 998.600 millones de wones (757 millones de euros), y en el negocio de componentes de automóviles, la facturación cayó un 2,1%, hasta 1,31 billones de wones (994 millones de euros).

Por otro lado, LG Electronics advirtió de que espera una bajada de la cifra de ventas y beneficio en el segundo trimestre en términos trimestrales e interanuales como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19.

La startup Floorfy, participada por Wayra España, el hub de innovación de Telefónica, está ayudando al sector inmobiliario a seguir activo durante el confinamiento, ofreciendo tours 3D sin necesidad de desplazarse ni pedir cita previa.

La compañía, que está especializada en tours y realidad virtual para inmobiliarias, ha incrementado sus clientes en un 50% desde el inicio de la crisis. Así, los compradores potenciales han podido realizar hasta medio millón de visitas virtuales #desdecasa, utilizando la tecnología de Floorfy.

De este modo, se le permite al comprador o futuro inquilino visitar de forma virtual muchas más propiedades que si tuvieran que desplazarse de forma física. Esta solución ya está permitiendo cerrar contratos de alquiler y compra-venta de propiedades en toda España.

Floorfy estima que para 2025 la mayoría de visitas online en portales inmobiliarios, ya sean de compra o alquiler, se realizarán en propiedades virtualizadas. El Tech y el Big Data llegaron para quedarse, y la crisis sanitaria ha puesto a prueba su eficacia.

Desde la compañía insisten en que al igual que hoy en día el usuario “exige” ver fotografías de calidad HD, los usuarios digitales demandarán mayor transparencia en las propiedades que se promocionan, así como un ahorro en tiempo y desplazamientos. De este modo, se reducen drásticamente las visitas físicas innecesarias.

Por otro lado, Floorfy agradece la labor de portales inmobiliarios como Idealista, Habitaclia y Fotocasa que han incentivado el uso de esta tecnología, facilitando en su portal la búsqueda de propiedades que incluyan el tour virtual.

De esta forma, se logra mejorar la experiencia de los usuarios, que pueden visitar las propiedades de forma virtual, sin moverse de casa. Uno de sus principales clientes, el portal de alquiler Alquilovers, ha sido el primero en integrar la llamada virtual en su portal, permitiendo a sus usuarios disfrutar de la visita virtual acompañados de un experto inmobiliario.

Otras de sus funcionalidades es que actualmente Floorfy virtualiza más de 3.000 propiedades para cientos de inmobiliarias, generando tours virtuales, planos 3D, planos de planta acotado, fotografías HD, descriptivos multi idioma, vídeos comerciales y su más reciente funcionalidad, las llamadas virtuales.

La asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc) considera que las medidas anunciadas ayer en el plan de desescalada presentado por el Gobierno no ofrecen la «certeza suficiente» sobre las condiciones para el retorno gradual a la normalidad del comercio no alimentario.

En concreto, Aecoc considera que el plan anunciado ayer por Pedro Sánchez no acaba con la inseguridad jurídica del periodo actual y ha recordado que la aprobación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor ligados al estado de alarma se diseñaron como una solución transitoria pensada para una salida rápida de la crisis.

Sin embargo, ha precisado que dado que el contexto ha cambiado «radicalmente», la Administración debe alargar el periodo de aprobación de los ERTE y permitir su flexibilización para que la reincorporación de los trabajadores se produzca a medida que las empresas vayan recuperando sus niveles de actividad habituales.

Fuentes de la asociación han señalado a Europa Press que la Administración debe «velar por garantizar la liquidez» de las empresas en estos complicados momentos de crisis sanitaria, por lo que consideran que se deben revisar las principales fuentes de gasto como los alquileres comerciales de los espacios.

El plan presentado prevé y supone una reactivación progresiva de los comercios no alimentarios, por lo que el capítulo de gastos debería vincularse también a esa recuperación progresiva de la actividad.

Por otro lado, la patronal de fabricantes y distribuidores considera que las fases de la desescalada «no deben fundamentarse en el tamaño de los establecimientos», sino en que se puedan ofrecer las condiciones de «seguridad necesarias» tanto para los trabajadores como para los clientes.

Así, consideran que la clave para la reapertura de los comercios, con independencia del tamaño, es que se pueda garantizar el distanciamiento necesario entre las personas a través de medidas como el control de accesos, la señalización de los locales o la limitación del aforo, entre otros.

Por último, Aecoc reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez una «mayor claridad» tanto en las medidas que afectarán a las empresas en cada fase como en sus tiempos de aplicación, así como en las condiciones previstas para el funcionamiento de la economía durante la fase de denominada nueva normalidad.