El Gobierno y Ciudadanos han anunciado a primera hora de este martes un acuerdo por el cual el Ejecutivo se compromete a llevar a cabo cinco medidas propuestas por la formación naranja, entre las que se encuentra un plan para el sector turístico con 2.500 millones de euros en avales y 151 millones en inversión directa, a cambio de su voto favorable en la que será la sexta y última prórroga del estado de alarma decretado por el coronavirus.
El pacto supone que, una vez más, el partido de Inés Arrimadas apoyará una prórroga de quince días este miércoles en el Congreso de los Diputados «para afrontar, de manera ordenada, la recta final del plan de desescalada».
Concretamente, Cs y el Ejecutivo de Pedro Sánchez han acordado que el decreto ley de la prórroga contenga medidas de respuesta a la emergencia sanitaria «iguales en toda España, ello sin perjuicio de la distinta progresión de las fases en los diferentes territorios», según dice el texto firmado.
El pacto, en el segundo punto, prevé que el consejo de Ministros apruebe en la primera quincena de junio un plan de reactivación del sector turístico y sus actividades asociadas, como restauración, hoteles y actividades turísticas.
FOMENTO DEL TURISMO NACIONAL
Según se precisa, este plan deberá incluir cinco medidas para el fomento del turismo nacional. Entre ellas, el establecimiento de «un subtramo preferente por importe de unos 2.500 millones de euros para el sector turístico de la línea de avales del ICO con el fin de garantizar su financiación y liquidez», y «planes de sostenibilidad turística en destinos para acelerar la transformación del sector, con una inversión aproximada durante toda la legislatura de 70 millones de euros.
Igualmente, se contempla la creación de un «Observatorio de Inteligencia Turística» que ofrezca información actualizada a las comunidades autónomas y los ayuntamientos sobre las variables turísticas y su evolución y el análisis de la demanda internacional.
Para ello, se creará «un repositorio digital, común y único que actúe como una plataforma o portal abierto de distribución de información y conocimiento», dice el acuerdo, que añade que se invertirán en torno a dos millones de euros.
El plan diseñado por Cs incluye también el reforzamiento de la red de destinos turísticos inteligentes para, mediante una inversión de unos 75 millones de euros, impulsar la aplicación de las tecnologías de información y la comunicación a más de 80 municipios eminentemente turísticos.
El objetivo es que esos municipios cuenten con «servicios diferenciales y competitivos que garanticen, a su vez, un desarrollo sostenible, accesible para todos, que mejoren la experiencia del visitante y la calidad de vida del residente».
El plan para fomentar el turismo nacional se completaría con programas de formación y capacitación y de ‘mentoring’ para la digitalización destinados tanto a empresas como a trabajadores del sector turístico, con una inversión prevista de alrededor de 4 millones de euros.
Aparte de los 2.500 millones de euros de la línea de avales del ICO, las medidas para el sector turístico suman 151 millones en inversión directa.
ANALIZAR CON LAS CCAA EL MARCO JURÍDICO
El documento indica también que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud –del que forman parte el Gobierno y las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas– se reunirá y «analizará el marco jurídico necesario para garantizar una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia una vez que ya no esté en vigor el estado de alarma.
La tercera condición aceptada por el Ejecutivo es impulsar y poner en marcha medidas alternativas al estado de alarma. Esto incluye que el Consejo de Ministros apruebe, en la primera quincena de julio y teniendo en cuenta las aportaciones de Cs, un decreto ley que regule las medidas que se adoptarán en los territorios que alcancen la «nueva normalidad» y, por tanto, abandonen el estado de alarma.
Asimismo, esta condición supone que «se analizarán las reformas legales necesarias con el fin de mejorar el modelo y, en su caso, establecer un mecanismo alternativo al de estado de alarma» que permita protegerse ante posibles rebrotes del virus en territorios determinados sin necesidad de recurrir a ese instrumento constitucional excepcional.
La quinta y última exigencia de Ciudadanos que asume el Gobierno es permitir que los contribuyentes o sus representantes puedan relacionarse con la Agencia Tributaria a través de sistemas digitales –como videoconferencia–tanto en procedimientos de inspección tributaria como en la campaña de la renta 2019.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PREVIOS
Además de enumerar las nuevas medidas pactadas, el documento pone de manifiesto la «satisfacción» de la formación naranja y del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos por la interlocución que están manteniendo.
A continuación, destaca que hasta ahora se han ido cumpliendo los compromisos que el Ejecutivo asumió a cambio de que Cs respaldara la cuarta y la quinta prórroga del estado de alarma.
Así, se señala que Sánchez y Arrimadas –y, durante su baja de maternidad, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal– han mantenido contactos semanales para tratar la crisis sanitaria y las medidas para paliar sus consecuencias negativas, como había reclamado el partido naranja.
También se recuerda que se amplió un mes (de tres a cuatro) el plazo para que, en los aplazamientos tributarios motivados por el impacto del coronavirus, los contribuyentes puedan ingresar los impuestos sin intereses de demora.
El texto indica asimismo que el Servicio Público de Empleo Estatal ha reconocido ya 3,4 millones de prestaciones derivadas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), más del 98% de todas las presentadas desde el inicio de la pandemia, y que alcanzó un acuerdo con las entidades financieras para que se abonasen las prestaciones durante el mes de mayo cuando no lo hiciera directamente el SEPE.
En cuanto a la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social mientras perciban dicha prestación, el documento dice que «se está analizando».
Y, sobre el acuerdo para que el mes de julio sea hábil en el Congreso para agilizar el trabajo parlamentario y recuperar parte del retraso provocado por el Covid-19, se dice que se ha trasladado para su ejecución a los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y Cs.
