Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 5,9 millones en febrero, lo que supone un 6,4% más respecto al mismo mes de 2019, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recuerda que febrero contó con un fin de semana más por ser 2020 año bisiesto.

Las pernoctaciones de los residentes en España se dispararon un 16,8% en el segundo mes del año, hasta superar los 1,5 millones, mientras las efectuadas por turistas procedentes del exterior aumentaron un 3,1%. En febrero, la estancia media se situó en 5 pernoctaciones por viajero.

En los dos primeros meses del año, a las puertas de la crisis del coronavirus, las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros se incrementaron un 4,2% respecto al mismo periodo de 2019.

SUBEN LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,3% en febrero, con una subida del 15,9% en las de residente, mientras que las de no residentes bajaron un 0,3%.

No obstante, la estancia media en apartamentos turísticos se redujo un 6% respecto a febrero de 2019, situándose en 5,8 pernoctaciones por viajero. En febrero, se ocupó el 32,7% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 3,4% menos que en el mismo mes de 2019. Los fines de semana, el grado de ocupación se situó en el 35,4%, con un decenso del 3,5%.

Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 81,7% del total. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con 997.827 pernoctaciones, un 1,2% menos que en febrero de 2019. El siguiente mercado emisor fue Alemania, con 465.777 pernoctaciones, un 5,5% más.

Por destinos, Canarias fue el preferido en apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un descenso del 0,8% respecto a febrero de 2019. En esta comunidad autónoma también se alcanzó la mayor ocupación, con el 79,8% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, la Tenerife fue el destino preferido, con 799.660 pernoctaciones y una ocupación del 79,9% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en febrero fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Mogán.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 1,6% en febrero respecto al mismo mes de 2019.

UN 42,9% DE OCUPACIÓN EN CAMPINGS

Las pernoctaciones en campings registraron en febrero un aumento del 17,2% respecto al mismo mes del año anterior, con un incremento del 24,1% en las de residentes y del 15% en las de no residentes.

Durante el mes de febrero se ocuparon el 42,9% de las parcelas ofertadas, un 8% más que en el mismo mes de 2019. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanzó el 44,2%, con un crecimiento anual del 8,8%.

El 75% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes, con Reino Unido como principal mercado emisor, con el 33,8% de las pernoctaciones de no residentes, un 12,7% más que en febrero de 2019.

La Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con 676.663 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 11,9% en tasa anual. Esta comunidad también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 66,9% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con 351.043 pernoctaciones y una ocupación del 87,5% de las parcelas ofertadas. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Cartagena y Cabanes.

ALOJAMIENTOS RURALES

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un incremento anual del 17,5% en febrero, con un crecimiento del 17,7% en las de residentes y un 16,8% en las de no residentes.

En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 11,6% de las plazas, un 15,3% más que en febrero de 2019. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 24,6%, con un aumento anual del 5,8%.

Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 86.806 pernoctaciones, un 22,9% más que en febrero de 2019, aunque Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 37,2% de las plazas ofertadas.

Por zonas turísticas, Pirineos fue el destino preferido, con 26.776 pernoctaciones, mientras que el Parque Natural de Corona Forestal alcanzó la mayor ocupación, del 44,7% de las plazas ofertadas.

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco estima que prácticamente toda la industria podrá mantener una actividad mínima en Euskadi, tras las aclaraciones en torno al decreto ley del Gobierno que suspendía toda la actividad económica que no fuera esencial, según han informado fuentes de este Departamento a Europa Press.

El Gobierno de Iñigo Urkullu dio a conocer este martes por la tarde un texto en el que se clarificaban las empresas que pueden seguir con su actividad, en función del citado Real Decreto.

El Gobierno Vasco venía defendiendo la necesidad de mantener un mínimo de actividad, siempre garantizando las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores y, por ello, pedía adaptar ese decreto ley a la especificidad de Euskadi, una comunidad con un gran peso industrial.

Finalmente, se ha definido una relación de actividades que pueden considerarse imprescindibles para las actividades que se han catalogado esenciales y que, por tanto, podrían mantener una actividad mínima.

Además, según han apuntado las mismas fuentes, el artículo 4 del real decreto dejaba abierta la posibilidad a una actividad mínima, de manera que también sería posible para aquellas empresas que tengan que cumplir con algún pedido o, por ejemplo, que tengan que realizar labores de mantenimiento.

ACTIVIDAD MÍNIMA

Las mismas fuentes han insistido en que la actividad no puede ser total y tiene que ser mínima de cara a poder garantizar la continuidad futura. Según han señalado, no se ha establecido con claridad hasta dónde puede llegar esa actividad mínima y, por ello, creen que cada empresa deberá analizar su situación y, en función de ello, definir «su mínimo imprescindible» y ajustar a ello su actividad.

El Gobierno Vasco ha señalado que es muy difícil cuantificar el número de empresas que podrán mantener una cierta actividad y estima que prácticamente toda la industria podrá hacerlo en Euskadi.

Las mismas fuentes han indicado que es la Construcción la que quedaría fuera de la posibilidad de mantener esa mínima actividad, salvo el caso de obras de emergencia.

El Gobierno Vasco ha señalado que este mismo martes se comunicó este documento aclaratorio a asociaciones empresariales, asociaciones sindicales, clúster industriales y cámaras de comercio.

ACTIVIDADES

Entre la relación de actividades que pueden considerarse imprescindibles para las actividades catalogadas esenciales se incluye la Industria de la alimentación; fabricación de bebidas; industria del papel y fabricación de productos farmacéuticos.

Además, serán actividades imprescindibles, siempre que el desarrollo de la actividad se dirija a la fabricación de equipos para la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios, industria farmacéutica o industria alimentaria: industria textil; confección de prendas de vestir; industria del cuero y del calzado; fabricación de productos de caucho y plásticos; fabricación de otros productos minerales no metálicos; fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de muebles y otras industrias manufactureras.

Del mismo modo, serán imprescindibles, por la necesidad de asegurar suministro de energía y agua: coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos;fabricación de material y equipo eléctrico; así como fabricación de maquinaria y equipo NCOP.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Además, para garantizar el correcto funcionamiento de todos los servicios esenciales, se incluye la reparación e instalación de maquinaria y equipo. Del mismo modo, serán imprescindibles, con objetivo de asegurar el transporte de viajeros y mercancías: fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; y fabricación de otro material de transporte.

En estos casos, si les es requerido, las empresas deberán analizar y justificar convenientemente la conexión de su actividad con el desarrollo de las actividades esenciales recogidas en el Real Decreto.

Con estos mismo criterios, será imprescindible la Industria electrointensiva que resulta necesaria para garantizar el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico, así como la Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.

Los índices sostenibles con sesgo de inversión socialmente responsable (ISR) obtuvieron mejor rentabilidad que los índices tradicionales en todas las regiones tanto en marzo como en el primer trimestre del año, según demuestra un análisis llevado a cabo por Afi.

En un contexto de grandes pérdidas bursátiles por la crisis del coronavirus, los índices MSCI globales, de Estados Unidos, de Europa y de mercados emergentes ofrecieron rentabilidades negativas de doble dígito, con un peor desempeño que los respectivos índices ‘MSCI ISR’.

En concreto, el índice global ‘MSCI ACWI USD’ cayó un -14,7% en marzo y un -22,5% en el trimestre, frente al -13,2% y -20% que ofreció su versión ISR en esos periodos.

En el caso de Europa, el índice ‘MASCI Europe’ obtuvo rentabilidades del -16,8% en marzo, que ahondaron hasta el -24,8% en el primer trimestre, con pérdidas superiores al ‘MSCI Europa SRI EUR’ que ofreció una rentabilidad del -13,2% en el último mes y un -20,1% en lo que va de año.

El análisis de Afi sostiene que los mejores resultados derivados de la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) se atribuyen principalmente al control del riesgo.

De hecho, el enfoque de inversión sostenible no ofreció una menor volatilidad que la gestión tradicional –incluso en algunos casos, los índices ESG presentaron más volatilidad por el menor número de valores en cartera–, si bien presentan menores caídas y una menor exposición a riesgos extremos.

El análisis señala que la máxima caída registrada en los últimos cinco años se produjo en marzo, y de nuevo, tanto a nivel global como regional, los índices sostenibles presentaron caídas menos intensas que sus índices tradicionales.

«Precisamente estos eventos de cola, que puedan generar pérdidas extraordinarias en una compañía, son los que trata de mitigar la inversión en base a criterios ASG», concluye el estudio.

La actividad del sector manufacturero de la zona euro ha registrado en marzo una fuerte caída, que ha superado incluso las pesimistas estimaciones preliminares, como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19 y de las medidas de contención implementadas por los gobiernos, según refleja el índice PMI, que ha bajado a mínimos de siete años y medio, hasta situarse en 44,5 puntos, frente a los 49,2 del mes anterior, pero que aún estaría lejos de tocar fondo, según IHS Markit.

«Lo preocupante es que todavía estamos un poco lejos del pico de disminución del sector manufacturero», ha advertido Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit, para quien es probable que, en las próximas semanas, además del impacto en la producción por los cierres, también disminuya notablemente el gasto empresarial y de consumo de bienes.

«Es probable que los cierres de empresas, los confinamientos y el aumento del desempleo tengan un impacto sin precedentes en el gasto en todo el mundo, hundiendo la demanda de una amplia gama de productos«, apunta el experto, señalando que las pocas excepciones serán los productores de alimentos y de productos farmacéuticos, mientras que en el resto de la industria manufacturera, «grandes sectores podrían sufrir recesiones jamás vistas con anterioridad».

En el mes de marzo, la encuesta de gestores de compras del sector manufacturero constató el empeoramiento generalizado de la actividad del sector en el Viejo Continente, donde únicamente Países Bajos (50,5 puntos) logró escapar a la contracción, mientras que otras grandes economías del euro como España (45,7) registraba su peor dato en 83 meses y Alemania (45,4) profundizaba la contracción de la actividad de sus fábricas.

No obstante, entre las principales economías de la zona euro, Italia, con una lectura de 40,3 puntos, la más débil en 131 meses, y Francia, con 43,2 puntos, su peor dato en 86 meses, registraban las contracciones más agudas de la actividad fabril.

A nivel general, la producción manufacturera en la zona euro cayó en marzo al ritmo más fuerte desde abril de 2009, mientras que el comercio de exportación bajó bruscamente y al ritmo más fuerte desde marzo de 2009. En este sentido, los datos más recientes indican que las ventas de exportación cayeron por decimoctavo mes consecutivo, con Francia, Alemania y Grecia registrando las mayores reducciones de los nuevos pedidos para exportaciones.

Asimismo, los fabricantes europeos continuaron enfrentándose a obstáculos importantes para conseguir suministros, tanto dentro como fuera de los mercados del Viejo Continente. De este modo, la última encuesta mostró que los plazos medios de entrega se alargaron hasta su máximo de toda la serie histórica de casi 23 años.

Las empresas manufactureras de la zona euro también recortaron sus niveles de empleo en el mes de marzo y lo hicieron al mayor ritmo en más de una década. La pérdida de empleo fue especialmente fuerte en Austria, Alemania e Irlanda.

Por su parte, la reducción de precios de algunas materias primas y de productos semielaborados, además de unos precios más bajos relacionados con el petróleo, conllevaron a una marcada caída de los costes de los insumos en marzo.

De su lado, la confianza con respecto a las perspectivas se volvió cada vez más sombría en marzo, reflejando la preocupación sobre el impacto a corto y largo plazo de la pandemia de Covid-19 en la actividad económica global. De este modo, el sentimiento del sector experimentó la mayor caída mensual de toda la serie, que se remonta a 2012, situándose en el nivel más bajo registrado hasta la fecha.

«Incluso la caída del índice PMI hasta su mínimo de siete años y medio oculta la gravedad del desplome del sector manufacturero, ya que incluyeuna medida de los retrasos en las cadenas de abastecimiento, lo que impulsó el índice, ya que los retrasos en el suministro normalmente se perciben como una señal de aumento de la demanda, pero en este momento las demoras casi récord son una indicación de que las cadenas de suministro mundiales están siendo diezmadas por el cierre de fábricas en todo el mundo», advirtió Williamson.

El Puerto de Bahía de Algeciras (Cádiz), el mayor del país, ha tenido que paralizar sus actividades en las últimas horas ante la imposibilidad de atender peticiones de estiba y desestiba de las empresas por falta de trabajadores de este colectivo disponibles.

Así lo indicó el Centro Portuario de Empleo del puerto, la organización que gestiona la estiba y desestiba, que achaca la situación a un conflicto laboral con los estibadores.

Este centro informó de que en la noche de este martes le había sido imposible atender el requerimiento de las empresas estibadoras del Puerto de Algeciras «ante la falta de disponibilidad de los cerca de 1.800 trabajadores de su plantilla».

Esta falta de trabajadores supuso, según el centro, la paralización de la actividad de carga y descarga en la APM Terminals y en la Total Terminal International del puerto.

Esta paralización tiene lugar después de que no se alcanzaran acuerdos en las reuniones que en los últimos días representantes de trabajadores y empresas del sector de la estiba han mantenido con el fin de acordar sobre «la mejor operativa para mantener la actividad en las terminales y, al tiempo, reforzar las medidas de prevención e higiene para minimizar las posibilidades de exposición al coronavirus».

PETICIÓN DE COBRAR UN PLUS

En el marco de esta negociación, los trabajadores de la estiba plantearon cobrar un plus o garantía económica durante la vigencia del estado de alarma.

Por contra, los representantes de las empresas mantienen una «total oposición» a dar compensaciones económicas por acometer una actividad profesional habitual. En su opinión, constituiría una «evidente deslealtad con el ejemplar comportamiento de otros sectores profesionales que vienen realizando su trabajo diario en largas jornadas y en contacto directo con la enfermedad».

El rechazo a la petición del bonus se tradujo en la «total paralización» de la actividad de estiba en las terminales de contenedores del puerto Bahía de Algeciras.

El centro portuario de empleo, en el que están representados empresas y estibadores, asegura en su comunicado que con esta actitud los estibadores cometen un «claro incumplimiento» de lo que establece el decreto del estado de alarma cuando califica la actividad portuaria como una actividad esencial.

Por ello, la dirección del centro y las empresas estibadoras, «ante los graves momentos que se registran por la pandemia», realizó un «llamamiento» a la representación de los trabajadores a «sumarse al sentir general de todos los ciudadanos y desbloqueen cualquier medida que impida el funcionamiento operativo de las terminales de contenedores en Algeciras».

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha afirmado que la pyme está «un poco desconcertada» y que tiene incertidumbre, «porque las medidas y contramedidas no acaban».

«No sabemos cuál es el camino que tenemos que coger y ahora hay medidas que suenan bien, pero de algunas no conocemos cuál es la letra», ha resaltado en una entrevista a RNE, tras apuntar que la situación es urgente y que se necesitan medidas que «no se están teniendo».

Para Cuerva, se anuncian medidas, pero no se rematan. «El anuncio de las medidas puede tranquilizar, pero las pymes cuando se ponen a intentar implantar esas medidas, ven que todavía no existen procedimientos algunos», ha lamentado. Por ello, ha pedido al Gobierno que piense en la medida, pero también en su implementación real.

Preguntado sobre el diálogo social con el Gobierno, el presidente de Cepyme cree que sería «un gravísimo error» que el Gobierno no tuviese en cuenta a los agente sociales. «Creo que podemos aportar muchísimo, porque el mundo empresarial está acostumbrado a gestionar momentos malos y el olfato que tienen las empresas debemos aprovecharlo para salir de esta situación», ha añadido.

Según Cuerva, las empresas sin actividad ya se cuentan por millares y ha resaltado que, aunque hay que pensar en el momento actual, también hay que pensar en el futuro, ya que «esto no se acaba con el fin el estado de alarma, porque la situación no será la misma con la que se arrancó el estado de alarma».

Por ello, Cuerva ha pedido que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se prorroguen una vez finalice el estado de alarma y vayan acompasados al mundo empresarial y a la situación también de la economía. «Hay que pensar en el futuro porque si no, esto se queda en titulares que no van a ningún sitio», ha apostillado, tras pedir que no se le dé la espalda a la pyme, porque «cuando se le da la espalda a la pyme, se da la espalda a la sociedad».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de ley para modificar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, después de las protestas de agricultores y ganaderos que exigen precios justos para paliar la crisis que atraviesa el campo.

En concreto, el objetivo de esta modificación normativa es dotar de mayor transparencia a las relaciones comerciales, reforzar la posición del productor y eliminar las prácticas comerciales desleales.

Desde su promulgación el 2 de agosto de 2013, la ley de la cadena alimentaria ha contribuido a aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y a reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores.

En la búsqueda de soluciones para paliar la crisis que sufre el campo en España y tras las movilizaciones del sector en todo el territorio nacional, el ministro Luis Planas inició un proceso de diálogo y participación con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, con representantes de la industria y la distribución alimentaria, y con las comunidades autónomas, para impulsar una serie de medidas, entre las que se incluye la modificación de la ley de la cadena alimentaria.

En una primera fase, el Gobierno de España aprobó, el pasado 25 de febrero, el Real Decreto-ley 5/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que fueron convalidadas la pasada semana en el Congreso de los Diputados.

En la segunda fase, Agricultura ha confirmado que introducirán nuevas medidas de mayor calado para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, además de incorporar a la legislación española la Directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

El Departamento recuerda que con la apertura del procedimiento a consulta pública se facilita a los ciudadanos, organizaciones y asociaciones, que puedan expresar su opinión con carácter previo, y así enriquecer el proceso de elaboración de dicho anteproyecto.

De esta forma, los interesados en participar pueden remitir sus contribuciones a través del portal web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sección ‘Participación ciudadana’, subsección ‘Participación pública en proyectos normativos’, remitiendo un correo electrónico con sus contribuciones a la dirección sgfi@mapa.es.

Las sociedades de garantía recíproca (SGR) cuentan desde este miércoles con una línea especial de apoyo de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que mejora las condiciones del reaval dando una especial cobertura del 75% a todas las operaciones de garantía para financiación de las empresas afectadas, a plazos de 2 años o superiores.

Gracias al refuerzo de Cersa, desde este miércoles, 1 de abril, de forma «rápida y efectiva» las SGR ofrecerán garantías para contribuir a resolver las tensiones financieras de los autónomos y empresas afectados por la crisis del Covid-19.

Precisamente el real decreto ley con medidas complementarias para mitigar el impacto del Covid-19, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el BOE, amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA con el fin de que pueda avalar un mayor número de operaciones.

En España, el conjunto de pymes y autónomos alcanza el 99,8% del tejido productivo, un total de 2,8 millones de empresas (de 0 a 249 empleados), que dan trabajo a más de 10,5 millones de trabajadores. De ellos, gran parte ha tenido que cerrar sus negocios o reducir su actividad, por lo que se verán afectadas en mayor o menor medida por el impacto económico provocado por el coronavirus.

«En estos momentos difíciles, el sistema nacional de garantías va a estar a la altura ofreciendo todo su apoyo a pymes y autónomos, uno de los sectores más afectados», asegura el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR), Antonio Couceiro.

La financiación facilitada por el sistema nacional de garantías ya beneficia a 134.618 pymes, autónomos y emprendedores, que mantienen activos créditos y préstamos por valor de 4.320 millones de euros (riesgo vivo). Asimismo, dicha financiación ha contribuido al mantenimiento y creación de 704.494 puestos de trabajo.

LAS LÍNEAS DISPONIBLES

Las líneas especiales de avales para las pymes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus se pueden solicitar a través de Con Aval Sí, plataforma online de las 18 sociedades de garantía.

A través del Institut Valencià de Finançes (IVF), la Comunidad Valenciana ofrece préstamos subordinados para acompañar la financiación de circulante otorgada por la banca con el aval de ICO-Afín SGR (importe máximo 2.500.000 euros, 10 años, hasta 3 de carencia, tipo de interés con bonificación). Se trata de cubrir las pérdidas ocasionadas por la caída de actividad, para ampliar el espectro de beneficiarios de las líneas de financiación con aval público.

Además, se ofrecen líneas de financiación de activo circulante con aval de Afín SGR, con subvención del 100% del coste del aval y a tipo de interés 0%. Cada operación puede llegar hasta 500.000 euros (750.000 euros en inversión), con un plazo máximo de 10 años y hasta 2 de carencia. En total, 110 millones de euros para pymes, micropymes y autónomos, y de ellos, 70 millones al 0% de interés.

De su lado, la SGR de las Islas Baleares ha lanzado, junto con el Govern, una línea extraordinaria de financiación de 50 millones de euros para capital circulante, ampliable, que ya pueden solicitar pymes y autónomos con sede en las islas. La línea cuenta con bonificaciones al tipo de interés y al coste del aval, durante los 5 primeros años. Gracias a las mismas, la línea sale a tipo de interés cero y sin coste del aval.

Afigal canalizará para las empresas de las provincias de A Coruña y Lugo la línea de financiación anunciada por la Xunta de Galicia mediante la cual pymes y autónomos podrán recibir préstamos de hasta 200.000 euros al 0% de interés, que podrán amortizar en cuatro años con uno de carencia. Estas operaciones estarán avaladas al 100% por la SGR gallega ante las entidades financieras, en condiciones ventajosas y con comisiones reducidas. Esta línea permitirá la movilización de 250 millones de euros.

En el País Vasco, Elkargi ha activado, en colaboración público-privada con el Gobierno Vasco, líneas de financiación con avales por un importe de 500 millones de euros, y ofrece carencias a las líneas en vigor de sus socios. El Préstamo Covid-19 lo podrán solicitar por un importe desde 5.000 a 50.000 euros los autónomos, y desde 50.000 euros a un millón de euros las pymes de la comunidad autónoma vasca.

La SGR de la Comunidad de Madrid va a facilitar carencias a los clientes actuales para que puedan asumir el cierre de negocios y la caída de facturación. Con el apoyo de la Comunidad de Madrid, se van a conceder nuevas operaciones con bonificación en los costes, carencias y plazos largos.

A su vez, Avalis de Cataluña y el ICF han lanzado una línea especial por la que avalarán el 80% de los préstamos de las entidades financieras con la finalidad de cubrir las necesidades de liquidez de empresas y profesionales autónomos catalanes. En total, a partir de esta línea de financiación se formalizarán alrededor de 1.000 millones de euros, siendo posible financiar a cerca de 4.000 autónomos y empresas.

Iberaval, en colaboración con el Instituto para la Competitividad de la Junta de Castilla y León, impulsará medidas de carácter financiero, con vistas a mantener la actividad de las empresas y afrontar la situación económica. En total, se inyectarán de forma inmediata casi 100 millones de euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas.

La Junta de Andalucía apoyará a Garántia con una subvención de hasta 36 millones de euros para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por un importe de hasta 500 millones de euros y con un grado de cobertura del 100%. El perfil de las operaciones podrá ser desde 20.000 a 30.000 euros, y el plazo de tres años con uno de carencia.

De igual forma, la SGR de la Región de Murcia, Aválam, junto a Info, Icref y las entidades financieras, han acordado ampliar la línea CROEM y dotarla de 250 millones de euros para apoyar a corto y medio plazo a aquellas pymes, micropymes y autónomos afectados por las consecuencias económicas del Covid-19, permitiéndoles acceder a una línea especial de liquidez, que garantice la viabilidad de la empresa y el mantenimiento de empleos.

Desde la SGR que presta servicio a pymes y autónomos de Ourense y Pontevedra, se reducirán los compromisos financieros a empresas ya avaladas, proponiendo la inclusión casi inmediata de periodos de carencia de amortización de capital de hasta un año de duración. Asimismo, se inyectará liquidez para atender pagos corrientes de los negocios afectados, ofreciendo préstamos de hasta 10 años de plazo con los dos primeros de carencia y con bonificación del coste del aval por importes de hasta 1 millón de euros, entre otros.

La SGR extremeña está estudiando poner en marcha avales de carácter financiero para pólizas de crédito vigentes, renovando hasta 12 meses el vencimiento. Asimismo, para préstamos destinados a circulante de esas empresas actualmente socias de la SGR se dará una carencia y/o ampliación del plazo del aval de hasta 12 meses. También se está barajando poner en marcha una línea de avales extraordinaria para pymes y autónomos no socios, destinada a operaciones de circulante.

Igualmente, la SGR asturiana lanzará una nueva línea de avales por importe de 10 millones de euros para incrementar la liquidez de pymes, microempresas y autónomos, y facilitará aplazamiento de pagos.

De su lado, la SGR castellano-manchega concede una moratoria del pago de cuotas de financiación a las pymes y autónomos que se vean afectados por la crisis del Covid-19, al tiempo que lanzará una línea de avales con la intención de apoyar el acceso a liquidez a corto plazo, para asegurar la continuidad de los negocios y garantizar recursos a los sectores afectados.

El Gobierno de Navarra inyectará, a través de Sonagar y Elkargi, 100 millones de euros para financiación de circulante (plazo de 5 años, incluyendo 1 de carencia) y carencias de hasta un año en operaciones ya en vigor.

Las fábricas españolas registraron en marzo una fuerte caída de la actividad como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19 y de las medidas de contención implementadas por el Gobierno, según refleja el índice manufacturero de gerentes de compra (PMI), que se ha situado en 45,7 puntos desde los 50,4 de febrero, registrando su peor lectura en casi siete años, según IHS Markit.

La pandemia y el consecuente cese de actividad en España afectaron intensamente a la producción y a los nuevos pedidos en marzo. De este modo, la producción cayó en marzo al ritmo más fuerte desde junio de 2012, mientras que los nuevos pedidos disminuyeron al ritmo más intenso de los últimos 92 meses.

Asimismo, puesto que muchos países vecinos se enfrentan a condiciones similares a España en términos de restricciones por la pandemia, las ventas para la exportación del sector manufacturero español cayeron bruscamente y al mayor ritmo desde abril de 2009.

Frente a estas condiciones, los fabricantes optaron por reducir notablemente sus compras, que registraron el mayor descenso en casi siete años, lo que se tradujo en una rápida bajada de los inventarios. Por otro lado, las empresas del sector manufacturero se enfrentaron a considerables dificultades para obtener insumos en marzo como consecuencia de las perturbaciones generalizadas en las cadenas de suministro mundiales debidoal coronavirus, registrándose el mayor deterioro de toda la serie histórica de los plazos medios de entrega.

De este modo, ante reducciones considerables de la demanda y una intensificación de las presiones competitivas, los fabricantes repercutieron en general la disminución de sus costes a sus clientes, registrándose la mayor caída de los precios cobrados en ocho meses.

Por su parte, la confianza sobre el futuro de los empresarios manufactureros cayó hasta su nivel más bajo jamás registrado, y el empleo en el sector se redujo a la tasa más fuerte desde noviembre de 2013.

«Los fabricantes no solo se enfrentaron a una rápida disminución de las ventas de todo el mundo, sino que también tuvieron problemas para obtener insumos, ya que el plazo medio de entrega se deterioró hasta su máxima de más de veintidós años de recopilación de datos. Este resultado resalta el carácter singular de la recesión, y tanto la oferta como la demanda están claramente sufriendo», declaró Paul Smith, economista de IHS Markit.

En este sentido, el experto subrayó que «la magnitud y la duración de la recesión dependerán de la velocidad con la que la pandemia pueda ser controlada».