Ferrán Adriá, Joan Roca, Ángel León, Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz y Susi Díaz, chefs con estrella Michelin, han pedido al Gobierno apoyo y empatía, así como una estrategia conjunta con el sector de la alta gastronomía para ayudar a su recuperación, además de liderar una campaña mundial para poner en valor la gastronomía nacional y el turismo tras la crisis del coronavirus.

Los principales cocineros de la alta gastronomía nacional se han mostrado este miércoles dispuestos a encabezar una campaña mundial en defensa de la gastronomía nacional español basándose en la gran calidad de los productos nacionales.

En una rueda de prensa virtual organizada por Hostelería de España en la que ha mostrado la proyección internacional de la gastronomía española en el escenario post Covid-19 y su impacto directo en el turismo, el que es considerado uno de los mejores cocineros del mundo Ferrá Adriá abogó por realizar una campaña mundial de los principales líderes gastronómicos nacionales para volver a poner a España en el mapa gastronómico.

«Tenemos que realizar una campaña destacando que la gastronomía española es la mejor porque tenemos los mejores productos», aseguró Adriá, quien se comprometió a «empapelar» el mundo sea analógico o digital con esta campaña.

Desde Hostelería de España, el presidente, José Luis Yzuel, se ha comprometido a pilotar este plan estratégico que se pretende iniciar «cuanto antes».

Y es que la gastronomía supone un gran impulso económico para un país como España. Cocineros como Martin Berasategui insisten en la necesidad de que las instituciones se den cuenta de la contribución de la hostelería al enriquecimiento del país, «poniendo a España en el mapa del turismo gastronómico mundial»

Para el chef de El Celler de Can Roca, Joan Roca, lo importante sería crear una «unas estrategias claras con el objetivo de encarar el futuro incierto y complejo que tenemos por delante». Tenemos la necesidad de usar estas estrategia con el Gobierno porque sin esta colaboración sin esta conexión será muy difícil afrontar este futuro con optimismo», aseguró el chef.

Por ello abogó por mejorar la formación profesional e instó al Gobierno a que mire «de forma más empática» al sector. En este punto reclamó poner en valor el oficio del camarero y dignificar su profesionalidad. «Necesitamos camareros enamorados de su oficio capaces de enamorar a sus clientes. La nueva revolución será emocional y los camareros serán una pieza clave en esta evolución», ha señalado.

Respecto al futuro del negocio, ha avanzado que Mas Marroch, la apuesta de los hermanos Roca para este año tras transformar su espacio de eventos en un restaurante con platos icónicos de El Celler de Can Roca abrirá en breve con «buenas expectativas», tras haber cubierto ya todas las reservas, mientras que ha avanzado que su triestrellado abrirá «pronto».

Por su parte, el propietario de A Poniente, el chef Ángel León, recordó que la gastronomía sirve además para impulsar la economía de muchos pueblos y regiones de España que ven crecer su turismo gracias al impulso que les ofrecen muchos restaurantes y los clientes que acuden a ellos.

Andoni Luis Aduriz (dos estrellas Michelin), destacó que hay dos elementos cruciales que hilvanan el éxito turístico de España: la gastronomía y las relaciones sociales. Recuerda que un 15% de los 83 millones de turistas que vinieron a España el pasado año (unos 12 millones de turistas) vienen a España motivados por la gastronomía que dejan en España un gasto superior a la media del 20%. «La gastronomía es un motor de motivación complementario a cualquier tipo de viaje», justificó.

Aduriz ha reconocido que es «necesario» un Plan Marshall para la restauración. Solos no vamos a poder, por eso es necesario», ha subrayado el cocinero vasco, que ha reconocido que abrirá este año ‘Mugaritz’ como un «ejercicio de responsabilidad» a pesar de que el 70% de su clientela es internacional y sabiendo que va «a perder dinero.

La Comisión Europea propone un plan de recuperación que alcanzaría los 750.000 millones en dos años y que será canalizado a los gobiernos principalmente a través de transferencias directas (500.000 millones), pero que también incluiría una parte de préstamos (250.000 millones).

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha avanzado la cifra total del fondo en la red social Twitter, donde ha destacado que se trata de un «punto de inflexión europeo para enfrentarse a una crisis sin precedentes».

Son las características básicas del fondo de reconstrucción que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará en el Parlamento Europeo, junto con su borrador de presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, que tendría una dotación total para siete años de 1,1 billones de euros.

De esta forma, Bruselas recoge el planteamiento de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, al incluir 500.000 millones en transferencias directas, pero añade también una parte en forma de créditos, algo que reclaman países del norte como Países Bajos o Austria.

Para financiar este fondo, el Ejecutivo comunitario quiere acudir a los mercados de deuda para captar los 750.000 millones con emisiones de bonos con un vencimiento máximo de 30 años que se devolvería a partir de 2028 y hasta 2058. No será la primera vez que lo haga, puesto que este mecanismo ya fue utilizado durante la crisis de deuda para ayudar a Irlanda y Portugal, pero entonces se captó una cifra muy inferior.

NUEVOS IMPUESTOS PARA FINANCIAR EL FONDO

Esta emisión estaría respaldada por el propio presupuesto comunitario (MFF, por sus siglas en inglés) y para devolver en principal Bruselas plantea la creación de nuevas fuentes de ingresos: un gravamen al plástico, una parte de los beneficios del sistema de comercio de emisiones, un impuesto a las multinacionales digitales y una tasa a la entrada de carbono al bloque.

La mayor parte del plan, 560.000 millones será transferido a los Estados miembros a través de un instrumento denominado Facilidad para la Resiliencia y la Recuperación (RFF), compuesto tanto por subvenciones como por préstamos. Los gobiernos podrán solicitar estos fondos con carácter voluntario.

Esta herramienta sigue el diseño del presupuesto de la eurozona negociado el pasado año, que desaparece oficialmente para dejar espacio a una dotación destinada al conjunto de la UE. Estará anclada en el Semestre Europeo, lo que supone que los Estados miembros tendrán que utilizar estos fondos para adoptar reformas e inversiones pactadas previamente con las instituciones europeas.

A este fondo se añade una nueva iniciativa llamada ‘ReactEU’, que complementará con 55.000 millones el presupuesto de la Política de Cohesión, pero que será distribuido entre los países con una clave de reparto distinta a la tradicional y basada en el impacto de la pandemia de Covid-19.

INVERSIONES EN EMPRESAS MÁS AFECTADAS

Por otro lado, el borrador de la Comisión Europea prevé un presupuesto de 31.000 millones de euros para movilizar inversiones en empresas especialmente golpeadas por la pandemia de hasta 300.000 millones. Este ‘Instrumento de Solvencia’ busca reducir la diferente capacidad de los Estados para ayudar a su tejido industrial y que ha quedado patente en las respuestas nacionales anunciadas hasta ahora.

Dentro de este segundo pilar centrado en el sector privado, Bruselas también propone doblar la capacidad de financiación del ‘plan Juncker’, ahora llamado ‘InvestEU’, y crear la ‘Facilidad de Inversiones Estratégicas’, que con un presupuesto de 15.000 millones aspira a movilizar 150.000 millones en inversiones en sectores y tecnologías ‘clave’.

El tercer y último pilar del plan de recuperación incluye la creación de un nuevo programa sanitario europeo (EU4Health) con una dotación de 9.400 millones de euros, un refuerzo de 2.000 millones del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y un presupuesto del 94.400 millones de euros para el programa Horizonte Europa, reforzado para financiar proyectos de investigación sanitaria, entre otros.

También reserva 16.500 millones de euros adicionales para fortalecer el apoyo de la UE al resto del mundo, por ejemplo, a través de ayuda humanitaria.

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) afirma que la política tributaria implementada por el Gobierno no ha contribuido a paliar los efectos de la crisis del Covid y advierte de que la incertidumbre sobre su desarrollo futuro y una «posible» subida de impuestos para financiar el gasto público «desbocado» puede terminar de deprimir la demanda y alejar la inversión.

Así lo señala la fundación presidida por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en un artículo en el que indica que la ausencia de medidas tributarias «efectivas» para el mantenimiento de la actividad económica y mensajes como el de la posible implantación de un impuesto sobre la fortuna contradice principios como el respeto a la libertad económica, la neutralidad respecto a la competencia, el estímulo al crecimiento o la congruencia.

A su juicio, las medidas tributarias aprobada son «insuficientes», al consistir en ampliaciones de plazos para la presentación de algunas liquidaciones tributarias y en la posibilidad de aplazar otros ingresos en el caso de pequeñas empresas, siendo «todas aprobadas en el último minuto y manteniendo la obligación de hacer frente a los pagos en este ejercicio 2020».

En este sentido, critica que no hay «ninguna medida efectiva de reducción de la carga tributaria para contribuyentes sin ingresos, con sus negocios cerrados por la suspensión de la actividad económica decretada por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria», así como el mantenimiento de los plazos para realizar las declaraciones del IRPF, a pesar de las dificultades*para los contribuyentes y los asesores fiscales y del cierre de las delegaciones de la Agencia Tributaria.

Para FAES, si hasta la fecha la política tributaria «no ha contribuido a paliar los efectos de la crisis», la incertidumbre sobre su desarrollo futuro y una «posible» subida de impuestos para financiar un gasto público «desbocado», pueden terminar de deprimir la demanda y alejar la inversión, en el momento en que más lo necesita nuestra economía.

Por último, señala que «a pesar de los eslóganes, ni siquiera podrá esgrimir el Gobierno que sus políticas tienen como principal objetivo la contribución a la redistribución de la renta, ya que esta, a diferencia de lo que sucede con la energía, se crea y se destruye». «No es posible distribuir algo que primero se ha destruido», ha añadido.

El Gobierno de Argentina incrementará las prestaciones por jubilación y el resto de prestaciones provisionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en un 6,12% a partir del próximo uno de junio, según el decreto 495/2020 del Boletín Oficial del país.

La norma establece que todas las prestaciones provisionales a cargo de la Anses, incluidas las pensiones no contributivas y a la Pensión Honorífica del Veterano de Guerra, tendrán un incremento equivalente a dicho 6,12% sobre la cantidad devengada en el mes de mayo. También determina un incremento de la misma proporción en los ingresos del grupo familiar y en las asignaciones familiares.

Así, la jubilación máxima del país pasará a ser de 118.044 pesos argentinos (1.570 euros), mientras que la pensión mínima o Prestación Básica Universal (PBU) será ahora de 7.215 pesos (95,9 euros).

El decreto detalla que el incremento del 6,12% también afectará a la cantidad mínima y máxima de la remuneración imponible, las rentas de referencia para trabajadores autónomos, los valores del subsidio automático nominativo de obras sociales, las prestaciones provisionales para investigadores científicos y tecnológicos, las cuotas pendiente de pago de acuerdos transaccionales suscritos en el marco de Reparación Histórica y las cuotas pendientes de pago de los regímenes de regularización de deudas provisionales.

La Administración argentina explica a través de la norma que «resulta necesario establecer un criterio sustitutivo con el fin de actualizar los conceptos y prestaciones citados», en función de criterios de «razonabilidad y equilibrio».

«El Estado nacional tiene como uno de sus objetivos principales la protección de los ciudadanos y las ciudadanas y el aseguramiento y goce efectivo de sus derechos esenciales, por lo que resulta de interés prioritario garantizar las prestaciones de la Seguridad Social, priorizando la atención de las familias con mayores necesidades, más aún en este contexto de emergencia pública, profundizado a raíz de la pandemia de Covid-19», apostilla el texto.