El coste de las pensiones y de los funcionarios saltará a 17.600 millones de euros en 2027. No es un pago único. Es gasto que se consolida en nómina y que aterriza a cinco semanas de las elecciones del 29 de noviembre.
8.400 millones en pensiones y 9.200 en sueldos públicos
La factura se reparte en dos bloques. La revalorización de las pensiones con el IPC costará 8.400 millones, según la previsión de Funcas que sitúa el alza en el 3,6% para 2027. La subida salarial de los empleados públicos añade otros 9.200 millones. Ninguno de los dos conceptos caduca en diciembre.
El primero toca a más de 9,5 millones de pensionistas. El IPC de noviembre, que se conocerá de forma preliminar el 27 de ese mes, dos días antes de los comicios, y será definitivo a mediados de diciembre, fija el porcentaje. Pedro Sánchez ha garantizado que su Gobierno cumplirá la ley incluso en funciones, desde el 30 de noviembre hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo.
El segundo bloque se calcula sobre la masa salarial de las administraciones públicas: 181.494 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 2% previsto para 2026 según la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística y las cuentas de la Intervención General del Estado. La senda pactada incluye un 4,5% fijo en 2027 más un 0,5% variable por el exceso de inflación.
El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial del Estado a principios de 2026 y especifica que los incrementos son consolidables. Cada alza se aplica sobre las retribuciones ya incrementadas el año anterior. Ese matiz convierte una promesa política en una rampa de gasto creciente.
Una subida consolidable no es un gesto de un ejercicio: se arrastra sobre cada nómina futura y sobre cada negociación salarial que venga después.
El calendario sigue abierto. CSIF exige que la actualización se apruebe antes de las elecciones para evitar los límites del Ejecutivo en funciones. UGT sostiene que la Diputación Permanente y el propio Consejo de Ministros tienen mecanismos legales suficientes y fija como límite el 24 de noviembre. CCOO pregunta directamente por el real decreto ley. Función Pública garantizó la subida, pero no puso fecha: los empleados públicos saben cuánto, no cuándo.
De los 38.195 millones de déficit al calendario del Tesoro
El marco importa. El déficit público del primer semestre de 2026 alcanzó los 38.195 millones de euros, de modo que los 17.600 millones comprometidos equivalen a casi la mitad de ese desequilibrio en apenas seis meses. Y llegan con la AIReF advirtiendo de que, sin reformas, el aumento del gasto en pensiones obligará a detraer recursos de otras políticas públicas o a elevar el endeudamiento.
Ahí entra el Tesoro. Cada décima que se mueva la revalorización altera el programa de financiación del ejercicio siguiente, porque el calendario de subastas se diseña sobre una previsión de déficit que todavía no está cerrada. La prima de riesgo no se mueve por un titular de 17.600 millones, pero sí descuenta, emisión a emisión, cuánto de esa factura se considera permanente.
La comparativa europea ayuda a dimensionar el problema. España no es la única economía con presión demográfica sobre las cuentas públicas, aunque sí una de las que llega al tramo final del ciclo con menos margen fiscal: el desequilibrio de 38.195 millones del primer semestre se suma a una deuda que el Tesoro coloca cada mes en el mercado. Añadir 17.600 millones de gasto consolidado a esa base estrecha el colchón ante cualquier shock de tipos.
Por qué el gasto consolidable cambia el debate
Hay una diferencia sustancial entre un desembolso y una obligación. El paquete de 2027 se comporta como lo segundo: la revalorización se calcula sobre la nómina ya actualizada y la subida salarial se aplica sobre retribuciones previamente incrementadas. El efecto compuesto hace que el coste real crezca por encima del porcentaje anunciado en cada ejercicio.
La comparativa con el pasado reciente es ilustrativa. La senda pactada con los sindicatos contemplaba un 2,5% en 2025, un 1,5% más un 0,5% variable en 2026, el 4,5%, más otro 0,5% en 2027 y un 2% en 2028. A lo largo de cuatro años, la base sobre la que se calcula todo se ha ido elevando escalón a escalón, y con ella el coste de cualquier subida futura.
El riesgo está identificado. La AIReF ha señalado que el aumento del gasto en pensiones, sin reformas, desplaza recursos de otras políticas o eleva el endeudamiento. La contradicción es evidente: se promete cumplir la ley y, a la vez, se comprometen 17.600 millones sin una fuente de financiación declarada. El calendario electoral añade una capa de incertidumbre jurídica, porque un Ejecutivo en funciones tiene límites para aprobar normas con impacto presupuestario.
A mi juicio, el punto crítico no es la cifra de 2027, sino su carácter consolidable. Un gasto puntual se corrige con un ajuste de un ejercicio; una subida que entra en la base de cálculo se financia todos los años siguientes. Lo que he visto en estos años de cuentas públicas es un patrón repetido: se discute la cifra anual y se deja intacta la estructura.
El IPC de noviembre, que se publicará el 27 de ese mes, decidirá el primer escalón. El segundo lo decidirá el real decreto ley que tenga que aprobar el próximo Gobierno, antes o después de la investidura. Y el tercero, la primera subasta de deuda de 2027, donde el mercado pondrá precio a todo lo anterior.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: La noticia no afecta a una cotizada concreta, sino al mercado de deuda soberana. Los 17.600 millones comprometidos equivalen a casi la mitad de los 38.195 millones de déficit registrados en el primer semestre de 2026, y ese es el dato que acabará pesando en el calendario de emisiones del Tesoro.
Clave técnica: Cada décima de revalorización adicional ronda los 233 millones, según la relación implícita entre el 3,6% que prevé Funcas y los 8.400 millones de coste. Si el IPC de noviembre supera ese 3,6%, el margen del próximo Gobierno se estrecha en esa misma proporción antes de la primera subasta del año.
Apunte macro: La AIReF ya advirtió de que, sin reformas, el gasto en pensiones obligará a recortar otras políticas o a elevar el endeudamiento. Con el 4,5% consolidable y efectos retroactivos desde enero, el Consejo de Ministros del 24 de noviembre es la última ventana antes de los comicios para fijar el calendario de la subida.
