La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, registró un déficit de 1.500 millones de euros en abril, frente al superávit de 2.900 millones registrados el mismo mes del año anterior, como consecuencia del impacto del Covid-19 en el turismo.

Según los datos publicados este martes por el Banco de España, el déficit del mes de abril, el primer mes completo afectado por la pandemia, se debe casi exclusivamente a la desaparición del superávit del turismo, rúbrica para la que tanto los ingresos como los gastos se estiman nulos, al ser uno de los sectores más afectados por la restricción de movimientos debido a la pandemia.

En concreto, la balanza de bienes y servicios, que incluye el turismo y los viajes, registró un déficit en abril de 500 millones de euros, frente al superávit de 4.500 millones de abril de 2019. Dentro de esta, turismo y viajes no registró ni ingresos ni gastos, frente al superávit de 3.900 millones del mismo mes del año pasado.

Las rentas primarias y secundarias, (rentas de trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) registraron un déficit de 1.000 millones de euros, en este caso inferior a los 1.500 millones de abril del año anterior.

Por su parte, la cuenta de capital mantuvo su superávit en 200 millones de euros, la misma cifra que el mes de abril del año anterior.

De esta manera, en el mes de abril España necesitó financiación por importe de 1.300 millones de euros, segundo mes consecutivo que registra necesidad de financiación desde la crisis económica de 2012, de acuerdo con el saldo acumulado de las cuentas corriente y de capital. En abril de 2019, por el contrario, obtuvo una capacidad de financiación de 3.100 millones.

DÉFICIT DE 2.500 MILLONES ENTRE ENERO Y ABRIL

En el acumulado de enero a abril, el déficit por cuenta corriente se elevó a 2.500 millones de euros, frente a los 900 millones de superávit del mismo periodo del año anterior.

Este resultado es consecuencia de la caída del superávit de la balanza de bienes y servicios, hasta los 1.700 millones de euros, frente a los 6.200 millones registrados en el mismo mes del año anterior; mientras que turismo y viajes registró un superávit de 4.800 millones, menos de la mitad de los 11.100 millones del primer cuatrimestre de 2019.

Las rentas primaria y secundaria, por su parte, registraron un déficit entre enero y abril de 4.100 millones de euros, por debajo de los 5.300 millones del mismo periodo del año anterior; mientras que la cuenta de capital obtuvo un superávit de 900 millones, similar a los 1.000 millones registrados el año anterior.

SALIDA DE CAPITALES

Por otro lado, durante el primer cuatrimestre del año España registró una salida de capitales de 27.100 millones de euros, frente a la salida de 700 millones del año anterior. Solo en abril llegaron a salir 16.300 millones, muy por encima de la salida de capitales de 1.800 millones del mismo mes de 2019.

La salida o entrada de capitales es un saldo que resulta de tener en cuenta lo que los residentes españoles invierten fuera del país y lo que los extranjeros destinan a España en ese mismo periodo.

BBVA Research, Fedea y la Fundación Rafael del Pino estiman que la disminución del PIB por persona en edad de trabajar registrará una caída del 10,5% respecto al año pasado, con un peso equiparable en dicho retroceso de los factores de oferta y demanda.

Así se desprende de la cuarta edición del Observatorio sobre el Ciclo Económico en España, que tiene periodicidad semestral, en el que se analiza y cuantifica la influencia de un amplio conjunto de factores estructurales que determinan los ciclos económicos con la ayuda de un modelo diseñado por investigadores de las tres instituciones implicadas.

En concreto, se evalúan los factores estructurales que explican el comportamiento cíclico de la economía española durante la crisis del Covid-19 y se estiman las principales perturbaciones estructurales que han afectado al crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar durante 2019 y primer trimestre de este año, y las que afectarán a los tres trimestres restantes de 2020, condicionadas a las previsiones de BBVA Research.

Así, el Observatorio señala que la caída en el PIB por población en edad de trabajar como consecuencia del Covid-19 «no tiene parangón histórico». De acuerdo con las previsiones publicadas en abril y el avance del PIB en el primer trimestre de este año, entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2020, su contracción podría ser de un 22%, lo que lo situaría en niveles de la segunda mitad de 1998.

En el último trimestre de 2020, y tras la recuperación de la segunda mitad del año, la caída se quedaría aproximadamente en un 6,5%, situando el PIB por persona en edad de trabajar con un nivel equivalente al de 2016. Por consiguiente, en términos anuales, la disminución para el conjunto de 2020 sería del 10,5% respecto a 2019.

PESO EQUIPARABLE DE OFERTA Y DEMANDA

Según el observatorio, en el conjunto del año 2020 los factores de oferta y demanda tendrían un peso equiparable, aunque con comportamientos diferenciados por trimestres. Los factores de demanda representan el 74% de la caída en el segundo trimestre, en el periodo más intenso de confinamiento, y contribuyen a un 48% de la caída en el conjunto del año.

Por su parte, los factores de oferta contribuirán con el 84% de la caída interanual en el tercer trimestre (en desviación respecto a su promedio histórico), y suponen el 52% de la contracción durante todo 2020.

Entre los factores de demanda destaca la contribución negativa de las perturbaciones de consumo privado y de la demanda de viviendas en el segundo trimestre de 2020, detrayendo 12 puntos porcentuales al PIB.

Por el contrario, la contribución positiva del crédito bancario durante el segundo trimestre de 2020 habría impedido una caída adicional del PIB equivalente a 4,5 puntos porcentuales.

EL PARO VOLVERÁ A NIVELES DE 2016

En cuanto a la tasa de desempleo durante la crisis del Covid-19, el observatorio destaca su escaso aumento en relación con otras crisis, teniendo en cuenta la magnitud de la caída acumulada del PIB en la primera mitad de 2020.

Hasta la crisis del coronavirus, la evidencia para España indica que, en promedio, por cada punto de variación en la tasa crecimiento del PIB el empleo respondía cerca de 1,1 puntos. Por el contrario, en el primer semestre de 2020 el PIB se contraerá previsiblemente más de un 20% y la afiliación a la Seguridad Social menos de un 5%.

Si se cumplen las previsiones, en el segundo trimestre de 2020 la situación del mercado de trabajo sería similar a la de principios de 2016, muy lejos de los niveles de paro alcanzados durante la gran recesión.

Las previsiones apuestan por una recuperación «relativamente rápida», de manera que a finales de 2020 se volvería a una situación en la que el ratio de vacantes sobre desempleo se situaría cerca de su promedio histórico.

En cualquier caso, señala que conviene tomar con «cautela» estas previsiones, dadas las incertidumbres sobre cuántos de los trabajadores afectados por ERTE volverán a retomar la actividad en los mismos puestos de trabajo anteriores a la crisis y cuántos ERTE se convertirán en EREs, con la consiguiente destrucción de empleo.

Los gestores administrativos prevén que 52.000 empresas transformarán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) antes de finalizar el año si no se adoptan nuevas medidas, lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo.

«Es necesario tomar medidas urgentes que permitan a las empresas retrasar previsibles cierres y mantener los ERTE en tanto no mejora la situación económica y van recuperando sus niveles de ingresos», ha afirmado el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago.

«En caso contrario, antes de finalizar el año vamos a encontrarnos con el peor escenario de paro, superando los cinco millones de desempleados», ha añadido Santiago.

Según la encuesta que ha realizado el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos entre sus colegiados, el 46% de las empresas en ERTE por fuerza mayor van a agotar el plazo que les otorgue el Gobierno para mantenerlo, viéndose afectado el 33% de los trabajadores incluidos en dichos ERTE.

«Cuanto más se alarguen los plazos en los ERTE por fuerza mayor, siempre que se mantengan las ayudas iniciales, mayor número de negocios podrán resolver los graves problemas que ha provocado la pandemia», ha señalado Santiago.

La encuesta de los Gestores Administrativos revela que más de 200.000 trabajadores continúa sin cobrar el subsidio correspondiente y que el 11% de las empresas que han presentado un ERTE han sido ya inspeccionadas o han recibido el aviso de una próxima visita.

De las empresas inspeccionadas, se ha instruido expediente sancionador al 8%. De los ERTE que han tramitado los gestores administrativos, el 6% se han justificado en causas económicas, técnicas, de producción u organizativas; el resto lo han sido por fuerza mayor.

La encuesta ha servido también para conocer la opinión de los gestores A¡administrativos sobre la situación de la economía. Así, el 63% tiene poca o muy poca confianza en que la situación económica permita salir rápidamente de la crisis, frente al 7% que tienen confianza o mucha confianza en que la recuperación sea rápida.

El 61% considera que la situación no mejorará antes de finalizar el año, mientras que el 30% cree que si lo hará. Un 81% de los gestores administrativos cree además que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno no son suficientes para superar la crisis con eficacia y eficiencia, frente al 8% que considera que sí lo son.

Asimismo, el 83% de los gestores administrativos consideran que el Gobierno no es lo suficientemente estable como para afrontar con garantías la salida de la crisis, mientras que el 6% considera que si es estable.

Por último, los gestores administrativos consideran que durante el estado de alarma el organismo que ha funcionado «especialmente mal» ha sido el SEPE. La DGT, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, en menor medida, han sido los organismos mejor valorados en cuanto al funcionamiento de sus trámites, según los gestores.

La actividad de la economía de China ha continuado recuperándose durante el mes de junio, cuando el sector manufacturero y el sector servicios aceleraron su expansión, según reflejan los respectivos índices PMI, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de China.

El índice PMI manufacturero se ha situado en junio en 50,9 puntos, frente a los 50,6 de mayo, mientras que el dato correspondiente al sector servicios ha mejorado hasta los 54,4 desde los 53,6 del mes anterior. De este modo, el PMI compuesto de junio se ha sutuado en 54,2 puntos, frente a los 53,4 de mayo.

Una lectura del índice PMI superior a 50 puntos indica expansión de la actividad en el sector, mientras que un resultado por debajo de este umbral implica contracción.

En el caso de las fábricas chinas, la Oficina Nacional de Estadística ha destacado que el índice de producción y el de nuevos pedidos mejoraron respectivamente siete y cinco décimas, hasta 53,9 y 51,4 puntos.

«Aunque el índice PMI se ha recuperado este mes y la industria manufacturera se ha recuperado de manera continuada, también debe tenerse en cuenta que todavía existen incertidumbres», ha advertido Zhao Qinghe, estadístico senior de la Oficina Nacional de Estadística, en referencia a la evolución de las importaciones y exportaciones, que aún se encuentran «por debajo del punto crítico».

«La situación epidémica en el extranjero no se ha controlado de manera efectiva, y todavía hay variables en el mercado externo», ha señalado.

Los taxistas de Madrid están convocados a secundar este martes una marcha por el centro de la capital, en la que se espera participen unos 10.000 vehículos, con el fin de reclamar al Ayuntamiento que limite por decreto el servicio de este transporte ante el descenso de demanda que se registra en la ‘nueva normalidad’.

La marcha, convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Élite Taxi, tendrá lugar entre las 10.00 y 12.00 horas y discurrirá por los carriles centrales del Paseo de Recoletos, la plaza de Colón, las calle Goya y Serrano, la Plaza de la Independencia, y la calle Alcalá, para concluir en la Plaza de Cibeles, frente al Consistorio.

La movilización cuenta con el ‘visto bueno’ de la Delegación de Gobierno que, en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece que en el interior de los taxis que participen en la manifestación se debe cumplir las instrucciones de uso de mascarilla.

Para los manifestantes que opten por realizar el recorrido a pie, se establece una distancia mínima de 1,5 metros, así como llevar mascarillas.

Con su convocatoria, las patronales del taxi pretenden mostrar su desacuerdo con la decisión del Ayuntamiento de no mantener la limitación de oferta en la ‘nueva normalidad’.

Los taxistas consideran que el colectivo «se expone innecesariamente a contraer y propagar» el virus, además de «sobrecartar el espacio público de la ciudad», dada la «nula afluencia de viajeros a las terminales aeroportuarias, ferroviarias y de autobuses, así como las limitaciones de ofertas de ocio masivas».

También señalan al incremento de la contaminación que supone que toda la flota preste servicio y que se fomente una «sobreoferta» de vehículos que actualmente la demanda no precisa.

La marcha tendrá lugar después de que la pasada semana los taxistas mantuvieran varias reuniones con el área de Medio Ambiente del Consistorio, en las que se insistió en la necesidad de establecer una regulación específica del sector para la ‘nueva normalidad’, algo que, según aseguran, vienen demandando desde el mes de marzo.

Las dos asociaciones plantearon que, dada la «urgencia» de la situación, el Consistorio debería realizar, al amparo de los artículos 37.4 y 38 de la ordenanza municipal, un periodo «transitorio y excepcional» de limitación de oferta.

BAJA DEMANDA

El vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, Jesús Fernández, detalló, en declaraciones a Europa Press, que el 70% del servicio que presta este colectivo está asociado a turismo, al ocio, a reuniones de negocio o a aspectos relacionados con los estudios.

Según destalla, «miles» de taxistas aguardaban en la T-4 del aeropuerto de Barajas, en la estación de Atocha y en la T-1 del aeródromo madrileño «varias horas» para dar servicio a clientes, sin contabilizar los coches en circulación o en paradas habilitadas en el casco urbano de Madrid.

Por ello, enfatizó que la mayoría del sector reclama que se mantenga el límite de oferta de servicio, algo que se ha acometido en la práctica totalidad del país.

El sector considera que con un sistema del 50% como hasta ahora, «se permitiría absorber la demanda actual y fomentar que el descanso sin exposición del resto de profesionales».

De su lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se refirió el pasado viernes sobre la reclamación de una limitación de la oferta en el sector del taxi para indicar que el Gobierno municipal «no puede obligar a no trabajar a quien quiere hacerlo.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, señaló que el Consistorio sí está dispuesto a establecer que sea «voluntario» trabajar, ya que «ahora están obligados a hacerlo cinco horas al día».

El abogado y financiero Jaime Malet será reelegido este martes presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) por la 103 asamblea general de socios del organismo, fundado en España en 1917 y que cuenta con 280 empresas socias con una facturación agregada de 248.000 millones de euros en España, aproximadamente el 24% del PIB.

Malet, con candidatura única, ha presidido la entidad desde hace 18 años (2002) y extenderá su mandato hasta 2023 y en la carta remitida a los socios señala que «la crisis del Covid-19 supone el inicio de un periodo de enorme disrupción e incertidumbre para la economía», por lo que destaca la necesidad de utilizar «más que nunca» la capacidad de influencia de la institución a favor de los flujos de inversión y la mejora de la competitividad de la economía española.

Entre los objetivos cita reestablecer el ‘equity story’ de España en los foros internacionales (incluyendo los que organice AmChamSpain en España), que puede haber quedado «seriamente dañado» durante los últimos meses.

También marca el objetivo de impulsar la credibilidad y el potencial de España como destino de inversiones extranjeras (directas o de cartera), y de las empresas españolas, que invierten en el extranjero, comercian o se nutren de fondos estadounidenses, así como asegurar que los cambios regulatorios se deciden con el mayor pragmatismo.

Dado que considera que España va a ser un país «enormemente endeudado» aboga por que las regulaciones y recursos públicos deberían dirigirse con criterios de eficiencia y control ex ante y ex post a reconstruir el tejido productivo (incluyendo el hotelero), a mejorar la competitividad internacional de las empresas, a reforzar el sistema educativo y la formación de nuevas competencias, a atraer inversión y talento y a crear empleo masivo y de calidad en el sector privado.

De esta forma, durante los próximos tres años la Cámara va a apoyar la adaptación del tejido productivo a los nuevos cambios disruptivos, e insta a avanzar en digitalización e inteligencia artificial o lucha contra el cambio climático y economía circular, así como integrarse definitivamente como centro manufacturero en las cadenas de valor globales, que tras el Covid-19 se están reposicionando de forma acelerada.

De igual forma, la Cámara va a seguir abogando por la estabilidad del sistema político y por el fortalecimiento de las instituciones, al tiempo que fomentará una cultura de «capitalismo responsable» para la toma de decisiones teniendo en cuenta los riesgos medioambientales, la justicia social, la inclusión de género y la buena gobernanza.

MULTINACIONALES AMERICANAS

La junta ha nombrado como Vicepresidentes a Fernando Abril Martorell (Indra), Joaquín Arenas (Bank of America / Merryl Lynch), Alejandro Beltrán (McKinsey), Jordi Botifoll (Cisco) y Helena Herrero (HP Inc,).

Se han incorporado a la junta de Gobierno Ana Argelich (MSC), Claudio Boada (Blackstone), Diane Tucci (Costco) y Andrés Esteban (Morgan Stanley). Entre tanto, Luís Isasi, vicepresidente histórico de la entidad durante 18 años como presidente de Morgan Stanley, sigue en la Junta como nuevo presidente del Banco Santander en España.

En la junta están representados los sectores clave para la recuperación económica, como el manufacturero (Atlantic Copper, Dow, Gonvarri, 3M), farmacéutico (Amgen, Gilead, MSD, Pfizer), tecnológico (Cisco, Facebook, IBM, Indra, HP Inc., Hewlett-Packard Enterprise, Microsoft, Telefónica, Xerox), financiero (Amex, AiG, Banco Santander, Blackstone, Citi, Merril Lynch, Mckinsey, Morgan Stanley), gran consumo (Coca-Cola, Damm, Costco), entretenimiento (Walt Disney) y turismo (Hotusa).

En los últimos meses la Cámara ha trabajado para que no se cierren de las fábricas de ciclos de producción continua, para permitir la exportación de los pedidos en despacho, para autorizar la entrada en España de técnicos extranjeros de infraestructuras tecnológicas críticas.

Ha solicitado medidas para el relanzamiento del sector turístico, la congelación de nuevas figuras tributarias y que no se derogue la legislación laboral en vigor, así como la eliminación de las restricciones a las inversiones de los países de la OCDE (incluyendo a EE.UUU), dándoles el mismo trato que a la inversión proveniente de otros países de la Unión Europea.

La Cámara ha demandado también que se levanten las restricciones al reparto de dividendos cuando se den las condiciones adecuadas, para no deprimir más la inversión.

Por último, la Cámara pide a los partidos políticos amplios consensos y una gran complicidad con el sector privado para salir reforzados de la crisis. Con 280 empresas socias (16 del Ibex), la Cámara es parte de la mayor organización empresarial a nivel mundial con entidades hermanadas en más de 108 países, y en cada estado, ciudad y sector de actividad estadounidense. Todas estas entidades forman parte de la US Chamber of Commerce fundada en Washington DC en 1906.