La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno, Teresa Ribera, ha afirmado que los daños económicos y sociales de la pandemia perdurarán incluso con una vacuna para la población.

«Sabemos que los daños económicos y sociales todavía durarán tiempo, incluso más allá del momento que hayamos conseguido un tratamiento, una vacuna para la población», ha señalado Ribera en su intervención durante los VI Diálogos del Agua América Latina-España, donde también han participado el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza, entre otros.

En este contexto, la vicepresidenta ha subrayado que en el proceso de recuperación y salida de la crisis será importante tener en cuenta los conceptos de equidad y sostenibilidad, ya que es una crisis en la que será fundamental recortar las brechas y fortalecer los servicios básicos de las personas.

Así, ha recordado que las iniciativas de la recuperación destacarán por un nuevo pacto verde y un compromiso entre generaciones, ya que se tendrá que desarrollar «una recuperación que debe integrar los problemas de la sociedad de hoy pero no olvidar que aquello que haga hoy debe estar orientado a facilitar la resolución la anticipación de los problemas de nuestros hijos y nuestros nietos».

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica ha cifrado en 6.400 millones de euros y en unas 3.400 medidas la partida destinada a planificación hidráulica.

En este marco de inversión, ha indicado Ribera, el sector del agua será fundamental, a lo que se añade que la gestión de este recurso será probablemente distinta ante el avance del cambio climático.

Por ello, la apuesta de la vicepresidenta pasa por invertir en sistemas y redes flexibles de abastecimiento, que combinen fuentes de suministro naturales de agua, superficial o subterránea, con otros recursos como la depuración, la reutilización, en su caso la desalación.

La vicepresidenta ha explicado que el objetivo de la administración en esta materia es culminar la actualización de dicha planificación a finales de 2021, para que se generen unas nuevas inversiones en el futuro. Ribera ha indicado que desde el Ejecutivo se hace «especial énfasis» en desinfección y saneamiento del agua.

Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza, ha puesto de relieve el duro impacto de la pandemia en América Latina y el Caribe, tanto en la salud como en la economía, y ha recordado que una de las principales recomendaciones durante la epidemia, la de lavarse las manos, se hace difícil para al menos 165 millones de personas en la región que no tiene acceso al agua segura.

El presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2021 a 550.484 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,4% respecto a las cuentas de 2020, según el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que indica que si se excluyen los 26.634 millones correspondientes a los fondos europeos, el incremento se sitúa en el 13,6%.

Dentro del presupuesto de gastos, las operaciones no financieras ascenderán a 416.496 millones de euros, el 75,7% de todo el presupuesto consolidado, y un 17,5% más en comparación con el ejercicio anterior.

Las transferencias corrientes, por su parte, es el capítulo con mayor dotación, con un importe de 306.587 millones de euros, que representa el 55,7% de los gastos consolidados, un 12,8% más que un año antes. Si a este importe se le añaden las transferencias de capital, que ascenderán a 29.168 millones (+228%), el 61% del presupuesto consolidado se destina a partidas a otros agentes, públicos y privados, de la economía.

MÁS GASTO DE PERSONAL

Por su parte, los gastos de personal ascenderán a 25.018 millones de euros, un 4,5% más que un año antes, y los gastos corrientes de bienes y servicios suman 9.922 millones de euros, un 22,6% más. De su lado, los gastos financieros, que sumarán 31.740 millones de euros, caerán un 0,4% como consecuencia de los menores intereses de la deuda pública.

El fondo de contingencia y otros imprevistos contará con una dotación de 3.889 millones de euros, un 51,7% más, mientras que las inversiones reales, con un presupuesto de 10.172 millones, crecerán un 33,1%.

Dentro de las operaciones no financieras, los activos financieros sumarán 39.577 millones de euros, un 57,7% más; mientras que los pasivos financieros, con 94.411 millones, crecerán un 16%.

Por último, las operaciones financieras alcanzarán los 133.988 millones de euros, un 25,8% más que el importe presupuestado para 2020.

Ibercaja ha ampliado su oferta de productos de inversión sostenible, como parte de su campaña de planes de pensiones de 2020, en la que ofrece bonificaciones de hasta el 5% en traspasos y aportaciones bajo ciertas condiciones.

El banco suma el nuevo ‘Plan Ibercaja Confianza Sostenible’. De esta forma, amplía la oferta de esta gama a tres productos, en el marco de su compromiso con la inversión sostenible y como respuesta a una creciente demanda de una banca y finanzas más responsables por parte de sus clientes.

El nuevo plan, que invierte entre el 10% y el 30% del patrimonio en renta variable, complementa al ‘Plan Ibercaja Sostenible y Solidario’, que invierte entre un 50% y un 80% en renta variable con carácter global, y al ‘Plan Ibercaja Europa Sostenible’, que invierte entre un 75% y un 100% en renta variable, fundamentalmente de emisores europeos.

La gestión de estos planes se basa en criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR), llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) o ESG, en sus siglas en inglés.

BONIFICACIÓN

El banco ofrece hasta un 5% de bonificación de lo aportado o traspasado desde otras entidades a sus planes de pensiones individuales.

Para las aportaciones y traspasos superiores a 30.000 euros en planes de pensiones de Ibercaja, el partícipe puede obtener un abono en cuenta del 4% de lo aportado con compromiso de permanencia de 7 años. Ese porcentaje se incrementa al 5% si además se realizan aportaciones mensuales de cien euros durante el periodo de permanencia.

Para importes superiores a 8.000 euros, los clientes se podrán beneficiar de un abono del 3% si el compromiso es de 5 años de permanencia; de un 1,5%, si es de 3 años; de un 0,75%, si es de 18 meses. Las aportaciones y traspasos de cantidades inferiores a 8.000 euros se incentivan con premios entre 30 y 60 euros.

Los clientes que quieran beneficiarse de la promoción deberán haber realizado las aportaciones durante 2020 y en el caso de los traspasos de otras entidades, tendrán que solicitarlos entre el 3 de noviembre de 2020 y el 22 de enero de 2021.

GESTIÓN ACTIVA

La entidad también apuesta en esta campaña por sus planes de Gestión Activa global, con los que sus partícipes se benefician de una gestión activa, profesional y diversificada. Esta gama de planes permite mover la inversión del cliente en función de su perfil de riesgo y del tiempo que le quede para llegar a su jubilación.

De los cuatro productos, el ‘Plan Ibercaja Gestión Equilibrada’ es la alternativa más conservadora, adecuada para clientes con un horizonte de inversión a medio plazo y con una inversión en renta variable entre un 0% y un 20%. Frente a este producto, destaca el ‘Ibercaja Gestión Audaz’, con una inversión en renta variable entre el 50 y el 100%, dirigido a aquellos clientes más jóvenes capaces de asumir más riesgos.

Ibercaja cuenta además con otras alternativas dentro de su gama de planes para que todos sus clientes, sea cual sea su perfil inversor y edad, puedan encontrar aquellos que más les encajen y participar de una gestión profesional y diversificada de sus ahorros para la jubilación.

‘VAMOS CON TU FUTURO’

En el marco de la estrategia de Ibercaja de reforzar su posición referente en el ahorro finalista y ahorro para la jubilación, Ibercaja ha desarrollado ‘Vamos con tu futuro’, una web en la que los usuarios pueden resolver sus dudas y obtener respuestas para tomar las mejores decisiones en relación con su ahorro, para planificar y organizar su futuro.

‘Vamos con tu futuro’ muestra contenidos personalizados en función del perfil del usuario y de su comportamiento frente al ahorro y ofrece un panel de expertos al que poder plantear dudas. Además, dispone de herramientas de ayuda, como simuladores, con los que poder llevar a cabo cálculos sobre el ahorro, un apartado de experiencias y casos de otros ahorradores similares, y una agenda de eventos y contenidos de Ibercaja.

La nueva web refuerza la propuesta de valor del banco y la especialización de la entidad en el ámbito del ahorro. Asimismo, ‘Vamos con tu futuro’ se ha configurado siguiendo los valores de Ibercaja, como son la cercanía, la profesionalidad, la solidez y excelencia, el compromiso y la capacidad de adaptación.

La Asociación Española de Banca (AEB) y los sindicatos han acordado la extensión de la ultraactividad del convenio colectivo del sector bancario hasta el 31 de diciembre para poder seguir negociando el futuro convenio.

Según informaron fuentes sindicales, CC.OO. UGT y FINE han presentado un guion de negociación alternativo al que propuso la patronal el lunes y que contemplaba ampliar la movilidad geográfica y subidas salariales del 0,5% para 2022 y 2023.

El guion propuesto por los representantes de los trabajadores, denominado ‘esquema de líneas básicas de negociación del convenio’, hace referencia a la vigencia y ámbito de aplicación del convenio, la determinación del periodo previo de negociación en los procesos de reestructuración, la regulación del teletrabajo, la posibilidad de fraccionar las vacaciones, el disfrute de los permisos en días hábiles, la incorporación de la jubilación obligatoria y el aumento del capital del seguro de vida.

Asimismo, el guion de negociación de los tres sindicatos hace referencia a las mejoras en los préstamos, la transformación digital y los derechos digitales, las retribuciones, las coberturas de servicio en la misma plaza o próximas, la función comercial y requisitos para el reconocimiento del nivel 8, la adaptación del real decreto 6/2019 de igualdad y conciliación, la prevención de riesgos laborales, las comunicaciones sindicales y el régimen disciplinario.

Además, abre la posibilidad de ampliar el esquema introduciendo otros temas acordados por ambas partes.

El sindicato CC.OO. ha reconocido que las diferencias que les separan de la AEB «son muchas e importantes», pero confían en que al desarrollar los temas del esquema de negociación puedan obtener avances que permitan «atisbar un horizonte de acuerdo lo más pronto posible».

La próxima reunión para seguir negociando el nuevo convenio de banca, que sería de aplicación a entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter, se ha fijado para el 10 de noviembre.

El presupuesto consolidado de ingresos alcanzará los 323.996 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% respecto al presupuesto de este año, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021.

La recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente) y cotizaciones sociales crecerá un 3,4%, hasta los 221.946 millones. De este total, 119.942 millones de euros, un 3,7% más, se corresponderá con los impuestos, mientras que por cotizaciones sociales se recaudarán 153.484 millones de euros, un 5% más que este año.

Por su parte, los impuestos indirectos, entre los que se encuentra el IVA, repuntarán un 9,1%, hasta los 51.480 millones de euros, mientras que las tasas y otros ingresos tributarios caerán un 3%, hasta los 14.255 millones.

Asimismo, las transferencias corrientes supondrán unos ingresos de 15.3423 millones de euros, lo que supone un 26,1% más que este año, al tiempo que el Gobierno espera recaudar por ingresos patrimoniales 8.401 millones, un 44,8% más.

De esta forma, las operaciones corrientes sumarán 311.505 millones de euros, un 5,7% más, mientras que las operaciones de capital repuntarán un 175%, hasta los 8.725 millones de euros.

Por último, los ingresos no financieros, con 320.230 millones, crecerán un 7,5%, mientras que los activos financieros, con 3.766 millones, registrarán una caída del 39,8% respecto a lo presupuestado este año.

El eurodiputado del PP y portavoz de Agricultura del Grupo Popular Europeo, Juan Ignacio Zoido, ha pedido que, tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos de la próxima semana, la UE comience a trabajar con el nuevo presidente «para lograr que se eliminen los aranceles que desde hace dos años gravan los productos agroalimentarios europeos y españoles, causándoles un grave perjuicio».

«Tan pronto como se sepa el resultado de las elecciones, la Comisión Europea y el Gobierno de España deberán retomar con prioridad las negociaciones para la eliminación de los aranceles, ya sea con la nueva administración de Donald Trump o con el equipo de transición de Joe Biden», ha dicho Zoido, según ha informado el PP en un comunicado.

El eurodiputado ‘popular’ ha defendido que «este asunto va más allá de ideología», y «miles de productores de vino, espirituosos, aceite de oliva, aceituna de mesa y otros tantos productos están al borde de la quiebra por culpa de la pandemia», por lo que «lo mínimo que podemos hacer es eliminar la pesada traba de los aranceles estadounidenses», según ha insistido Zoido durante una reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo con representantes de la Comisión Europea.

«Debemos buscar en la UE y en España el fin de una guerra injusta y absurda con Estados Unidos», ha añadido el eurodiputado andaluz, que ha preguntado a los representantes de la Comisión Europea si ya están trabajando en este sentido con la contraparte estadounidense.

AMENAZA DEL ‘BREXIT’ «DURO»

Zoido también ha advertido que la difícil situación de los productos agroalimentarios españoles por los aranceles de Estados Unidos «puede agravarse si se confirma la amenaza de un ‘Brexit’ duro si no se alcanza próximamente un acuerdo entre la UE y Reino Unido».

«Las consecuencias del veto ruso podrían parecer una broma a su lado si se implantan aranceles de manera automática en Reino Unido, uno de los principales mercados de exportación del sector agroalimentario español», ha avisado Zoido.

Por ello, el eurodiputado ‘popular’ ha pedido a la Comisión Europea que «explique si ya está preparando planes de contingencia, en especial para los productos perecederos, en caso de que llegue a producirse un escenario de ‘Brexit’ duro».

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una normativa para garantizar que todos los países del bloque establecen unos salarios mínimos «adecuados» y «decentes» a nivel nacional e impulsar la negociación colectiva para que al menos el 70% de los trabajadores de cada país estén cubiertos por este tipo de acuerdos.

La iniciativa no fija un salario mínimo europeo y ni siquiera obliga a los seis Estados miembros que no tienen salarios mínimos estaturarios a crearlos. En cambio, la normativa busca establecer una serie de criterios comunes que, respetando la soberanía de cada Estado miembro, sirvan para elevar la remuneración mínima de cada socio un nivel «decente».

Bruselas justifica la directiva argumentando que la globalización, la digitalización y los nuevos empleos atípicos han dado paso a una «polarización» de los mercados de trabajo caracterizada por un incremento de los puestos mal pagados.

Además, la crisis ha golpeado duramente a sectores con «una alta proporción de trabajadores de bajos salarios», como el turismo o el comercio minorista, y ha tenido un impacto más fuerte en «grupos desfavorecidos de la población».

«Si no actuamos, la pandemia puede elevar la desigualdad. La propuesta de hoy quiere evitarlo», ha explicado en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que la mayoría de los empleados peor pagados son mujeres, por lo que las normas ayudarán también a cerrar la brecha de género.

En la actualidad, los salarios mínimos en la UE varían desde los 312 euros de Bulgaria hasta los 2.142 euros de Luxemburgo. Además, 21 Estados miembros funcionan, como España, con un sistema de salarios mínimos estatutarios, mientras que otros seis socios (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Italia y Chipre) se basan exclusivamente en la negociación colectiva.

INDICADORES COMUNES Y MÁS NEGOCIACIÓN COLECTIVA

A modo indicativo, Bruselas ha recordado que un salario mínimo equivalente al 60% del salario mediano bruto y al 50% del salario medio bruto de un país «pueden ayudar a guiar el análisis» para conseguir unas remuneraciones adecuadas.

En el caso de España, esto supondría subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.142 euros, según los cálculos de las autoridades comunitarias con datos de 2019. Pero se trata de unos umbrales que la directiva introduce como guía y no como obligatorios.

El comisario de Empleo y Política Social, Nicolas Schmit, ha defendido que la intención de la normativa no es «imponer» a todos los Estados miembros un mismo sistema de cálculo del salario mínimo. Al contrario, respetará que cada país establezca el suyo propio, en un mensaje claro para los países nórdicos, que siempre se han opuesto a una armonización del salario mínimo a nivel europeo.

De hecho, una de las principales medidas de la directiva es impulsar la negociación colectiva, especialmente en aquellos países en los que, como España, menos del 70% de los trabajadores están cubiertos por este tipo de acuerdo. A estos socios se les pedirá hacer «esfuerzos extraordinaros en consulta con los agentes sociales» en este sentido. En la misma línea, tendrán que establecer un marco que impulse la negociación colectiva ya sea a través de instrumentos legislativos o de acuerdos con sindicatos y patronal.

Además, la directiva exigirá a todos los Estados miembros que establezcan un sistema de sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» en caso de incumplimientos de las leyes nacionales sobre salarios mínimos.

Los gobiernos europeos también tendrán que desarrollar herramientas «efectivas» de recolección de datos sobre la adecuación y la cobertura del salario mínimo, con vistas a informar una vez al año a la Comisión Europea.

Aquellos Estados miembros que cuentan con sistemas de salario mínimo establecido legalmente tendrán que cumplir una serie de criterios adicionales, puesto que es en estos países donde menos trabajadores están cubiertos por acuerdos entre sindicatos y patronal y donde hay mayor incidencia de salarios bajos.

Así, tendrán que fijar criterios «estables y claros» para calcular el salario mínimo y realizar actualizaciones «regulares y oportunas». La directiva también les obligará a limitar el uso de variaciones y deducciones para grupos específicos de trabajadores.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con el compromiso adquirido el pasado 3 de julio, reactivando de manera «inmediata» las diferentes mesas del diálogo social.

En una carta, ambos líderes sindicales han resaltado que este compromiso no se ha adquirido y han manifestado su malestar por las informaciones que apuntan que el Ejecutivo «deja atrás» la derogación de la reforma del PP o la pretensión de implantar la ‘mochila austriaca’.

Para los sindicatos, esto requiere «un serio debate». «Hemos practicado una política de consenso y diálogo continuada por el bien de las personas trabajadoras de este país, política que ha fructificado en numerosos aspectos positivos a pesar de la gravedad de la situación», han remarcado.

Sin embargo, creen que «la aparición en prensa de referencias que quiebran el espíritu de diálogo enunciado suponen una demostración de unilateralidad y exclusión sorprendente».

Por ello, ambos líderes sindicales han solicitado a Sánchez que convoque «a la mayor brevedad» las mesas del diálogo específicas para abordar, en sentido constructivo, «unas normas que solo han servido para aumentar la desigualdad, impedir la adecuación de nuestro mercado de trabajo, y favorecer comportamientos empresariales indeseables».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado este miércoles a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, el primero del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Montero ha llegado pasadas las 15.20 horas al Patio Floridablanca de la Cámara Baja, donde ha posado siguiendo las recomendaciones sobre el Covid, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque.

A continuación, han entrado pasadas las 15.30 horas al interior del Palacio para que la ministra entregase el proyecto de ley a la presidenta del Congreso en el Salón de Pasos Perdidos.

Allí les esperaba la portavoz de la Comisión de Presupuestos, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido. Montero y Batet han llegado al Salón de Pasos Perdidos, ‘tablet’ en mano cada una, y han posado para la prensa con el proyecto de Presupuestos, también con el clásico formato del ‘libro amarillo’ y con un ‘pendrive’ que contenía las nuevas cuentas.

La ministra ofrecerá después una rueda de prensa a las 16.00 horas en la Sala Ernest Lluch para detallar las nuevas cuentas públicas.

COMPARECENCIAS EN UNA SEMANA Y PRIMERA VOTACIÓN EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE

Tras recibir hoy los PGE, la Mesa del Congreso se reunirá para calificar el proyecto, que este viernes se publicará ya en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Además, la Mesa abrirá un plazo hasta el día 30 de octubre a las 14 horas para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos, que explicarán las cuentas entre el 4 y el 6 de noviembre.

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad solicitando la devolución del proyecto finalizará a las 14 horas del viernes 6 de noviembre, y los días 11 y 12 de noviembre será su debate y votación.

En ese debate Montero defenderá su proyecto ante el Pleno y las enmiendas a la totalidad se votarán en una tocada (una única votación), bastando más votos a favor que en contra. Si superan ese examen, los primeros PGE del Gobierno de coalición pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales, que deberán presentarse antes de las 14 horas del 16 de noviembre.

La fecha establecida para el informe de la ponencia es hasta el 20 de noviembre y para el dictamen de la Comisión hasta el 27 de noviembre.

Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre al 3 de diciembre para la votación de cada una de las secciones de los Presupuestos (las cuentas de cada Ministerio). El derribo de una sola sección provoca la caída de todo el proyecto.

Según el borrador del calendario de sesiones plenarias, el último Pleno de 2020 está previsto para la semana del 15 al 17 de diciembre. Posteriormente se remitirían al Senado y después se devolverían al Congreso para aprobarlos definitivamente con o sin cambios.

El objetivo del Gobierno es tener aprobados los PGE a principios de 2021, que ya cuentan con los apoyos «suficientes», siendo plausible el ‘sí’ de los grupos que apoyaron la investidura, como ERC, JxCAT o Bildu, aunque también está abierta la opción de Ciudadanos.

RÉCORD EN GASTO SOCIAL E INGRESOS

Los PGE «expansivos, progresistas e imprescindibles para la recuperación» contendrán un gasto récord de 383.542 millones, un 33,3% más, incluyendo 26.634 millones adelantados de los fondos europeos (7% del total), con la «mayor inversión en gasto social de la historia», de 239.765 millones, un 10,3% más, el 52,6% del total, de los que un 35,8% será gasto en pensiones (163.297 millones) del gasto total de los PGE (456.073 millones, un 20,1% más).

Las nuevas cuentas prevén una recaudación récord de 222.107 millones, un 13% más, al que contribuirá un aumento del IRPF, Sociedades y Patrimonio a rentas altas, el alza del diésel, a las primas de seguros o el aumento del IVA de bebidas azucaradas al 21%, al tiempo que suben el sueldo de funcionarios un 0,9%, así como las pensiones, elevan un 1,8% las no contributivas y un 5% el Iprem.

Sube el gasto en pensiones (163.297 millones, +3,2%), equivalente al 35,8% del total; otras prestaciones (20.623 millones, +7,9%), Sanidad (5.088 millones, +151,4%); Educación (4.893 millones, +70,2%), con récord en becas; Cultura (1.148 millones, +25,6%); desempleo (25.012 millones, +20,1%), fomento del empleo (7.405 millones, +29,5%), infraestructuras (11.527 millones, +114,8%), Vivienda (2.253 millones, +367,9%); Agricultura, Pesca y Alimentación (8.405 millones, +10,2%), Industria y Energía (11.166 millones, +103,9%), Comercio, Turismo y Pymes (2.230 millones, +150%) o I+D+i (11.483 millones, +80,1%).

El crecimiento de la economía española se resentirá en los próximos años, pero en cambio el ahorro «precautorio y previsional» crecerá, según se desprende del estudio ’25 Preguntas y respuestas sobre el ahorro previsional en tiempos de la Covid-19′ de Mutua de la Abogacía, en colaboración con la consultora LoRIS.

Los autores del estudio, José Antonio Herce y José Antonio Puertas, plasman, a través de 25 preguntas y respuestas, el efecto que ha tenido la pandemia sobre el ahorro previsional y el cambio de hábitos económicos de la sociedad.

«El estudio del ahorro precautorio y previsional se ha convertido en uno de los principales pilares de investigación para la Mutualidad de la Abogacía», afirmó Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad de la Abogacía, que además destacó que este tipo de iniciativas aportan herramientas para conseguir que la sociedad adquiera una mayor educación financiera, fomentando la cultura del ahorro de forma transversal a todas las generaciones.

El estudio se enfoca en dar respuestas a cuestiones de cuatro ámbitos socioeconómicos: economía, ahorro, sostenibilidad del sistema y mutualismo. En lo que compete a la economía, los autores destacan la vulnerabilidad de algunos colectivos como los jóvenes o los autónomos ante esta crisis financiera, dado que muchos todavía no han sido capaces de superar la recesión de 2008, lo que, añadido a las consecuencias económicas del confinamiento, supone la precarización de muchos trabajadores y hogares.

Sobre la pandemia, los autores destacan que la pérdida económica causada por el confinamiento es consecuencia del «parón» de las actividades no esenciales y la reorientación de la parte restante del sistema productivo y de distribución hacia las necesidades prioritarias de una economía en cuarentena.

En materia de ahorro, los autores destacan la ausencia de un escenario de prevención sistémica en todos los países y a todas las escalas para hacer frente a una pandemia como esta.

En el caso de España, esta afirmación, para el sector público, se refleja en la necesidad de elevar el estatus de las políticas de Salud Pública y dotarlas de recursos masivos que hay que detraer de otros usos.

Igualmente, en el ámbito privado o familiar, este escenario está obligando a asignar recursos más escasos a atender necesidades perentorias de liquidez para afrontar pagos en detrimento de otros usos personales o familiares, según el estudio.

Sobre los autónomos, los autores resaltan que el trabajo autónomo constituye un «densísimo entramado» de servicios directos a los hogares y también en el encadenamiento de servicios a empresas, y hacen especial énfasis en que los trabajadores autónomos tienen un menor grado de protección social que los asalariados en materia de pensiones, desempleo, e incapacidad transitoria.

Según los autores, una característica que ha acabado distinguiendo decisivamente a las mutualidades alternativas al RETA es que, mientras que el RETA, que es parte integral de la Seguridad Social, practica el método financiero del «reparto», las mutualidades practican el de capitalización individual.

El sistema de capitalización es aquel que se basa en el ahorro individual y consiste en la acumulación de las aportaciones y de los rendimientos generados de forma individualizada; los fondos constituidos se destinan a la cobertura de las prestaciones de cada contribuyente transformándose en flujos de renta y/o servicios a la ocurrencia de la jubilación o contingencias.

La Mutualidad de la Abogacía realizó esa transformación en el año 2005, evolucionando de un sistema de capitalización colectiva a uno de capitalización individual, con el lanzamiento de su producto Plan Universal.

El reto esencial del mutualismo previsional durante esta crisis es preservar este modelo, según Mutualidad, que añade que deben ser capaces de mantenerse cerca del mutualista, de adaptarse a una supervivencia financiera y evolucionar teniendo en cuenta la oferta previsional de la Seguridad Social, a la que han tenido que mejorar en ocasiones siempre respetando el imperativo de la solvencia financiera.

En este sentido, para garantizar que el mutualista está informado sobre el estado de sus contribuciones, su retorno y su ahorro previsional, la Mutualidad de la Abogacía decidió, en el año 2018, suministrar a todos sus mutualistas lo que se conoce como «sobre naranja».

El sobre naranja tiene su origen en Suecia, donde comenzó la práctica de informar a todos los afiliados al sistema público pensiones del importe de su pensión de jubilación para así promover el ahorro previsional.

«Este ejercicio de anticipación da un gran margen de maniobra para los mutualistas, quienes, en caso de considerar insuficiente la pensión estimada pueden mejorarla aumentando sus aportaciones si lo desean», destaca Ariza.