El Gremio de la restauración ha ganado su primera batalla judicial por los horarios de apertura. Sin embargo, los jueces les han dado la razón tras dos votaciones, obligándose a constituir la denominada sala de Discordia tras un empate a tres. Además, sólo han aceptado las medidas subsidiarias, denegando la principal demanda del sector.
En el auto, al que ha tenido acceso MERCA2.es, se muestra la división interna entre los magistrados que componen la Sala. Tras el empate a votos en la primera deliberación, los magistrados convocaron la sala de Discordia, a la que se sumaron otros tres magistrados para poder discutir el asunto y encontrar una solución.
La discusión en la Sala de Discordia se ha plasmado en el auto. Y es que, Todos los perdedores en la votación han emitido un voto particular, en el que dan la razón a la Generalitat sobre las restricciones impuestas hasta ahora. Todo para evitar una hora más de negocio a bares y restaurantes pese a decretarse el fin del estado de alarma. Además, una de las magistradas ha emitido otro voto particular al considerar que la sala de Discordia no se había constituido acorde a la legalidad vigente.
DISCREPANCIAS EN LA COMPOSICIÓN DE LA SALA DE DISCORDIA
Entiendo que la composición de esta Sala de discordia no es conforme» con la ley ni con el acuerdo de Gobierno del Tribunal «y afecta directamente al juez predeterminado por la ley y a las reglas estatutarias de composición de los tribunales, requisitos que han de ser comprobados de oficio por los Tribunales como garantía de la validez de sus actuaciones», argumenta la magistrada María Luisa Pérez.
A su juicio, la «defectuosa constitución» de esta sala, sólo constituida en caso de empate en una deliberación, «es una cuestión previa que es preciso dirimir«. Según explica, la magistradas Núria Bassols Muntada tuvo que ser excluida de esta sala de Discordia al no pertenecer a la Sala de lo contencioso-administrativo, que es la competente en este caso. Bassols Muntada tiene su plaza en la Sala Civil y Penal.
Los cuatro magistrados discrepantes firman un voto particular al considerar que la situación de la pandemia ha cambiado respecto a hace justo un año. Si bien, han señalado que las medidas adoptadas por la Generalitat, a través del Procicat, «no son tan restrictivas«. En este sentido, destacan que el Govern ha tratado de buscar el «punto de equilibrio entre la protección de la salud pública y los intereses económicos y de producción».
MAGISTRADOS FAVORABLES AL AHOGO ECONÓMICO
«Debe rechazarse -añaden los magistrados discrepantes- que en la situación actual pueda prescindirse de las medidas previstas» en relación con la actividad de restauración, y que, en consecuencia, pueda acordarse la medida cautelar solicitada«. A su juicio,
la suspensión de las medidas restrictivas «podría comportar una grave perturbación para los intereses públicos en materia de salud pública, y graves perjuicios para terceros».
Además, han considerado que el Gremio de la Restauración no ha aportado una prueba técnica
cualificada que permita sustituir el criterio técnico del Procicat, como tampoco ve desproporcionadas las medidas adoptadas hasta ahora, pese a que en Madrid sí se ha abierto la mano en bares y restaurantes.
NI ESPECIALISTAS NI TITULADOS EN MEDICINA, ASÍ ARGUMENTAN LOS MAGISTRADOS
«La prolongación del horario de la actividad y el incremento de aforo comporta un aumento
de usuarios por metro cuadrado de superficie del establecimiento, que no siendo los Magistrados de este Tribunal titulados en medicina, ni especialistas en salud pública, solo podrían rectificar con decisiones infundadas técnicamente, y por tanto sin garantías de eficacia para protección de la salud pública», destacan los magistrados, quienes tratarían a la hostelería como un foco de contagios, a pesar de los numerosos botellones que se están produciendo en las zonas costeras e interior cada fin de semana.
Pese a estos votos discrepantes, el TSJC ha admitido imponer algunas de las peticiones del Gremio de la Restaturación. Se trata de medidas subsidiarias para alargar los cierres nocturnos hasta las 00.00 horas, una más de la estipulada hasta ahora. Asimismo, podrán ampliar el aforo del interior al 50%, frente al 30%. Aún así, la Generalitat podía recurrir este auto en el plazo de cinco días, sin embargo, ha preferido ir más allá de los jueces y permitir las reuniones de hasta diez personas a partir de este lunes, 24 de mayo.
LA GENERALITAT TRATA DE CUBRIRSE ANTE EL VARAPALO JUDICIAL
Pese a que no se le han admitido todas las demandas pedidas, el Gremio de la Restauración se ha mostrado satisfecho con la resolución judicial. Se trata del primer auto favorable a las miles de empresas que han sufrido una asfixia económica desde el inicio de la pandemia. A su juicio, es un mensaje nítido al Govern, en manos ahora de ERC y JxCat.
Para estos empresarios pequeños y medianos en su mayoría, la política de restricciones era «desproporcionada«. El director del Gremio de Restauración, Roger Pallarols, ha asegurado que no había tiempo que perder y «no se podía esperar ni un minuto más«. La persona más mediática del sector en Barcelona ha mostrado la necesidad de continuar abriendo camino hacia «la reactivación económica».
Según ha considerado, que los jueces hayan dado la razón a este Gremio, que engloba el 90% de la restauración de la ciudad de Barcelona, ha hecho moverse aún más rápido a la Generalitat, que anunció nuevas medidas el mismo día en el que se conoció el auto. «No parece que haya sido una decisión espontánea, sino más bien forzada por las malas perspectivas judiciales», ha afirmado Pallerols.
