La mayor parte de los casos de mediación tramitados por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en 2019 tenían como origen conflictos relacionados con cuestiones salariales y el tiempo de trabajo, según la Memoria de Actividades del SIMA presentada este jueves en rueda de prensa por la directora de la Fundación SIMA-FSP, Beatriz Losada, y la presidenta del patronato de la Fundación, Elena Gutiérrez.

El número de procedimientos tramitados por el SIMA en 2019 ascendió a 424, lo que supone que gestionó el 92,2% del total de las discrepancias que se produjeron en su ámbito de actuación, esto es, todos los conflictos colectivos laborales que afectaban a más de una comunidad autónoma. De la tramitación de estos expedientes se beneficiaron 4.822.850 trabajadores pertenecientes a 165.318 empresas.

Según la memoria, en el 99,3% de los casos se optó por la mediación y el 80,9% de los expedientes gestionados se instó para la interpretación y aplicación de una norma, acuerdo o pacto colectivo.

El 25% de estos expedientes sobre interpretación de normas o pactos colectivos versó sobre cuestiones salariales, en particular sobre aspectos como la retribución variable, los beneficios sociales o el abono de incentivos.

Le siguen los planteados por discrepancias en torno al tiempo de trabajo (20,7%), principalmente en materias referentes a la determinación de la jornada, su duración o su cómputo anual y al disfrute de permisos o licencias.

La memoria refleja además que, de los 69 procedimientos que se promovieron con carácter previo a la convocatoria formal de una huelga, un tercio fueron consecuencia de procesos de restructuración de empresas.

La mayoría de los asuntos tramitados por el SIMA durante 2019 se debieron a conflictos de negociación o aplicación de lo acordado surgidos en el ámbito empresarial, de los que el 82,3% pertenecían al sector servicios.

De todos los procedimientos gestionados por el SIMA en 2019, el 30,6% finalizó con acuerdo, la mayor parte por discrepancias planteadas en el ámbito empresarial por la interpretación y/o aplicación de una norma, acuerdo o pacto colectivo y con el objeto de dirimir desencuentros en torno al salario o al tiempo de trabajo.

La Fundación SIMA-FSP es una institución tripartita perteneciente al sector público estatal cuya creación, que data de 1996, fue fruto del acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales alcanzado entre CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para contribuir a resolver las discrepancias surgidas entre las partes en sus negociaciones colectivas a través de procedimientos de mediación y arbitraje.

UGT propuso a Liberty House la compra de las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés junto a la de Cervo (Lugo). «Ha salido en las conversaciones», según ha reconocido el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, en declaraciones en Santiago coincidiendo con el congreso de esta sección en Galicia.

En cualquier caso, para «no presionar», ha evitado responder a la pregunta de si la empresa, parte del grupo GFG Alliance e interesada en la compra de la fábrica de A Mariña, baraja la opción de hacerse también con las otras dos factorías que con anterioridad eran propiedad de Alcoa.

«Se lo hemos planteado los sindicatos. Nos gustaría. Y ellos conocen la realidad», ha apuntado Pedro Hojas, antes de urgir a las administraciones a que «se vuelquen» con este inversor, para «que no se canse» y desista de la operación, ante la negativa de Alcoa de venderle la planta de San Cibrao.

Y es que, según ha advertido el sindicalista, la venta de las fábricas de A Coruña y Avilés fue «fallida» y realizada «bajo la mentira y el engaño», dada la crisis que todavía les afecta.

En este escenario es en el que UGT considera que hay que «revertir esa venta» y buscar «una solución conjunta» para las factorías de las tres localidades.

SIEMENS-GAMESA

Por otra parte, también ha reclamado al Gobierno «que intervenga» en relación con la situación de Gamesa, y que declare «nula la venta a Siemens» en caso de que se quiera «ir» y dejar de producir en España. «No podemos permitir este goteo continuo», ha avisado.

«No se lo podemos permitir, se tiene que comprometer», ha resaltado, en referencia a un proceso de «deslocalización» de la producción por parte de la compañía. «Si se quiere ir, que la administración intervenga y declare nula la venta a Siemens», ha concluido.

En el contexto de la actual crisis por la pandemia de la covid-19, el portavoz de UGT FICA ha urgido avanzar en el «pacto por la industria», ya que de momento «no ha habido ninguna reunión» en esta materia.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que a la UE no le va a «temblar el pulso» a la hora de imponer aranceles a Estados Unidos si éste país no los retira y no se sienta a negociar, en un marco donde «efectivamente ahora estamos más equilibrados porque contamos con el respaldo de la OMC».

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha autorizado a la Unión Europea (UE) a imponer aranceles sobre productos procedentes de Estados Unidos por un máximo anual de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) como compensación por las subvenciones recibidas por Boeing.

La Unión Europea ya habría elaborado una lista preliminar de productos estadounidenses sobre los que se aplicarían los aranceles, entre los que se encuentran los aviones de Boeing. La decisión sobre las medidas adoptadas no tendrá efecto hasta el próximo 26 de octubre, cuando se reúnan en la OMC.

«Es una noticia esperada que tuviéramos esa capacidad también para poder negociar de una manera más equilibrada con Estados Unidos. Nosotros confiamos y exigimos a Estados Unidos volver a sentarnos a negociar y con una exigencia clara, que es la de que retire inmediatamente esos aranceles», insistió la ministra en una entrevista en RTVE.

En este punto recordó que en los próximos días se publicará la lista de productos sobre los que se aplicarían los aranceles, que no solo están perjudicando al sector aeronáutico, sino también al agroalimentario.

«Si no hay voluntad de retirada de estos aranceles no nos va a temblar el pulso de imponer aranceles a Estados Unidos si no los retira y si no se sienta a negociar», justificó la ministra.

La ministra finalizó destacando dos importantes palancas en las que hay que profundizar tanto en el sector industrial como en el turístico, como son la digitalizacion y sostenibilidad para hacer un valor de identidad de España.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha vuelto a reclamar al Gobierno la reducción del IVA a los productos pesqueros del 10% actual al 4% para aliviar el fuerte impacto que ha tenido en el sector la crisis provocada por el coronavirus tras el cierre parcial del canal Horeca, las restricciones actuales en bares y restaurantes y la reducción del turismo.

«No nos vamos a cansar de pedir al Gobierno que se reduzca el IVA de los productos pesqueros, aunque haya voces en el Ejecutivo que amenazan con subirlo en estos momentos. Creemos que es una medida justa y necesaria que, además de beneficiar a un sector muy castigado por el coronavirus puede tener un efecto social tremendamente positivo para la población», ha indicado el secretario general de Cepesca, Javier Garat, en un encuentro con los medios.

Garat ha lamentado que el Ejecutivo no preste atención al sector pesquero, como está haciendo con otras industrias como la del automóvil o el turismo. «Nunca se han dignado a contestarnos ante la petición del IVA. Creemos que es paradójico que una potencia pesquera como España, dedicada a proporcionar alimentación saludable, no concentre la misma atención», ha subrayado.

El sector, que estima que esta situación por la pandemia se mantendrá en los próximos meses, ha reducido en un 20% la venta de productos pesqueros, mientras que para especies de ‘alta gama’ como el marisco o el pez espada, entre otros, el impacto llegó a ser superior al 80%, aunque ya «va mejorando», según ha avanzado Garat.

Por otro lado, el secretario general de Cepesca ha señalado que la crisis por la hostelería no se ha visto compensada con el consumo de productos pesqueros en pescaderías y grandes superficies que, con ligeras disminuciones, tras el repunte registrado durante las semanas del confinamiento, se mantiene actualmente estable.

Las previsiones apuntan a que, a medida que se agudice la crisis económica, muchas familias se verán obligadas a reducir su gasto en alimentación, penalizando la adquisición de productos frescos frente a otros procesados y envasados, pero más económicos.

«Todos sabemos que la crisis sanitaria da lugar a una crisis económica y social, que no hemos vivido desde la Guerra Civil y nos preocupa. El dinero que van a tener los consumidores será menor del habitual y provocará que haya menos consumo de productos pesqueros que son necesarios», ha señalado.

Respecto a la campaña de Navidad, el sector muestra una gran incertidumbre sobre el pico de ventas que habitualmente representan estas fechas, debido a la inestabilidad a la hora de diseñar escenarios por la pandemia y las restricciones sociales y de movimientos que se puedan imponer.

Garat ha reiterado que esta complicada situación se podría aliviar con la reducción del IVA como se aplica a otros productos básicos como la leche, el pan, los cereales, huevos, fruta o verduras. «Es una petición unánime de todo el sector. Tiene que bajarse sí o sí, y por eso nos preguntamos ¿Por qué no están entre esos alimentos básicos los productos pesqueros?», ha cuestionado.

MOMENTO «IMPORTANTÍSIMO» EN LA NEGOCIACIÓN DEL ‘BREXIT’

Otro de los temas que está sobre la mesa del sector pesquero en la actualidad es la negociación final del ‘Brexit’, que se encuentra en un «momento importantísimo y crucial» para cerrar un acuerdo en materia pesquera durante las próximas semanas y que sea ratificado a tiempo para su entrada en vigor el 1 de enero de 2021.

«Tenemos la sensación de que la pesca será uno de los asuntos que van a suponer la vara de medir del acuerdo. El Gobierno de España y el resto de países y la Comisión Europea deben seguir defendiendo el mandato de la negociación y jugar todas las cartas disponibles. No se puede permitir que a última hora nos puedan vender, como ya ha ocurrido en otras ocasiones», ha advertido Garat.

El secretario general de Cepesca ha alertado de que no es momento de escuchar «cantos de sirena», como los que llegan desde Reino Unido que hablan de la posibilidad de un periodo transitorio o de acuerdos sobre acceso y cuotas plurianuales.

Por su parte, el miembro de la junta directiva de Cepesca y portavoz de Eufa, Iván López Van deer Veen, ha señalado que sería «inaceptable» que el 1 de enero de 2021 la flota pesquera europea se colapse y no pueda trabajar por problemas burocráticos. «Lo que nos preocupa es que la flota británica trabaje y la europea no», ha subrayado.

Por último, el sector pesquero español ha pedido «unidad de criterio» al Gobierno y una «mayor coordinación» con los diferentes Ministerios (Agricultura, Comercio, Trabajo, Fomento o Exteriores, entre otros) que están implicados en la gestión pesquera por el bien de la flota nacional.

En concreto, Garat ha mostrado la «preocupación» del sector por la relación que se mantiene con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por Teresa Ribera. «Nos da la sensación de que no conocen bien el sector pesquero y estamos en años decisivos para la gestión pesquera en el futuro. El Gobierno debe tener una posición única y clara donde apueste por este sector», ha subrayado.

En esta línea, el sector pesquero ha reiterado su preocupación por la situación del Instituto Español de Oceanografía (IEO) tras los planes del Gobierno de su absorción por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una decisión que ha generado malestar entre la comunidad científica y que hace temer al sector sobre la viabilidad de un organismo, cuya labor de investigación, evaluación y asesoramiento es «fundamental» para la mejora continua de la gestión pesquera.

El plan del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para comprar material rodante para Renfe, que incluye la licitación de trenes desde el año 2019, supone una creación de empleo que asciende a 52.000 nuevos puestos de trabajo durante toda la duración del plan.

Así lo ha detallado el ministro José Luis Ábalos durante su participación en el foro ‘Construyendo un futuro sostenible, diálogos para la recuperación económica’, organizado por el grupo Prisa, donde ha puesto en valor la importancia de su Departamento como «dinamizador del empleo».

En concreto, se ha referido a la Movilidad y la Vivienda como los dos ejes clave para la recuperación tras la pandemia, siendo la compra de material rodante para Renfe una de las actuaciones que considera de «gran impacto dinamizador en el empleo».

En este sentido, Renfe ha superado recientemente los 3.500 millones de euros en licitaciones lanzadas desde 2019 para la compra de material rodante, lo que permitirá renovar aproximadamente el 50% del parque de trenes dedicados al servicio público.

«RESPONSABILIDAD Y UNIDAD»

Junto con este plan, Ábalos ha destacado que España necesita orientar esta recuperación hacia una modernización de la economía, que resulte «más sostenible, inclusiva y resiliente» con una actitud de «responsabilidad y unidad.

Frente a las empresas asistencias al acto, el ministro ha defendido una vez más la actuación del Gobierno en Madrid, donde ha decretado el estado de alarma para contener la propagación del virus, diciendo que no se trata de anular críticas y oposiciones, sino de estar abiertos al diálogo y asumir la responsabilidad de gobernar.

Respecto a este mensaje de unidad, ha hecho un llamamiento a todos los agentes y partidos políticos para llegar a acuerdos en torno a la recuperación económica «sin poner trabas, alinear planteamientos y evitar enfrentamientos». «Minar la capacidad de actuar del Gobierno es minar la democracia y la capacidad de recuperación», ha añadido.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Entre las líneas básicas de actuación de su Ministerio en el plan de recuperación español ha destacado la agenda urbana y rural y los ecosistemas de infraestructuras resilientes, en los que enmarca el impulso a zonas de baja emisión en ciudades de más de 50.000 habitantes o la construcción de carriles bici y aparcamientos disuasorios.

También busca priorizar el transporte público, los carriles bus, la adecuación de intercambiadores, la modernización de flotas de autobuses, el impulso a puntos de recarga de vehículos eléctricos o la rehabilitación de más de 500.000 viviendas durante los próximos años.

UGT ha exigido a la Dirección General de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Glovo y la actuación coordinada en toda España para la laboralización de más de 9.000 ‘riders’ de la plataforma, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el Alto Tribunal falló hace unas semanas en contra de la plataforma de reparto Glovo al reconocer que existía una relación laboral entre los repartidores y la empresa.

El sindicato ha recordado que ese modelo de negocio es también extensivo al resto de plataformas digitales de reparto como Deliveroo, Stuart y Uber Eats.

De esta forma, UGT cree que se debe abordar las altas en el Régimen General de la Seguridad Social de todos los repartidores de todas las plataformas, lo que supondría dar de alta a más de 15.000 repartidores en toda España. «Esta vez, le hemos solicitado a la Inspección que dichas altas se realicen en función del salario del convenio colectivo sectorial de la actividad a la que pertenece cada plataforma», han precisado.

Por otro lado y antes de abordar cualquier tipo de legislación sobre el modelo de las plataformas digitales, UGT considera que es «obligatorio» hacer cumplir las leyes existentes y señala que la Administración del Estado «no puede ponerse de perfil» y no abordar este cometido que corresponde al poder Ejecutivo, después de que el poder Judicial ya se haya pronunciado.

«No podemos permitir que las empresas sigan esgrimiendo cualquier excusa para no aplicar la legislación laboral vigente», reiteran desde el sindicato.

Los inversores alemanes y franceses superarán este año el volumen invertido el año pasado en el sector inmobiliario en ciertos países europeos, entre los que se encuentra España, según ha apuntado la consultora Savills en un comunicado tras recoger datos de RCA.

La consultora ha explicado que la ausencia de algunos inversores competitivos externos al continente ha permitido que los propios europeos ocupen este hueco.

Entre enero y septiembre de 2020 los inversores alemanes han invertido más de 1.400 millones de euros en inmobiliario en España, un aumento del 77% sobre el volumen total del año pasado (800 millones de euros), y donde la principal operación ha sido la adquisición del Intu Asturias por parte de ECE.

Asimismo, los inversores alemanes invirtieron además más de 1.890 millones de euros en el Reino Unido (cerca de los 1.900 millones de euros en todo 2019) y más de 850 millones de euros en Italia (79% del total de 1.000 millones de euros del año pasado), «por lo que en ambos mercados es muy probable que se sobrepase el total 2019 al cerrar último trimestre de este año», según Savills.

El director de inversiones Cross Border para el Sur de Europa en Savills, Carlos Ruiz-Garma, ha apuntado que el inversor alemán busca activos de calidad en mercados estables con seguridad jurídica. «España, tras la aparición de las socimis y la importante inversión realizada para mejorar la calidad de los activos inmobiliarios, es uno de los principales focos de inversión para los grandes fondos alemanes», ha remarcado.

Por otro lado, la inversión inmobiliaria ‘cross border’ por parte de inversores franceses asciende a 2.450 millones de euros en Alemania hasta septiembre, acercándose a los 2.540 millones de euros del año 2019, a 1.100 millones de euros invertidos en Reino Unido y 1.500 millones en Italia, en ambos casos cerca de los volúmenes a cierre de 2019, cuando se registraron 1.200 millones en el primer caso y 1.690 millones en el segundo.

En España, según datos de Savills Aguirre Newman, la inversión francesa directa en el sector terciario, oficinas, retail, logístico y hoteles asciende ya a más de 400 millones, un 10% más que a cierre de 2019, tras operaciones como la compra por un fondo gestionado por Amundi Real Estate de un edificio de oficinas en la zona de MadBit, en Julián Camarillo en Madrid o la compara de una cartera de supermercados por parte de Corum AM.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y las titulares de Defensa y Trabajo, Margarita Robles y Yolanda Díaz, respectivamente, son por ese orden los miembros del Gobierno mejor valorados por los ciudadanos, mientras que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se encuentra entre los peores.

Así se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre hecho público este jueves, y en el que los ministros que, además de Iglesias, salen peor parados son los responsables de Justicia, Juan Carlos Campo; Universidades, Manuel Castells, y Agricultura, Luis Planas.

En concreto, la vicepresidenta tercera y responsable de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, es la única persona con sillón en el Consejo de Ministros que recibe un aprobado por parte de la ciudadanía, que le concede un cinco de nota media.

DUQUE PIERDE LA PRIMERA PLAZA

Se sitúa así como la mejor valorada del todo el Ejecutivo, quitando el puesto al titular de Ciencia, Pedro Duque, que fue el mejor calificado en el anterior barómetro con ranking de ministros, publicado en marzo.

Calviño supera en medio punto al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, que se anota un 4,5, y al que también ganan Illa y Robles, que empatan con un 4,7, y Díaz, la ministra de Unidas Podemos con mejor nota, 4,6.

Illa ha mejorado en medio punto su calificación con su gestión de la pandemia del coronavirus, ya que en marzo había logrado un 4,2. Entonces un 62% de los entrevistados no le conocía y ahora le identifica como titular de Sanidad cerca del 85%. También Robles, tras la colaboración de Ejército en la crisis sanitaria, saca ahora mejor nota –pasa de un 4,1 a un 4,7– y empata con Illa el segundo puesto.

La tercera plaza es para la responsable de Trabajo, quien venía de compartir en marzo la segunda posición con Calviño. Ahora baja un escalón aunque sube tres décimas, hasta el 4,6.

CAMPO Y CASTELLS, A LA COLA CON IGLESIAS

En el otro extremo, los miembros del Gobierno con peor puntuación (3,4) son el líder de Podemos, Pablo Iglesias, –que pierde tres décimas– y los responsables de Justicia, Universidades y Agricultura. Éstos tres últimos bajan nota, en especial Castells, que se había estrenado en marzo con un 4,2.

Les sigue el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que ahora se libra del farolillo rojo, aunque repite con un 3,5, la misma puntuación que la ministra de Igualdad y dirigente morada, Irene Montero, que pierde una décima respecto a marzo.

El resto de responsables ministeriales aparece a medida tabla sin grandes variaciones en sus calificaciones respecto al ranking anterior. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se anota un 4,3 frente al 4,1 de marzo, mientras que la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, pasa de un 4 a un 3,8.

Por su parte, el líder de Izquierda Unida, el tercer partido con presencia en el Gobierno de coalición se ha dejado dos décimas en estos siete meses y se queda con 3,7.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves ante el Pleno del Congreso que la regulación del teletrabajo «inaugura una serie de avances legislativos en los próximos meses» para poner el marco laboral «a la altura de la España del siglo XXI», y ha asegurado que se desarrollarán «con diálogo social».

Díaz, que ha defendido ante la Cámara la convalidación del decreto ley, ha reivindicado el papel de los sindicatos y las patronales, con quienes ha pactado esta regulación y que, ha asegurado «supieron preservar sobre todas las cosas el interés general frente al de parte».

«Son todo un ejemplo del que, como Gobierno, nos sentimos legítimamente orgullosos», ha aseverado, señalando que «la ciudadanía está necesitada de diálogo y abomina de la crispación». «Sobra crispación y falta diálogo», ha espetado la titular de Trabajo, que considera que existe «el peligro de que las instituciones se resientan definitivamente».

«En este momento histórico del país en el que tanto nos jugamos, el diálogo no es un camino: es el único camino», ha subrayado Díaz, animando a seguir «esa senda» ante el «clamor ciudadano».

«EL TRABAJO NO PUEDE SER SIMULTÁNEO A LOS CUIDADOS»

En su defensa del decreto ley, Díaz ha subrayado que esta modalidad de trabajo a distancia «no es una forma de trabajo especial diseñada para conciliar» pues, ha recalcado, «el trabajo no puede ser simultáneo, en lugar ni tiempo, a los cuidados, ni cuando se trabaja en la oficina ni cuando se trabaja en casa».

Así, ha explicado que la regulación aprobada por el Gobierno «busca desterrar definitivamente la imagen de mujeres u hombres tratando de cuidar a sus hijos mientras atienden la pantalla de su ordenador» y que, por tanto, una persona que teletrabaje «tendrá el mismo derecho a la adaptación de su jornada que una persona que trabaje presencialmente.

La titular de Trabajo ha abundado que esta regulación «establece los pilares para el desarrollo de formas sanas de trabajo a distancia», «consciente de las potencialidades y de los problemas que suscita la presencialidad completa» y que, por ello, «promueve formas mixtas de organización del trabajo».

Los distritos y barrios de La Moraleja (Alcobendas, Madrid), Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), junto a Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón), Salamanca-Goya y Aravaca (Madrid), son las zonas que presentan las mayores rentas brutas medias de toda España.

Así se desprende de la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los mayores municipios por código postal referida al año 2018, elaborada y publicada este jueves por la Agencia Tributaria, que refleja un predominio de distritos madrileños y barceloneses entre los que presentan una mayor renta disponible media.

En concreto, La Moraleja, distrito del municipio madrileño de Alcobendas, es el barrio con mayor renta bruta de toda España, con una renta de 214.276 euros, un 28% que el ejercicio anterior y más del doble respecto al segundo distrito con mayor renta disponible media, Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), que presenta una renta bruta media de 97.866 euros, un 5,4% más.

A continuación se sitúa, adelantando una posición, el distrito de Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón), con 96.930 euros; Salamanca-Goya, que baja un puesto pero aumenta su renta bruta media hasta los 95.492 euros; Aravaca (Madrid), con 95.427 euros y Pedralbes-Sarriá (Barcelona), con 92.053 euros.

Completan el ‘top diez’ de barrios con más renta bruta y media de España los distritos de Castellana (Madrid), con 91.283 euros; Muntaner (Barcelona), con 88.149 euros; Nueva España (Madrid); con 86.202 euros. Seguido y muy cerca, pero por debajo de 80.000 euros, figura el resto del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, con 79.506 euros.

Por su parte, los diez distritos con menos renta bruta media de España son Carrús-Plaza Barcelona (Elche, Alicante), con 15.776 euros; Garrapilos (Jeréz, Cádiz), con 17.123 euros; Sector Sur-Polígono del Guadalquivir (Córdoba), con 17.321 euros; Altamira-El Toscar (Elche), con 17.377 euros y Gea y Truyols (Murcia), con 17.643 euros.

El resto de barrios y distritos con menos renta son Ciudad Jardín (Alicante), con 17.874 euros; Los Ramos (Murcia), con 18.171 euros; Alquerías (Murcia), con 18.504 euros; Bellavista-La Palmera-Cerro-Amate (Sevilla), con 18.707 euros; y Guadalcacín (Jeréz, Cádiz), con 18.764 euros.

En la ciudad de Madrid los barrios con mayor renta son Salamanca-Goya, Aravaca, Castellana, Nueva España o Castilla-Chamartín, mientras que los que tienen una menor renta declarada son Entrevías-Puente de Vallecas, Pavones, Villaverde-S o Usera.

Entre el distrito más rico, Salamanca-Goya (95.492 euros) y el que presenta menos renta bruta, Entrevías-Puente de Vallecas (20.767 euros), hay una diferencia de 4,5 veces entre ambas.

De su lado, en Barcelona los barrios con más renta son Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes, Pedralbes-Sarriá, Muntaner, Sant Gervasi-La Bonanova, Diagonal-Provença, Passeig de Gràcia-Rambla de Catalunya y Sant Gervasi, mientras que los que tienen menos renta son Vallbona-Ciutat Meridiana-Torre Baro-Canyelles, Ciutat Vella-El Raval, La Guineueta-Verdún, La Prosperitat-Porta, La Verneda i La Pau y Pueblo Seco.

La estadística refleja que un total de 40 grandes ‘urbes’ españolas concentran el 43,6% (248.259 millones) del total de la renta bruta en el país (569.463 millones), encabezando la lista la ciudad de Madrid (12,2%), a más del doble de distancia de Barcelona (5,8%), y seguida por Valencia (2,1%), Zaragoza (1,9%), Sevilla (1,6%), Málaga (1,09%) y Palma de Mallorca (1,09%).

CCOO ha alertado de que los incentivos a la contratación no aumentan el volumen total de empleo y ha pedido que se identifique con exactitud el efecto que se quiere producir con cada uno de los tipos de incentivos a la contratación, según ha apuntado en un comunicado.

Para el sindicato, los incentivos deben estar limitados temporalmente en su duración y ha dejado claro que deben ser un apoyo específico al fomento del empleo, «no una reducción permanente del coste laboral». «En las pocas evaluaciones que se han realizado se ha concluido que los incentivos a la contratación indefinida tienen un impacto bajo», ha resaltado CCOO.

De su lado, la secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional, Lola Santillana, ha apuntado que, «en todo caso» se podría subvencionar la contratación indefinida ordinaria a tiempo completo.

Para Santillana, los incentivos deben centrarse en colectivos o aspectos concretos ajustados a la realidad de cada territorio, «que incluyan situaciones no contempladas en el ámbito estatal».

En concreto, el sindicato que lidera Unai Sordo defiende que los incentivos deben centrarse en la contratación de personas paradas de larga duración o baja cualificación, con especial atención a quienes que han agotado sus prestaciones por desempleo, mayores de 45 años, las personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad.

CCOO aboga porque los incentivos territoriales sean subsidiarios de los estatales y no superen el 60% del coste empresarial. Deben vincularse al mantenimiento de plantillas estables y a la reducción de la temporalidad, ajustada al tamaño de las empresas», ha subrayado el sindicato que, además, ve imprescindible que el Gobierno establezca mecanismos de control de la vigencia de los contratos incentivados.

Por otro lado, respecto a las personas con discapacidad, CCOO ha señalado que en el borrador del Real Decreto de Políticas Activas de Empleo se incluya la obligatoriedad de facilitar su acceso al empleo, «eliminando las barreras que todavía padecen».

«Se debe fomentar la contratación de personas con discapacidad, especialmente en el caso de mujeres, dadas las diferencias que presentan respecto a la contratación masculina», ha puntualizado Santillana.

Además, pide que se incentive el tránsito de personas trabajadoras con discapacidad de centros especiales de empleo o empresas de inserción a empresas ordinarias, «estímulo que resulta clave para su inserción social y laboral y para su desarrollo personal como ciudadanos de pleno derecho».

«No garantizar un mínimo de condiciones en las contrataciones que se realicen a través de estas subvenciones es un retroceso y una dejación de la responsabilidad política que debe liderar este tipo de actuaciones», ha apostillado CCOO.

Asimismo, ha dejado claro que está de acuerdo con la AIReF en que los incentivos no pueden sustituir a las reformas estructurales que necesita el país para acabar con la temporalidad y con «las elevadísimas tasas de desempleo». Así lo ha señalado después de que la autoridad presentase ayer una nueva edición de sus ‘spending reviews’ para analizar los incentivos a la contratación.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han firmado este jueves el acuerdo para compartir sede en Barcelona en el distrito tecnológico 22@.

El traslado obedece a las buenas instalaciones y espacios del edificio de la CNMC, según la CNMV. La mudanza se llevará a cabo una vez que finalicen las obras de acondicionamiento en los próximos meses.

La CNMC acogerá así en sus instalaciones a la CNMV, organismo que traslada su delegación situada hasta ahora en la sede de la Bolsa de Barcelona en el Paseo de Gracia, tal y como se anunció en marzo de 2019.

Según el acuerdo, la CNMV podrá utilizar los espacios con que cuenta el edificio del organismo que preside Cani Fernández, sobre todo para reuniones relacionadas con las organizaciones internacionales de las que forma parte, como la Autoridad Europea de Mercados (ESMA) y Valores o la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

El Círculo de Empresarios ha publicado este jueves un documento con propuestas para mejorar el mercado laboral en el que plantea reducir «drásticamente» las modalidades de contratación a tres (indefinido, temporal causal y formativo), y crear un nuevo contrato temporal, transitorio, extraordinario y bonificado, para las empresas que reanuden o lancen su actividad tras el coronavirus.

Se trataría, explica el Círculo, de permitir como causa explícita de la contratación temporal el lanzamiento o reanudación de la actividad tras la pandemia. Este contrato extraordinario «para una situación extraordinaria» tendría una duración mínima de un mes y un máximo de 12 meses, podría convertirse en indefinido e incentivarse a través de bonificaciones directas en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El Círculo plantea en su propuesta que dichas bonificaciones varíen en función del tamaño de la empresa y sean superiores si este contrato temporal transitorio acaba convertiéndose en fijo. «Sería una especie de contrato de fomento del empleo similar al que se creó en los años 80 y que tanto éxito tuvo para la creación rápida de empleo derivada de la crisis por su flexibilidad y su facilidad administrativa», defiende.

Al mismo tiempo, el Círculo plantea que las modalidades de contratación se reduzcan sólo a tres: un contrato indefinido que debería ser la figura contractual por defecto; uno temporal causal no superior a 24 meses, amparado en una necesidad tipificada de la empresa y sin necesidad de coincidir con los «rígidos moldes» de los contratos temporales actuales, y uno para la formación y el aprendizaje.

Así, propone que todas las modalidades vigentes de contratación indefinida se agrupen en un único contrato «lo suficientemente flexible» para que los actuales tengan cabida en ese nuevo marco normativo. Esta simplificación de contratos permitiría introducir una mayor claridad a la hora de aplicar el sistema de incentivos, «principal culpable», en su opinión, de la actual multiplicidad de contratos que existen.

A propósito de los incentivos a la contratación, el Círculo de Empresarios aboga por establecer un nuevo sistema, basado en criterios de eficacia y eficiencia, con los jóvenes más vulnerables como colectivo prioritario y dirigido a aquellas actividades económicas con más peso en el nuevo modelo productivo. Este nuevo sistema de incentivos, apunta, «debería estar sometido a evaluación continua» por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Considera además que deberían aumentarse «sustancialmente» los recursos destinados a acciones de empleo y formación, buscando un nuevo equilibrio entre las políticas activas de empleo y las prestaciones por desempleo y manteniendo la intensidad en la búsqueda de empleo de los perceptores de prestaciones, subsidios y rentas sociales.

«Hay que evitar el peligro de crear un sistema de contratación laboral subvencionado para aumentar la contratación indefinida evolucionando hacia un modelo en el que el incremento de la indefinición -a tiempo completo o parcial- se vincule a factores económicos como la mayor productividad y a factores sociales como la mejor integración de los trabajadores en la actividad productiva», subraya.

«CAMBIO SUSTANCIAL» EN LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

En paralelo a la simplificación en el número de contratos, el Círculo plantea una «decidida actuación de los poderes públicos» contra el fraude en la contratación, así como un «cambio sustancial» en las indemnizaciones por despido con el fin de incentivar la contratación estable.

En este sentido, propone un sistema mixto y obligatorio, en el que una parte de la indemnización por finalización de contrato dependa de la antigüedad del trabajador y la otra parte de una cuenta de ahorro individual, similar al modelo austriaco.

Cuando la remuneración estuviese limitada por el salario mínimo interprofesional (SMI), la contribución a la cuenta de ahorro individual sería realizada con cargo al presupuesto del Estado o de las comunidades autónomas, según plantea el Círculo, que considera que este nuevo sistema podría introducirse progresivamente, de modo que las nuevas contrataciones laborales se sujeten obligatoriamente a él y los contratos vigentes queden sometidos al sistema en vigor, salvo que fuera objeto de sustitución por el nuevo modelo a través de la negociación colectiva sectorial o de empresa.

COMPATIBILIZAR EL COBRO DEL PARO CON EL EMPLEO EN SALIDAS DE ERTE

El Círculo de Empresarios defiende además en su documento la necesidad de mantener y aplicar medidas de flexiseguridad en el mercado de trabajo, sobre todo en un escenario ‘postpandemia’, para mantener y facilitar la creación de puestos de trabajo.

Entre las medidas que plantea para lograr este objetivo aboga por dar un mayor espacio a la negociación colectiva para acordar medidas de flexibilidad interna; prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de enero de 2021; simplificar los trámites de suspensión temporal de contratos por causas objetivos, y mantener parcialmente las prestaciones por desempleo por un periodo máximo de tres a seis meses para aquellos trabajadores que hayan recuperado su empleo tras salir de un ERTE.

Sobre este último punto, explica que se trataría de compatibilizar el empleo con la prestación de paro «en circunstancias excepcionales de situación crítica de la empresa».

Como alternativa a esta medida, cree que se podría arbitrar un sistema similar al danés por el que el Estado transfiere ayudas a empresas en dificultades para compensar reducciones de salarios sin que el trabajador vea mermados sus ingresos. Ello reduciría los costes laborales de las empresas, que sólo tendrían que completar el salario anterior al impacto del Covid, con ciertas limitaciones y compromisos de mantenimiento del empleo.

En suma, el Círculo de Empresarios considera urgente reformar determinados aspectos del mercado laboral, «desde la colaboración y no desde la confrontación ideológica» y desde cuatro pilares que ve fundamentales: la confianza en la economía española, la certidumbre y la seguridad jurídica y el diálogo y el consenso social. «Aferrarse a posicionamientos ideológicos en situaciones extraordinarias no permite resolver los problemas», advierte.