Cuanto más intensas son las heladas que caen sobre economías, ciudades y hogares, más encendido es el debate sobre el mercado energético y sus disfuncionalidades. En la crónica política se suceden los reproches. Los mismos argumentos en contra de los que hoy ocupan el Gobierno, otrora en la bancada de la oposición, eran a favor de determinadas reformas, y viceversa. Pero conviene bajar de las musas al teatro, porque los llamativos titulares de los disparados precios de la electricidad llegarán en forma de recibo de la luz a empresas y familias que, sencillamente, no pueden pagarlo. Consumidores vulnerables y en situación o riesgo de pobreza energética pueden tirar de bono social para combatir las inclemencias del temporal meteorológico y energético.
Para corregir los efectos de la subida de la factura energética que generalmente, aunque con menor intensidad, se producen cada invierno, el Gobierno habilita mecanismos enfocados a los usuarios con dificultades para asumir este gasto. El bono social eléctrico y el bono social térmico han sido hasta ahora los instrumentos de ayuda a los que los ciudadanos que cumplieran determinados requisitos podían acogerse, tramitándolos a través de la compañía eléctrica contratada. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) avanza en esta estrategia para garantizar una cobertura de mínimos ante la fuerte dependencia de la energía, sobre todo en períodos de temperaturas extremas bajas o altas.
La idea sería ampliar la tipología de bonos sociales, con un bono multicombustible, tal y como comentó el director general de Política Energética y Minas del MITECO, Manuel García Hernández, en un encuentro digital organizado por Aelec sobre el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Precisamente este anteproyecto de ley pretende constituir otro instrumento del que se prevé un importante impacto en el recibo de la luz al repartir los costes -fijos- de las renovables en la factura -Recore- entre todos los sectores energéticos.
El representante del MITECO afirmó que el Gobierno trabaja en un bono social multicombustible que aportará una protección adicional a los hogares más vulnerables, independientemente de su ‘mix’ energético. Este tercer bono se circunscribe como los anteriores a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
Desde el departamento energético anticipan que el bono multicombustible, no estará solo ligado a los titulares de contratos de luz, como hasta ahora, sino también los de butano, gas y otras tecnologías. Además, será «automático» en su aplicación, para evitar los problemas burocráticos que existen en la actualidad al esperar la contestación y aplicar los descuentos o recibir las ayudas.
Y todo en un contexto que ha obligado a acelerar y reforzar las medidas de protección a causa del Covid-19, entre ellas la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los consumidores vulnerables mientras dure el estado de alarma. En este sentido, el MITECO trabaja con los interlocutores sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los proveedores de suministros.
Desde el pasado 1 de octubre, además, está en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores con menos recursos afectados por la pandemia que permite acelerar y anticipar el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis.
Además, el Ministerio desarrolla medidas para dar una respuesta integral que identifique las causas estructurales que originan la pobreza energética con el Plan Operativo que contempla la creación de un Suministro Mínimo Vital; la puesta en marcha de un bono social energético, universal y automático que facilite la coordinación entre los distintos niveles de la Administración; y la activación de la figura del mediador social para mejorar la detección de situaciones de pobreza energética y facilitar el acceso a la información a los consumidores vulnerables.
ACCIONES CONCRETAS Y CONTINUAS
Para consolidar de manera eficaz la protección efectiva del consumidor vulnerable, el MITECO ha desarrollado una serie de acciones concretas continuadas en la materia.
Así, en octubre de 2018 se aprobó el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores, que consolidó la lucha contra la pobreza energética. En concreto, se amplió la prohibición de corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior o una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias no estaban contempladas en la anterior regulación del bono y se suman a la prohibición de corte de suministros a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
Además, se determinaron criterios de renta específicos para las familias monoparentales, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres: el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementó en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.
El límite de consumo de energía con derecho a descuento se amplió un 15% con dos objetivos: compensar los incrementos de precios y acercarlo más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, se flexibilizó el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes. Desde entonces, la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento.
Además, y para ampliar la protección de los beneficiarios del bono social eléctrico, el Ejecutivo creó un bono social térmico, una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina con independencia del combustible que utilicen. Todos los beneficiarios del bono social eléctrico tienen derecho a percibir el bono social térmico.
El 5 de abril de 2019 el MITECO aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con una serie de objetivos y líneas de acción a desarrollar en ese periodo. Entre ellas, la creación de un nuevo bono social energético único para todos los consumos, que el Gobierno está ultimando y el desarrollo de la figura del mediador social.
La Estrategia diagnosticó por primera vez el fenómeno de la pobreza energética en España y estableció un sistema de indicadores para su medición. Además, se definió por primera vez la figura del consumidor vulnerable en la normativa española.
