Telefónica, Vodafone y Orange han mejorado sus cifras en el mercado español correspondientes al segundo trimestre, al ingresar 5.255 millones de euros, un 0,38% más que en el segundo trimestre del año pasado, afectado por el coronavirus.

Tanto Telefónica como Vodafone han vuelto al crecimiento después de varios trimestres encadenados de retrocesos, mientras que Orange ha moderado su caída de ingresos al 2,5%, tras registrar un retroceso de más del 7% en el primer trimestre.

En concreto, Telefónica ingresó 3.045 millones de euros por su actividad en España, Orange, 1.180 millones de euros y Vodafone, 1.030 millones de euros en el segundo trimestre.

Si se amplía a lo que va de año, Vodafone ha alcanzado unos ingresos por servicio hasta junio de 1.876 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los ingresos totales de Orange han sido de 2.368 millones de euros, un 5,2% menos, mientras que Telefónica cede un 0,2% para facturar 6.106 millones de euros.

La tendencia del mercado al ‘low cost’ y la competencia han sido la principal causa de la caída de ingresos de las telecos, aunque hay otras secundarias como el ‘roaming’, que, no obstante, ha mejorado la comparativa respecto al segundo trimestre, cuando fue prácticamente inexistente.

Durante la conferencia de analistas de Telefónica, el consejero delegado, Ángel Vilá, aseguró que este partida está a en torno al 40% de lo que reportaba a las cuentas en 2019.

Lo que supone este porcentaje lo ilustró el consejero delegado de Orange, Jean-François Fallacher, al cifrarlo en «decenas de millones de euros».

LOS DISPOSITIVOS, AL RESCATE

Pese a la caída o estancamiento de ingresos, algunas partidas han sido positivas para las grandes telecos.

Por ejemplo, uno de los segmentos ‘estrellas’ del trimestre han sido las ventas de dispositivos.

Orange ha vendido un millón de teléfonos, de los que la mitad son 5G, y 700.000 dispositivos más, lo que se traduce en unos ingresos de 310 millones de euros, un 21,5% más.

Asimismo, Telefónica ha disparado un 42,3% su facturación hasta junio en la venta de terminales móviles, que ha supuesto ingresos por 154 millones de euros.

En sus informes sobre resultados, Vodafone no ha revelado cuánto ha ingresado en este concepto, pero en una presentación a finales de mayo, el director digital de Vodafone España, Borja Aranguren, habló de un aumento «espectacular» de ventas de dispositivos en 2021.

La compañía ha estado muy activa en este campo, ya que ha cerrado acuerdos con empresas para dispositivos conectados como uno con Netun para sustituir al triángulo de emergencias en los coches o una luz de bicicleta inteligente.

EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Las operadoras se enfrentan a un tercer trimestre con algo de viento de cola con un verano con más turistas internacionales que el anterior, lo que permitirá aumentar la partida de ingresos por ‘roaming’, que goza además de grandes márgenes.

De aquí a final de año, además se prevé que comience el reparto de los fondos europeos, donde las tres empresas se han posicionado para recibir ayudas para extender sus redes y prestar servicios de digitalización a pymes.

Asimismo, las tres han reposicionado sus ofertas y Vilá (Telefónica) predijo un retorno a crecimientos del gasto por cliente (ARPU).

Las tres compañías acaban de hacerse con lotes iguales de la subasta de 700MHz por 350 millones de euros en el caso de Vodafone y Orange y 310 millones de euros en el caso de Telefónica, todos con obligaciones de cobertura que forzarán a las compañías a intensificar el despliegue del 5G en el país.

MÁSMÓVIL AL ACECHO

Los próximos meses también estarán marcados por la integración de Euskaltel en MásMóvil, si los pronósticos se cumplen y la oferta pública de adquisición de los segundos acaba atrayendo a al menos el 75% de los accionistas del operador vasco.

El cuarto operador se reforzaría así con el quinto para crear una compañía que podría plantearse el asalto al podio en el medio plazo.

Según los últimos resultados, Telefónica se sitúa en cabeza con 18,6 millones de líneas, seguida de Orange, con 14,2 millones de líneas y Vodafone con 13,2.

Por su parte, MásMóvil tenía 9,6 millones de líneas a mayo de 2021 –último dato oficial proporcionado y en el que no se cuentan las líneas M2M que sí se cuentan en las otras operadoras–, a los que se añadirían 1,3 millones de líneas móviles de Euskaltel (a junio de 2021) para un total de 10,9 millones.

En cuanto a las líneas de banda ancha, Telefónica cuenta con 5,88 millones de líneas fijas, Orange, con 4,02 millones y Vodafone, con 3,1 millones.

Por su parte, el combo MásMóvil y Euskaltel sumaría 2,75 millones, dos millones por MásMóvil y más de 750.000 del grupo vasco.

El PP quiere fomentar la utilización de las criptomonedas, y para ello propone permitir su utilización para el pago de una hipoteca por parte del propietario de una vivienda, pero también para que empresas del sector inmobiliario y fondos de inversión, puedan utilizar una criptomoneda propia para poder comprar grupos de hipotecas a los bancos en procesos de titulización.

Estas son dos de las medidas impulsadas por los ‘populares’ en su proposición de ley para la transformación digital de España, con la que buscan establecer las bases de esta transformación, facilitar este proceso a las empresas y regular el uso de tecnologías disruptivas.

Además de su introducción en el sistema hipotecario –también propone que los bancos usen tecnología Blockchain para gestionar hipotecas, seguros y agilizar indemnizaciones– plantea extenderlo a las pólizas de seguros, con ‘contratos inteligentes’ con condiciones en función de los trámites a seguir, los procesos de verificación y los potenciales incidentes.

Pero no sólo en el sector financiero, ya que el PP quiere reflejar por ley la utilización de la tecnología Blockchain en la cadena alimentaria —con un pasaporte asignado a una etiqueta de un producto para tener constancia del origen— o la Sanidad, para asegurar la trazabilidad de decisiones y procesos médicos, y la propiedad del paciente de su historial médico.

DEDUCCIONES POR INNOVACIÓN

Asimismo, el PP plantea una rebaja fiscal para aquellas empresas tecnológicas digitales para favorecer este tipo de innovaciones, al incluirlas dentro de las empresas beneficiadas por la deducción por actividades de investigación y desarrollo.

Esta deducción, del 25% de gastos efectuados, y superior aún en el caso de que los gastos superen a la media de los dos ejercicios anteriores, se elevaría en cinco puntos más, según la propuesta del PP durante dos años.

También podrán acogerse las empresas que utilicen criptomonedas y la tecnología Blockchain en las deducciones previstas para innovación tecnológica, que habilita practicar una deducción de la cuota íntegra en determinadas condiciones.

No es la única rebaja fiscal planteada por el PP, que propone incluir en este tipo de deducciones a empresas que incorporen Inteligencia Artificial (IA) en proyectos de ‘software’ y también las que utilicen aeronaves civiles pilotadas por control remoto, también conocidas como drones.

REGULACIÓN SOBRE DRONES Y EXTENSIÓN DE LOS LLAMADOS ‘SANDBOX’

En este caso, el PP apuesta por una regulación específica para su uso en el sector comercial e industrial, para usos de última milla, en el servicio postal universal, el transporte de mercancías, y también habilita a la regulación municipal y su uso en la mejora de funciones propias.

Asimismo, ve necesario ampliar la regulación aprobada por el Congreso para el sector financiero sobre ‘sandbox’ –banco de pruebas para proyectos innovadoras, con una regulación y control específicas–, a otros sectores que puedan presentar ideas o tecnologías disruptivas, y menciona otros sectores como la Sanidad (Atención Primaria), la farmacia, el sector postal, la energía, la seguridad o la movilidad.

PERMITIR RECONOCIMIENTO FACIAL Y BIOMÉTRICO

Respecto a Inteligencia Artificial, el PP anticipa un marco ético para la robótica inteligente, que encarga al Gobierno a propuesta de un grupo de expertos con participación del sector privado, y también para los sistemas de Inteligencia Artificial (IA).

En este sentido, los ‘populares’ establecen la obligación de proporcionar información clara sobre la utilización, características y propiedades de productos con IA, y también apuestan por permitir el uso del reconocimiento facial y biométrico para identificación personal.

Asimismo, la propuesta legislativa abarca también obligaciones para los llamados dispositivos conectados (Internet de las Cosas), la computación en la nube —plantea incluir las empresas proveedoras de servicios ‘cloud’ como consumidor electrointensivo para acceder a un trato favorable en su factura eléctrica–, y también el vehículo conectado.

La gran banca cerró 1.374 oficinas y redujo su plantilla en 5.408 empleados en España en la primera mitad de 2021, según recogen los informes financieros de cierre de junio de las principales entidades españolas.

Estos ajustes tienen lugar en un escenario en el que varias entidades están ejecutando procesos de reestructuración de empleo y oficinas para ganar más eficiencia y adaptarse a la nueva demanda de sus clientes, que cada vez utilizan más los canales digitales y acuden menos a las sucursales.

Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter empleaban en España a 120.080 personas a finales del primer semestre, 5.408 por debajo de las cifras del cierre de 2020, que incluían a la plantilla de Bankia, ahora integrada en CaixaBank. Esto supone un recorte del 4,3% de las plantillas de los bancos del Ibex 35.

En cuanto al cierre de sucursales, las cinco entidades mantenían en España 12.547 oficinas al cierre de junio, 1.374 menos que las que sumaban junto a Bankia a finales de 2020 (-9,9%).

En el caso de Santander, tenía en España 23.689 empleados al cierre de junio, casi 3.300 menos que seis meses antes, y 1.947 oficinas, 992 menos. El banco ha completado ya el ERE pactado el pasado año, que ha supuesto la salida de 2.395 trabajadores y el cierre de 999 oficinas (otras 34 serán clausuradas este año).

BBVA contaba con 657 empleados menos en España, hasta un total de 28.673, así como con 2.366 oficinas, 116 menos que al cierre de 2020. La entidad presidida por Carlos Torres Vila acaba de comenzar a ejecutar un ERE para 2.935 empleados y 480 oficinas.

También ha pactado recientemente un ERE CaixaBank, en este caso para 6.452 empleados, al que acompañará el cierre de 1.534 oficinas, por la integración de Bankia.

Bankia y CaixaBank sumaban por separado 46.334 empleados y 6.425 oficinas en España al cierre de 2020, mientras que la entidad combinada tenía al cierre de junio una plantilla de 46.509 trabajadores y una red de 6.166 oficinas en España. Esto supone que la plantilla no se ha reducido todavía (las salidas del ERE se extenderán hasta diciembre de 2022), aunque sí se ha bajado la persiana a 265 oficinas en la primera mitad del año.

En cuanto a Banco Sabadell, la entidad contaba con 15.117 empleados y 1.628 oficinas en España al cierre de junio, lo que representa una disminución de 1.632 empleados y solo una oficina menos.

El banco presidido por Josep Oliu ejecutó en marzo un plan de prejubilaciones voluntarias para 1.800 trabajadores y no se descartan nuevos ajustes en el futuro, pues su nuevo plan estratégico recoge una reducción de costes de 100 millones de euros por todas las vías, incluyendo la de reestructuración de personal, que empezará a ejecutarse, a más tardar, en la primera mitad de 2022.

Finalmente, Bankinter se ha desmarcado en repetidas ocasiones de esta tendencia a la reducción de oficinas y empleados, así como de posibles procesos de fusión. El banco capitaneado por María Dolores Dancausa mantuvo invariable su número de oficinas entre enero y junio, con 446, y su plantilla apenas disminuyó en 22 personas, hasta los 6.092 trabajadores en España.

Bank of America ha completado su reorganización interna en España, un proceso que inició en 2018 para simplificar su estructura legal de cara a la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha tramitado esta semana la baja de Merrill Lynch Capital Markets España, S.A. como sociedad de valores, con lo que culmina el proceso de adaptación al Brexit iniciado por Bank of America en toda Europa en 2018.

Para simplificar su división de corretaje en todos los mercados, el grupo creó hace dos años el bróker BofA Securities Europe SA, con sede en París, que hasta ahora ejecutaba sus operaciones en España a través de la sociedad de valores Merrill Lynch Capital Markets España.

Según fuentes del mercado, esta sociedad ha cesado recientemente su actividad de ejecución de operaciones en la Bolsa española y la CNMV ha procedido a tramitar su baja como sociedad de valores, de manera que todas esas operaciones se ejecutan ahora directamente a través de BofA Securities Europe SA, miembro remoto de la Bolsa española.

El cambio no tiene ningún efecto en el negocio de la entidad en España, su plantilla, clientes o en la actividad de intermediación de Bolsa, sino que únicamente forma parte del proceso de simplificación de la estructura interna del banco, que Bank of America ha ido implementando en todos los países europeos en los que opera actividad de corretaje.

El Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, regresa a los mercados la próxima semana y subastará el jueves bonos y obligaciones del Estado, comenzando así las emisiones correspondientes al mes de agosto.

En el conjunto del mes, el Tesoro prevé convocar un total de tres subastas los días 5, 10 y 17, tras cancelar la emisión de bonos y obligaciones previstas para el 19 de agosto. En concreto, el 5 se subastarán bonos y obligaciones del Estado; el 10, letras a 6 y 12 meses y el 17, letras a 3 y 9 meses.

De cara a la próxima emisión del 5 de agosto, el Tesoro ya ha anunciado las cuatro referencias de bonos y obligaciones que se subastarán.

En este sentido, se emitirán bonos del Estado a 3 años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de mayo de 2024; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de enero de 2026; Obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 10 años, con cupón del 1% y vencimiento el 30 de noviembre de 2030 y Obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 0,5% y vencimiento el 31 de octubre de 2031.

En la última subasta, celebrada el pasado 15 de julio, el Tesoro Público adjudicó 5.366 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, por debajo del objetivo máximo de 6.000 millones que se había marcado.

Los inversores volvieron a mostrar su apetito por los títulos de la deuda española al haber demandado 10.363 millones de euros en la emisión, casi el doble de lo finalmente adjudicado por el organismo, según los datos del Banco de España.

REDUCCIÓN DE 20.000 MILLONES EN LA EMISIÓN DE DEUDA

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció este mismo mes la decisión de reducir la emisión prevista de deuda pública para 2021 en 20.000 millones de euros, con lo que la emisión neta de deuda este año por parte del Tesoro ascenderá aproximadamente a unos 80.000 millones de euros.

Con la reducción de las necesidades de financiación, el grueso de la financiación para 2021 se seguirá obteniendo mediante la emisión de instrumentos a medio y largo plazo, con un total de 174.399 millones, y en menor medida a través de Letras, 94.758 millones.

Según ha explicado el Ministerio, el Tesoro aceleró en la primera mitad del año la ejecución del programa de financiación, lo que ha permitido que se haya ejecutado ya el 71,8% del programa de emisión a medio y largo plazo.

Red Eléctrica (REE) trabaja en el desarrollo de la llamada ‘subestación digital’, un nuevo concepto de subestación con la que incrementar la inteligencia y digitalización de la red de transporte y acelerar así la transición energética.

En concreto, la piedra angular de esta subestación se basa en la implementación de nuevos sistemas de automatización y comunicación por fibra óptica, informó la compañía.

El operador del sistema eléctrico ya lleva tiempo trabajando en este camino a través de su apuesta por la innovación tecnológica, incorporando soluciones digitales a sus infraestructuras.

Entre estas actuaciones, destacan las enfocadas en las subestaciones eléctricas, puntos neurálgicos de la red y activos imprescindibles para que este proceso de transición energética alcance su objetivo.

Así, el eje principal de la subestación digital es la digitalización de las comunicaciones, la gestión de la información a través de redes de datos de fibra óptica y el desarrollo de la ingeniería de detalle y de telecontrol.

NUEVO ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN

Todo ello bajo un nuevo estándar de comunicación, el sistema automático 61850, que garantiza la interoperabilidad entre los diferentes equipos eléctricos y los sistemas de mando y control, ganando en eficiencia.

Este nuevo protocolo establece la implementación de soluciones que aseguran esta interoperabilidad, es decir, la capacidad de intercambiar información entre equipos de diferentes fabricantes mediante la definición de un lenguaje común y de un modelo de datos y de servicios de comunicación estandarizados que posibilitan la creación de un sistema automático de protección, diagnóstico, monitorización y telecontrol.

NUEVO PASO EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

Esta subestación representa un nuevo paso en el camino que inició en 2005 Red Eléctrica para la digilitación de la infraestructura, con medidas como la implementación del estándar IEC 61850 en un proyecto desarrollado en la subestación de Gatica (Vizcaya) -en 2007- donde se realizó un intercambio de señales codificadas entre compañías en un transformador de distribución.

Además, en 2011 la compañía consiguió otro hito importante, esta vez en Latinoamérica, al instalar por primera vez el llamado bus de estación con el estándar IEC 61850 en el proyecto TESUR de Perú.

El siguiente avance se hizo en la subestación de Rocamora (Alicante), adaptando al estándar IEC 61850 todas las señales que viajan desde la aparamenta hasta las protecciones.

Gracias a esta experiencia adquirida, la compañía siguió avanzando en este camino con dos nuevos proyectos piloto en las subestaciones de 400 kV de Cañaveral (Cáceres) y Cariñena (Zaragoza), donde, por primera vez, implantó un bus de proceso y un bus de estación, dando un gran salto en la interoperabilidad de los datos y en la fiabilidad y la disponibilidad del sistema. Este avance se puso en servicio en la subestación de Cañaveral en 2020.