La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado este viernes, sobre el debate de nacionalizar empresas como Nissan abierto por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que «siempre que haya una iniciativa privada, el Gobierno lo que tiene que hacer es acompañar».

Maroto, en declaraciones a la cadena Cope, ha subrayado que el Gobierno «ya está ayudando mucho» a empresas como Alcoa o Nissan, que en estos momentos se encuentra en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTEs).

La ministra destaca que el ecosistema de automoción catalán tiene muchísimas fortalezas

En el caso de Nissan, Maroto ha destacado que el ecosistema de automoción catalán tiene «muchísimas fortalezas» y que la Zona Franca tiene la capacidad de desarrollar mucho conocimiento dentro de la micromovilidad, con Barcelona como proyecto para implementar estas nuevas tecnologías.

«En eso vamos a trabajar en estas semanas con los sindicatos, con el Ayuntamiento, Zona Franca y la Generalitat y el conjunto del tejido industrial de Cataluña que se quiera sumar a estos proyectos y buscar la mejor colaboración público-privada para darle continuidad a las capacidades productivas que tiene Nissan», ha señalado la ministra.

Preguntada por si la decisión del fabricante japonés de cerrar la planta de Barcelona ha podido tener relación con la situación política de Cataluña, la ministra ha explicado que Nissan presenta unas elevadas pérdidas financieras y que su intención es replegarse a Asia. Llevaba tiempo dejando de invertir en Europa«, ha añadido.

SITUACIÓN COMPLICADA

Maroto ha admitido que la situación de la industria del automóvil se ha vuelto muy complicada a nivel global por la pandemia del coronavirus y ha destacado que el Gobierno español «está peleando para que la industria del automóvil salga reforzada» de esta crisis.

«Creemos que necesitamos un pacto por la Industria con mayúsculas y en particular por la industria de la automoción», ha afirmado Maroto, que convocará la Mesa de Movilidad Sostenible porque considera que hay que tener un debate importante donde el conjunto de las administraciones, las empresas industriales y los sindicatos deben definir la nueva política industrial en un contexto distinto como es el actual.

Preguntada por si teme que otras empresas de la automoción como Renault, Ford o Mercedes cierren plantas en España, la ministra ha subrayado que son plantas muy competitivas, por lo que no cree que vaya a pasar lo mismo que con Nissan. «En estos momentos, creo que no», ha indicado.

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha asegurado que el Govern está «trabajando para dar un futuro» a los trabajadores de Nissan después de que este jueves la compañía anunciase el cierre de sus plantas en Barcelona.

En una entrevista este viernes en Catalunya Ràdio, no ha descartado la posibilidad de nacionalizar las plantas, ha dicho que es una posibilidad más, pero ha reconocido que aún no se ha hablado de ello con el Gobierno y que es una cuestión de presupuesto: «La Generalitat no tiene el margen presupuestario para una operación así».

«Yo no lo descarto, pero tenemos que hablar con el Gobierno», afirma

Yo no lo descarto, pero tenemos que hablar con el Gobierno«, ha insistido la consellera, que ha explicado que están buscando inversiones industriales, pero no ha querido desvelar el ‘plan B’ de la Generalitat, porque no se lo quieren poner fácil a Nissan.

«No regalaremos a Nissan que se marche de manera fácil y rápida», ha subrayado la consellera, que ha añadido que no quiere dar esperanzas a los trabajadores sobre una posible nacionalización porque es algo que aún no se ha planteado con el Gobierno.

Chacón ha sostenido que presionarán al máximo para revertir la decisión de la automovilística nipona y trabajarán para buscar un futuro para sus trabajadores: «Ahora nos toca demostrar a Nissan que su decisión es equivocada».

INTERLOCUCIÓN CON JAPÓN

Ha explicado que próximamente se reunirán con el Gobierno para hablar de los planes a partir de ahora y, al ser preguntada por si viajarán a Japón, la consellera ha respondido: «Si conviene iríamos hoy mismo».

Chacón ha señalado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y ella pidieron interlocución directa con Japón y ha recordado su viaje en noviembre para reunirse con representantes de la multinacional nipona.

También ha destacado la coordinación entre ambas administraciones desde el año pasado cuando «el entorno políticamente era de todo menos fácil», y ha defendido que dejaron de lado cualquier discrepancia para trabajar en este asunto.

ACTITUD «DESLEAL» DE NISSAN

Chacón ha criticado la actitud de la empresa, que considera que les ha «engañado», porque les dijo que no había ninguna decisión tomada sobre el cierre y no respondió al plan de competitividad que le presentaron Generalitat y Gobierno.

«Bajo esta corrección con la que nos están comunicando esta decisión me quejo y considero desleal que no nos hayan respondido al plan. Podríamos haber hablado del dinero que dábamos», ha reprochado la consellera, que ha acusado a Nissan de no pararse a considerarlo y ha calificado de desleal y descortés que no hubiera ni un acuse de recibo, ni un comentario al respecto.

La consellera ha explicado que se han invertido en los últimos 20 años unos 25 millones de euros públicos, vinculados a proyectos concretos y con bonificaciones en los intereses de préstamos.

Si la empresa demuestra que ha realizado esos proyectos no tienen que devolver ese dinero: «No tenemos garantía que nos los devuelvan si están justificados», ha afirmado la consellera al ser preguntada por la devolución de esa inversión pública. «Otra cosa es que le salga barato el cierre de la planta», ha advertido Chacón, que ha dicho que eso se traduce en la relación de las administraciones con la empresa.

La Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) cree que los precios de vivienda no sufrirán variaciones «bruscas» este año pese al coronavirus, y descarta por lo tanto caídas grandes a corto plazo, según se desprende del XII Observatorio de la Valoración, que analiza los datos disponibles hasta el primer trimestre de 2020.

El 50% de los expertos de la AEV y un 30% de los panelistas externos prevén crecimientos a ritmos bajos (por debajo del 2%) en el segundo y tercer trimestre de 2020 y una leve caída del 0,23% en el cuarto. Sin embargo, esperan que haya un nuevo repunte de los precios a comienzos de 2021.

Los expertos prevén crecimientos por debajo del 2% para el segundo y tercer trimestre y una caía del 0,2% en el cuarto

Por el contrario, los panelistas que no están de acuerdo con esta visión estiman que en 2020 los precios podrían experimentar caídas muy moderadas o incluso una relativa estabilidad, pero que la recuperación será más tardía y que durante el año que viene seguirán experimentándose ajustes en los precios por razones macro y microeconómicas como la recesión global, la caída del empleo, la paralización del volumen de transacciones o la derivación de recursos y ayudas públicas a otros sectores más afectados por el confinamiento.

Según el informe, hasta comienzos de abril, el alquiler residencial seguía confirmándose como una alternativa de inversión «muy interesante», con una tasas de capitalización altas, que, sin embargo, «podrían ajustarse a la baja si la pandemia conllevase un debilitamiento definitivo de la demanda.

Un 80% de los panelistas de la AEV y hasta un 85% de panelistas externos entienden que es «algo probable» o incluso «bastante probable» que en los próximos meses descienda ligeramente el interés por invertir en alquiler residencial, puesto que creen que el previsible aumento del paro, la ralentización de la demanda extranjera, la reducción de movilidad estudiantil y la pérdida de capacidad adquisitiva de la demanda «conllevarían un ajuste en las rentas y también las rentabilidades».

No obstante, el resto de expertos consideran «muy improbable» que el interés inversor descienda y creen que el efecto precaución que se va a instalar entre los consumidores en un contexto de recesión económica que «favorecerá la preferencia por el alquiler frente a la compra, lo que tenderá a reforzar el modelo ‘build to rent’, considerando también que los precios de la rentas se ajustarán de forma mucho más moderada que los de venta».

PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS A LA BAJA

El informe también apunta que a finales de 2019 ya se dejaba ver una futura disminución de la producción de viviendas que «nada tendría que ver con la crisis del coronavirus, la cual ahora vendría a redoblar o intensificar esta tendencia a la baja».

Así, una amplia mayoría de los encuestados ha respaldado esta afirmación y creen que se deberá a las dificultades que muchas empresas constructoras habían comenzado a enfrentar ya durante el segundo semestre del año pasado.

El 93% de los panelistas de la AEV y el 57% externos creen que el problema fundamental para el despliegue de la producción de viviendas reside y residirá en la debilidad de la demanda que, pese al proceso de recuperación del sector experimentado en los últimos años, todavía arrastra desequilibrios financieros, laborales y demográficos, como los bajos salarios con los que no hay capacidad para pagar los precios a los que la oferta puede construir viviendas nuevas.

Sobre el acceso a la vivienda, el Observatorio remarca que el problema de la accesibilidad ha sido uno de los más graves de las economías desarrolladas hasta esta crisis y que en muchos casos ha estado provocado por la alta concentración de demanda en unos pocos mercados.

EL COVID ABRE UNA OPORTUNIDAD 

Según la AEV, como el sector turístico y el del alquiler por temporadas han sido de los más afectados por el confinamiento, se podría llegar a abrir una oportunidad de acceso a una vivienda que resolviese, «quizás temporalmente», algunos problemas de accesibilidad.

La mayoría de los expertos coinciden en esta afirmación y creen que la conversión de una parte del parque de vivienda turística en vivienda de alquiler de largo plazo podría, en los núcleos de mayor tamaño, hacer aumentar la oferta de alquiler y presionar a la baja las rentas facilitando el acceso de la demanda a una vivienda.

Pese a ello, dejan claro que el volumen de estas operaciones no sería suficiente para resolver de forma efectiva o definitiva el problema del acceso a la vivienda.

«LA DEMANDA JOVEN CONTINUARÁ EMBALSADA»

Por otro lado, el informe dice que la demanda ha estado y está liderada por la reposición y la inversión, mientras que la demanda de los segmentos de población más jóvenes continuará embalsada a consecuencia de la caída de las rentas y el aumento del esfuerzo financiero necesario para la compra.

No obstante, los expertos afirman que la competencia entre ambos tipos de demanda, la de compra para uso y la de inversión, «no sería generalizable a todos los mercados, ya que en algunos de ellos ni las localizaciones ni las tipologías de vivienda demandadas por los dos tipos de compradores son las mismas».

Por su parte, algunos de los panelistas contrarios a esta afirmación aseguran que el problema de la demanda de primer acceso no es la competencia con la demanda inversora, sino la escasez de suelo urbanizado que deriva en precios residenciales inaccesibles para esta demanda joven.

La secretaria general de la AEV, Paloma Arnaiz, cree que las conclusiones de este XII Observatorio muestran una división de las expectativas de los expertos sobre la evolución a largo plazo del sector inmobiliario. «Mientras que parece claro que este año las variaciones en los precios serán, en todo caso, pequeñas, el comienzo de la posterior remontada está absolutamente ligado a los efectos permanentes de la pandemia sobre los niveles de PIB, empleo y renta familiar, que todavía no se conocen con certeza», ha añadido.

También ha apuntado que, «afortunadamente», este ‘shock’ externo ha aterrizado sobre un sector mucho más fuerte, profesionalizado y financieramente saneado, «por lo que sus efectos serán sensiblemente más suaves que los de la crisis precedente».

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado este viernes de que el cierre de establecimientos hoteleros y otros alojamientos turísticos de corta estancia, campings y aparcamientos de caravanas al público en general determinado por el estado de alarma ha hecho que la actividad turística en estos establecimientos durante el mes de abril haya sido nula. Así, las pernoctaciones extrahoteleras cayeron en el cuarto mes del año un 100%.

Estadística recuerda que una orden del 19 de marzo que desarrollaba lo establecido en el primer decreto del estado de alarma determinó la suspensión de la apertura al público de todos los hoteles y alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional.

Así, a partir del 19 de marzo, los establecimientos hoteleros fueron cerrando progresivamente, quedando completamente suspendida su actividad el 26 de marzo.

EXCEPCIONES

De este modo, durante el mes de abril los apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues turísticos ubicados en territorio nacional permanecieron cerrados para la realización de cualquier actividad turística. Por lo tanto, el número de establecimientos abiertos, plazas ofertadas, viajeros recibidos y pernoctaciones «son cero en todo el territorio nacional», explica el organismo.

Aunque algunos establecimientos estuvieron abiertos en abril para alojar a trabajadores de servicios esenciales, como los trabajadores sanitarios, la normativa europea considera que no realizaban actividades turísticas, por lo que sus flujos no se contabilizan en la estadística.

Los últimos datos de pernoctaciones extrahoteleras, correspondientes al mes de marzo, reflejaron un retroceso histórico del 63,2% respecto a marzo de 2019, con sólo 2,5 millones de pernoctaciones, debido a la crisis sanitaria y al cierre progresivo de establecimientos decretado en el estado de alarma.

El confinamiento derivado de la crisis sanitaria del Covid-19 redujo el gasto semanal con tarjeta en torno al 60% interanual durante las primeras semanas de abril, una contracción que se ha ido atenuando con la flexibilización de las restricciones hasta una merma del 22% en la semana del 18 al 24 de mayo, con una región, Asturias, incluso ya en positivo.

Así se desprende de un análisis realizado por BBVA Research tras monitorizar el gasto con tarjeta realizado en España, que evidencia cómo el confinamiento redujo dicho gasto hasta el 60% interanual a principios de abril, moderándose al 47% en la semana del 4 al 10 de mayo por el avance progresivo en la desescalada, al 37% en la del 11 al 17 de mayo y al 22% en la del 18 al 24 de mayo.

El servicio de estudios de la entidad explica que tanto la flexibilización de las restricciones en cada fase como, sobre todo, el cambio de fase han impulsado la recuperación del gasto. Así, en las provincias que dieron el salto a la fase 1 el 11 de mayo, la reducción interanual del gasto mejoró en 19 puntos esa semana, hasta un 25% menos interanual, y en otros 10 puntos en la del 18 al 24 de mayo.

El mayor descenso del gasto se registró en todas las provincias a mediados de abril, coincidiendo con el período más estricto de confinamiento. En las provincias que pasaron a la fase 1 el 18 de mayo, el descenso de las compras con tarjeta se moderó en 24 puntos en la última semana, hasta un descenso del 18%. Un total de 41 provincias alcanzaron la fase 1 en esa semana (18-24 de mayo), que representan el 58% del gasto con tarjeta realizado en 2020.

Las provincias que continuaban en fase 0 el 24 de mayo (Madrid y Barcelona) también experimentaron una ralentización de la caída del consumo durante la pasada semana hasta el 30% asociada a la flexibilización de algunas restricciones.

MEJORA EN LA ÚLTIMA SEMANA

El descenso del gasto con tarjetas se moderó la pasada semana (-22% interanual), impulsado por la evolución de las compras de españoles (-15%) y siendo Asturias la única región en positivo (+3%). Por zonas, entre el 18 y el 24 de mayo, el gasto aumentó en Lleida (+10%), Asturias (+3%), Orense (+3%), Jaén (+1%) y Ciudad Real (+1%). En el extremo opuesto se situaron Islas Baleares (-48%) y la Comunidad de Madrid (-43%).

Crecieron las compras de alimentación (74%), productos farmacéuticos (11%), libros y prensa (5%) y equipamiento del hogar (3%), al tiempo que se moderó la caída del gasto en centros de belleza (-6%), tiendas de deporte (-42%) y moda (-64%).

Las retiradas de efectivo en cajeros de BBVA se comportaron en línea con las compras (-22%). Aunque la evolución fue similar en la gran mayoría de CC.AA., sobresalió el comportamiento de Canarias (-1%).

El Gobierno aprobará este viernes en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a un millón de hogares (unos 100.000 de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán este mes de junio, y oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.

Esta medida será presentada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, cuyos equipos han diseñado la prestación.

Según un borrador del Proyecto de Real Decreto-Ley por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, al que ha tenido acceso Europa Press, para acceder a la prestación, se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular.

Si bien, se contemplan algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.

Asimismo, según este borrador, en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 21 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibirla serán los 65 años.

También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

INCENTIVO AL EMPLEO

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un «incentivo» al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.

Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

El Gobierno ha estimado que el coste de la renta mínima se elevará a unos 3.000 millones de euros al año que serán financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado. El ingreso mínimo vital podría complementarse, además, con otras rentas salariales, así como con otras prestaciones de las comunidades autónomas.

Según indicó la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua, en un debate organizado por Oxfam Intermón este lunes, el objetivo que se plantea el Gobierno con la aprobación del ingreso mínimo vital es «reducir la pobreza severa en torno a un 80%» en España.

GESTIÓN POR LAS CCAA

En cuanto a la negociación con las CCAA, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV por el cual el País Vasco y Navarra asumirán los trámites de esta prestación. A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del ingreso mínimo vital, como Cataluña o Galicia, o han pedido la «cogestión» del mismo, como en el caso de la Generalitat Valenciana.

También está dispuesto a asumir la gestión del ingreso mínimo el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha asegurado que «no se entendería» que entre las comunidades autónomas hubiera diferencias, una idea en la que también ha insistido el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha rechazado la decisión de ceder la gestión de esta prestación a País Vasco y Navarra porque «ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas».

Igualmente se ha quejado por esta decisión la consejera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que en todo caso ha considerado «arriesgado» que Baleares gestione al 100% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).