El Gobierno quiere bajar la factura de la luz un 13% en los próximos cinco años. Para ello sacará del recibo que pagan los ciudadanos las retribuciones que perciben, entre otras, las energías renovables. Dichos costes -de unos 7.000 M€/año- serán asumidos por el conjunto del sector energético, incluyendo empresas gasistas o petroleras. Aunque la medida tendría una puerta trasera: otros costes energéticos como los combustibles podrían subir de precio.
Esta medida presentada en forma de anteproyecto de ley por el equipo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretende bajar la factura de la luz eliminando este coste que, ahora mismo, supone el 16% del recibo. El objetivo, o triple objetivo como señalan desde el Gobierno, es “evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía; y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años”. No obstante, todo indica que se trata de un gol preelectoral que quiere colar el Ejecutivo ante una legislatura que se mantiene complicada. Básicamente porque tocará negociar con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto, y por ahora en materia energética no siempre ha salido todo bien.
Así, la situación pretende equilibrar el entramado energético y que no sean solo los consumidores eléctricos quienes se hagan cargo de las retribuciones de las renovables, cogeneración y residuos. Aunque detrás de esta medida, también hay posturas encontradas con respecto a quiénes son los que más estaban aportando al proceso de descarbonización.
El CEO de Endesa, José Bogas, señalaba este mismo martes -tras conocer la noticia- que este mecanismo permitirá empezar «a corregir el actual desequilibrio entre una factura de la luz que es de las más caras de Europa -debido al peso de estos costes-, y unos combustibles que tienen una fiscalidad muy inferior a la media europea. Cabe recordar que esta medida afectará, sobre todo, a las grandes empresas eléctricas, como el caso de la propia Endesa e Iberdrola, pero que también enfoca de manera directa la caja de Naturgy, Repsol y Cepsa… y así un total de 500 empresas.
Parte del sector eléctrico entiende que desde hace años la electricidad se encuentra «penalizada», ya que los consumidores eléctricos han de pagar en sus facturas el coste de desarrollo de las renovables y la cogeneración. «Se trata de unos costes que hay que pagar, pero que no deberían cargar exclusivamente sobre el consumidor de electricidad, pues obedecen a la necesidad de descarbonizar toda nuestra energía».
REPARTIR LA FACTURA
¿Realmente a quién favorece esta acción? Esta medida pretende equilibrar el terreno de juego y favorece el equilibrio fiscal medioambiental al despenalizar la electricidad y cargar los costes de transición energética homogéneamente entre todas las energías.
Asimismo, la sospresiva medida del Gobierno, en principio, favorece la competitividad nacional al aligerar la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos y de la industria en general, beneficio que también se trasladaría a todos los consumidores, en especial a los más vulnerables.
UNA MEDIDA CON POLÉMICA
Aunque la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) no agradará a todos por igual. Por ello, el Gobierno ya se ha puesto la tirita en la herida. Da “por descontada” la litigiosidad por parte de las empresas al fondo, como ocurre en el sector con gran parte de sus cambios regulatorios, aunque consideraron que esta normativa es jurídicamente “muy sólida”.
En este sentido, dejaron claro que se trata de una prestación no tributaria, “por lo que no se trata de una medida fiscal” y añadieron que en el caso de los mercados que están regulados, como por ejemplo el PVPC (tarifa regulada) en la electricidad, será necesario llevar a cabo “una adaptación” en sus precios para incorporar este coste.
Asimismo, desde el sector petrolero han lamentado que la propuesta del Gobierno de crear un fondo para financiar entre todas las empresas suministradoras de energía supone que las decisiones que tomó un sector en el pasado para electrificar se van «a pagar entre todos».
Fuentes del sector indicaron a Europa Press que está decisión, de todas maneras, supondrá que al final el coste para el consumidor «va a ser el mismo», ya que se terminará repercutiendo. Las mismas fuentes estiman que la creación de este fondo tendría un coste de unos 7 céntimos de euro por cada litro de combustible en los cinco años. Además, estimaron que se podría aplicar el mismo criterio que para este fondo prevé poner en marcha el Gobierno a la descarbonización del refino.
BUENA ACOGIDA SECTORIAL
Las primeras reacciones en relación con el FNSSE han llegado desde todos los ámbitos. Desde APPA Renovables han recordado que la Transición Energética y sus costes son responsabilidad de todo el sistema energético y no debe ser sostenido únicamente por los consumidores eléctricos.
Recuerdan que desde la asociación se ha defendido históricamente la necesidad de implementar una fiscalidad ambiental, bajo el principio «quien contamina, paga», que repercuta los costes de la Transición entre todos los actores. Por ello, a falta de conocer la estructura de este Fondo en detalle, APPA valora positivamente el espíritu del anteproyecto de ley anunciado por el Consejo de Ministros, que busca repartir los esfuerzos necesarios para evolucionar hacia un modelo energético más sostenible entre los distintos actores y fuentes energéticas.
Mientras, desde UNEF apoyan la propuesta y creen que “dará estabilidad a nuestro sector y favorecerá la electrificación al tiempo que se reduce la factura de los consumidores”, asegura Rafael Benjumea, presidente de la patronal.
La asociación celebra, además, que se reconozca una reclamación histórica del sector. El sector eléctrico permite a través de la electrificación y las renovables la reducción de emisiones de otros sectores. Por ello, este anteproyecto resuelve una anomalía, que solo la electricidad financiaba los costes de las renovables. Al hacer partícipes a todas las energías, se realiza un reparto más equitativo y al hacer la transición en cinco años, el impacto será gradual.
