Cuando pedimos un préstamo personal, puede que nuestra situación económica se vea resentida en un futuro. No siempre contamos con los mismos ingresos y, si hemos pedido demasiado, puede que llegue un momento en el que no podamos hacer frente a la cantidad que debemos pagar para devolverlo.

Si esto ocurre, nuestra situación cambia y vemos que somos incapaces de cumplir con esas obligaciones financieras que teníamos con el banco, pensamos en aplazar el pago para poder realizarlo con un mayor desahogo. Lo que no debemos hacer es comenzar a fallar en los pagos, pues las penalizaciones pueden ser mayores, así como los intereses por demora. Sería mucho peor el remedio que la enfermedad y nos encontraremos peor que cuando decidimos solicitarlo.

Una buena solución es aplazarlo e ir pagándolo poco a poco de la forma que nos resulte más cómoda. Descubre cómo puedes aplazar el pago de un préstamo personal si estás con el agua al cuello.

Solicitar un período de carencia para pagar el préstamo

La solución más habitual ante esos momentos en el que no podemos hacer frente a nuestros pagos, es solicitar un período de carencia. Así podremos disponer de un plazo durante el que no pagaremos parte o el total de las cuotas que nos quedan pendientes de abonar a la entidad. Son posibles, de forma recurrente, en los préstamos académicos o aquellos ofrecidos a emprendedores, así estos no pagan cuando están estudiando o comenzando su negocio.

Sin embargo, debes saber que toda persona puede acogerse a este período, bien al comienzo del contrato o en momentos posteriores. Esta carencia puede ser de varios tipos. En primer lugar, tenemos la carencia de amortización, por la que solo se pagan esos intereses generados por el préstamo y no la cantidad que correspondería a la amortización del capital principal. En segundo lugar, tenemos la carencia total, en la que no se paga nada. No importa que sea en concepto de intereses o de amortización de capital. Es una solución mucho más agresiva.

En algunos contratos, se especifica que podría haber la posibilidad de solicitar este período de carencia para aplazar el préstamo si fuera necesario. Si es tu caso, podrás iniciar el procedimiento cuando lo necesites. En caso de que no se especifique, siempre puedes hablar con la entidad e informarte de las posibilidades que tienes.

Aplazamientos breves o novación del préstamo

Otra de las soluciones es realizar aplazamientos breves del préstamo. Estas son períodos de carencia que duran poco tiempo. De hecho, tan solo suelen afectar a una sola mensualidad. Ya están previstos en muchos contratos y entidades financieras. Por tanto, aquellos clientes que puedan tener una situación económica mala durante un mes concreto, se pueden acoger a ellos sin problema y no pagar la cuota correspondiente.

En otros casos más extremos, podría llegar a ser necesario cambiar las condiciones del contrato por completo. Así, estaremos firmando un nuevo acuerdo que cuente con un plazo de amortización más extenso y cuotas mes a mes más reducidas. Antes de hacerlo, debes ponerte en contacto con la entidad para ver todas las posibilidades con las que cuentas.

Esta última parte la conocemos como novación del préstamo. Antes de acogerse a ella, no obstante, debemos tener en cuenta que la novación podría traer consigo el pago de una comisión. Por supuesto, esta corre a cuenta del cliente deudor. Estudia todas las posibilidades para ver cuál es la que más te compensa.

Aplazar como última opción

Aplazar siempre debe ser la última opción porque, sea cual sea la solución que te interese, debes tener en cuenta que traerá consecuencias. Es decir, terminarás pagando más debido a los intereses que creará el préstamo. Cuando más tardes en pagarlo, estos irán creciendo de forma irremediable.

No tomes nunca esta solución por comodidad. Es decir, no lo hagas, por ejemplo, para tener más dinero y poder pagar otros gastos secundarios. En el momento en el que pides un préstamo, devolverlo debe ser tu prioridad, a no ser que tu situación económica haya dado un vuelco con respecto a la que tenías cuando lo solicitaste.

En el caso de que tengas la posibilidad financiera de poder hacer frente a los pagos en los plazos marcados en el contrato, eso es lo que debes hacer. Sin aplazamientos. Si no lo haces, podrías empeorar aún más tu situación: pagarás más tarde y además te saldrá mucho más caro.

Inteligencia financiera y gestión, dos grandes aliadas

Cuando pedimos un préstamo, debemos tener en cuenta las deudas que tenemos, así como las cuotas que debemos pagar. Teniendo esto controlado, lo siguiente es ejercer control sobre los gastos, reservando el importe para pagar las deudas y, si puede ser, mantener un margen para imprevistos.

Antes de solicitar el dinero, también debes tener en cuenta el establecer condiciones que sean factibles para ti. Para hacerlo, no solicites dinero que no necesitas, pues hay que devolverlo con intereses. Tampoco hagas que las cuotas sean muy elevadas, ten en cuenta tus ingresos y otras deudas. Si un imprevisto puede comprometer tu economía, mejor no hacerlo.

Lo mejor es comprometer una cantidad fija que sepas que puedes pagar. Otra opción es ahorrar todo el excedente mes tras mes. Cuando llegue el momento, puedes realizar una amortización anticipada, que será más económica que pagar los intereses de demorar por no haber podido afrontar una cuota anteriormente.

El Pleno del Congreso votará el próximo miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 26 de junio para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis, así como la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria.

En vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución establece que cada decreto ley deba votarse en el Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación o derogación, con la posibilidad también de que los grupos aprueben su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios a través de enmiendas.

Las prórrogas de estas medidas laborales son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el caso de los ERTE con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme y, en el caso de la protección a las personas autónomas, con ATA, UPTA y Uatae.

Con el decreto ley, se mantiene la protección reforzada en el anterior acuerdo para las personas afectadas por ERTE derivados del Covid-19, sean de fuerza mayor total o parcial o basados en causas productivas o tramitados en caso de rebrote; se crea la figura del ERTE de transición para empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad; y se incluye un nuevo tipo de ERTE para posibles cierres como consecuencia de un rebrote.

LAS EMPRESAS EN ERTE NO PUEDEN CONTRATAR

La norma prohíbe a las empresas en ERTE la realización de horas extraordinarias, el establecimiento o la reanudación de externalizaciones de la actividad y la concertación de nuevos contratos. Sólo podrán contratar o externalizar tareas si los trabajadores de su centro de trabajo no pueden por formación, capacitación y otras razones objetivas o justificadas, realizar las funciones encomendadas al empleado que se contrata o a la externalización.

La nueva regulación que se da hasta septiembre extiende a los ERTE por causas objetivas la prohibición de acogerse a este procedimiento si la empresa tiene domicilio en un paraíso fiscal. Tampoco podrá repartir dividendos, salvo si abona previamente el importe de las exoneraciones disfrutadas. Esta limitación no será de aplicación a las empresas que, a 29 de febrero de este año, tuvieran menos de 50 trabajadores en plantilla.

Al mismo tiempo, se extiende el compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses a las empresas que realicen ERTE por causas objetivas. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones de cotizaciones asociadas a estos ERTE, el plazo de seis meses en el que estarán obligadas a mantener el empleo se computaría a partir de entra en vigor del nuevo decreto.

La norma mantendrá hasta el 30 de septiembre la «prohibición» que estableció el Gobierno al despido por causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.

PRESTACIÓN DE AUTÓNOMOS

Por otro lado, el decreto ley también contempla la prórroga hasta el 30 de septiembre de la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos que se habilitó a mediados de febrero para aquellos que tuvieran pérdidas de ingresos considerables, eximiendo de las cuotas a autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria hasta el 30 de junio.

Estas personas no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre, lo que, según Seguridad Social, supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por autónomo durante los próximos tres meses.

Para aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, podrán acceder a la prestación ordinaria por cese de actividad si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del mismo periodo del año pasado, siempre y cuando sus rendimientos netos en el periodo no superen una cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre.

FONDO DE RESPALDO A LA GRAN INDUSTRIA

En ese mismo decreto ley se incluyó también la creación del fondo de reserva para garantías de entidades electrointensivas, con el que se busca respaldar a la gran industria en la compra de energía ‘verde’ a través de contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo (‘PPA’, por sus siglas en inglés).

Este fondo garantiza la cobertura del Estado a las operaciones de compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo que realicen consumidores electrointensivos y sienta las bases para que la relación entre el consumidor electrointensivo y la compañía eléctrica tenga un marco donde se vincule a plantas de energías renovables que promueven este tipo de fuentes de energía sostenible.

En concreto, el fondo para la industria electrointensiva está dotado con 200 millones de euros anuales, para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años. La administración de la tesorería del fondo se encomienda al Consorcio de Compensación de Seguros y se designa como Agente Gestor a la Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (Cesce).

Para que las industrias puedan obtener esas garantías para ‘PPA’, deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual, una vez que el fondo haya sido puesto en marcha.

El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de julio con un paquete de medidas dirigidas a afrontar la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, entre ellas una nueva línea de avales públicos, la creación de un fondo de rescate para empresas estratégicas y el Plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos antiguos por otros más eficientes.

En vigor a partir de su publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), la propia Constitución establece que cada decreto ley debe ser refrendado en el Congreso en un plazo de 30 días hábiles. Además de pronunciarse sobre su convalidación o derogación, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios en las nuevas normas a través de enmiendas.

El citado decreto ley recoge una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros para la realización de proyectos de inversión empresarial en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

Además, aumenta a 100 millones de euros la dotación del Fondo de internacionalización de empresas, gestionado por Cofides, y ha flexibilizado los avales de Cesce de 2.000 millones para cubrir empresas cotizadas, que podrán ser beneficiarias de hasta un máximo del 35% del importe de la línea (700 millones de euros).

FONDO DE 10.000 MILLONES PARA SALVAR A EMPRESAS SOLVENTES

Respecto al nuevo Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, nace con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la crisis, y está adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un consejo gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El fondo se articula a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

PLAN RENOVE 2020

Por otro lado, el decreto ley también incluye el nuevo plan Renove 2020, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros y ofrece ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un vehículo a cambio de achatarrar uno antiguo, dentro del ‘Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción’ y conforme al criterio de neutralidad tecnológica, de forma que habrá ayudas también para modelos de combustión (diésel y de gasolina).

En función del vehículo adquirido y del tipo de beneficiario, el Renove 2020 dará incentivos de entre 300 y 4.000 euros a la adquisición de un modelo y de dar de baja uno antiguo, a los que se añadirán 500 euros adicionales en caso de que se achatarre un coche de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o de que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales menores de 1.500 euros.

Estas ayudas están disponibles para las personas que hayan adquirido su vehículo, según las condiciones del plan, desde el pasado 15 de junio y la finalización de este programa será el 31 de diciembre de 2020 o cuando se agoten los fondos.

MORATORIA HIPOTECARIA DE UN AÑO EN EL TURISMO

Junto a las anteriores medidas, el decreto ley incluye medidas de apoyo al sector turístico, para el que dispone un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico con una dotación presupuestaria del programa de 216 millones de euros para el ejercicio 2020 y la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.

También la concesión a las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que no tengan carácter público y que generen actividad entre los meses de julio y octubre (ambos inclusive) exoneraciones del 50% en las cuotas a la Seguridad Social por los trabajadores fijos-discontinuos que incorporen a la actividad o de los que mantengan su ocupación.

Asimismo, contempla una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, por lo que otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.

Por otro lado, en él se aprueban los ‘Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos’, instrumento cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos rurales y de interior apoyando la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos con el fin de aumentar su sostenibilidad.

Aena estima en 294 millones el impacto de las medidas de control sanitario previstas para este año y el siguiente con el fin de evitar contagios por coronavirus a partir de las recomendaciones elaboradas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) en materia de transporte aéreo.

Así consta en la memoria de impacto presupuestario a la que ha tenido acceso Europa Press, y que acompaña al decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, en el cual el Gobierno establece la obligatoriedad de cumplir con estas recomendaciones.

Según informa el Ejecutivo, Aena estima un impacto global en sus costes de aproximadamente 60 millones de euros este año y unos 97,5 millones en 2021, así como una inversión aproximada de 16,4 millones.

Entre las actuaciones que implican el aumento en los costes se encuentra el desarrollo de aplicaciones para reducir el contacto de los pasajeros con las instalaciones en el aeropuerto, la instalación de medios de protección en el aeropuerto –por ejemplo, pantallas en puestos de atención al público y medidas de separación– o de dispositivos sin contacto y dispensadores de hidrogeles.

También está prevista la potenciación de los sistemas de información para la mejora de la comunicación y concienciación del pasajero y otros usuarios del aeropuerto, entre otras medidas.

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FACILITAR MÁS DISTANCIAMIENTO

Adicionalmente, señala el Gobierno, la adaptación de zonas en el aeropuerto para aumentar la superficie útil con el fin de facilitar un mayor distanciamiento entre pasajeros supondrá un impacto de unos 40 millones de euros en 2020 y de 80 millones el próximo año, según la información provisional aportada por Aena.

En todo caso, según asegura el Gobierno, este impacto quedaría compensado por la recuperación de la actividad en el ámbito aeroportuario así como por las medidas de compensación ya aprobadas, que permitirán la recuperación de estos costes por parte del gestor a través de las tarifas aeroportuarias.

COSTE PARA LAS AEROLÍNEAS DE 50 EUROS POR VUELO

Por otro lado, la adopción de las medidas incluidas en las directrices emitidas por EASA por parte de las compañías aéreas también tendrán un coste, al incluir el refuerzo de los procesos de limpieza en las aeronaves, la disposición de medios de protección de las tripulaciones o medidas de desinfección.

Concretamente, el Gobierno estima un coste adicional de unos 50 euros por vuelo, además de ciertos costes indirectos derivados de unos mayores tiempos de embarque y de las necesidades de un mayor distanciamiento de pasajeros.

Los costes derivados de la actividad de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, apunta el Gobierno, se cubrirán con sus dotaciones presupuestarias.

La pandemia del Covid-19 y el consecuente estado de alarma en España han tensionado la liquidez de las empresas españolas, que se han tenido que endeudar más. Ante ello, algunas barajan llevar a cabo ampliaciones de capital para dotarse de recursos, aunque el gran diferencial en las valoraciones está pesando más que el exceso de liquidez de los mercados, con descuentos que algunas compañías no consideran asumibles.

«Ante los niveles de apalancamiento resultantes, efectivamente las ampliaciones de capital podrían ser un buen mecanismo para inyectar liquidez, reducir apalancamiento y por tanto, reforzar el balance de las compañías», explica Alfredo Hernández-Redondo, socio de Equity Capital Markets de la banca de inversión de Alantra.

No obstante, otro de los impactos relevantes del Covid-19 ha sido el ajuste en las valoraciones, por lo que «dichas ampliaciones se tendrían que realizar a un valor de mercado ajustado y con descuento, lo que representaría en muchos casos una valoración no aceptable para las compañías y sus accionistas», señala Hernández-Redondo en declaraciones a Europa Press.

Por ello, el experto de Alantra asegura que la falta de visibilidad del impacto final y real del Covid-19 en el negocio y los resultados del 2020 y el ‘gap’ en las expectativas de valoración hacen que el descuento solicitado sea superior al requerido pre-Covid y se dificulten dichas emisiones.

A no ser que haya una necesidad muy fuerte, es difícil llevar a cabo ampliaciones de capital porque es complicado ponerse de acuerdo en la valoración», sostiene Borja Oria, socio gerente de Arcano, en una entrevista con Europa Press.

El apoyo de la financiación bancaria en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las medidas como los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTEs) han permitido que las empresas «no estén tan achuchadas como podrían estarlo, por lo que (el impacto) no es tan inmediato», defiende el experto de Arcano.

«Las compañías españolas han hecho mucho trabajo de balance y liquidez con el ICO y sus bancos financiadores, y en general, están en una situación donde están cómodas», coincide el director de mercados de capital para España y Portugal de JP Morgan, Mariano Colmenar, en una entrevista con Europa Press.

En marzo y abril, varias compañías estuvieron analizando, revisaron planes de contingencia e hicieron planes de liquidez para asegurarse que tenían bien hechos los balances y las posiciones de efectivo. Entonces, «en general, se asignaba baja probabilidad a una segunda ronda de Covid con impacto parecido al de marzo», según Colmenar.

Sin embargo, la incertidumbre con los nuevos rebrotes del coronavirus no ha desaparecido. «Si eso ocurriese, Dios no lo quiera, imagino que habría varias compañías que tendrían que abrir esos libros y revisar esos análisis», señala el experto del banco estadounidense.

En la situación actual, desde Arcano consideran que será «a partir de 2021 y problablemente del segundo semestre» cuando empiece a ser mayor el volumen de operaciones de ampliación de capital. La firma asesora en «varios proyectos» en los que ya estaban involucrados antes de la pandemia.

Oria ha notado «más movimiento» en estos proyectos desde que comenzó el desconfinamiento, especialmente en operaciones que estaban ya muy avanzadas y requerían hacer visitas, conocer al equipo y ver los activos, algo que durante el confinamiento no se podía hacer.

«Será difícil ver operaciones antes de verano. Las compañías que están analizando actualmente la posibilidad de ampliar capital seguramente esperen a la ventaNa de finales de septiembre o principios de octubre», pronostica Hernández-Redondo, de Alantra.

Desde JP Morgan ven difícil predecir cómo será la situación en septiembre u octubre. «Lo que sí que está claro es que el apoyo del mercado a este tipo de operaciones ha sido unánime y seguimos viendo un ‘pipeline’ de transacciones en Europa muy relevante para lo que nos queda de mes de julio», aventura Colmenar.

El banco estadounidense ha detectado «niveles de actividad récord» en el mercado de capitales, particularmente en operaciones del primario. «El mes de junio ha sido el mes con mayor emisión de ‘equities’ en todo el mundo desde junio de 2014», según las cifras que baraja Colmenar.

En el entorno actual, JP Morgan considera que «de ser necesario, el mercado apoyaría a las compañías españolas en operaciones para reforzar balance, tanto para estar mejor preparadas para una eventual segunda vuelta de Covid o para acometer crecimiento inorgánico o proyectos grandes de inversión en los próximos años.

Sin embargo, el banco considera que el mercado prefiere solventar las potenciales tensiones de balance «de forma completa», toda vez que hay cierto rechazo con las «soluciones parciales», es decir, «el objetivo es proporcionar una solución final que evite la incertidumbre a futuro», zanja Colmenar.

DIVERGENCIAS POR SECTORES

Los expertos consultados destacan las grandes diferencias entre los distintos sectores. Las ampliaciones de capital cobrarían más sentido en aquellos en los que el Covid-19 haya sido «más que un impacto puntual de liquidez, un impacto estructural en el modelo de negocio a largo plazo», especifica Hernández-Redondo.

Sectores relacionados con el consumo, ‘retail’, turismo, transportes o servicios han sido los más afectados. «No solo tienen el impacto de haber estado tres meses cerrados, sino que el Covid y la ‘nueva normalidad’ puede cambiar comportamiento del consumidor. Hay una incertidumbre no solo inmediata, sino a futuro por el cambio de los hábitos», detalla Oria.

EL SECTOR TECNOLÓGICO, CON EL VIENTO DE COLA

No obstante, JP Morgan señala que sectores resistentes al Covid-19, como el tecnológico, «están aprovechando la fortaleza del mercado y que cotizan a unos niveles súper atractivos, para levantar liquidez y poder acelerar sus planes de crecimiento y considerar adquisiciones de competidores».

En el sector de tecnología, en el que Arcano «está muy activo», Oria dice que «está siendo muy fácil levantar el dinero y hacer esas ampliaciones porque hay empresas favorecidas por el Covid que para empujar ese alto crecimiento necesitan recursos», y además, hay muchos inversores que quieren invertir en este sector, por lo que casan la oferta y la demanda.

CONSOLIDACIÓN EN TURISMO, AEROLÍNEAS Y BANCA

El experto de Arcano destaca que en los sectores más afectados como aerolíneas y agencias de viaje hay situaciones «tremendamente complicadas», por lo que prevé «mucha consolidación en el sector», de cara aprovechar las sinergias y poder aguantar el cambio de modelo.

El sector bancario, presionado por los bajos tipos de interés, es otro de los que podrían protagonizar movimientos corporativos. «Tiene todo el sentido que siga habiendo consolidación en este sector en España», según Oria.

EL CAPITAL RIESGO, «CARGADO DE LIQUIDEZ»

En este escenario, las entidades asesoras prevén que el capital privado sea muy activo en los próximos meses en España. «Los ‘private equity’ están sentados en muchísima liquidez y tienen mucho capital que poner a trabajar», asegura el experto de JP Morgan.

«Protagonizarán más operaciones sin lugar a dudas. Han estado más centrados en cuidar de sus participadas, pero ahora están en fase de buscar oportunidades», detalla Oria, que considera que, conforme el hueco entre el precio de oferta y precio de la demanda disminuya al rebajarse la incertidumbre empezará a haber muchas transacciones.

«Hay un nivel máximo de liquidez y de apetito por invertir en España», asegura el ‘managing partner’ de Arcano, quien cree a raíz del Covid muchos empresarios se van a replantear su estrategia y van a apostar por «diversificar patrimonio y meter a un socio institucional en su capital».