El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de julio con un paquete de medidas dirigidas a afrontar la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, entre ellas una nueva línea de avales públicos, la creación de un fondo de rescate para empresas estratégicas y el Plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos antiguos por otros más eficientes.

En vigor a partir de su publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), la propia Constitución establece que cada decreto ley debe ser refrendado en el Congreso en un plazo de 30 días hábiles. Además de pronunciarse sobre su convalidación o derogación, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios en las nuevas normas a través de enmiendas.

El citado decreto ley recoge una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros para la realización de proyectos de inversión empresarial en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

Además, aumenta a 100 millones de euros la dotación del Fondo de internacionalización de empresas, gestionado por Cofides, y ha flexibilizado los avales de Cesce de 2.000 millones para cubrir empresas cotizadas, que podrán ser beneficiarias de hasta un máximo del 35% del importe de la línea (700 millones de euros).

FONDO DE 10.000 MILLONES PARA SALVAR A EMPRESAS SOLVENTES

Respecto al nuevo Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, nace con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la crisis, y está adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un consejo gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El fondo se articula a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

PLAN RENOVE 2020

Por otro lado, el decreto ley también incluye el nuevo plan Renove 2020, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros y ofrece ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un vehículo a cambio de achatarrar uno antiguo, dentro del ‘Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción’ y conforme al criterio de neutralidad tecnológica, de forma que habrá ayudas también para modelos de combustión (diésel y de gasolina).

En función del vehículo adquirido y del tipo de beneficiario, el Renove 2020 dará incentivos de entre 300 y 4.000 euros a la adquisición de un modelo y de dar de baja uno antiguo, a los que se añadirán 500 euros adicionales en caso de que se achatarre un coche de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o de que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales menores de 1.500 euros.

Estas ayudas están disponibles para las personas que hayan adquirido su vehículo, según las condiciones del plan, desde el pasado 15 de junio y la finalización de este programa será el 31 de diciembre de 2020 o cuando se agoten los fondos.

MORATORIA HIPOTECARIA DE UN AÑO EN EL TURISMO

Junto a las anteriores medidas, el decreto ley incluye medidas de apoyo al sector turístico, para el que dispone un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico con una dotación presupuestaria del programa de 216 millones de euros para el ejercicio 2020 y la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.

También la concesión a las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que no tengan carácter público y que generen actividad entre los meses de julio y octubre (ambos inclusive) exoneraciones del 50% en las cuotas a la Seguridad Social por los trabajadores fijos-discontinuos que incorporen a la actividad o de los que mantengan su ocupación.

Asimismo, contempla una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, por lo que otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.

Por otro lado, en él se aprueban los ‘Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos’, instrumento cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos rurales y de interior apoyando la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos con el fin de aumentar su sostenibilidad.

Aena estima en 294 millones el impacto de las medidas de control sanitario previstas para este año y el siguiente con el fin de evitar contagios por coronavirus a partir de las recomendaciones elaboradas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) en materia de transporte aéreo.

Así consta en la memoria de impacto presupuestario a la que ha tenido acceso Europa Press, y que acompaña al decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, en el cual el Gobierno establece la obligatoriedad de cumplir con estas recomendaciones.

Según informa el Ejecutivo, Aena estima un impacto global en sus costes de aproximadamente 60 millones de euros este año y unos 97,5 millones en 2021, así como una inversión aproximada de 16,4 millones.

Entre las actuaciones que implican el aumento en los costes se encuentra el desarrollo de aplicaciones para reducir el contacto de los pasajeros con las instalaciones en el aeropuerto, la instalación de medios de protección en el aeropuerto –por ejemplo, pantallas en puestos de atención al público y medidas de separación– o de dispositivos sin contacto y dispensadores de hidrogeles.

También está prevista la potenciación de los sistemas de información para la mejora de la comunicación y concienciación del pasajero y otros usuarios del aeropuerto, entre otras medidas.

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA FACILITAR MÁS DISTANCIAMIENTO

Adicionalmente, señala el Gobierno, la adaptación de zonas en el aeropuerto para aumentar la superficie útil con el fin de facilitar un mayor distanciamiento entre pasajeros supondrá un impacto de unos 40 millones de euros en 2020 y de 80 millones el próximo año, según la información provisional aportada por Aena.

En todo caso, según asegura el Gobierno, este impacto quedaría compensado por la recuperación de la actividad en el ámbito aeroportuario así como por las medidas de compensación ya aprobadas, que permitirán la recuperación de estos costes por parte del gestor a través de las tarifas aeroportuarias.

COSTE PARA LAS AEROLÍNEAS DE 50 EUROS POR VUELO

Por otro lado, la adopción de las medidas incluidas en las directrices emitidas por EASA por parte de las compañías aéreas también tendrán un coste, al incluir el refuerzo de los procesos de limpieza en las aeronaves, la disposición de medios de protección de las tripulaciones o medidas de desinfección.

Concretamente, el Gobierno estima un coste adicional de unos 50 euros por vuelo, además de ciertos costes indirectos derivados de unos mayores tiempos de embarque y de las necesidades de un mayor distanciamiento de pasajeros.

Los costes derivados de la actividad de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, apunta el Gobierno, se cubrirán con sus dotaciones presupuestarias.

La pandemia del Covid-19 y el consecuente estado de alarma en España han tensionado la liquidez de las empresas españolas, que se han tenido que endeudar más. Ante ello, algunas barajan llevar a cabo ampliaciones de capital para dotarse de recursos, aunque el gran diferencial en las valoraciones está pesando más que el exceso de liquidez de los mercados, con descuentos que algunas compañías no consideran asumibles.

«Ante los niveles de apalancamiento resultantes, efectivamente las ampliaciones de capital podrían ser un buen mecanismo para inyectar liquidez, reducir apalancamiento y por tanto, reforzar el balance de las compañías», explica Alfredo Hernández-Redondo, socio de Equity Capital Markets de la banca de inversión de Alantra.

No obstante, otro de los impactos relevantes del Covid-19 ha sido el ajuste en las valoraciones, por lo que «dichas ampliaciones se tendrían que realizar a un valor de mercado ajustado y con descuento, lo que representaría en muchos casos una valoración no aceptable para las compañías y sus accionistas», señala Hernández-Redondo en declaraciones a Europa Press.

Por ello, el experto de Alantra asegura que la falta de visibilidad del impacto final y real del Covid-19 en el negocio y los resultados del 2020 y el ‘gap’ en las expectativas de valoración hacen que el descuento solicitado sea superior al requerido pre-Covid y se dificulten dichas emisiones.

A no ser que haya una necesidad muy fuerte, es difícil llevar a cabo ampliaciones de capital porque es complicado ponerse de acuerdo en la valoración», sostiene Borja Oria, socio gerente de Arcano, en una entrevista con Europa Press.

El apoyo de la financiación bancaria en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las medidas como los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTEs) han permitido que las empresas «no estén tan achuchadas como podrían estarlo, por lo que (el impacto) no es tan inmediato», defiende el experto de Arcano.

«Las compañías españolas han hecho mucho trabajo de balance y liquidez con el ICO y sus bancos financiadores, y en general, están en una situación donde están cómodas», coincide el director de mercados de capital para España y Portugal de JP Morgan, Mariano Colmenar, en una entrevista con Europa Press.

En marzo y abril, varias compañías estuvieron analizando, revisaron planes de contingencia e hicieron planes de liquidez para asegurarse que tenían bien hechos los balances y las posiciones de efectivo. Entonces, «en general, se asignaba baja probabilidad a una segunda ronda de Covid con impacto parecido al de marzo», según Colmenar.

Sin embargo, la incertidumbre con los nuevos rebrotes del coronavirus no ha desaparecido. «Si eso ocurriese, Dios no lo quiera, imagino que habría varias compañías que tendrían que abrir esos libros y revisar esos análisis», señala el experto del banco estadounidense.

En la situación actual, desde Arcano consideran que será «a partir de 2021 y problablemente del segundo semestre» cuando empiece a ser mayor el volumen de operaciones de ampliación de capital. La firma asesora en «varios proyectos» en los que ya estaban involucrados antes de la pandemia.

Oria ha notado «más movimiento» en estos proyectos desde que comenzó el desconfinamiento, especialmente en operaciones que estaban ya muy avanzadas y requerían hacer visitas, conocer al equipo y ver los activos, algo que durante el confinamiento no se podía hacer.

«Será difícil ver operaciones antes de verano. Las compañías que están analizando actualmente la posibilidad de ampliar capital seguramente esperen a la ventaNa de finales de septiembre o principios de octubre», pronostica Hernández-Redondo, de Alantra.

Desde JP Morgan ven difícil predecir cómo será la situación en septiembre u octubre. «Lo que sí que está claro es que el apoyo del mercado a este tipo de operaciones ha sido unánime y seguimos viendo un ‘pipeline’ de transacciones en Europa muy relevante para lo que nos queda de mes de julio», aventura Colmenar.

El banco estadounidense ha detectado «niveles de actividad récord» en el mercado de capitales, particularmente en operaciones del primario. «El mes de junio ha sido el mes con mayor emisión de ‘equities’ en todo el mundo desde junio de 2014», según las cifras que baraja Colmenar.

En el entorno actual, JP Morgan considera que «de ser necesario, el mercado apoyaría a las compañías españolas en operaciones para reforzar balance, tanto para estar mejor preparadas para una eventual segunda vuelta de Covid o para acometer crecimiento inorgánico o proyectos grandes de inversión en los próximos años.

Sin embargo, el banco considera que el mercado prefiere solventar las potenciales tensiones de balance «de forma completa», toda vez que hay cierto rechazo con las «soluciones parciales», es decir, «el objetivo es proporcionar una solución final que evite la incertidumbre a futuro», zanja Colmenar.

DIVERGENCIAS POR SECTORES

Los expertos consultados destacan las grandes diferencias entre los distintos sectores. Las ampliaciones de capital cobrarían más sentido en aquellos en los que el Covid-19 haya sido «más que un impacto puntual de liquidez, un impacto estructural en el modelo de negocio a largo plazo», especifica Hernández-Redondo.

Sectores relacionados con el consumo, ‘retail’, turismo, transportes o servicios han sido los más afectados. «No solo tienen el impacto de haber estado tres meses cerrados, sino que el Covid y la ‘nueva normalidad’ puede cambiar comportamiento del consumidor. Hay una incertidumbre no solo inmediata, sino a futuro por el cambio de los hábitos», detalla Oria.

EL SECTOR TECNOLÓGICO, CON EL VIENTO DE COLA

No obstante, JP Morgan señala que sectores resistentes al Covid-19, como el tecnológico, «están aprovechando la fortaleza del mercado y que cotizan a unos niveles súper atractivos, para levantar liquidez y poder acelerar sus planes de crecimiento y considerar adquisiciones de competidores».

En el sector de tecnología, en el que Arcano «está muy activo», Oria dice que «está siendo muy fácil levantar el dinero y hacer esas ampliaciones porque hay empresas favorecidas por el Covid que para empujar ese alto crecimiento necesitan recursos», y además, hay muchos inversores que quieren invertir en este sector, por lo que casan la oferta y la demanda.

CONSOLIDACIÓN EN TURISMO, AEROLÍNEAS Y BANCA

El experto de Arcano destaca que en los sectores más afectados como aerolíneas y agencias de viaje hay situaciones «tremendamente complicadas», por lo que prevé «mucha consolidación en el sector», de cara aprovechar las sinergias y poder aguantar el cambio de modelo.

El sector bancario, presionado por los bajos tipos de interés, es otro de los que podrían protagonizar movimientos corporativos. «Tiene todo el sentido que siga habiendo consolidación en este sector en España», según Oria.

EL CAPITAL RIESGO, «CARGADO DE LIQUIDEZ»

En este escenario, las entidades asesoras prevén que el capital privado sea muy activo en los próximos meses en España. «Los ‘private equity’ están sentados en muchísima liquidez y tienen mucho capital que poner a trabajar», asegura el experto de JP Morgan.

«Protagonizarán más operaciones sin lugar a dudas. Han estado más centrados en cuidar de sus participadas, pero ahora están en fase de buscar oportunidades», detalla Oria, que considera que, conforme el hueco entre el precio de oferta y precio de la demanda disminuya al rebajarse la incertidumbre empezará a haber muchas transacciones.

«Hay un nivel máximo de liquidez y de apetito por invertir en España», asegura el ‘managing partner’ de Arcano, quien cree a raíz del Covid muchos empresarios se van a replantear su estrategia y van a apostar por «diversificar patrimonio y meter a un socio institucional en su capital».

El Tesoro Público vuelve esta semana a los mercados con dos nuevas emisiones, una de letras el martes día 14 de julio, y otra de bonos el jueves 16, con las que cierra el calendario del séptimo mes del año.

En concreto, subastará letras a 3 y 9 meses el martes y el jueves ofrecerá a los mercados nuevas referencias de bonos y obligaciones del Estado.

En el primer semestre el Tesoro colocó unos 184.090 millones de euros en deuda pública, lo que representa el 61,9% de la emisión bruta prevista de 297.000 millones de euros del programa de emisiones para el conjunto del ejercicio 2020, revisado al alza por las mayores necesidades de financiación derivadas de la crisis del Covid-19, según datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Tesoro anunció a finales de mayo una modificación de su programa de financiación para este año, que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo más de 100.000 millones la emisión bruta, hasta alcanzar los 297.000 millones de euros, como consecuencia de la mayor necesidad de financiación por el aumento de la deuda pública para hacer frente a los mayores gastos derivados del Covid-19.

No obstante, a la previsión de emisión neta se le podrían descontar en torno a 15.000 millones que podría recibir España del sistema de reaseguro de empleo (SURE), así como la parte que perciba del fondo de reconstrucción europeo.

En detalle, estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prevé financiar mediante bonos y obligaciones y 111.688 millones a través de letras del Tesoro.

El Pleno del Congreso debatirá este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 23 de junio con medidas para poner fin a la especulación en el acceso al sistema eléctrico con instalaciones renovables, con el control de los permisos de acceso, una moratoria de permisos y un nuevo sistema de subastas que se estrenará este mismo año y cuya variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.

En vigor a partir de su publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), la propia Constitución establece que cada decreto ley tiene que ser refrendado en el Congreso en un plazo de 30 días hábiles. Además de pronunciarse sobre su convalidación o derogación, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios en las nuevas normas a través de enmiendas.

Con este decreto, el Gobierno busca poner fin a los movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red eléctrica, ‘pinchando’ así la llamada burbuja de renovables, y asegurando que los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables, estén asociados a proyectos reales y firmes.

Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso, por lo que no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos, y que Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deben aprobar en un plazo de tres meses a partir de este decreto.

Actualmente, el número total de solicitudes suma más de 430.000 megavatios (MW), de los que únicamente 295.000 MW se consideran correctamente presentadas. Multiplican por más de siete el objetivo de en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030.

CADUCARÁN LICENCIAS INCUMPLIDORAS Y SE EJECUTARÁN LOS AVALES

Con estos cambios legales, los titulares de los permisos deben ir acreditando el cumplimiento de una serie de hitos, como la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción- en los tiempos fijados, para evitar que los permisos caduquen de forma automática y se proceda a ejecutar los avales económicos exigidos.

El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías.

SUBASTAS SIGUIENDO EL MODELO DE LOS PAÍSES DEL ENTORNO.

En lo que respecta al nuevo sistema de subastas de renovables, pendiente de desarrollo reglamentario, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía, con la previsión de que a lo largo del segundo semestre habrá ya subastas de este tipo, que tienen el camino despejado al incluirse en este decreto, sin necesidad de esperar a la aprobación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Este nuevo sistema pone fin al marco vigente desarrollado en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio-hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. Ahora, los procedimientos de este nuevo sistema deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros.

También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria. Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

Por otra parte, el decreto ley también recoge medidas para simplificar y agilizar la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha, y se incorporan a la regulación española nuevos modelos de negocio, como el almacenamiento, la hibridación y el agregador independiente. También se regulan las comunidades de energías renovables, que favorecen la participación de los ciudadanos en la transición energética.

UTILIZACIÓN DEL SUPERÁVIT ACUMULADO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

Por otro lado, en el decreto ley se habilita la posibilidad de inyectar el superávit registrado en ejercicios anteriores por el sistema eléctrico para asegurar la liquidez a corto plazo y mitigar los desajustes que ha provocado la crisis del Covid-19, cubriendo así eventuales desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020.

La nueva normativa permite que el conjunto de los ‘sujetos de liquidación’, esto es, los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones derenovables, cogeneración y residuos, puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019. Asimismo, se ajustan los porcentajes de PIB por los que se rige la inversión máxima en redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022.

NUEVOS PLAZOS PARA FINALIZAR EL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Por otro lado, el decreto ley también retrasa hasta el 31 de octubre de 2020 la finalización del proceso de liberación de la banda de 700MHz, conocido como Segundo Dividendo Digital, como consecuencia de los efectos provocados por la pandemia del Covid-19 y el retraso de las actuaciones para la liberación de estas frecuencias.

El pasado 30 de marzo, en medio de la crisis del coronavirus, el Gobierno comunicó a la Unión Europea que, tal y como establece la norma por causas de fuerza mayor y estaba ocurriendo en otros países, la situación provocada por el Covid-19 impedía completar el proceso para el 30 de junio de 2020, plazo establecido en la Decisión 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por otra parte, las emisiones en simulcast (emisión simultánea de un canal de televisión a través de las frecuencias nueva y antigua) se mantienen hasta el 30 de septiembre, con el fin de facilitar a los usuarios la adaptación de sus instalaciones para recibir las nuevas frecuencias planificadas.

El Gobierno regional prevé una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid de entre el 10,1 por ciento y el 12,7 por ciento como consecuencia de los efectos provocados por la crisis del Covid-19.

Así lo refleja un estudio elaborado por la Consejería de Hacienda y Función Pública que ha utilizado, entre otros parámetros, los últimos datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como los de paro y afiliación a la Seguridad Social, según ha informado el Gobiero regional en un comunicado.

Este margen es el más probable para los técnicos de la Consejería, que han llevado a cabo una estimación del impacto de la crisis basándose en cuatro hipotéticos escenarios.

De esta forma, el escenario más optimista situaría la caída del PIB en el 7,84 por ciento, en el caso de una reapertura acelerada de la actividad productiva en la región y con la puesta en marcha de las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico para la reactivación de la economía madrileña.

No obstante, el estudio vaticina que la evolución real se asemejará a los escenarios 2 y 3. El segundo estaría marcado por una reapertura paulatina de la actividad que no se completaría en gran parte hasta el mes de septiembre en el caso de la hostelería y el turismo, de manera que la caída del PIB sería del 10,1 por ciento y la recuperación se retrasaría hasta la segunda parte de 2021.

En el caso de que la situación se asemeje al escenario 3 del estudio, la caída del PIB alcanzaría el 12,7 por ciento y la recuperación se iría a más de año y medio. Este escenario estaría marcado por el cierre de numerosas empresas, especialmente de los sectores de la hostelería, el turismo, el ocio y el comercio.

CAÍDA DEL 18,7% SI SE PRODUCE UN NUEVO CIERRE DE LA ACTIVIDAD

Por último, el análisis de la Consejería de Hacienda y Función Pública establece un cuarto y último escenario marcado por un nuevo cierre productivo en otoño fruto de algún tipo de rebrote, que implicaría una caída del PIB del 18,7 por ciento y una recuperación muy lenta mucho más allá del año y medio en el que se situaba el escenario 3.

Esta es la previsión más pesimista que haría necesario aplicar medidas «muy drásticas» y dependiendo completamente de la Unión Europea en el corto plazo, han advertido desde el Departamento que lidera Javier Fernández- Lasquetty.

PLAN PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

De cara a reactivar la economía de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha puesto sobre la mesa un ‘Plan de Reactivación Económica’, que cuenta con una treintena de medidas específicas con el fin de dotar de mayor flexibilidad empresas y ciudadanos para favorecer el emprendimiento y la garantizar la continuidad del tejido productivo.

El objetivo es impulsar iniciativas que incentiven y faciliten la inversión eliminando al mismo tiempo trabas administrativas y burocráticas.

Todo ello combinado con un apoyo y respaldo a aquellos sectores y trabajadores que han sido más perjudicados por los efectos de la crisis del Covid-19, como el turismo o el sector inmobiliario.

UGT ha pedido aumentar la inversión pública en innovación, ya que España tiene una capacidad de innovar «peligrosamente menor» que la del resto de países de la Unión Europea, lo que «repercute en una menor competitividad y en un auténtico desperdicio del talento humano que posee el país».

En un comunicado, el sindicato ha puesto en valor la fortaleza que tiene el país debido a la capacidad de su sistema educativo para generar graduados universitarios o el elevado número de doctores que salen de las facultades, aunque ha lamentado que «casi la mitad de los trabajadores cualificados en España acaban emigrando al extranjero».

Esto hace que el país sea el segundo de la Unión Europea que más trabajadores ha perdido con alta cualificación en el periodo comprendido entre 2007 y 2017.

«Entre nuestras debilidades sobresale la poca innovación empresarial, especialmente entre las pymes», añade el sindicato, que también resalta que el porcentaje de empresas innovadoras en España aún no alcanza el 14,5%, con grandes diferencias por el tamaño de la compañía.

Concretamente, casi el 40% de las empresas de más de 250 trabajadores innova, cifra que desciende «vertiginosamente» hasta el 13,7% en el caso de las empresas de menos de 250 empleados. Además, la organización sindical ha alertado de que en 2005 el porcentaje de empresas innovadoras era el doble del actual y rondaba el 27%.

No obstante, cree que el problema no solo reside en el número de empresas innovadoras, sino en la inversión en I+D+i. En 2018, la inversión empresarial en I+D, como porcentaje del PIB, fue de un 0,70%, mientras que la de Francia fue el doble (1,44%) y la de Alemania, el triple (2,16%).

Para el sindicato, «ya no existen excusas para no aumentar drásticamente los presupuestos para las ayudas públicas en innovación».

Además, cree que también se le han agotado los pretextos a las empresas y que estas están obligadas a impulsar la innovación, la investigación y la ciencia dentro de sus planes de negocio. La competitividad y el futuro de nuestra economía depende de ello», deja claro el sindicato.