Las entidades financieras han conseguido ya que se recojan las especificaciones técnicas en el convenio del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sobre la concesión de las ayudas al alquiler avaladas por el Estado y destinadas a los inquilinos que no pueden afrontar el pago de la renta de la vivienda por encontrarse en dificultades financieras a raíz de la situación generada por el coronavirus.
El convenio definitivo se firmará a más tardar este viernes y a él se sumarán los bancos que hasta ahora se negaban a poner en marcha esta medida al no contar con una serie de aclaraciones técnicas que habían solicitado al Ejecutivo, según fuentes financieras consultadas por Europa Press.
El bloqueo que se estaba produciendo no tiene que ver en ningún caso con exigencias que la banca pudiera estar solicitando a cambio de alcanzar un acuerdo, sino que estaba relacionado con la necesidad de que se clarificaran ciertos detalles que permitiesen fijar un procedimiento estándar en un producto tan complejo como son estas líneas de avales.
No obstante, algunas entidades pequeñas como Caixa Ontinyent, Caixa Pollença, Bankoa, Laboral Kutxa, Unicaja, Abanca o Liberbank sí que habrían suscrito el convenio hace unos días dado su carácter más bien regional y local, tal y como adelantó ‘El Confidencial‘ este jueves.
El sector asegura que ha estado comprometido desde un principio con adherirse al convenio porque son conscientes de la necesidad social, aunque también es cierto que no han constatado una demanda excesiva. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana estimaba que se podrán beneficiar de esta medida unos 450.000 inquilinos.
En cualquier caso, los plazos se han demorado también debido a que el Departamento que gestiona las ayudas tardó más de un mes en publicar la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su anuncio, que finalmente vio la luz el pasado sábado 2 de mayo, y el ICO requirió otros diez días para su proceso de valoración.
Así, la banca se queja de que hasta hace una semana no habían recibido noticias del ICO sobre el convenio, momento a partir del cual necesitaban realizar las pertinentes adaptaciones en sus sistemas y en la red. «Todo esto no se hace en un día», apostillan desde una entidad.
El Gobierno habilitó hace ya casi dos meses una línea de créditos de un máximo de 1.200 millones de euros avalada por el Estado destinada a los inquilinos que no pueden afrontar el pago del alquiler de la vivienda por encontrarse en dificultades financieras a causa de la actual crisis sanitaria y el estado de alarma.
Esta línea de créditos, que el ICO tiene que poner a disposición de las entidades financieras para que las concedan a los clientes, con cargo a sus fondos, tiene un importe global máximo de 112 millones de euros y constituye una de las ‘medidas estrella’ del plan de ayudas.
Los préstamos no suponen ni gastos ni intereses para quien los solicite que, además, contarán con un plazo para devolverlo de seis años, con posibilidad de una prórroga de hasta cuatro años más.
El procedimiento se establece de forma que es el banco el que abona directamente el importe del préstamo al propietario del piso para evitar la incertidumbre de un eventual impago del inquilino.
