Las ofertas por Tubos Reunidos chocan con la deuda de 150 millones con la SEPI

Los cinco grupos interesados condicionan sus propuestas a una quita del pasivo público, que supone casi la mitad de los 300 millones adeudados. La SEPI solo contempla ampliar el calendario de amortización del préstamo del FASEE.

Tubos Reunidos ha recibido cinco ofertas por sus activos y todas coinciden en exigir una quita de los 150 millones de euros que la compañía adeuda a la SEPI, casi la mitad de un pasivo de 300 millones.

Los representantes sindicales se reunieron el miércoles con PKF Attest, administrador del concurso de acreedores de la siderúrgica de Amurrio (Álava), y de ese encuentro trascendió una conclusión unánime: ningún comprador está dispuesto a asumir ese pasivo público. La sociedad estatal tampoco, por ahora, a condonarlo.

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Qué exigen las cinco ofertas y por qué la SEPI no cede

El origen de la carga está en una línea de financiación en condiciones especiales de casi 113 millones de euros canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI. Los intereses generados desde entonces elevan la factura hasta los 150 millones citados. La sociedad pública consideró a Tubos Reunidos empresa estratégica por ser uno de los dos fabricantes españoles de tubos sin soldadura, junto a Tubacex.

La posición de la SEPI se complica por el frente judicial. El macrocrédito se encuentra bajo investigación de la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire Díez, relativo a una presunta trama de corrupción ligada al PSOE, y la causa alcanza tanto a ex directivos como a gerentes en activo de la compañía.

El margen de maniobra se reduce a dos vías. La primera pasa por un auto de la magistrada María Teresa Trinidad, al frente del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria, que declare inasumible la deuda con la SEPI, una fórmula que ya cuenta con precedentes en procedimientos similares según fuentes judiciales. La segunda es estrictamente financiera: alargar el calendario de amortización. El margen legal de actuación del FASEE lo permite y la SEPI no ha puesto objeción a esa ampliación del plazo.

Ninguna de las cinco ofertas discute el precio de los activos; todas discuten quién paga la deuda pública que los lastra.

La quita, en cualquier caso, no depende solo de Madrid. La financiación se concedió al amparo de la normativa de la Comisión Europea, tiene consideración de ayuda de Estado y una condonación se leería en Bruselas como una nueva ayuda pública. Ese es el nudo regulatorio que ninguna de las partes ha logrado deshacer.

Oficialmente no ha trascendido la identidad de los cinco grupos, aunque en el proceso figuran Sidenor, Tubacex, y la corporación india Welspun. Todos los planteamientos incluyen ajustes de plantilla y cambios en las condiciones laborales de una compañía que emplea a 1.300 trabajadores.

Los activos en juego y el lastre arancelario de Texas

Solo una de las propuestas abarca la adquisición de las dos fábricas: la de Amurrio, con una acería prácticamente nueva, y la de Trapagaran (Bizkaia), sin instalaciones de cabecera. La red industrial se completa con una planta de roscado de tubos en Iruña de Oca (Álava) y otra de procesos de acabado en Texas, donde se terminan los equipos fabricados en Euskadi.

deuda SEPI

La planta estadounidense es hoy el activo más discutido de la operación. Los tubos enviados a Estados Unidos soportan aranceles del 50% impuestos por la Administración de Donald Trump, un escudo comercial que ya aplicó en su primer mandato sobre el aluminio y el acero y que ahora penaliza el producto vasco. Un lastre que reduce el atractivo de la factoría y que ninguna oferta ha detallado cómo absorberá.

El calendario aprieta.

ConceptoImportePeso sobre el pasivo
Pasivo total estimado300 millones de euros100%
Deuda con la SEPI (FASEE)150 millones de euros50%
Préstamo original113 millones de euros37,7%
Intereses acumulados37 millones de euros12,3%

El resultado es una operación con cuatro plantas, 1.300 empleos y tres administraciones implicadas —la concursal, la estatal y la comunitaria— donde el precio de los activos es la variable menos relevante. El precio no es el problema. El comprador que se imponga heredará un perímetro industrial que necesita inversión y un pasivo público que nadie quiere asumir.

El precedente judicial y el filtro de Bruselas

Los juzgados mercantiles ya han declarado inasumibles deudas públicas en otros concursos, un antecedente que la magistrada Trinidad puede utilizar para desbloquear el proceso sin necesidad de una quita formal. Si esa vía prospera, la SEPI conservaría el nominal del préstamo, pero perdería capacidad real de condicionar la venta: el crédito quedaría reconocido en el concurso sin margen efectivo para bloquear la adjudicación.

El segundo filtro es comunitario. Bruselas autorizó el apoyo bajo el paraguas de empresa estratégica y cualquier condonación abre un expediente de ayuda de Estado que se tramitaría por la vía de la DG Competition. La ampliación del plazo de amortización es, hoy por hoy, la única herramienta que la SEPI puede activar sin tensionar el marco de ayudas de Estado.

Hay un tercer frente que no figura en las ofertas y que condicionará la adjudicación: la competencia. Tubacex es el otro productor español de tubos sin soldadura, de modo que su entrada en el perímetro de Tubos Reunidos concentraría la oferta nacional y abriría un examen en la CNMC. Ninguna de las cinco propuestas ha aclarado todavía cómo se resolvería ese conflicto.

La lectura técnica es que Tubos Reunidos no afronta una venta de activos, sino una reestructuración disfrazada de concurso. Cada semana que pasa sin auto judicial ni acuerdo con la SEPI encarece la continuidad de las plantas y desgasta la posición de los 1.300 trabajadores. La fragmentación del perímetro industrial es hoy el escenario más probable.

Queda la incógnita regulatoria.

📊 Las Claves para el Inversor

  • Qué vigilar: El auto del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria sobre la deuda con la SEPI y la eventual ampliación del plazo de amortización del préstamo del FASEE.
  • Reacción del valor: La cotización descuenta una adjudicación fragmentada; cualquier resolución judicial que desbloquee el pasivo público cambiaría el escenario de forma inmediata.
  • Precedente sectorial: Las quitas declaradas inasumibles por los juzgados mercantiles marcan la senda que podría seguir el concurso de la siderúrgica alavesa.

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