EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? CCOO y UGT han registrado en el Ministerio de Transportes una petición de reunión con el ministro Óscar Puente y un anexo con su propuesta de servicios mínimos para la huelga general del 11 de noviembre.
- ¿Quién está detrás? La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y UGT, de un lado, y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del otro: el departamento que firma la orden de mínimos.
- ¿Qué impacto tiene? Determina cuántos trenes de Cercanías, AVE, larga distancia y vuelos circularán ese día y, por tanto, si el viajero llega o no a su destino.
CCOO y UGT reclaman sentarse con Óscar Puente para pactar los servicios mínimos del transporte en la huelga general del 11 de noviembre. Los dos sindicatos han registrado este jueves en el Ministerio de Transportes una petición formal de reunión con el ministro y un anexo con su propuesta de mínimos para esa jornada.
Del 30% de Cercanías al 20% del AVE: la propuesta que los sindicatos llevan al Ministerio
El registro se produjo este jueves. Lo ha explicado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, que ha defendido una negociación que garantice a la vez el derecho a la huelga y el derecho a la movilidad. Ambas centrales han adjuntado un anexo con su propuesta, construida sobre los acuerdos de las huelgas generales de 2010 y de 2012.
La referencia es concreta. En la huelga general del 14 de marzo de 2012, los mínimos pactados fijaron el funcionamiento del 30% de los trenes de Cercanías, porcentaje que subía al 35% en hora punta, y del 20% de los servicios de AVE y larga distancia. En el transporte aéreo el reparto era otro: 10% de los vuelos peninsulares, 50% en las conexiones entre la Península y los archipiélagos y en los interinsulares, 20% en los vuelos con la Unión Europea y 40% en el resto de rutas internacionales.
Traducido a la práctica, uno de cada tres trenes de cercanías circularía. En el corredor Madrid-Barcelona, el más disputado por Renfe, Ouigo e Iryo, el AVE se quedaría en una quinta parte de su oferta habitual. Y en Barajas o El Prat, nueve de cada diez vuelos peninsulares no despegarían.
Los sindicatos insisten en la intermodalidad: quien no pueda usar el tren, que pueda subirse a un autobús. Palazzo ha subrayado que la ciudadanía debe entender que en una jornada de huelga los mínimos son necesarios, pero reclama que se negocien y no se impongan por orden.
El pulso no es menor. En juego está quién define el día: si el comité de huelga y el Ministerio llegan a un acuerdo, los mínimos saldrán del anexo registrado este jueves; si no, los firmará el Gobierno. La diferencia entre ambas cosas es, en la práctica, la distancia entre un 20% de AVE y un porcentaje bastante más alto.
Pactar mínimos no es cortesía sindical: es la diferencia entre el 30% de trenes en Cercanías y una orden ministerial que acabará en los tribunales.
Quién firma los mínimos y por qué la negociación no es vinculante
Los servicios mínimos no se votan: se ordenan. Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Transportes en el ámbito estatal, fijarlos mediante orden tras escuchar al comité de huelga y a las empresas afectadas, como recuerda la normativa de huelga recogida en la web del Ministerio. Ese trámite obliga a oír a los sindicatos, pero no a pactar con ellos. De ahí la petición registrada este jueves: convertir la audiencia en mesa de negociación.
La doctrina constitucional marca los límites. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, los mínimos deben estar justificados, ser proporcionales y no vaciar de contenido el derecho de huelga, un criterio que la Audiencia Nacional ha aplicado después en conflictos ferroviarios y aéreos con resultados desiguales. En las convocatorias de los últimos años, el departamento ha fijado en varias ocasiones mínimos en hora punta por encima del 70%, muy lejos de lo que reclamaban los comités.
A eso se suma el mapa de ejecutores: Renfe y Adif en el ferrocarril, Aena y ENAIRE en el cielo, las aerolíneas y los servicios de handling en tierra. Ninguno de ellos firma la orden, pero todos la aplican, y de su plantilla depende que el cuadro de trenes garantizados sea real o un papel.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto más inmediato es de agenda. Quien tenga un billete de Cercanías, AVE o larga distancia para el 11-N todavía no sabe si su tren saldrá: el cuadro definitivo no se publica hasta que se apruebe la orden de mínimos, y hasta entonces conviene revisar el estado del billete en el portal de Renfe. El viajero aéreo conserva el derecho a reembolso o recolocación, aunque la compensación económica del reglamento europeo queda en el aire cuando la aerolínea alega circunstancias extraordinarias.
La zona cero son las cercanías de Madrid y Barcelona, donde un tercio de los servicios afecta a cientos de miles de desplazamientos obligados al trabajo y al estudio, y los corredores de alta velocidad. Barajas y El Prat concentran la otra mitad del problema. En el transporte urbano, la llave la tienen los consorcios regionales y los ayuntamientos.
El dato que resume la jornada es el 30%: el porcentaje de cercanías que los sindicatos ponen sobre la mesa, idéntico al de 2012. La comparación tiene truco, porque aquel pacto se cerró en plena crisis, con otro Gobierno y con una huelga general de por medio que sirvió de base para el acuerdo de 2010. La lectura de fondo es que los convocantes no piden nada nuevo, sino que se aplique lo que ya se pactó entonces. El próximo hito es la respuesta del Ministerio a la reunión solicitada; después llegará la orden y, con ella, el listado de trenes garantizados, previsiblemente en la primera semana de noviembre, que es cuando el viajero sabrá de verdad si su billete sirve.
