La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) exigirá a los grandes bancos del país durante el tercer trimestre que preserven el capital suspendiendo la recompra de acciones, limitando los pagos de dividendos y permitiendo dividendos de acuerdo con una fórmula basada en los ingresos recientes y les obligará, además, a reevaluar sus planes de capital a largo plazo.

El organismo presidido por Jerome Powell ha anunciado esta decisión tras conocer los resultados de los últimos test de estrés al sector y con el objetivo de que sigan siendo «resistentes» a pesar de la incertidumbre económica a raíz de la pandemia de coronavirus.

Así, la Fed ha impuesto la obligación a los grandes bancos de volver a presentar y actualizar sus planes de capital a finales de este año para reflejar las tensiones actuales, lo que ayudará a las empresas a reevaluar sus necesidades de capital y mantener prácticas sólidas de planificación de capital durante este período de incertidumbre. Estos serán analizados cada trimestre para determinar si los ajustes a esta respuesta son apropiados.

Igualmente, tendrán prohibido recomprar acciones, que representan aproximadamente el 70% de los pagos de los accionistas de los grandes bancos, y se limitarán los pagos de dividendos a la cantidad pagada en el segundo trimestre y aún más a una cantidad basada en los ingresos recientes. «Como resultado, un banco no puede aumentar su dividendo y puede pagar dividendos si ha obtenido suficientes ingresos», ha aclarado.

Los resultados de últimos test de estrés realizados indican que los 34 grandes bancos analizados podrían sufrir pérdidas de entre 560.000 y 700.000 millones de dólares (entre 499.000 y 624.000 millones de euros).

«El sistema bancario ha sido una fuente de fortaleza durante esta crisis», ha explicado el vicepresidente de la Fed, Randal Quarles, «y los resultados de nuestros análisis de sensibilidad muestran que nuestros bancos pueden mantenerse fuertes incluso ante los shocks más severos».

El Gobierno central reclama información a Alcoa y Parter sobre el grado de cumplimiento del acuerdo venta alcanzado en 2019 de las plantas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés.

Según explica el presidente del comité de Alu Ibérica de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, el Ministerio ha trasladado en la mesa industrial de esta tarde que requerirá esta información para «esclarecer» lo sucedido en esta operación, después de que el fondo suizo Parter –que compró en su día las antiguas plantas de Alcoa– revendiese durante el estado de alarma las factorías a Grupo Industrial Riesgo.

En un comunicado, el propio Ministerio de Industria informa de que va a iniciar el procedimiento para requerir a los propietarios información que «justifique el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento del empleo», ya que son necesarios para poder recibir las ayudas relativas al dióxido de carbono (CO2).

A este respecto, López Corbacho explica que el Ministerio quiere «documentar el grado de cumplimiento» de los acuerdos, por lo que también demanda las cuentas de las fábricas relativas a 2018 –que corresponden a Alcoa– y de 2019 –de Parter–, pues si existen infracciones se reclamará «la devolución» de las compensaciones.

Ahora, el Gobierno da «25 días de margen» a las empresas para que aporten estos informes y, a partir de ahí, proceder a una «investigación» de lo sucedido, sostiene el representante de los trabajadores. Posteriormente, habrá una nueva reunión de la mesa industrial.

Y es que el presidente del comité de empresa denuncia que «nadie cumplió aquí», por ello llama a que se haga una auditoría a fondo, puesto que hay «mucho que aclarar» sobre una operación de reventa de Parter a Grupo Industrial Riesgo en la que ve muchas sombras.

Sobre la propia mesa industrial de este jueves, en la que sí han estado representantes de Parter, López Corbacho censura que no acudiese nadie de Alcoa, que «sigue haciendo lo que le da la gana», «viviendo a sus anchas cerrando empresas y sin que nadie la mete en cintura».

COMPROMISO CON MARCO ENERGÉTICO

Por su parte, el Ministerio de Industria ha mostrado su «compromiso a seguir trabajando en el desarrollo de un marco energético estable y predecible», con instrumentos como una subasta de energía renovable y el estatuto del consumidor electrointensivo, entre otras medidas.

El Ministerio también insta a los Gobiernos autonómicos de Galicia y Asturias a que «actúen en todos aquellos aspectos de carácter laboral, medioambiental y de seguridad industrial que sean necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad» en las plantas.

LA XUNTA DEMANDA UNA AUDITORÍA

Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha emplazado al Gobierno central a que vele por el cumplimiento del acuerdo alcanzado hace un año para la venta de la planta de A Coruña.

En un comunicado tras el encuentro, Conde ha criticado que el Gobierno «no presentó garantías sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos hace un año por Alcoa y Parter».

Por ello, emplaza al Ejecutivo central a que aclare los interrogantes alrededor de la nueva venta durante el estado de alarma a Grupo Industrial Riesgo para conocer su contenido y alcance. En este sentido, requiere una auditoría técnica y financiera para verificar la realidad contable, patrimonial y de tesorería de la empresa y el estado de las instalaciones.

Al igual que en el caso de Alcoa San Cibrao, Conde defiende que se tomen medidas de carácter urgente más allá de los contratos bilaterales que tendrán un efecto a medio y largo plazo.

Trasladamos el compromiso de la Xunta de apoyar el desarrollo de un plan industrial a través de inversión y formación garantizando la modernización de la planta y también la necesidad de que se apruebe el estatuto, ya que es la única garantía para que Alu Ibérica pueda producir aluminio primario y pueda mantener la totalidad de los puestos de trabajo», apunta.

Los gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido han decidido ralentizar la implementación de sus impuestos sobre servicios digitales debido a las amenazas de Estados Unidos, según ha publicado este jueves la agencia ‘Bloomberg’.

La nueva versión del impuesto, conocido como ‘tasa Google’, tendrá un carácter más limitado y «facilitaría considerablemente la labor de alcanzar una solución consensuada y un acuerdo político durante este año», según una carta firmada por los ministros económicos de los cuatro países europeos y dirigida a su homólogo estadounidense, Steven Mnuchin.

Hace poco más de una semana, el Ejecutivo afirmó que mantendría la tramitación de la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales pese a la misiva enviada en un primer momento por Mnuchin.

Así, en esta nueva propuesta de los gobiernos europeos, el impuesto abarcaría únicamente a las empresas de servicios digitales automatizados. En una fase posterior se expandiría su aplicación a otro tipo de firmas.

RECAUDACIÓN DE CASI 1.000 MILLONES EN ESPAÑA

La ‘Tasa Google’ gravará a las empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

La previsión inicial cuando el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley el pasado 18 de febrero, antes de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, y su consecuente crisis económica, era recaudar 968 millones de euros.

Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario.

Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros y las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%.

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha remitido una carta a los ministros del área del euro en la que promete que si resulta elegida para presidir el Eurogrupo trabajará con todos los Estados para alcanzar «acuerdos equilibrados» y un «fuerte consenso» para generar unidad en la Eurozona, así como para acelerar la recuperación y conseguir un crecimiento «inclusivo», para lo que cree que no hay que retirar pronto las medidas de apoyo pero sí diseñar una ruta de sostenibilidad fiscal a medio plazo.

Así lo señala en la carta de motivación enviada este jueves al resto de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona para presentar de forma oficial su candidatura para presidir el Eurogrupo en sucesión del portugués Mário Centeno.

«Con una sólida formación en economía y derecho, he tenido altas responsabilidades durante toda mi carrera profesional en un amplio número de áreas, incluyendo política económica, digitalización, finanzas y presupuestos, regulación financiera, competencia y comercio«, resalta de sí misma Calviño en la misivia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según la vicepresidenta, esta combinación de conocimiento y experiencia a nivel nacional, europeo e internacional, le brinda una visión «bien informada e integral necesaria para enfrentar los complejos desafíos que hay por delante».

Más allá de su experiencia como vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos en el Gobierno español, Calviño indica que su experiencia profesional previa y su «profundo conocimiento» de las instituciones europeas le provee de una «fuerte habilidad para escuchar, comprender los matices y los diferentes puntos de vista para buscar formas de cerrar las brechas, facilitar los intercambios y participar activamente con el objetivo de alcanzar decisiones equilibradas.

En la misia, Calviño rinde homenaje a Mário Centeno por su «excelente trabajo» durante los últimos dos años y medio, con un liderazgo «particularmente importante» en la construcción del consenso necesario para una respuesta «fuerte y oportuna» a la crisis del Covid-19. En este sentido, señala que el final de su mandato llega en un momento «muy desafiante» dado que la pandemia ha afectado a todos los países europeos, con consecuencias sanitarias y que causarán una «interrupción sin precedentes» de la actividad económica, empujando a todos los Estados miembros a una recesión en 2020.

Asimismo, destaca que a lo largo de los años el Eurogrupo ha demostrado ser el «foro adecuado» para abordar desafíos comunes, proporcionando un marco «eficiente y muy unido» para que los ministros trabajen juntos para responder a los mandatos de los líderes europeos y proporcionar las mejores respuestas posibles.

«Tiene un papel central que desempeñar para garantizar una acción coordinada y dar forma a nuestras políticas para el futuro», enfatiza Calviño, que cita los retos para los próximos dos años y medio.

UNIDAD, ACELERAR EL CRECIMIENTO Y REFORMAS

En primer lugar, subraya la necesidad de sentar las bases para una fuerte recuperación económica que lleve a acelerar un crecimiento económico sostenible e inclusivo y a la creación de empleo dentro de la zona del euro.

«Estamos en el mismo barco y las acciones tomadas en un país pueden tener un fuerte impacto en la estabilidad y el crecimiento de otros», señala Calviño, añadiendo que se necesita coordinación para evitar el impacto negativo de las políticas divergentes, pero también para beneficiarse de las sinergias y los efectos secundarios positivos derivados de actuar juntos en nuestras economías y sociedades altamente interconectadas.

Tras la actuación «rápida» de instituciones y gobiernos para hacer frente al choque de la pandemia, en la recuperación considera que se requiere una respuesta «igualmente fuerte y coordinada a nivel nacional y europeo para acelerar la reactivación de empresas y sectores y asegurar una recuperación en forma de V que brinde la zona del euro lo antes posible de vuelta al camino de un crecimiento sostenible robusto».

«Las decisiones que tomemos en respuesta a esta crisis determinarán la forma de nuestra Unión Económica y Monetaria en las próximas décadas», añade, incidiendo en que el Eurogrupo deberá desempeñar un papel «esencial «en la coordinación y la acción para que la zona del euro emerja más fuerte y más resistente de esta crisis.

En paralelo al despliegue del paquete de la próxima generación de la UE, aún pendiente de un acuerdo político, señala que los países de la zona del euro deberán implementar planes sin precedentes, incluidas inversiones y reformas para fomentar la recuperación.

Por ello, recalca que la dimensión supranacional debe incorporarse a la ecuación, de forma que el Eurogrupo debería contribuir a integrar esta dimensión en el análisis de los planes de recuperación y resiliencia.

SOSTENIBILIDAD FISCAL A MEDIO PLAZO

Como segundo aspecto señala como segundo aspecto el marco fiscal, sobre el que señala que tras el progreso en materia de reducción de déficit y deuda yen los últimos años, la situación extraordinaria del Covid ha dado la vuelta ala situación, por lo que todo los países harán frente a un incremento de los niveles de déficit y deuda este año. Sin embargo, cree que es te impacto será temporal si se asegura una fuerte recuperación.

Eso sí, cita el «amplio consenso» sobre la necesidad de evitar retirar políticas de apoyo demasiado pronto, pero también la de diseñar una ruta que garantice finanzas públicas sostenibles y estabilidad financiera en el medio plazo, para lo que considera que habrá que coordinar las políticas fiscales.

FORTALECER LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN

Como tercer ámbito apunta al fortalecimiento de la capacidad de recuperación de la Unión Económica y Monetaria, para estar «bien preparados» para futuros shocks. «Soy consciente de las diferentes sensibilidades en torno a la mesa y la necesidad de trabajar de manera constructiva en la creación de consenso, encontrar acuerdos equilibrados y desarrollar soluciones viables y realistas que puedan ofrecer una arquitectura más resistente», añade al respecto.

En esta línea, señala que la Unión Bancaria es un pilar del progreso «significativo» de los últimos años, pero hay que concluirlo, así como una Unión de mercado de capitales.

Por último, insta como otro objetivo a reflexionar sobre los métodos de trabajo con miras a maximizar la eficiencia al tiempo que se refuerza la legitimidad democrática.

El Gobierno y los agentes sociales han alcanzado finalmente un acuerdo para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta finales de septiembre, según han confirmado el Ejecutivo y los agentes sociales.

CCOO, UGT y CEOE han dado el visto bueno a la última propuesta que el Ejecutivo presentó ayer a la mesa del diálogo social. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comparecerá ante los medios esta tarde a las 18.00 horas para presentar el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo junto a el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El acuerdo se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario.

En la propuesta se recoge el mantenimiento de los ERTEs de fuerza mayor total para las empresas que aún no han vuelto a la actividad y la posibilidad de que las empresas que se vean obligadas a cerrar de nuevo por culpa de un rebrote del coronavirus pueden acogerse a un ERTE de fuerza mayor.

En un comunicado, CEOE y Cepyme han adelantado que, tras consultar sus órganos de Gobierno, los empresarios han dado un «apoyo unánime» a la última propuesta del Ejecutivo, dado que presenta «importantes avances» respecto a la propuesta inicial.

Sin embargo, la patronal indica que siguen trabajando para que en el mes de septiembre se pueda abordar cómo se afrontará el último trimestre del año, «siempre con el deseo compartido por las partes de que para entonces se haya recuperado toda la actividad posible».

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha hecho una valoración «muy positiva» del acuerdo para alargar los ERTEs hasta septiembre porque con ello se renueva una herramienta que ha conseguido derechos adicionales para los trabajadores y que se ha demostrado eficaz para evitar la destrucción de empleo.

«Alargamos unos meses la regulación de los ERTEs que van a poder seguir dando cobertura a trabajadores que en circunstancias normales no se hubieran podido acoger a los ERTEs y que además van a tener la reposición de la prestación por desempleo una vez que vuelvan a su puesto e incluso si lo perdiera podrá volver a recuperar su prestación», ha subrayado.

Sordo ha explicado que el acuerdo incorpora «nuevas realidades», como la protección a trabajadores y empresas en caso de rebrotes, y un tratamiento favorable a los ERTEs por causas económicas para que las empresas opten por estos procedimientos en lugar de por despidos.

Asimismo, el dirigente de CCOO ha destacado que supone un mensaje a la sociedad de que, ante situaciones de máxima dificultad, «hay agentes sociales y económicos capaces de ponerse de acuerdo y de encontrar lo que los une en lugar de profundizar en lo que les separa». «Es un buen acuerdo, muy trabajado, que lanza un mensaje de confianza hacia la sociedad española», ha resumido.