Las acciones de Deoleo se han desplomado este viernes casi un 23% tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con los hermanos Salazar y evitar el juicio de SOS Cuétara, que les permitirá recibir entre 8 y 12 millones de euros.

En concreto, los títulos del fabricante de Hojiblanca y Carbonell, que suman tres jornadas de caídas, cerraron con un desplome del 22,71%, hasta intercambiarse a un precio de 0,032 euros.

De esta forma, Deoleo suma varias jornadas en negativo, lo que ha llevado a la firma a perder casi un 87% de su valor en esta semana, después de que la iniciara con un rebote del 73,55% el pasado lunes tras conocerse el acuerdo extrajudicial alcanzado con los Salazar.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal tenía previsto iniciar este viernes el juicio contra los hermanos Jesús Ignacio y Raúl Jaime Salazar Bello, que se remonta a 2009, por un presunto fraude de más de 230 millones de euros cometido cuando estaban al frente de la compañía. La Fiscalía rebajó notablemente su petición de pena de prisión para ambos tras alcanzar un acuerdo conformidad con su defensa.

El fabricante de Hojiblanca y Carbonell ha señalado que la revisión de este procedimiento puso de manifiesto por un lado, unas expectativas de cobro remotas, dada la «práctica insolvencia» de los ex administradores y grandes dificultades de cobro, lo que conllevaba un «elevado coste, económico y en tiempo», y por otro, la exigencia de los acreedores con los que se negocia la reestructuración financiera, en el sentido de concluir esta situación para que se eliminen todas las posibles contingencias por reclamaciones, y las incertidumbres asociadas a las mismas.

De esta forma, Deoleo da por «concluidos» todos los procedimientos judiciales que tenía pendientes relacionados con los antiguos gestores de la sociedad y se retira todas las reclamaciones económicas que existían contra ella.

La multinacional española ha afirmado que tras alcanzar estos acuerdos puede encarar la última fase de negociación de los diversos contratos en los que se documenta y ejecutar la refinanciación del grupo que está actualmente en curso, de forma que pueda cumplirse con el calendario de cierre estimado.

Lar España, socimi propietaria de quince centros comerciales, está abierta a crecer mediante la compra o la promoción de nuevos establecimientos de este tipo, según indicó su consejero delegado, Miguel Pereda.

«Estamos mirando el mercado por si surgen oportunidades de compra«, indicó. «Pero deben ser activos sólidos, que complementen la cartera actual y cuenten con potencial para generar valor», detalló para añadir que, además, la firma «no tiene prisa por comprar».

El primer ejecutivo de Lar tampoco descarta la promoción de nuevos establecimientos, al considerar que se trata de una vía de crecimiento que genera «mucho valor», tal como ha demostrado la construcción del centro ‘Lagoh’ de Sevilla inaugurado en septiembre de 2019.

En el plano financiero, la socimi está «preparada para comprar cuando surja el momento», dada la capacidad de levantar recursos que arroja su endeudamiento, equivalente al 34% del valor de sus activos, y su «saneada caja». En tanto, la socimi, una de las más veteranas, dado que el pasado año cumplió cinco años, está centrada en culminar el plan de mejora de su actual cartera centros, que supondrá una inversión de 135 millones de euros.

Lar considera que, pese a la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico, aún no ha detectado «signos de que el consumo se resienta a corto plazo. «Los activos buenos ‘surfean’ mejor los periodos menos positivos», añadió el primer ejecutivo de la firma sobre su cartera de centros con la que figura como una de los primeros propietarios de este tipo de establecimientos del país.

INDITEX, PRINCIPAL INQUILINO

Por el momento, durante 2019 contabilizó ingresos por rentas de 81,1 millones de euros, un 4,2% más, a pesar de que la socimi concluyó la desinversión de todos los activos no relacionados con ‘retail’ ante su estrategia de centrarse en este tipo de activos.

Estas ventas y la menor revalorización que la cartera impactaron por contra en el beneficio neto, que se contrajo un 37,5%, hasta los 80,7 millones de euros. En el caso de excluir el efecto de las desinversiones, el resultado de Lar crece un 8,6%, hasta los 82,3 millones, según informó la compañía participada por los fondos Pimco y Franklin Templeton, y el grupo Lar.

Inditex, Carrefour y Eroski son los tres primeros inquilinos de los centros comerciales de Lar España, dado que, en conjunto, le aportaron el 18% de las rentas que cobra por sus centros que, a su vez, registraron 64,5 millones de visitas el pasado año, de alrededor de hora y media cada una.

En el capítulo financiero, los quince centros de Lar presentaban un valor de mercado de 1.552 millones de euros al cierre de 2019, lo que supone una revalorización del 12,7% en comparación al ejercicio previo y un ‘loan to value’ del 34%, dado que soporta una deuda neta de 697,9 millones de euros.

Lar España anunció el reparto de un dividendo de 0,63 euros, un 16% superior al del pasado año, al que destinará 55 millones de euros.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid apuesta por la «profesionalización» del sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a plataformas de movilidad como Uber y Cabify.

Así lo trasladó el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad, Ángel Garrido, en la reunión que mantuvo este viernes con las principales asociaciones de VTCs.

El objetivo del Ejecutivo regional es evitar el intrusismo y la competencia desleal y mejorar la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos, según detalló al término del encuentro Garrido, quien también subrayó la importancia de que se respete la normativa.

La Comunidad de Madrid mantiene así su postura de no articular medidas restrictivas de este servicio como las que han aprobado otros gobiernos regionales, como son los de Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco.

Al cierre de 2019, Madrid contaba con un total de 8.312 licencias de VTC, lo que suponía un crecimiento del 26,7%, esto es, 1.753 coches más, respecto al ejercicio anterior.

Este volumen arroja un ratio de uno de estos coches por alrededor de dos taxis, frente a la proporción de uno a treinta que establece la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) para conceder licencias.

Garrido calificó de «muy provechosa» la reunión con el sector, en la que han participado representantes de la Asociación empresarial de alquiler de vehículos con y sin conductor (Aseval), Unauto VTC- Madrid, así como de las plataformas Uber y Cabify.

«Tengo la impresión de que ellos son los primeros interesados en que el sector funcione bien y que sea profesionalizado, y que se dé el mejor servicio al usuario», ha señalado.

Por su parte, las asociaciones le han solicitado «seguridad jurídica», tal y como ha dicho el propio Garrido. El decreto Ábalos no deja de ser un decreto transitorio, provisional, y, por tanto, ellos quieren seguridad jurídica, cosa en lo que coincidimos», ha señalado en relación a la última normativa aprobada por el Gobierno central.

NORMATIVA ESTATAL

El consejero ha recordado que la Comunidad de Madrid considera que debe ser el Gobierno central quien tiene que establecer la normativa, a nivel estatal, sobre la actividad de las VTC, pero ha manifestado que cree que no lo va a hacer.

En este sentido, ha señalado que el decreto Ábalos consistía en «quitarles el problema de la mesa y plantárselo a las autonomía», y ha afirmado que «esa es la línea habitual del Gobierno central», en la que no cree que haya «ningún cambio».

«Nosotros vamos a regular en un tiempo prudencial, una vez que estemos seguros de que el nuevo Gobierno de la Nación no va a regular el sector», ha avanzado.

COEXISTENCIA DE LOS DOS SECTORES

Garrido ha reiterado que para el Gobierno regional «es bueno que coexistan los dos sectores, el del taxi, que es un sector anterior y muy querido en Madrid, pero también el de las VTC, que ha llegado después y que también es muy demandado por los madrileños, y buscar la mejor posibilidad de armonía entre los dos sectores que son imprescindibles hoy por hoy en la Comunidad de Madrid».

En este sentido, desde la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras se están analizando las necesidades del sector y la convivencia de las VTC con los demás modos de transporte, y el consejero se ha mostrado dispuesto a modificar también el decreto que regula el sector del taxi.

INSPECCIONES A LAS VTC

En la reunión, Garrido ha presentado a las asociaciones y operadores de servicios de VTC los datos de las inspecciones realizadas al sector el pasado año, cuando la Comunidad de Madrid realizó más de 12.300 inspecciones a vehículos de alquiler con conductor, un 12,8 por ciento más que en 2018.

A lo largo de este año, la Dirección General de Transportes y Movilidad va a realizar seis campañas específicas de inspección de VTC, de las cuales tres estarán dirigidas a controlar de forma especial la captación irregular de clientes. En 2019 esta infracción fue la segunda más habitual, después de la correspondiente a no rellenar correctamente la hoja de ruta de cada servicio.

En la primera de estas campañas específicas, que se ha realizado el pasado mes de enero, hubo casi medio millar de vehículos denunciados, del total de 1.430 inspeccionados. De ellos, el 51 por ciento (252 vehículos) fue sancionado por no haber cumplimentado adecuadamente la hoja de ruta y un tercio (160 vehículos), por captación irregular de clientes.

«Las campañas de vigilancia y control son fundamentales para asegurar que los distintos operadores cumplen con la normativa del sector y desarrollan su actividad con todas las garantías para los usuarios», ha insistido Garrido. Desde las asociaciones le han trasladado que los problemas con las hojas de ruta son «producto de que no se haya clarificado la normativa al respecto».

Por otro lado, el consejero ha apostado por vehículos VTC no contaminantes, y ha señalado que la mitad de las licencias se dan en Madrid, en torno a 8.000.

Cuando se cumple un año de la huelga del sector del taxi, el consejero se ha manifestado convencido de que «está mejor», gracias al decreto que «ha ayudado» y que «ha liberalizado» al sector.

A este respecto, ha asegurado que están «abiertos a liberalizar y flexibilizar aún más al sector del taxi», y ha dicho que les han planteado propuestas a las asociaciones.

«Si hay que modificar el decreto del taxi, lo modificamos, lo ampliamos, lo mejoramos con las propuestas que nos traigan», ha agregado.

«Están mejor que hace tiempo y creo que además pueden estar mejor», ha manifestado, al tiempo que ha abogado por la «competencia en un marco regulatorio justo».

Aeromur, sociedad controlada por Sacyr que en su día ostentó la concesión del aeropuerto de Murcia, deberá abonar los 182,6 millones de euros correspondientes a los avales que en su día recibió para la construcción del aeródromo.

Así lo ratifica una sentencia del el Tribunal Supremo que confirma la sentencia emitida en el mismo sentido por el contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia y rechaza por tanto el recurso presentado por Aeromur.

El origen del contencioso judicial es una Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que el Gobierno de Murcia declaró la obligación de pago de 182,6 millones de euros por el desembolso que en su día efectuó el Ejecutivo murciano a Aeromur para la obra del aeropuerto.

El Alto Tribunal confirma ahora este pago y la primera sentencia emitida a favor del mismo, que ya lo declaró ajustado a derecho.

En su sentencia, el Supremo, dice que la interpretación que realiza el tribunal de instancia del contrato de aval, en especial de las cláusulas segunda (derecho de reembolso) y séptima del mismo, «no adolece de defectos de interpretación».

La sentencia indica que «pretender, tal como sostiene la recurrente, que existe una vinculación entre ambas cláusulas y que, por ello, el ejercicio del derecho de reembolso debe comprender la reducción de las cantidades que, en caso de resolución del contrato, debiera entregar la Administración a la contratista que había incumplido, no puede aceptarse, tal como acertadamente consideró la sentencia de instancia».

Añade que es cierto que el impago de la deuda a que se vinculaba el contrato de aval comportaba la resolución del contrato de concesión y que, en dicho supuesto, se deberían compensar las deudas que aquella debiera a la concesionaria en virtud de dicha resolución.

Según aclara, «este era un régimen específico para cuando fuese precisamente el impago de la deuda la causa de la resolución de la concesión, supuesto en el cual era lógica la compensación».

Sin embargo, la Sala afirma que «no fue eso lo acontecido en este caso y fuera de ese supuesto la cláusula no puede tener el régimen pretendido».

La resolución de la concesión «fue ajustada a Derecho y no por el impago de la deuda avalada, sino por incumplimiento de obligaciones dimanantes directamente del contrato de concesión».

Pero «si la resolución del contrato de concesión no era debido a la efectividad del aval, no entraba en juego la cláusula séptima, como concluye la sentencia de instancia, por lo que no procede hacer las deducciones pretendidas, sino el contenido del derecho de reembolso en su integridad».

El tribunal concluye que si se atiende a los fundamentos de las sentencias, la de instancia y casación, en que se decidió la legalidad de la resolución del contrato de concesión, lo que ahora pretende la defensa de la recurrente «es suscitar nuevamente una reducción de sus obligaciones pecuniarias que ya han quedado decididas en aquellas decisiones jurisdiccionales».

La Sala subraya que «si lo que se está pretendiendo con alguna argumentación es que la Administración no ha procedido al pago de la totalidad de la deuda avalada, sino que ha pactado con las entidades acreedoras otros medios para dicho pago, existió pacto específico para hacer efectivo el pago a que se vio obligado la Administración de la importante deuda desatendida por la recurrente con acuerdos parciales».

«En modo alguno comporta ello que dejara de asumir la obligación de pago que como avalista le venía impuesto y, por tanto, se generaba ya desde esa modalidad del pago el referido derecho de reembolso que se había pactado en el contrato», indica.

Los retrasos en los trenes de alta velocidad han costado a Renfe 29,9 millones de euros en forma de compensaciones a viajeros afectados por retrasos superiores a 15 minutos desde el año 2014.

Así consta en la respuesta parlamentaria dada por el Ministerio de Transportes al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, recogida por Europa Press, y que revela un total de 3.016 incidencias de este tipo en 6.636 trenes de alta velocidad en este período.

Los datos ofrecidos por el Gobierno, desglosados año a año y línea por línea, señalan que, de forma provisional, el pasado año cerró con un total de 1.447 trenes afectados por 663 incidencias. Todas ellas se tradujeron en compensaciones económicas por más de 5,2 millones de euros.

Pese a registrar un aumento del número de incidencias (663 frente a 623) y del número de trenes afectados por ellas (1.447 frente a 1.439) respecto a 2018, la factura que debió abonar Renfe por sus retrasos se redujo en más de un millón de euros, pues en 2018 las indemnizaciones abonadas ascendieron a 6,4 millones de euros.

Sin embargo, el año en el que los retrasos de más de 15 minutos costaron más al erario público fue 2017, cuando las 555 incidencias registradas afectaron a un 1.248 trenes y supusieron un total de 7,4 millones de euros en indemnizaciones.

10 MILLONES CUESTAN LOS RETRASOS EN EL AVE MADRID-BARCELONA

Línea a línea, el AVE entre Madrid y Barcelona –que engloba tanto los trayectos directos entre las dos capitales como los que pasan por Zaragoza y alcanzan a Figueres– aparece como el trayecto que más indemnizaciones acumulada, con más de un tercio de los casi 30 millones de euros abonados a los viajeros por los retrasos en los trenes: 10,47 millones de euros.

Le sigue los trayectos que conectan Barcelona con Andalucía, pues los datos ofrecidos por el Gobierno computan conjuntamente los trayectos Barcelona-Málaga/Sevilla como Barcelona-Sevilla, y que acumulan algo más de 6 millones de euros por sus retrasos.

Completan la lista de trayectos con más indemnizaciones por sus retrasos los AVE Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga, que en conjunto superan los 8 millones de euros pero sí se desglosan por separado: 4,25 millones de euros para la conexión de la capital con Sevilla y 4,08 millones en la conexión con Málaga.

RETRASOS EN 1 DE CADA 5 AVES BARCELONA-GRANADA

Por otra parte, los datos reflejan que casi un 20% de las circulaciones programadas de AVE entre Barcelona y Granada registraron retrasos en 2019, el mayor porcentaje si se compara con el resto de líneas de AVE en España. En total, durante el año pasado, un 2,2% de las circulaciones programadas se vieron afectadas por retrasos.

Por el lado contrario, solo un 0,9% de los trenes entre las estaciones Madrid y Valencia registraron demoras mientras que el trayecto entre la capital y Barcelona registró retrasos en el 1% de sus circulaciones.

Deoleo recibirá un cobro estimado entre 8 y 12 millones de euros tras alcanzar una serie de acuerdos extrajudiciales que ponen fin a los litigios con los hermanos Jesús Ignacio y Raúl Jaime Salazar Bello por el presunto desfalco de la mercantil SOS Cuétara, que llevaban años tramitándose en la Audiencia Nacional.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal tenía previsto iniciar este viernes el juicio contra los hermanos Salazar Bello por un presunto fraude de más de 230 millones de euros cometido cuando estaban al frente de la compañía. La Fiscalía rebajó notablemente su petición de pena de prisión para ambos tras alcanzar un acuerdo conformidad con su defensa.

El fabricante de Hojiblanca y Carbonell ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que tras completarse estos acuerdos, se asegura el cobro efectivo de unas cantidades por un importe neto estimado de entre 8 y 12 millones de euros en función del valor de realización último de algunos activos que serán transmitidos en pago a la sociedad, una cifra inferior a la solicitada inicialmente en el inicio del proceso.

Deoleo ha señalado que la revisión de este procedimiento puso de manifiesto por un lado, unas expectativas de cobro remotas, dada la «práctica insolvencia» de los ex administradores y grandes dificultades de cobro, lo que conllevaba un «elevado coste, económico y en tiempo», y por otro, la exigencia de los acreedores con los que se negocia la reestructuración financiera, en el sentido de concluir esta situación para que se eliminen todas las posibles contingencias por reclamaciones, y las incertidumbres asociadas a las mismas.

De esta forma, Deoleo da por «concluidos» todos los procedimientos judiciales que tenía pendientes relacionados con los antiguos gestores de la sociedad y se retira todas las reclamaciones económicas que existían contra ella.

La multinacional española ha afirmado que tras alcanzar estos acuerdos puede encarar la última fase de negociación de los diversos contratos en los que se documenta y ejecutar la refinanciación del grupo que está actualmente en curso, de forma que pueda cumplirse con el calendario de cierre estimado.

UN PROCEDIMIENTO QUE SE REMONTA A 2009

Los hermanos Salazar se encontraban inmersos en este procedimiento judicial desde 2009 cuando el grupo SOS Cuétara presentó una querella contra los hermanos por un presunto fraude de más de 230 millones de euros cometido cuando estaban al frente de la compañía. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu concluyó la instrucción de este caso en octubre de 2016.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los acusados actuaron «de común acuerdo, en perjuicio de la sociedad, valiéndose de sus posiciones en la compañía –Jesús como presidente de SOS Cuétara y Jaime como vicepresidente–» para ir transfiriendo cantidades dinerarias desde la tesorería de la empresa a otras vinculadas a ellos, como Cóndor Plus, «sin que conste que dicha operativa fuera conocida ni autorizada formalmente por sus órganos de administración social».

Por ello, les acusaba de haber cometido un delito societario en concurso con un delito continuado de apropiación indebida, delito relativo al mercado y a los consumidores. Asimismo, a Jesús también le atribuye el delito de estafa e insolvencia imponible.

En el escrito, el Ministerio Público subrayaba la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y reconocimiento de los hechos de acusación, por lo que decidió modificar su petición de pena y solicitar para el que fuera presidente de la sociedad un año y nueve meses de cárcel y una multa de 4.200 euros, mientras que para su hermano pedía 10 meses y 15 días y una multa de 2.400 euros.

Además, este «acuerdo extraprocesal» alcanzado deja también fuera la responsabilidad civil, sin perjuicio de que en la sentencia se acuerde «la entrega en metálico y los títulos depositados en las cuentas de las compañías instrumentales» a favor de Deoleo, señala la Fiscalía.

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado nuevas acusaciones contra Huawei en las que denuncia al fabricante tecnológico chino de conspirar para el robo de secretos comerciales y hacerse forma indebida con propiedad intelectual de otras empresas, incluidas compañías estadounidenses, unos cargos que la firma asiática considera «infundados e injustos» y que se enmarcan en la campaña de EEUU para dañar su negocio y reputación.

Según recoge el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades del país han presentado en la Corte Federal de Brooklyn una acusación contra la compañía china y varias subsidiarias por conspiración para violar la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO, por sus siglas en inglés), así como un cargo de conspiración para robar secretos comerciales.

El Departamento señala que, según lo revelado por una investigación independiente realizada por el Gobierno, estos nuevos cargos están relacionados con los «supuestos esfuerzos durante décadas» de Huawei y varias de sus subsidiarias en China y Estados Unidos para hacerse de forma «indebida» con propiedad intelectual de varias empresas, incluidas seis compañías tecnológicas de EEUU, en un esfuerzo por hacer crecer y operar el negocio de la empresa.

En este sentido, detalla que la propiedad intelectual malversada incluía información de secretos comerciales y obras protegidas por derechos de autor, como el código fuente y manuales de usuario para routers de Internet, tecnología de antenas y tecnología de prueba de robots. Así, afirma que Huawei, Huawei USA y Futurewei acordaron reinvertir los beneficios de esta supuesta actividad de crimen organizado en los negocios mundiales de Huawei, incluido el de Estados Unidos.

Los medios y métodos de esta supuesta apropiación indebida incluyeron alcanzar acuerdos de confidencialidad con los propietarios de la propiedad intelectual y luego violar los términos de los mismos al apropiarse indebidamente de la misma para uso comercial propio, reclutar empleados de otras compañías y usarlos para apropiarse indebidamente de la propiedad intelectual de sus antiguos empleadores, y utilizar otras fuentes, como profesores de instituciones de investigación, para obtener la tecnología.

Como parte del esquema, Huawei supuestamente puso en marcha un instituto de políticas con un programa de bonificación para recompensar a los empleados que obtuvieron información confidencial de sus competidores. «Esta política dejaba claro que los empleados que proporcionaron información valiosa serían recompensados financieramente», remarca el Departamento de Justicia.

En este contexto, el Gobierno estadounidense asegura que estos esfuerzos de Huawei para robar secretos comerciales y otra tecnología sofisticada de EEUU tuvieron éxito y, en consecuencia, Huawei pudo reducir drásticamente sus costes de investigación y desarrollo y los retrasos asociados, dando a la compañía una «ventaja competitiva significativa e injusta.

Por otro lado, también ha incluido nuevas acusaciones sobre la participación de Huawei y sus subsidiarias en proyectos comerciales y tecnológicos en países sujetos a sanciones por parte de EEUU, la Unión Europea (UE) o la ONU, como Irán y Corea del Norte, así como los esfuerzos de la compañía por ocultar el alcance total de esa participación. Esta actividad, que incluía organizar el envío de bienes y servicios de Huawei a usuarios finales en países sancionados, generalmente se realizaban a través de filiales locales en dichos países.

RESPUESTA DE HUAWEI

Por su parte, Huawei ha asegurado que esta nueva acusación es parte del intento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de «dañar irrevocablemente la reputación» de la compañía china y su negocio «por motivos de competencia, más que de cumplimiento de la ley».

«Estos nuevos cargos carecen de fundamento y se basan, principalmente, en disputas civiles recicladas de los últimos 20 años que han sido resueltas, litigadas y, en algunos casos, rechazadas por jueces y jurados federales. El Gobierno no prevalecerá sobre sus cargos, los cuales demostraremos son infundados e injustos», ha afirmado

AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos (EEUU) ha decidido extender por un periodo adicional de 45 días la licencia temporal sobre el veto que impide a Huawei y sus filiales hacer negocios con empresas estadounidenses por motivos de seguridad, según ha indicado el organismo en un comunicado.

Se trata de la tercera extensión que es concedida a Huawei. En mayo, el Gobierno emitió una primera licencia temporal de 90 días, que fue ampliada por un periodo similar primerop en el mes de agosto y después en el de noviembre.

El Departamento remarca que la licencia general temporal se implementó como una medida para evitar la interrupción de los actuales sistemas de redes de comunicaciones en las zonas rurales Estados Unidos y permiten medidas globales de seguridad de red. Su finalidad es dar tiempo a las empresas y las personas para cambiar a proveedores alternativos de equipamiento, software y tecnología.

Huawei Technologies y 68 de sus filiales en más de una veintena de países fueron incluidas por la Administración de EEUU en una lista de entidades a las que las compañías estadounidenses no pueden adquirir componentes tecnológicos sin permiso del Gobierno de EEUU.

A este respecto, la compañía china ha señalado que esta extensión «no tendrá, en ningún caso, un impacto sustancial» en sus negocios, así como que tampoco cambia el hecho de que Huawei sigue recibiendo un trato injusto. Además, ha vuelto a afirmar que su inclusión en la ‘Entity List’ ha sido más perjudicial para EEUU que para Huawei.

«Esta decisión ha causado un daño económico significativo a las compañías americanas con las que Huawei hace negocios, y ya ha interrumpido la colaboración y ha socavado la confianza mutua de la que depende la cadena de suministro global. Hacemos un llamamiento al Gobierno de EEUU para que ponga fin a este trato injusto y elimine a Huawei de la ‘Entity List'», ha agregado.