Jot Down ha vuelto a situarse en el centro de la polémica este fin de semana tras lanzar una convocatoria pública para participar en un libro colectivo dedicado a la historia de El País. La iniciativa, presentada en redes sociales como una oportunidad para que periodistas y escritores aporten episodios no recogidos en la reciente obra de Javier Cercas sobre el 50 aniversario diario, prometía una remuneración de 300 euros por cada texto seleccionado.
El anuncio parecía, en principio, una respuesta más dentro de la creciente confrontación que mantiene la revista con el grupo Prisa y con varias firmas vinculadas históricamente a sus medios. Sin embargo, la atención de algunos potenciales colaboradores se ha desplazado rápidamente desde el contenido del proyecto hacia las condiciones exigidas para poder participar.
El mensaje difundido por Jot Down decía literalmente:
«Estamos preparando un libro colectivo titulado: El País, la historia que no te contó Cercas. Queremos celebrar con ellos este 50 aniversario cuya guinda está siendo el linchamiento a Jot Down. Abrimos la posibilidad a que quien quiera colaborar lo haga. Queremos artículos de entre 2.000 y 3.000 palabras donde se cuente alguna anécdota o historia que no aparezca en el libro de Cercas. Pagaremos 300€ por cada colaboración».
La propuesta fue recibida por algunos observadores como un intento de reivindicar que la publicación remunera los trabajos que encarga, una cuestión que durante años ha sido objeto de debate en el sector de los medios culturales porque publicaba algunas piezas sin remunerar. Sin embargo, varios aspirantes que solicitaron información adicional aseguran haberse encontrado con una condición inesperada.
Según el correo remitido por la revista editada por Ángel L. Fernández a quienes mostraron interés en colaborar, para enviar una propuesta es necesario estar suscrito previamente a la edición impresa. El mensaje señala:
«Para colaborar en Jot Down es necesario estar suscrito a la edición en papel».
A continuación, la revista facilita un enlace de suscripción anual y explica que solo después de completar ese paso que tiene un precio de 80 euros anuales puede remitirse una propuesta editorial para su valoración.
La cuestión ha provocado críticas entre algunos potenciales colaboradores. Su principal argumento es sencillo: la remuneración prometida únicamente alcanzaría a los textos finalmente seleccionados, mientras que todos los participantes deben asumir previamente el coste de la suscripción para que su trabajo sea siquiera considerado, lo cual no había sido advertido previamente en su mensaje en X.
En otras palabras, sostienen estos críticos, no se trata de una convocatoria abierta en sentido estricto. El acceso al proceso de selección queda condicionado a una aportación económica previa por parte de quienes desean participar. Desde esta perspectiva, la discusión ya no gira únicamente en torno a los 300 euros prometidos para los artículos escogidos, sino sobre el hecho de que presentar una candidatura implique convertirse antes en cliente de la publicación.
‘La bola’ destroza la imagen de Jot Down
La polémica resulta especialmente llamativa porque se produce en un momento de elevada tensión entre Jot Down y diversas figuras vinculadas al ecosistema de Prisa. Durante los últimos días, la revista ha denunciado lo que considera una campaña de descrédito relacionada con las controversias surgidas alrededor de su fundadora, la fallecida Mar de Marchis, que utilizó imágenes subidas de tono de una mujer que no era ella para conseguir la atención de periodistas y utilizó múltiples mentiras para hacer grande su negocio El debate se ha visto alimentado por la repercusión alcanzada por ‘La bola’, el libro de Daniel Verdú que ha puesto en el foco la impostura de la editora.
En ese contexto, la convocatoria del libro sobre El País pretendía presentarse como una respuesta cultural y periodística. Sin embargo, la conversación pública ha terminado desplazándose hacia las condiciones de acceso impuestas a los posibles participantes.
Los detractores de la medida consideran que la exigencia de suscribirse antes de enviar una propuesta transmite una imagen contradictoria. A su juicio, una iniciativa concebida para atraer nuevas firmas y no precarizar acaba introduciendo una barrera económica que puede disuadir precisamente a muchos de los autores que pretende captar.
El resultado es una situación paradójica. Una convocatoria concebida para reforzar la imagen de la revista y alimentar su batalla narrativa contra El País ha terminado provocando preguntas sobre su propia relación con los colaboradores. La atención ya no está puesta únicamente en el contenido del futuro libro ni en las disputas entre cabeceras, sino en una cuestión mucho más básica: quién debe asumir el coste de intentar publicar.
En un ecosistema mediático donde la precariedad y las dificultades para acceder a espacios de publicación son objeto de debate constante, la decisión de exigir una suscripción previa corre el riesgo de convertirse en la verdadera noticia. Y eso explica que, apenas unas horas después del anuncio, buena parte de la conversación ya no girara alrededor de El País, Javier Cercas o Prisa, sino sobre las condiciones que Jot Down impone a quienes desean escribir para ella.
