La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) ha reclamado este lunes «mayor transparencia en la política de fases de la desescalada» y ha criticado que, «con mejores indicadores que Euskadi o la Rioja», la Comunidad Valenciana «ha quedado segregada, condenada a permanecer en un estado de agonía».

Ascer ha advertido que «la economía valenciana no puede avanzar sin un marco claro y unos objetivos definidos» y ha lamentado que no haya pasado íntegramente a la fase 1 de la desescalada «a pesar de haber cumplido con creces con todos los requisitos trasladados por el Ministerio de Sanidad y haber participado activamente en la gestión de la crisis durante estas últimas ocho semanas», ha recalcado en un comunicado.

En su opinión, «la decisión del Gobierno golpea al pequeño comercio y genera incertidumbre entre los ciudadanos». «Esta decisión, que puede estar fundamentada por motivos técnicos, no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que a mediados de la semana pasada la Comunidad Valenciana era el alumno aventajado y cumplíamos con todos los indicadores», ha insistido.

Por ello, la asociación ha aseverado: «O se nos ha engañado al conjunto de los valencianos o se han cambiado las reglas del juego por el camino».

«Nuestros bares, restaurantes y cafeterías siguen cerrados y lo van a seguir estando, especialmente si los criterios para pasar de fase no están claros», ha reprochado, antes de añadir que los empresarios «han visto como todos los aprovisionamientos realizados para abrir el lunes se quedan en la despensa». «Muchos de ellos perecederos, se perderán, engrosando las pérdidas que acumula el sector desde marzo», ha apostillado.

En el caso del sector cerámico, las tiendas, «la mayoría de más de 400m2 y muchas de ellas en zonas en Fase 0, continuarán en esa latencia de atención con cita previa, sin abrir al público y sin permitir la actividad de aquellas de más de 400m2, aunque el ratio de ocupación por superficie sea infinitamente menor que el de una tienda de ropa o un comercio y aunque sectores de atención similar como los concesionarios sí que puedan abrir».

ASCER entiende que la Comunidad Valenciana «pueda no estar preparada para pasar a la Fase 1 si los indicadores así lo demuestran», pero cree que «es necesario que esos indicadores estén claros y sean públicos», para que «quede claro bajo qué condiciones se debe pasar a las siguientes fases y qué objetivos debe cumplir cada autonomía para avanzar en la desescalada».

Considera «necesario un marco con seguridad jurídica suficiente, que permita a las autonomías y a las empresas planificar la desescalada y comprometer, sin miedo, los recursos suficientes para actuar en cada una de las fases».

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que es posible llegar a un acuerdo con Ciudadanos para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de «emergencia» para 2021, que ayuden a afrontar la crisis del coronavirus. De hecho, ha informado de que le «consta» que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya está trabajando en el documento, y que el Ejecutivo está buscando «los apoyos necesarios», con una «enorme versatilidad».

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la dirigente de Unidas Podemos ha asegurado que es «optimista» al respecto, después de la «votación de la semana pasada» en el Congreso para la última prórroga del estado de alarma, que el Gobierno logró sacar adelante tras un acuerdo con Ciudadanos y con el PNV.

«Más allá de las diferencias políticas, sí es posible ponerse de acuerdo en un programa presupuestario de emergencia. Lo digo de verdad y desde luego trabajaremos para que sea así», ha afirmado Díaz, tras insistir en que cree posible el acuerdo tanto con el PNV como con Ciudadanos, a pesar de las «muchas diferencias políticas» que existen, a su juicio, entre Unidas Podemos y estas formaciones.

Podemos, IU y las confluencias siempre habían renegado de cualquier acercamiento a la formación naranja por considerarla contraria a sus principios y medidas políticas, hasta el punto de que rechazaron la investidura del ahora presidente Pedro Sánchez en 2016 por su pacto con Ciudadanos.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder del partido morado reafirmó el viernes que Ciudadanos estaba «en las antípodas» de los planteamientos que defienden en Unidas Podemos y también del programa político del Gobierno de coalición, y dejo claro que nunca podrían gobernar juntos.

No obstante, el propio Iglesias sí comenzó la semana pasada a suavizar el tono con el partido liderado por Inés Arrimadas, después de su apoyo al estado de alarma, y alabó y agradeció el papel de «derecha civilizada» que, a su juicio, han asumido, en comparación con el PP y Vox.

Y este lunes, la ministra de Trabajo y dirigente de IU ha ido más allá, asegurando que ve posible sellar con Ciudadanos un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que, de hecho, el Gobierno ya ha comenzado a buscarlo.

«EL ‘NO’ POR SISTEMA NO CONDUCE A NADA»

«El ‘no’ por sistema no conduce a nada. Creo que lo importante es conocer las propuestas políticas. Cuando se ven las propuestas ahí se puede decir si estamos en acuerdo o en desacuerdo. Desde luego la voluntad del Gobierno de España es sumar a todo el mundo», ha insistido.

Además, ha hecho hincapié en que la situación «extraordinaria» por la que atraviesa el país requiere desarrollar unos «presupuestos de emergencia» y, por ello, van a escuchar con «muchísima atención cuáles son las propuestas presupuestarias que tienen todos los grupos políticos».

«Sin lugar a dudas», ha respondido tajante, al ser preguntada en concreto por el posible pacto con Ciudadanos. Estoy convencida de que cuando nos ponemos a hablar de los temas de la gente y dejamos al margen las ideologías, nos ponemos de acuerdo», ha recalcado.

Asimismo, ha querido reconocer y agradecer las aportaciones que ha realizado Ciudadanos y, en concreto, los diputados Edmundo Bal y María Muñoz, para sacar adelante la medida de los ERTEs, «igual que lo ha hecho el PNV».

«Vamos con la mejor de las intenciones para sacar adelante unos Presupuestos de emergencia que necesita la gente. No es que lo necesite el Gobierno, es que nuestro país necesita unos Presupuesto para poder adecuar las políticas a las necesidades que tenemos a día de hoy», ha enfatizado.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha reclamado este lunes en el Congreso el apoyo de la oposición parlamentario para lograr un acuerdo en la Unión Europea «en beneficio de España»: «Rajoy, durante un pequeño lapsus de tiempo, protestó (ante la Comisión Europea) y dijo ‘A España le vais a ahogar si seguís con esa posición, y le apoyamos todos. Yo apoyé a Montoro y Guindos», ha dicho.

«Todos los partidos apoyamos a Rajoy cuando la Comisión Europea se mostró intransigente con sus políticas de austeridad», ha recalcado, durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja, a la que ha acudido para dar cuenta de las medidas de su departamento ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

En ella ha incidido sobre la importancia de conseguir «un esfuerzo colectivo de la UE» y, por ello, ha reclamado el apoyo de la oposición para alcanzar «una respuesta de la UE en beneficio de España». No es el Gobierno de España, son las personas que viven en nuestro país», ha aseverado.

RECONOCE QUE PUEDEN ENDEUDARSE «GRACIAS AL BCE»

Durante su comparecencia, Garzón ha reivindicado «el primer paquete de medidas de estímulos para contener el impacto de la crisis», pero ha reivindicado la necesidad de «hablar de financiación» y ha reconocido que estas medidas las han podido poner en marcha «gracias a que el Banco Central Europeo tiene controlados los diferenciales de deuda y garantiza que los países pueden endeudarse sin asumir un coste inasumible».

«Esto permite que podamos hacer estímulos fiscales que estamos haciendo y que el nivel de deuda crezca sin hacerlo insostenible», ha explicado, señalando que, después de ello, será necesario una «respuesta colectiva» en al UE «para reactivar la sangre del sistema económico».

Esta fase, ha subrayado, requerirá «un estímulo brutal para recuperar la economía» y que, al recuperar la senda de crecimiento, no se haga con un nivel de desempleo «mucho más alto que antes. Para evitar eso, hace falta una inversión enorme que sea colectivo, porque es la única que la va a poder financiar», ha dicho.

‘CORONABONOS’, TRANSFERENCIAS O COMPRA DIRECTA DE DEUDA POR EL BCE

En este sentido, ha hablado de la necesidad de poner en marcha emisiones de deuda conjunta –los conocidos como ‘coronabonos’ o ‘eurobonos’– otros instrumentos para mutualizar deuda o que incluso esta no compute en el déficit, al recurrir a transferencias directas con cargo a un Presupuesto europeo.

Para el titular de Consumo, «lo razonable sería seguir a países como Reino Unido, que tienen instituciones como los bancos centrales, que pueden financiar de manera directa y monetizar de esa manera la deuda. «Desgraciadamente, nuestras instituciones de la Zona Euro no permiten esa medida», ha lamentado, al tener prohibido el BCE la compra de deuda en los mercados primarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este lunes en el Palacio de la Moncola la firma con los agentes sociales del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, cuya principal medida es la prolongación de los ERTEs hasta el 30 de junio, acuerdo que será aprobado mañana por el Consejo de Ministros.

El Gobierno destaca que se trata de un «acuerdo histórico» que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que «nadie se quede atrás» en la crisis del Covid-19.

Al acto también han asistido por parte del Gobierno, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá.

Por parte de los agentes sociales asisten los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Yolanda Díaz, que ha adelantado que la Comisión tripartita que se creará para dar seguimiento de las medidas contempladas en el acuerdo se reunirá el miércoles por primera vez, ha destacado que se trata de un acuerdo «muy positivo» y que deja la «puerta abierta» a nuevas medidas para los sectores que puedan tener problemas más allá del 30 de junio.

En una entrevista a ‘Onda Cero’ recogida por Europa Press, Díaz ha señalado que esta comisión es de lo «más trascendente», ya que en ella se va a examinar «sector a sector» para saber cuáles son los más afectados por el coronavirus y van a seguir manteniendo las condiciones a día de hoy después del 30 de junio.

«Creo que el acuerdo es muy positivo y hemos tenido la delicadeza de dejar la puerta abierta para sectores que somos conscientes que a partir de junio también necesitan proyección y acompañamiento de los recursos de las administraciones públicas», ha remarcado.

Por su parte, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha ensalzado el acuerdo alcanzado y ha agradecido a los sindicatos y a la patronal la «enorme responsabilidad, la altura de miras y la capacidad» que han demostrado de poner por delante el interés general.

En su perfil de Twitter, Iglesias ha remarcado que los desafíos a los que se enfrenta España «no son desafíos de Gobierno, sino de país, y es clave llegar a acuerdos entre los distintos actores, aún desde posiciones alejadas, para afrontar juntos esta crisis. «Eso es lo que nos está pidiendo la ciudadanía», ha apostillado.

Desde los sindicatos, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, se han felicitado por el acuerdo alcanzado con el Gobierno y la patronal y han recordado que los ERTEs son «una herramienta clave» para evitar despidos.

En un videocomunicado, el líder de CCOO ha señalado que más que un acuerdo «se ha presentado una actitud» de corresponsabilidad y de poner «los enormes problemas que tiene España por delante».

«Hemos estado a la altura de las circunstancias en el diálogo social al priorizar aquello que nos une, que es el intento de mantener el empleo y las empresas, respecto a otras discrepancias», ha apostillado Sordo.

Por su parte, Álvarez ha indicado que este acuerdo viene a dar continuidad al anterior de los ERTEs y que la situación de pandemia «no ha terminado», por lo que este nuevo acuerdo que alarga esta herramienta hasta junio «va a permitir que los trabajadores que están en ERTE puedan seguir en la misma situación».

Asimismo, ha dicho que si esta situación no acaba en junio, permitirá que se pueda abrir una nueva negociación que permita que en los sectores más afectados puedan continuar el tiempo que sea necesario hasta que finalice la pandemia.

Por parte de la patronal, CEOE y Cepyme han puesto en valor la firma del acuerdo para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), pero han instado al Gobierno a reunirse de nuevo, «a la mayor brevedad», para abordar «sin demora» las medidas necesarias y específicas que van a requerir los sectores más afectados para que «la cobertura del acuerdo hoy firmado sea completa».

En un comunicado, CEOE y Cepyme han destacado que es «especialmente relevante» el hecho de que se abra de esta forma un nuevo proceso de negociación para ampliar el acompañamiento a las empresas y personas trabajadoras más afectadas».

Ambas patronales han apuntado que el proceso de recuperación será «lento, más que la propia desescalada», por lo que han insistido en la necesidad de buscar nuevas vías para garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de sus empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de su actividad.

TEXTO DEL ACUERDO

El texto del acuerdo contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.

El texto establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.

Asimismo, contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Gobierno también se reserva la posibilidad de prorrogar estas prestaciones si así lo ve necesario.

La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. En el texto del decreto se señala que estas exenciones se mantendrán en mayo y junio para los ERTEs de fuerza mayor total.

En el caso de ERTEs de fuerza mayor parcial, la empresa, a partir de la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por los trabajadores que vuelvan a su actividad del 85% en mayo y del 70% en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.

SE FLEXIBILIZA EL COMPROMISO DE MANTENER EL EMPLEO

Uno de los principales caballos de batalla de esta negociación sobre los ERTEs ha sido la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. La regulación de mediados de marzo vinculaba las exoneraciones de cuotas de los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

En decreto se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

El Banco Central Europeo (BCE) adquirió la cifra récord de 34.097 millones de euros en activos a través de su programa de compras de emergencia contra la pandemia de coronavirus (PEPP, por sus siglas en inglés) en la última semana, coincidiendo con el veredicto del Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado martes cuestionó algunos aspectos del programa de compra de deuda pública PSPP del banco central de la eurozona.

De este modo, la cantidad semanal gastada por el BCE en sus compras de emergencia representa la más elevada desde el lanzamiento del programa y supone un incremento del 54,3% en comparación con la semana precedente, cuando la cifra fue de 22.092 millones.

Asimismo, teniendo en cuenta que en la última semana la entidad dispuso de cuatro sesiones hábiles, el gasto promedio diario se disparó a 8.524 millones, casi el doble que la semana anterior.

La cantidad invertida a través del programa PEPP desde que entrase en funcionamiento el pasado 26 de marzo alcanza ya los 152.908 millones de euros, después de que en los pocos días de marzo en que estuvo en vigor el BCE emplease 15.444 millones de euros, mientras que en abril invirtió 103.366 millones.

El BCE anunció el pasado 18 de marzo el lanzamiento del nuevo programa PEPP, con una dotación de 750.000 millones de euros, que estará en vigor hasta que haya terminado la fase de crisis por el Covid-19, garantizando que como mínimo seguirá comprando activos hasta final de 2020. El BCE disparó en abril sus compras de deuda de Italia, Francia y España en detrimento de Alemania

En su primera semana en los mercados con su nueva bazuca contra el Covid-19 bajo el brazo, el BCE invirtió 30.133 millones entre el 26 de marzo y el 1 de abril, a un ritmo diario de algo más de 6.000 millones, que corrigió a unos 5.000 millones diarios en las dos semanas siguientes, cuando destinó a la adquisición de activos 20.600 y 20.000 millones de euros, respectivamente.

No obstante, en la semana que concluyó el pasado 24 de abril, la institución destinó 26.045 millones de euros a la adquisición de activos a través de este programa de emergencia contra el Covid-19, mientras que en la última semana de abril invirtió 22.092 millones.

Al margen del programa PEPP, el BCE adquirió deuda pública emitida por los países del euro e instituciones supranacionales por importe neto de 7.114 millones de euros durante la semana pasada, elevando a 2,19 billones de euros la cifra en el balance del BCE a costes amortizados hasta el pasado 8 de mayo desde el comienzo del programa en marzo de 2015.

El pasado martes, el Tribunal Constitucional de Alemania consideró parcialmente la reclamación presentada hace casi media década por un grupo de académicos y empresarios germanos contra el programa de compras de deuda pública (PSPP por sus siglas en inglés) al dictaminar que el BCE ha excedido sus atribuciones y que dicho programa tiene un alcance desproporcionado, enmendado así la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

De esta manera, los jueces alemanes dieron un plazo de 3 meses al BCE el Consejo de Gobierno de la institución justifique de manera comprensible y comprobada que los objetivos de política monetaria perseguidos por el PSPP no son desproporcionados a los efectos de política económica y fiscal resultantes del programa o de lo contrario el Bundesbank no podrá seguir participando en dicho programa.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que un 75% de los establecimientos del sector del comercio, el 30% del de la hostelería y un 90% de los salones de estética, belleza y peluquería han vuelto a la actividad con «datos esperanzadores».

Así lo ha señalado el presidente de UPTA, Eduardo Abad, citando una encuesta realizada por la organización a más de 1.000 establecimientos de los sectores comercial, la hostelería y los centros de estética y peluquería con motivo del inicio de la «nueva apertura» y el avance a la fase 1 del proceso de desescalada en la mitad de España.

La encuesta muestra que el 75% de los establecimientos de comercio han reiniciado su actividad, frente a solo el 30% de la hostelería y o el 90% de salones de estética, belleza y peluquería que están funcionando a día de hoy.

Los datos económicos son alentadores, la mayoría de establecimientos dice que ha merecido la pena la primera jornada matinal de puesta en marcha del reinicio de la economía«, ha indicado Abad, quien ha subrayado que los datos permiten iniciar la fase 1 con «un nivel de esperanza importante.

En este sentido, ha pronosticado que el consumidor va a seguir «confiando» en los pequeños comercios, los autónomos y en la actividad económica local para poder comprar y hacer acopio de mercancías y de servicios.

«Es una de las mejores noticias que hemos tenido en estos dos últimos meses de confinamiento, se inicia un nuevo reinicio de la actividad económica con datos esperanzadores», ha apostillado.