Barcelona trata de eliminar por todos los medios a Uber. Es la única ciudad de España donde la tecnológica no ejerce su actividad con normalidad. La nueva guerra se ha iniciado con el nuevo regreso de Uber este pasado lunes a la Ciudad Condal. Primero fueron los taxistas; después el mismo regulador, el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), quien «exige» a Uber unos requerimientos entregados el pasado mes de noviembre. MERCA2 ha contactado con todos los actores de esta cruzada contra Uber para conocer de primera mano las interpretaciones y las estrategias que se llevarán a cabo para librarla y que, de continuar, acabará en los tribunales si se coarta la libertad económica.

La tarifa T3 de precio cerrado y el algoritmo de geolocalización son los puntos candentes en esta nueva guerra, junto a la amenaza constante de los taxistas, que este jueves han colapsado Barcelona desde primera hora de la mañana. La consecuencia, según apuntan la mayoría de fuentes consultadas, es el litigio judicial si, como apunta la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), se están poniendo trabas administrativas para evitar un normal aterrizaje de Uber en la Ciudad Condal. Sin embargo, la justicia es lenta y el tiempo es crucial para conocer quien se beneficia y quien saldría perjudicado hasta conocer una sentencia firme.

UBER CUMPLE LA NORMATIVA

La nueva aplicación de Uber no ofrece aún la tarifa T3 en su regreso a Barcelona, pero no es obligatoria, según su interpretación del decreto de la Generalitat respecto a la regulación de estos servicios. «Las apps que ofrezcan la T3 tienen la obligación de ofrecer también el modo taxímetro, porque siempre es un derecho del pasajero el poder realizar una carrera con este mecanismo de tarificación. Pero no al revés«, han afirmado fuentes de la tecnológica a MERCA2. Además, señalan que «la Tarifa 3 no es obligatoria como lo prueba el hecho de que en la web del IMET hay aplicaciones autorizadas que solo ofrecen el servicio de taxímetro», como una antigua aplicación de Taxi Class y la de Free Now.

Para Uber, su servicio es «completamente legal» tal y como se estipula en la normativa aprobada por la Generalitat hace cinco años. «Para operar un servicio con taxímetro en Barcelona es necesaria una notificación previa, y no una autorización del AMB», han asegurado las mismas fuentes.

Uber envió esta documentación al IMET, pero la respuesta del regulador ha sido el silencio hasta esta semana. La firma estadounidense mandó la petición el pasado 24 de noviembre de 2020 tanto para operar con taxímetros, como con la tarifa T3 de precio cerrado.

EL REGULADOR, CINCO MESES DE SILENCIO

En IMET las respuestas son contradictorias. Unas fuentes afirman que el regulador no negocia con Uber, mientras otras afirman que «estamos en conversaciones con ellos». «Mientras ellos no comuniquen, Uber no está autorizado para trabajar«, han apuntado todas las fuentes internas del ente público. Sin embargo, Uber afirma que los documentos fueron entregados a finales del año pasado, y continuarán haciéndolo cuantas veces se le requieran.

Cinco meses después de tener la comunicación de la tecnología, el IMET aún no las ha comprobado, según sus propias respuestas a este medio, tanto por escrito como conversaciones telefónicas. Por el momento se limitan a su radio de acción, la investigación y supervisión de la actividad de Uber con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas. «Sí», responden desde el regulador del taxi en Barcelona a este medio cuando se les pregunta si la tarifa T3 es «exclusivamente» el principal foco de este tenso debate. «Pero -añaden- se comprobarán el resto de los requisitos que se deben cumplir, una vez empiezan a operar».

Por otro lado, Uber tendría que facilitar el listado de los taxistas contratados para prestar servicios con su aplicación. Además, los mismos conductores deben «situar un distintivo en el cristal de la parte posterior del vehículo».

Por otro lado, sostienen que «la aprobación de esta normativa en el ámbito metropolitano» es de su «competencia», como también lo es la «suspensión de la actividad» en caso de que Uber careciera del permiso para operar; mientras han asegurado que no puede sancionar a la empresa, pero sí suspender la actividad. Al operar con 350 taxistas, éstos también podrían ser objeto de sanción si incumplen el reglamento y la ley del Taxi. De hecho, estos conductores autónomos se juegan su licencia si se les aplicasen tres sanciones graves.

COMPETENCIA EXPEDIENTA AL REGULADOR

La ACCO ha hecho suya la denuncia de Uber debido a sus «problemas» para operar el servicio de intermediación en el Área Metropolitana de Barcelona. De hecho, ha abierto un expediente y ha requerido al regulador sus justificaciones por las cuales Uber no puede operar con normalidad.

Uber ha denunciado «una actitud obstruccionista» ante la ACCO, que ha dado el plazo de dos semanas al IMET para responder a los requerimientos para entender si hay o no fundamento en el escrito de la tecnológica.

El expediente no es sancionador, sino de «promoción a la competencia», es decir, una advertencia o incluso la impugnación de la normativa, como ha ocurrido recientemente con el concurso del transporte interurbano en el Norte de Barcelona. La ACCO dará a conocer su pronunciamiento de forma pública. En caso de ver trabas, podría impugnar la normativa del IMET, y, además, Uber podría utilizar el escrito como una prueba más en caso de iniciar la vía judicial.

LOS TAXISTAS: «NO QUEREMOS A UBER»

Este conflicto tiene como protagonistas también a los taxistas, especialmente al sindicato Élite Taxi, y más concretamente a su líder, Alberto Álvarez. El líder de las huelgas y manifestaciones tanto en Madrid como en Barcelona en este sector se ha movilizado desde el primer momento contra la llegada de Uber a España desde hace siete años.

Álvarez no sólo se mueve en la calle, sino también en los pasillos de las administraciones, despachos de partidos políticos, consejeros de la Generalitat y se pasea ahora por el Parlament, como si fuera un diputado más.

El líder de los taxistas tiene muy clara su estrategia. «Echar a Uber«, sea cual sea el método para conseguir el objetivo. En 2019, la última gran movilización de taxistas, llegó a paralizar Barcelona durante diez días; antes cada Mobile World Congress era amenazado con el colapso de Barcelona, deteriorando la ya maltrecha imagen de la Ciudad Condal. La bandera del también ‘lobbista’ es clara: «Las calles serán siempre nuestras«.

Pese a su guerra personal contra Uber y el resto de empresas tecnológicas, como Glovo o Deliveroo, Álvarez ha mantenido al menos cuatro reuniones con los responsables del gigante tecnológico de la movilidad. Conversaciones de las que apenas trascienden acuerdos.

OTRA ESTRATEGIA CONTRA UBER

«No queremos a Uber dentro del sector«, ha afirmado Álvarez en respuesta a las preguntas de este medio. De hecho, su estrategia consiste en hacer todo el ruido mediático posible para que los taxistas eviten trabajar con esta empresa estadounidense.

«Si quieren entrar en Barcelona que lo hagan con VTC y dejen al taxi tranquilo», ha asegurado el sindicalista, que se autoproclama «anti-Uber». No escatima en insultos -que no se reproducirán en este medio- contra la operadora extranjera, integrada en Foment de Treball.

Todo para evitar que pase en Barcelona lo ocurrido en Madrid, donde Uber asiste a las mesas de negociación. «¿Dónde se ha visto?», reflexiona. Aquí, en Barcelona, «no lo vamos a permitir», asevera. El líder del sindicato considera que si Uber encontrase el resquicio para operar en Barcelona irá hasta dentro del sector con todo. «Si hay alguna posibilidad de pararlos es ahora», ha considerado.

CAZA AL TAXISTA, LA PELIGROSA ESTRATEGIA

Desde la llegada de Uber a Barcelona se ha iniciado una caza de brujas. Compañeros denunciando a compañeros por el hecho de trabajar con Uber, pese a que la administración tiene sus propios controles, tal y como ha apuntado el IMET.

Desde el primer minuto del anuncio de Uber, los taxistas han realizado cerca de 800 peticiones a través de la nueva aplicación, encontrando un único servicio realizado por un paquistaní. A este conductor se le ha advertido de las posibles consecuencias que tendría si continuaba prestando el servicio para Uber.

La idea de Álvarez es solicitar servicios para carreras cortas, realizarlos, pedir el ticket y denunciar al taxista que nada tiene que ver con la aplicación. Todo para exigir después la intervención del IMET. En el caso de que Uber actualice la aplicación y permita la tarifa T3, Élite Taxi cambiaría la estrategia. «No puede ser que Uber oferte precios distintos al de las emisoras y otras aplicaciones», ha dicho Álvarez. «Tienen que ser el mismo, y esto no ocurre«, ha zanjado.

Para el líder sindical, la tecnológica «se salta las normas«, sin importar quien gobierne. Según apunta, la esencia del taxi es la tarifa regulada públicamente, para evitar sorpresas a los usuarios, pero incluso si Uber ofreciera estos servicios también sería objetivo. «Ya veremos cuál será la estrategia una vez cumpla los requisitos», ha dicho.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS DAN SU VEREDICTO A FAVOR DE ÁLVAREZ

Sin esperar aún al expediente de la ACCO, los partidos políticos se apresuran a dar su apoyo a los taxistas. Son unos 100.000 votos directos en Cataluña, contando conductores y familiares, un número suficiente en Barcelona para tener representación parlamentaria.

Álvarez ha llegado a movilizarse contra partidos políticos por no mostrar un apoyo claro al taxi. Lo hizo durante la campaña electoral del pasado 14-F, donde llegó a avisar a ERC. Tras convocar a sólo 600 taxistas de los 5.000 libres este jueves ante la patronal Foment del Treball, Álvarez se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, que se han apresurado a cargar contra la empresa Uber.

Los republicanos han tardado menos de una hora en responder a las peticiones de los taxistas. «Muchas plataformas de intermediación hacen bien su trabajo. Sin cumplir las normas, no hay competencia leal entre plataformas», han asegurado. «Uber no puede operar en Barcelona sin añadir la tarifa de precio cerrado. La concejala de movilidad del PSC y presidenta del IMET, Rosa Alarcón, lo ha dicho bien claro: todo el mundo debe cumplir la normativa», han asegurado los socialistas catalanes.

De esta forma, se aprecia la presión que pueden llegar a ejercer los taxistas de Barcelona, no solo ante la administración y la política, sino también ante la opinión pública. Una muestra más de que Uber tendrá que acudir más tarde o temprano a los tribunales para escapar de la ratonera que supone Barcelona para este tipo de aplicaciones.

El Consejo Regulador de la DO Rueda se pasa a la agricultura de precisión, para obtener información detallada, específica y en tiempo real del estado de cada viña. Los viticultores y bodegueros tienen la oportunidad de realizar las labores de control y seguimiento de los viñedos a golpe de clic, a través de una app.

La aplicación permite a los viticultores de la Denominación de Origen Rueda llevar la información de interés disponible en cada momento en su bolsillo y acceder, a través de su dispositivo móvil, a los datos concretos de cada parcela, así como a estadísticas históricas y pronósticos en cuanto a lluvias, temperaturas, humedades ambientales, necesidades estimadas de agua en los próximos días o riesgos en el viñedo.

Se trata de información práctica que ayudará en la toma de decisiones de los socios sobre la producción, el empleo del agua, la energía o los tratamientos a realizar en su parcela. La herramienta favorece una optimización de los recursos y, por tanto, facilita el ahorro energético en el cultivo.

“Hemos apostado por la tecnología más avanzada, para ofrecer a nuestros socios este servicio pionero que les ayudará en el seguimiento diario y en la toma de decisiones para cada parcela con el fin de optimizarla, por ejemplo, en cuestión de tratamientos fitosanitarios, permitiendo llevar a cabo un control exhaustivo de la trazabilidad de la uva”, asegura Carmen San Martín, presidenta de la DO Rueda.

A diferencia de otros sistemas actuales en los que se accede a información de estaciones meteorológicas remotas (en ocasiones alejadas de las parcelas de los viticultores), esta app pionera, que ya está disponible, permite a cada viticultor dar de alta su parcela y ver la información específica de la misma, sin obligación de instalar equipamiento.

Esto se consigue a través de una red de estaciones y de un sofisticado algoritmo de interpolación de datos que calcula la información de cada parcela, siendo la DO Rueda, la primera Denominación de Origen de España en aplicar esta tecnología de alta precisión.

Cada socio de la DO Rueda puede disfrutar ya de este servicio, y de forma opcional aumentar la precisión que obtiene en los pronósticos o elevar las funcionalidades del servicio, añadiendo complementos en sus propias parcelas. Todo ello desde la misma app que el Consejo Regulador pone a su disposición.

En esta iniciativa, la DO Rueda cuenta con el acompañamiento tecnológico de la empresa Qampo, especializada en el Agro 4.0 y que ha desplegado toda la infraestructura necesaria para el servicio en este innovador proyecto.

Esta compañía diseña y fabrica en España su equipamiento y desarrolla, entre otros sistemas, estas estaciones agroclimáticas de procesamiento automático de datos, lo que proporciona a su software en la nube, la inteligencia que permite ofrecer los servicios de Agricultura de Precisión para mejorar la gestión de los viñedos.

Para sacarle partido a todas las funcionalidades de la aplicación, la DO Rueda organizará diversas jornadas formativas, orientadas a explicar todas las prestaciones que ofrece el nuevo sistema a los viticultores y bodegueros inscritos.

Las bodegas españolas no sólo avanzan en la excelencia de sus vinos sino que implementan mejoras ambientales y de reducción de gases de efecto invernadero. Pero todavía tienen margen de mejora. Uno de estos retos es gestionar el aprovechamiento y valorización energética del enorme volumen de sarmientos derivados de la poda de las cepas.

España es el país con mayor superficie de viñedo del mundo. El clima y potencialidad de nuestros suelos, son propicios para un cultivo milenario que forma parte de lo más profundo de la cultura española. Pero el vitivinícola es también un sector innovador y tecnológicamente avanzado.

Y esta condición se visualiza en la mejora de procesos en campo y en bodega paraminimizar el consumo energético,en la utilización de fuentes renovables para la generación de energía, en la reducción de las aplicaciones de fitosanitarios o en la búsqueda de formas de aminorar la aportación de recursos hídricos.

‘GRAN VINO DE RUEDA‘

La Denominación de Origen Rueda finalizó la vendimia de 2020 con un total de 112.765.436 kilos de uva con derecho a ser acogidos en este marchamo de calidad y con una “importante novedad” ya que el año pasado fue el primero de producción del ‘Gran Vino de Rueda’, categoría que se elabora a partir de viñedos con más de 30 años de antigüedad.

Según ha precisado el Consejo Regulador de la DO Rueda, el 99,16% de los kilos de uva recogidos en la vendimia de 2020 corresponde a uvas blancas y la variedad autóctona Verdejo supone el 87,07% de la producción total, con 98.187.754 kilos.

Según el director técnico de la DO Rueda, Jesús Díez de Íscar, la añada 2020 ha sido “excelente” ya que deja vinos de “gran intensidad aromática y con buena estructura en boca”. “El equilibrio que encontramos entre acidez y grado alcohólico augura unos vinos con una longevidad mayor”, añadía tras la pasada vendimia.

Durante los últimos años Madrid ha emergido como un motor en materia digital. Su situación geográfica, así como la capacidad de atraer inversión sitúan a la capital en centro de interés tecnológico. Sin embargo, la acuciante inestabilidad política pone en jaque todas estas inversiones. Incluido el potencial empleo que se puede generar.

Así lo ha valorado el director general de Interxion en España, Robert Assink, durante la presentación del informe ‘Madrid, hub digital del sur de Europa. Según los datos presentados, solo teniendo en cuenta la inversión anunciada por los proveedores en la región de Madrid, estaríamos ante una cifra acumulada de 680 millones de euros durante los próximos cinco años. Esto supondría sumar al PIB madrileño 8.283 M€ y la creación de 2.489 empleos, contando el directo y el inducido.

Pero el informe no maneja la variable política española, tan inestable en el último lustro. De hecho, en la Comunidad de Madrid se han presentado elecciones anticipadas para el próximo 4 de mayo. Y el problema es que por el sistema electoral madrileño, habrá elecciones de nuevo en dos años. Un tsunami de cambios que, evidentemente, afecta al ámbito empresarial.

En este sentido, Robert Assink ha sido muy claro: “La estabilidad siempre es mejor para planificar las inversiones; para cualquier persona, desde un autónomo a una multinacional. La incertidumbre ante quién manda y qué será lo que decide, no es bueno. Pero los planes de nuestro sector no cambian por un cambio de Gobierno”.

El motivo para mantener el ánimo por parte del director general de Interxion en España es que las inversiones ejecutadas se hacen desde “planes estratégicos que requieren su planificación y buscan parámetros macroeconómicos de un país. Pero aceptamos esta realidad con cambios en la política que dificultan los planes, pero no los anulan”.

Aunque sufrir las consecuencias en primera persona permite hablar con mayor autoridad. Assink ha reconocido en un encuentro con la prensa que ellos mismos viven “un momento de parón en nuestro nuevo centro de datos, que al tener el cese del Gobierno regional han cesado cargos en las direcciones generales”. Cree que “ciertas decisiones en ese ámbito ahora sufren retraso. Y ahora no sabemos hasta cuándo deberemos esperar”.

OPTIMISMO DIGITAL

Pese a estos contratiempos generados por la gestión política, el informe arroja cifras muy optimistas para el futuro de Madrid y los madrileños. El anterior estudio ‘Madrid, un hub digital para el sur de Europa’, lanzado en 2018, mostraba cómo en un escenario de estímulo de la inversión, por cada euro invertido el impacto en el PIB de Madrid se multiplicaba por 12.

Dos años después, estos son los cambios que se han producido. Los grandes proveedores de cloud pública han optado por Madrid y España para ampliar sus infraestructuras, además, se han reforzado las interconexiones transfronterizas con nuevos cables submarinos.

De igual modo ha aumentado la capacidad de los proveedores de centros de datos ante una mayor demanda; y a nivel público, ha tenido lugar el Brexit, que ha redistribuido las inversiones. Por último, cabe destacar que la pandemia ha producido una aceleración en la transformación digital de la economía.

Asimismo, no todo lo público enturbia la inversión tecnológica, básicamente porque de la gestión política es básica para muchos desarrollos. La presentación ha contado con la participación del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales, Roberto Sánchez, que ha destacado durante su intervención la importancia de atraer inversión en infraestructura digital troncal (redes de telecomunicaciones y centros de datos) a España.

«Nuestra economía cada vez es más digital y crece el volumen de datos que se deben transmitir y procesar, por lo que aumenta la actividad de los centros de datos y de las interconexiones transfronterizas. Queremos que España sea un polo de atracción de las infraestructuras digitales y un nodo de datos. Desde la Secretaría de Estado apoyamos la iniciativa para que España sea puerta de entrada para la conectividad en Europa, porque la digitalización puede verse entorpecida si no hay acceso de calidad. Las administraciones públicas estamos aquí para comprender, ayudar y apoyar estos desarrollos” y apunta: “en la actualidad hay más de 4.700 centros de colocation en el mundo. España está en la sexta posición en Europa con más de 60 centros, lejos de los más de 200 de Reino Unido y Alemania. Tenemos una oportunidad para crecer”.